Samark López Bello es un empresario venezolano señalado como presunto testaferro de Tareck El Aissami que fue detenido en Venezuela por su participación en la trama de corrupción conocida como PDVSA-Cripto. López también tiene deudas pendientes con las autoridades judiciales de Estados Unidos por señalamientos de lavado de dinero vinculado al narcotráfico.
Historia
Samark López Bello estuvo vinculado al régimen chavista desde sus inicios. Entre 2000 y 2008, López trabajó como director de Planificación y Presupuesto en la Gobernación del estado Mérida durante la gestión de Florencio Porras. Su contrato cesó por petición de Porras, quien luego dijo que López había estado involucrado en hechos de corrupción.
En esa época, López Bello inició una amistad con Tareck El Aissami, cuando este último era presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Los Andes.
Luego de su salida de la Gobernación, y pese a haber sido demandado en 2007 por el Banco de Venezuela por mantener una importante deuda con la entidad, López incursionó en el sector privado. En esta etapa se inició como propietario de cinco empresas en Venezuela: Profit Corporation C. A., Alfa One C. A., SMT Tecnología, Grupo Sahect C. A. y Servicios Tecnológicos Industriales C. A. También estableció contratos con el Estado a través de Petróleos de Venezuela (PdVSA) y el Ministerio de Interior y Justicia, dirigido por El Aissami entre 2008 y 2012.
En 2013 su nombre comenzó a tomar mayor notoriedad cuando surgieron rumores que lo vinculaban a la compra de la Cadena Capriles, uno de los medios de comunicación más antiguos de Venezuela y el periódico con mayor circulación del país. La venta de la empresa mediática fue motivo de cuestionamientos debido a la discrecionalidad en torno a sus compradores y el cambio de la línea editorial de sus marcas que comenzó a favorecer al gobierno. El rol de López en la compra no fue confirmado, y aún se desconoce la identidad de los propietarios.
Su rápido crecimiento como empresario lo llevó a poseer varias empresas en Estados Unidos: MF Food Service, LLC, LH Industries Supplies INC y Sahect Holding LLC.
En Panamá estuvo al frente de Yakima Trading Corp, una compañía creada en febrero de 2002, de la que fue designado presidente en 2014. Yakima tuvo varios intercambios comerciales con el Estado venezolano, incluida la venta de 5.712 piezas de viviendas prefabricadas a PdVSA Industrial.
La refinadora estadounidense Citgo, filial de PdVSA, también intentó firmar un contrato con una empresa propiedad de López Bello, según denunció una exdirectora de Recursos Humanos de la compañía ante un tribunal de Texas.
Una investigación del portal periodístico Armando.info lo relaciona también con la empresa Postar Intertrade Limited, que firmó contratos para la importación de árboles de Navidad en 2016 con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex). Posteriormente, la empresa acordó vender al Estado las cajas de alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
El 13 de febrero de 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a López como testaferro de El Aissami, a quien acusó de delitos de narcotráfico, desde proteger a narcotraficantes hasta facilitar envíos de drogas para carteles. Dos años después, el 8 de marzo de 2019, el gobierno estadounidense lanzó una nueva acusación contra El Aissami y López, esta vez por presuntamente violar las sanciones impuestas por Washington en 2017 al trasladarse desde Rusia a Venezuela usando aviones privados provistos por empresas establecidas en Estados Unidos.
El 12 de mayo de 2019, la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos de República Dominicana, acompañada de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y agentes federales de Estados Unidos, allanaron dos villas de un complejo turístico de Verón, Punta Cana, por ser propiedades de López.
Otra investigación de Armando Info, a raíz de la filtración de documentos conocida como los Papeles de Pandora, relacionó con López Bello a un banco venezolano llamado Bancamiga, el cual ha tenido un crecimiento enorme en el deprimido sector bancario venezolano desde que hombres vinculados al empresario sancionado ingresaron como accionistas y ejecutivos al banco. López Bello negó tales vínculos.
Tres contratistas estadounidenses, víctimas de secuestro por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2003, y acreedores de una compensación por lo ocurrido, emprendieron en 2019 un caso judicial para quedarse con los activos incautados a López. Para ello, alegaron que el empresario mantenía vínculos indirectos con las FARC a través de El Aissami, y ganaron el caso en 2020. Sin embargo, la ausencia de evidencias que demostraran la relación con las FARC llevó a López a apelar y en 2022 la orden de otorgar sus bienes a los contratistas fue anulada.
La fortuna de López viró en 2023, cuando el gobierno venezolano anunció una investigación a la gestión de El Aissami sobre PdvSA y el manejo del criptoactivo venezolano utilizado para evadir las sanciones estadounidenses. La investigación resultó en la purga de la facción de El Aissami de todas las ramas del poder.
El 9 de abril de 2024, tanto El Aissami como López Bello y otros altos funcionarios vinculados a ellos fueron detenidos por el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien acusó a El Aissami de liderar una red de venta irregular de cargamentos de crudo de PDVSA, cuyas ganancias nunca entraron a las arcas del Estado y terminaron siendo parte de un esquema de lavado de dinero multimillonario, y a López Bello de ser el operador financiero del entramado. Sin embargo, Saab acusó a ambos hombres de haber atentado contra el gobierno de Nicolás Maduro, lo que resultó en la imputación de cargos de traición a la patria entre otros.
Actividades criminales
Desde su primera incursión en la administración pública, López estuvo vinculado con delitos de corrupción y lavado de dinero.
Después de su salida de la Gobernación de Mérida, el entonces gobernador, Florencio Porras, lo acusó de cobrar sobornos para adelantar trabajos de infraestructura.
Las acusaciones no impidieron que, luego de ser removido por el exgobernador, incursionara en el sector privado, donde se hizo con al menos 13 empresas nacionales e internacionales, mediante las cuales aseguró importantes y turbios contratos con el Estado venezolano.
El ejemplo más evidente de este nexo quedó al descubierto por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos cuando lo acusó de ser “un testaferro clave para El Aissami”, y de estar vinculado con su red de narcotráfico, a través del lavado de dinero.
El papel como operador financiero en la trama de PdVSA-Cripto, que según distintos reportes extrajo varios miles de millones de dólares de la petrolera estatal, fue la causa de su detención en 2024.
Geografía
El emporio empresarial corrupto de Samark López Bello, conformado por 13 empresas, abarca a Venezuela, Estados Unidos, Panamá, Islas Vírgenes Británicas y Reino Unido. Está vinculado también, indirectamente, a una empresa con sede en Barbados. También contó con lujosos bienes en República Dominicana.
Aliados y enemigos
Según las investigaciones, el mayor aliado de Samark López Bello fue Tareck El Aissami. Su sociedad aseguró que sus negocios, corruptos y enmarcados en la ilegalidad, perduraran por años y se diversificaran, abarcando rubros como la construcción, alimentación, el sector bancario, petrolero y hasta importación de árboles navideños, a través de empresas relacionadas directa o indirectamente con López.
No obstante, sus actividades criminales fueron frenadas inicialmente por la justicia estadounidense que confiscó sus bienes y cuentas, y luego por su detención en Venezuela.
Perspectivas
El caso de López Bello muestra las medidas que el régimen chavista está dispuesto a tomar contra los círculos financieros de políticos que han transgredido los lineamientos como El Aissami, ya sea por la desmedida corrupción y malversación de fondos como por acciones que buscaban atentar contra el gobierno de Maduro.
