El saqueo del patrimonio arqueológico y el tráfico de tierras en Perú está alcanzando niveles alarmantes, mientras las autoridades carecen de los recursos y voluntad para combatir las redes criminales detrás de este comercio. 

Las recientes amenazas de muerte contra la Dra. Ruth Shady, la arqueóloga jefe de las excavaciones de Caral, en la provincia de Barranca, departamento de Lima, han puesto en evidencia la creciente inseguridad en los yacimientos arqueológicos peruanos.

“Lo que me dicen es que desaparezca porque me van a matar”, denunció Shady a medios locales.

El yacimiento de Caral es considerado un sitio arqueológico clave por contener los restos de una de las civilizaciones más antiguas de América con más de 5.000 años de antigüedad. Las excavaciones de Caral han sido fundamentales para comprender los orígenes de las civilizaciones andinas y su influencia posterior en las culturas del continente, pero ahora se encuentran amenazadas por el crimen organizado.

A principios de septiembre de 2024, Shady denunció las intimidaciones dirigidas hacia ella y su equipo por parte de traficantes de tierras que buscaban apropiarse ilegalmente de terrenos cercanos al yacimiento, así como de sus artefactos arqueológicos. A pesar de que la arqueóloga ya llevaba años recibiendo amenazas similares, los traficantes llegaron a contratar sicarios para amenazar a los trabajadores y acelerar las invasiones, lo que provocó la renuncia de varios colaboradores del proyecto. La falta de apoyo estatal y el retiro de la policía de la zona agravaron la situación.

Problema local, mercado global

El saqueo arqueológico a nivel mundial responde a una demanda internacional en aumento, impulsada principalmente por coleccionistas en Europa y Norteamérica. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) estima que el comercio global de bienes culturales puede llegar a generar entre US$3.000 y 15.000 millones anuales. 

A nivel mundial, al igual que en Perú, el tráfico es gestionado por redes criminales organizadas que, además de operar en el mercado negro, cuentan con la colaboración de actores legales como anticuarios y funcionarios corruptos. Estos actores facilitan el “lavado” de los bienes saqueados, falsificando documentos que legitiman la venta de los artefactos en mercados legales.

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Las redes involucradas en este tipo de tráfico actúan de manera sofisticada, aunque no necesariamente vinculadas con otras economías criminales como el narcotráfico o el tráfico de armas. “Las redes dedicadas al saqueo arqueológico tienen una conexión muy indirecta con las grandes organizaciones criminales”, explicó a InSight Crime el Dr. Marc Balcells, profesor de los estudios en Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya y criminólogo experto en el saqueo de yacimientos arqueológicos. Estos grupos funcionan principalmente como actores independientes pero conectados a una estructura mayor de corrupción y de mercado negro.

En agosto de 2024, el gobierno peruano recuperó 17 piezas culturales de las civilizaciones Chimú y Nazca que estaban siendo subastadas ilegalmente en Italia. Estas piezas habían sido saqueadas y trasladadas clandestinamente fuera del país, según las autoridades. 

Robando la tierra misma

El tráfico de tierras añade otra capa de complejidad al problema. Los traficantes no solo se apropian ilegalmente de terrenos dentro de zonas arqueológicas, sino que además permiten y fomentan el saqueo de antigüedades. Entre 2020 y 2024 se realizaron 28 recuperaciones extrajudiciales de tierras invadidas en áreas protegidas, y se presentaron 364 denuncias por asentamientos ilegales en zonas arqueológicas, según el Ministerio de Cultura de Perú. 

La tendencia está en aumento desde la pandemia. Mientras que entre enero y mayo de 2020 se registraron alrededor de 50 invasiones, en todo 2022 se recibieron más de 1.000 alertas de atentados contra sitios arqueológicos a nivel nacional.

Aunque el objetivo principal de los traficantes de tierras es obtener beneficios económicos a través de la venta y ocupación ilegal de terrenos, el saqueo arqueológico es una actividad complementaria.

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“A veces ocurre que los traficantes de tierra permiten el saqueo arqueológico en sus territorios a cambio de un pago económico”, explicó Balcells.

Saqueadores y traficantes de tierras suelen trabajar juntos, pero una diferencia importante entre los dos radica en el uso de la violencia. Mientras que los saqueadores arqueológicos rara vez recurren a la intimidación o el uso de la fuerza, los traficantes de tierras suelen emplear tácticas violentas para consolidar su control sobre las áreas invadidas, utilizando incluso sicarios y amenazas de muerte. 

Este ha sido el caso de la Dra. Shady. “Llamaron al abogado [del espacio arqueológico] para asustarlo. Le dijeron que si seguía haciendo la defensa como yo le indicaba, lo iban a matar. Igual que a mí. Que nos iban a dejar cinco metros bajo el suelo”, le dijo a la BBC.

La batalla contra el saqueo

En los últimos años, el gobierno peruano ha incrementado sus esfuerzos para combatir el saqueo arqueológico y proteger su patrimonio cultural. Desde 2019 repatriaron más de 7.000 artefactos de colecciones privadas y subastas en el extranjero. 

A pesar de estos avances, el saqueo, conocido localmente como “huaqueo”, ha crecido en los últimos años. Algunos de los yacimientos más afectados por este tipo de prácticas han sido los de Cerro Pintura y Áncash, así como algunos inmuebles en el casco urbano de Cusco. La falta de recursos para garantizar la seguridad en estos sitios y la lenta respuesta del Estado ante las invasiones de tierras se han convertido en un obstáculo.

El tráfico de tierras en yacimientos arqueológicos tampoco ha sido abordado con la misma intensidad. A pesar de las recuperaciones extrajudiciales y las denuncias, las políticas implementadas no han logrado frenar la expansión de esta economía ilegal, en parte por la falta de coordinación entre las autoridades de cultura, seguridad y justicia. Además, la ausencia de un departamento policial especializado y la falta de cooperación internacional para reducir la demanda y rastrear los bienes saqueados dificulta aún más la lucha contra esta economía, explicó Balcells.

Mientras persista la demanda de antigüedades saqueadas en los mercados de arte, el saqueo continuará siendo una actividad rentable, afirmó Balcells.

Imagen principal: Vista general de la pirámide principal de Caral, un yacimiento arqueológico situado a 930 millas al noroeste de Lima que se cree que es la ciudad más antigua de América, el 23 de noviembre de 2001. Crédito: AP Photo/Silvia Izquierdo