Las acusaciones contra empresas de inversión ganadera en Uruguay que habrían estafado a cientos de personas por cientos de millones de dólares ponen de relieve cómo organizaciones criminales de cuello blanco pueden causar devastación financiera a gran escala sin recurrir a la violencia.
La Fiscalía uruguaya investiga al menos a tres firmas señaladas por engañar a inversionistas: Conexión Ganadera, República Ganadera y Grupo Larrarte. Las empresas habrían ofrecido a sus clientes la posibilidad de comprar ganado que sería vendido una vez que alcanzara su tamaño ideal, con rendimientos anuales fijos de entre 7% y 11%.
Pero según los fiscales, las empresas en realidad pagaban a los inversionistas con el dinero aportado por otros clientes. En algunos casos, el ganado nunca existió: se habrían registrado vacas ficticias en el sistema nacional de identificación ganadera de Uruguay.
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La más grande de las empresas investigadas, Conexión Ganadera, en operación desde 1999, está acusada de deber dinero a unos 4.000 inversionistas y de tener un déficit financiero de aproximadamente US$250 millones. Un contador contratado por la empresa para realizar una auditoría tras el suicidio de uno de sus cofundadores dijo en una videoconferencia con inversionistas que, si bien la compañía en algún momento operó de forma legítima, eventualmente se transformó en un esquema fraudulento.
“Había un problema serio de registros dentro de la empresa”, dijo. “Falta de balances, falta de auditorías”.
Aunque aún no se sabe con exactitud cuánto dinero se adeuda, Carlos Esponda, socio del estudio jurídico Dotta & Esponda, dijo a InSight Crime que sus 423 representados tienen pérdidas por unos US$47 millones —más de US$110.000 por persona, en promedio—.
En junio, inversionistas denunciaron también a la firma Portfolio Capital por presuntamente haberlos estafado con unos US$20 millones.
Ninguno de los implicados ha sido declarado culpable. Sin embargo, el líder del Grupo Larrarte, Jairo Larrarte, recibió una orden de prisión preventiva de 120 días en abril, y se espera que la fiscalía presente cargos el 17 de julio contra tres altos directivos de Conexión Ganadera.
Uruguay ha reforzado su regulación financiera en los últimos años, incluyendo la supervisión de activos cripto por parte del banco central, con el objetivo de proteger a los inversionistas de prácticas engañosas. Pero las empresas investigadas habrían aprovechado vacíos regulatorios, como el hecho de estar clasificadas como agroempresas, lo que les permitió evitar la supervisión bancaria. El sistema nacional ganadero también habría confiado en los datos proporcionados por las propias empresas, sin verificar su autenticidad.
Este tipo de fraude no es exclusivo de Uruguay. Casos similares se han reportado en otros países suramericanos, como Colombia y Paraguay.
Análisis de InSight Crime
Aunque el crimen organizado suele asociarse con grupos violentos, los delitos de cuello blanco, al no implicar violencia, pueden extenderse durante años y a gran escala, causando daños financieros graves sin llamar la atención de las autoridades o los medios.
Varios inversionistas reportaron haber perdido todos sus ahorros —o una parte significativa— por las presuntas estafas ganaderas.
“Para la gran mayoría, no era una mera inversión especulativa. Contaban con ese dinero para sustentar su jubilación”, dijo Esponda a InSight Crime.
“Son personas que no tienen forma ni manera —la gran mayoría— de volver a generar esa cantidad de dinero, porque son jubilados. Realmente la situación es muy, muy angustiante para muchos de ellos”.
En algunos casos, recuperar el dinero puede tardar años —o no suceder nunca—. Miles de personas que invirtieron en bienes raíces en México a través de Sitma e Invergroup siguen buscando compensación, 15 años después de haber sido estafadas.
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El sector ganadero ya ha comenzado a sentir el impacto. Un frigorífico redujo su personal de 400 a solo 80 trabajadores, después de que los productores dejaran de enviar ganado tras revelarse en febrero que la planta tenía una deuda de US$25 millones con Conexión Ganadera.
Las repercusiones podrían ir más allá del sector. El ministro de Ganadería y Pesca, Alfredo Fratti, y el presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo, Ángel Urraburu, han expresado su preocupación por el impacto que este caso podría tener sobre la confianza en las empresas uruguayas.
“Me parece que va a llevar mucho tiempo que inversores uruguayos vuelvan a colocar dinero en Uruguay por falta de confianza”, dijo Esponda.
