El último informe sobre asesinatos de la ONU pinta un panorama sombrío sobre la situación de seguridad en las Américas, donde algunos gobiernos maltratados se enfrentan a niveles epidémicos de violencia, aunque algunas historias exitosas dan esperanzas de una mejora.
Basado en gran parte en las cifras de homicidios de 2012, el Estudio Global de Homicidios 2013 de las Naciones Unidas (pdf) construye su primer informe sobre homicidios publicado hace dos años (pdf), actualizando las estadísticas basadas en nuevos conjuntos de datos, y profundizando en las causas de los asesinatos intencionales así como en las políticas de prevención.
Para las Américas, más allá de la revelación de que ha superado ahora a África como la región más violenta del mundo, hubo pocas sorpresas, con el informe reforzando la imagen de una región que es sacudida por una violencia atribuida al crimen organizado, complicada aún más debido a los altos niveles de impunidad. Las perspectivas sobre el papel del crimen organizado son particularmente relevantes para Latinoamérica y el Caribe, así como la efectividad y la capacidad del sistema de justicia penal y la eficacia de los planes en torno a la inclusión social al abordar la violencia.
Según el informe, de los 437.000 homicidios en 2012, más de un tercio (36 por ciento) tuvieron lugar en las Américas -una región que abarca Norteamérica, Latinoamérica y el Caribe. La distribución de los asesinatos en la región también revela una concentración aún mayor de la violencia, con Honduras permaneciendo como el país más violento del mundo (con 91,4 homicidios por cada 100.000 habitantes), junto con las altas tasas de El Salvador, Guatemala y Belice, haciendo del “Triángulo Norte” de Centroamérica la subregión más violenta del mundo después de Suráfrica.
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El papel del crimen organizado
Uno de los mensajes más destacados en el informe es el papel central que jugaron las actividades relacionadas con el crimen organizado y las pandillas en los homicidios de Latinoamérica, los cuales representan el 30 por ciento de todos los homicidios de la región (hasta el 25 por ciento reportado en el estudio de 2011). Esto se compara con menos de un uno por ciento en Asia, Europa y Oceanía (por debajo del cinco por ciento reportado en 2011). Sin embargo, mientras estos grupos criminales catalizan los asesinatos en Latinoamérica, el informe señala que esto no necesariamente significa que la presencia del crimen organizado esté más concentrada que en otros lugares, sino más bien, que hay una predisposición a la violencia, en parte relacionada con las luchas entre grupos criminales o con autoridades locales.
Como lo señala el informe, “estos grupos en las Américas pueden experimentar mayores niveles de conflicto entre sí o con el Estado, que grupos del crimen organizado en otras regiones, que, aunque también pueden ser activos, pueden haber alcanzado un nivel de estabilidad o de control sobre su territorio y sus recursos que no generan el mismo nivel visible de violencia.”
En Latinoamérica los patrones de fragmentación criminal, diversificación y migración se combinan para producir una violencia extrema. No sólo las organizaciones criminales participan en guerras sangrientas contra rivales –como las que han librado en los últimos años en Colombia los Urabeños– sino que las mismas organizaciones se ven envueltas en conflictos internos mientras que facciones rivales tratan de establecer el control sobre los imperios criminales. Dicho conflicto y fragmentación pueden ser exacerbados por tácticas del gobierno, con la política de México de decapitación de los carteles siendo un factor clave del caos y el derramamiento de sangre visto dentro de las organizaciones criminales en los últimos años.
La comprensión de esta dinámica se complica aún más por el hecho de que, en algunos países extremadamente violentos, las organizaciones narcotraficantes funcionan con relativa normalidad, como en El Salvador y Guatemala, donde los tradicionales grupos de “transportistas” mantienen estrechas relaciones con funcionarios del más alto nivel y han llevado a cabo sus actividades ilegales con impunidad durante muchos años. En estos países, son las pandillas callejeras las que impulsan la violencia; una realidad que fue destacada en El Salvador cuando la tasa de homicidios se redujo a la mitad en 2012, tras la aplicación de una tregua entre las dos principales pandillas del país.
Impunidad y corrupción policial
Vinculada a la prevalencia de los asesinatos relacionados con el crimen organizado está la abismal tasa de condenas por casos de asesinato, con sólo el 24 por ciento de los homicidios reportados en la región resultando en una condena -poco más de la mitad del promedio mundial del 43 por ciento y menos de un tercio de la tasa de condenas del 81 por ciento que registra Europa (haga clic en el gráfico de la ONU para abrir en una nueva ventana).
Muchas son las razones de esto, con la tasa más baja de depuración de homicidios relacionados con el crimen organizado siendo un factor clave, así como los escasos recursos de la policía y la corrupción.
Aunque la corrupción policial es un problema importante en toda la región, es particularmente acuciante en los empobrecidos países de tránsito de drogas, tales como Honduras, donde los criminales son fácilmente capaces de ofrecer suficiente dinero en efectivo para ganar la lealtad de los funcionarios mal pagados. En muchos países donde la corrupción policial es generalizada, los programas de reforma a menudo tienen problemas frente a una voluntad política insuficiente y una falta de financiación.
Un patrón notable identificado por el informe es que el aumento en el número de policías no equivale a una tasa más baja de homicidios, con muchos de los países más violentos del mundo manteniendo una policía mucho más numerosa que la proporción de la población.
Donde se puede observar un patrón es en el número de policías por investigación de homicidio, donde los países más mortíferos tienen menos de 20 agentes por cada caso, en comparación con 500 por caso en los países menos violentos. Por supuesto, establecer cualquier correlación en estas cifras es problemático.
Cárceles
Otro factor que contribuye a la tasa de homicidios es la situación de las cárceles, donde las Américas registran números astronómicos de prisioneros en comparación con otras regiones -más de cuatro veces la tasa de “presos por cada 100.000 habitantes” y la tasa de “presos condenados por homicidios por 100.000 habitantes”, comparadas con las regiones vecinas más cercanas (haga clic en el gráfico de la ONU para abrir en una nueva ventana).
Aunque la población increíblemente grande de prisioneros en Estados Unidos tiene sin duda un efecto sobre estas cifras, las cárceles en Latinoamérica sufren de hacinamiento crónico y violencia endémica. Esto contribuye a asesinatos no sólo en las cárceles, sino que los propios establecimientos actúan como “escuelas criminales”, lo cual también aumenta la tasa de homicidios. Según el informe, las tasas de homicidios en las cárceles de la región son generalmente hasta cuatro veces mayores que en el resto del mundo, y son hasta 57 veces mayores que en otros centros penitenciarios de la región (haga clic en el gráfico de la ONU para abrir en una nueva ventana).
La impactante situación golpea esporádicamente los titulares internacionales si una prisión estalla en disturbios mortales -como se ha visto por ejemplo en Venezuela y Brasil. Lo que conduce gran parte de la violencia son las multimillonarias economías ilícitas en las prisiones, con los presos dirigiendo redes de extorsiones y negocios de tráfico de drogas fuera de sus celdas y, en muchos casos, actuando como la autoridad dentro de los muros de la prisión.
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Esperanzas de una mejora
Sin embargo, aunque la situación de seguridad en gran parte de Latinoamérica puede ser grave, el informe ofrece algunos motivos para el optimismo, con base en la tregua entre las pandillas de El Salvador y la Unidades de Policía Pacificadora (UPP) de Brasil. En el caso de la tregua entre pandillas, el informe resalta la caída en los homicidios en el período inmediatamente posterior a su ejecución, mientras que alaba las UPP -donde las autoridades de Río de Janeiro entran en barrios violentos y establecen programas policiales “de proximidad”, los cuales están vinculados a los servicios sociales proporcionados por el Estado.
Aunque entre el momento de la compilación y la publicación del informe han aparecido fisuras, tanto en la tregua entre pandillas como en el programa de las UPP, todavía hay lecciones positivas que sacar de ambas, las cuales podrían influir en esquemas futuros similares en la región -es decir, la eficacia de colocar la inclusión social y el desarrollo de la comunidad en el centro de los sistemas de prevención de la violencia.
En el caso del desmoronamiento de la tregua entre pandillas de El Salvador, hubo un optimismo inicial sobre algunos de los programas sociales pioneros que fueron implementados para integrar a los pandilleros en la sociedad. Sin embargo, proporcionar suficientes empleos para miles de pandilleros en el país era una tarea imposible de lograr de un día para otro. Mientras tanto, el malestar público comenzó a volcarse hacia la concentración sobre la prevención de homicidios, mientras que la extorsión y otros crímenes continúan e incluso aumentan.
Para las UPP, una de las principales críticas ha sido la falta de seguimiento sobre las garantías de seguridad y sobre los programas sociales prometidos. Aunque las UPP siguen siendo populares, los brotes de violencia han provocado quejas acerca de que las autoridades no han cumplido su palabra, después de realizar las acciones policiales para entrar en los barrios marginados.
En ambos casos, las perspectivas de las prestaciones sociales y la inclusión han provocado un positivismo inicial seguido de desilusión, señalando la nefasta naturaleza de los procesos iniciados sin la voluntad política para llevarlas a cabo.