Mientras Guatemala se prepara para elegir nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones, InSight Crime investiga cómo influye el crimen organizado en el proceso de selección. Este artículo explora el papel de Roberto López Villatoro, conocido como “el Rey del Tenis”, un empresario y abogado, que se ha convertido en una de las figuras más influyentes en estos procesos de selección.
Guste o no, Carlos Castresana es una persona carismática. El juez español tiene gusto por lo dramático y la sensibilidad de un artista. En sus presentaciones públicas habla con tanta autoridad que hace que todos a su alrededor se encojan de miedo porque pueda señalarlos enseguida y acusarlos de algún tipo de transgresión contra la humanidad.
Su valiente —e insolente según algunos— naturaleza lo llevó a luchar contra la corrupción en el amado club de fútbol Real Madrid, a tratar de enjuiciar a Augusto Pinochet y a exmilitares argentinos por violaciones a los derechos humanos, y a convertirse en el primer jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de las Naciones Unidas.
Conocida como CICIG por sus siglas en español, la Comisión debía erradicar lo que se conocen como estructuras criminales “paralelas”. Estas redes cooptan las agencias estatales, desde las aduanas hasta la policía y los tribunales.
Los tribunales fueron motivo de especial preocupación para Castresana y para su fuerte equipo de 120 miembros, en su mayoría fiscales extranjeros que habían llegado a Guatemala en 2007. En concreto, la Comisión utilizó sus cuantiosos recursos para investigar el proceso por el cual el país elige a los jueces de las Altas Cortes.
Ese proceso está dirigido por lo que se conoce como las Comisiones de Postulación. Estas comisiones son un espacio integrado por abogados civiles, decanos de facultades de derecho y jueces de las Altas Cortes que, en el caso de estos últimos, se reúnen cada cinco años para seleccionar la lista final de candidatos, entre los cuales el Congreso elige los jueces del país. Se supone que las comisiones son organismos independientes y despolitizados, que seleccionan a los jueces con base en la experiencia, la edad y ciertas cualidades difíciles de definir, como el honor.
En octubre de 2009, pocos días después de que las Comisiones de Postulación hubieran terminado su trabajo y el Congreso hubiera seleccionado a los jueces de las Altas Cortes, Castresana estaba listo para presentar a la población guatemalteca los resultados de la investigación realizada por la CICIG, y Guatemala estaba dispuesta a escuchar. Desde su llegada dos años atrás, Castresana había amasado mucho capital político, aunque la propia CICIG en realidad no había procesado tantos casos.
Castresana sabía cómo atraer multitudes al público: con el juez español siempre había una fuerte posibilidad de tener buenos titulares.
Después de un breve preámbulo, justificando el interés de la CICIG en el proceso, comenzó con entusiasmo su presentación.
“Se eligió … con seis personas que nosotros no consideramos que deberían estar allí [en la Corte Suprema de Justicia]”, dijo, los periodistas garabatearon febrilmente cada una de sus palabras en sus libros de notas. Como era de esperarse, él luego los nombró y los avergonzó, antes de volcarse hacia el hombre que presuntamente estaba detrás de todo el escándalo.
“Hay una investigación que está tratando de establecer la responsabilidad penal de al menos una persona [para esta situación]”, añadió Castresana, e hizo una pausa. “El hombre de negocios, Sergio Roberto López Villatoro”.
López Villatoro, conocido como el “Rey del Tenis”, era el principal operador que había corrompido el proceso de selección de las Comisiones de Postulación, dijo Castresana. Luego acusó a López Villatoro de mover las fichas necesarias para asegurar que 26 de sus seleccionados —de un total de 54 personas— ocuparan los dos comités de postulación que seleccionarían a los jueces definitivos para las Altas Cortes de Guatemala.
“No creemos que se trate de la actuación aislada de esta persona”, agregó Castresana, con una presentación de powerpoint brillando detrás de él. “Sino que esta actuación coordina intereses de estructuras paralelas”.
Castresana llegó a decir que estas “estructuras paralelas” eran redes de adopción ilegales, intereses del narcotráfico, funcionarios militares vinculados con abusos a los derechos humanos y políticos corruptos. López Villatoro, insinuó el juez español, estaba manipulando los tribunales a favor de estos intereses criminales.
Vendiendo ‘réplicas’
Sergio Roberto López Villatoro dice que primero vendió tenis en la parte trasera de su automóvil. Él estaba en la universidad y su novia de ese momento estaba embarazada. Necesitaba dinero y respondió a un anuncio que apareció en el periódico. Los zapatos eran imitaciones baratas, pero en ese entonces había pocas leyes sobre mercancía falsificada o rompimiento de patentes. Él no hizo preguntas sobre el origen de los zapatos, y finalmente cuando esto surgió, el propietario dijo que los conseguía en Panamá.
Eso no fue problema. En Huehuetenango, el departamento natal de López Villatoro, ubicado a lo largo de la frontera con México, el “contrabando” es una forma de vida. La frontera porosa donde López Villatoro creció está inundada de mercancía barata que elude la aduana. Negocios enteros surgen en torno a estos bienes, y criminales legendarios a menudo empiezan su carrera moviendo contrabando.
Además, al vender zapatos que pudieron o no haber sido de contrabando, López Villatoro dice que pudo pagar las cuentas para su joven familia. Pronto, López Villatoro estaba buscando trabajar por su cuenta. Con un vecino que ofreció su casa como garantía, él dice que obtuvo un préstamo bancario de US$10.000. Un amigo consiguió otros US$10.000 como anticipo de un cultivador de cardamomo en el departamento de Alta Verapaz, y ambos abrieron su primera tienda de zapatos en Cobán, la capital de ese departamento. Poco después, abrieron otra tienda en Huehuetenango.
Sobre la marcha, López Villatoro conoció a un distribuidor de zapatos quien, por cuestiones de seguridad, estaba tratando de salir de Guatemala. Los dos negociaron un acuerdo por la mercancía restante del hombre, y López Villatoro comenzó a vender al por mayor a las zapaterías de todo el país. Ese era sólo el comienzo.
En ese momento, su proveedor extranjero le vendía los zapatos por un promedio de US$12 el par que traía de China a través de Panamá. Con el tiempo, comenzó a importar directamente desde China a través de una mujer china que había conocido en California. La diferencia, dice, fue significativa. Además de conseguir la mayoría de los zapatos por un promedio de US$5 el par, él podía conseguir zapatos especializados por un precio mucho menor.
Un modelo de zapatos, que él llamó la “botas amarillas”, tenía especial demanda. Su antiguo proveedor el vendía el par a US$20 el par. Su nuevo proveedor le vendía el par a US$9,80, y él vendió cada par a las tiendas por US$35.
“Gané US$170.000 en un solo día”, dijo a InSight Crime.
¿Eran ilegales?
“No son ‘falsificadas’”, explicó, y una sonrisa atravesó su cara. “Son réplicas’”.
Las réplicas, como dijo el procurador de derechos humanos en una investigación posterior acerca de los negocios de López Villatoro, eran “modelos viejos”.
López Villatoro se expandió vendiendo zapatos en Nicaragua y en República Dominicana, entre otros países. En el apogeo de su negocio de calzado en 1999, López Villatoro dice que sus diversas empresas distribuidoras vendieron 10 millones de zapatos.
“Yo no tenía competencia”, le contó a InSight Crime.
Aún así, López Villatoro dice que en general mantuvo un perfil bajo en esos primeros años. Pocos en Huehuetenango se dieron cuenta de que se había vuelto rico, dice.
Nacimiento del ‘Rey del Tenis’
El mismo año que López Villatoro vendió 10 millones de zapatos en Centroamérica y el Caribe, se casó con Zury Ríos, la hija del general retirado Efraín Ríos Montt. Ríos Montt es posiblemente el militar retirado más famoso de Guatemala, incluso si se incluye al general retirado y ahora presidente Otto Pérez Molina.
La fama de Ríos Montt proviene en gran parte de una breve temporada en la que ocupó el poder entre marzo de 1982 y agosto de 1983. Era el auge de la guerra en Guatemala. Durante los años anteriores había crecido de manera constante una coalición inarticulada de guerrillas de izquierda en el campo y en las ciudades, y Ríos Montt tomó el poder en un golpe militar. Su trabajo era sencillo: destruir la insurgencia.
La interpretación de cómo Ríos Montt logró esta meta sigue enfrentando posiciones encontradas en Guatemala. Para algunos, él salvó al país del comunismo, aunque haya asesinado a miles de inocentes y desplazado a miles de personas más durante el corto tiempo que estuvo en el poder. Para otros, cometió un genocidio.
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El papel divisivo de Ríos Montt también se extendió a la política. Fue candidato a la presidencia en 1974, y fue derrotado debido a lo que muchos aún creen que fue un fraude. A finales de 1980 creó su propio partido, el Frente Republicano Guatemalteco (FRG).
En algunas de las áreas conservadoras y devastadas por la guerra, que el mismo Ríos Montt había atacado durante el tiempo que estuvo a cargo del gobierno en los años ochenta, el FRG obtuvo en 1999 una mayoría de votos para el Congreso. Ríos Montt y su hija Zury se convirtieron en representantes del Legislativo, y Ríos Montt en su presidente.
Como el primer yerno no oficial del Congreso, López Villatoro comenzó a moverse en los círculos gubernamentales más regularmente. Él fraternizó con ministros, diplomáticos, diputados, jueces, fiscales, e incluso con el presidente Alfonso Portillo.
Inevitablemente, las cosas cambiaron para López Villatoro. Su anonimato era cosa del pasado, y de repente enfrentó una avalancha de peticiones, tanto de su departamento natal, Huehuetenango, como de su hogar adoptivo, Ciudad de Guatemala. Algunas personas pedirían favores políticos. Otras querían dinero. Él dice que muchas veces accedió en ambos casos.
El matrimonio también lo expuso al escrutinio. En 2001, Sylvia Gereda Valenzuela, periodista y editora de elPeriódico, lo bautizó “El Rey del Tenis”, una referencia a sus habilidades para transportar y vender lo que ella dijo, eran falsos Fila y Vans, entre otros zapatos de marca.
Sus defensores dicen que Gereda Valenzuela estaba enojada porque López Villatoro le había ganado a su marido en una licitación para vender al gobierno un gran volumen de botas de goma baratas. Pero en realidad, el artículo de Gereda Valenzuela había surgido tras una noticia que salió en primera plana de Prensa Libre, cuestionando la importación que hacía López Villatoro de tenis y de neumáticos. Ambos artículos eran irrefutables e incluían referencias tipo tabloide a su matrimonio con Zury Ríos.
“La familia de Ríos Montt vuelve a dar de que hablar”, escribió Prensa Libre antes de describir lo que calificó como relaciones comerciales “ilegales” del primer yerno del Congreso.
Sin embargo, un informe del procurador de los derechos humanos luego exoneró a López Villatoro y cuestionó el reportaje del periódico.
“[No] es cierto lo dicho por la señora Gereda Valenzuela respecto a la falsificación de marcas de zapatos”, dice el informe del procurador, antes de agregar que en una inspección al almacén de distribución de López Villatoro no se habían encontrado zapatos Fila.
Desde entonces, se han lanzado varias investigaciones judiciales contra de López Villatoro pero nunca se le ha acusado de ninguna actividad criminal.
El poder del Colegio de Abogados
A pesar de la falta de cargos formales, el apodo y la reputación de López Villatoro como importador de contrabando, se quedaron. Esto tal vez se debió a que fue durante este tiempo que López Villatoro se convirtió en el cabildero no oficial para el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) en todos los asuntos relativos al sistema judicial. Como él dice, cayó en este papel casi por accidente. Todo comenzó cuando un pequeño grupo de abogados en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) le pidieron que participara en las elecciones internas de la asociación.
Las elecciones internas del Colegio de Abogados son importantes por muchas razones. Estas elecciones son vistas como un punto de entrada para los abogados que tienen la esperanza de ganar algún día puestos en las Altas Cortes y en los ministerios gubernamentales. Estas elecciones también juegan un papel directo en lo que se conoce como las Comisiones de Postulación: los comités que nominan a los candidatos finales, no sólo para los jueces que ocuparán un puesto en las Altas Cortes, sino también para la Fiscalía General, la Contraloría y el Tribunal Supremo Electoral.
El sector privado logró más control sobre la selección de los funcionarios judiciales más importantes de Guatemala.
Por ley, el CANG tiene un cierto número de representantes en estas comisiones. Ese número depende de la posición en cuestión. Para la selección de jueces de apelación y de la Corte Suprema, que se está llevando a cabo ahora, el CANG tiene 11 de 34 puestos en la comisión. El aumento en la importancia del CANG hace parte de una historia más amplia en Guatemala –una historia acerca de la forma en la que, desde el final de la guerra, el Estado se ha convertido progresivamente en apéndice de los grupos de presión. En 1993, tras un fallido “golpe de Estado técnico” por el entonces presidente Jorge Serrano, en el que trató de disolver el Congreso y la Corte Suprema, el gobierno aprobó una serie de reformas que dieron más puestos en las Comisiones de Postulación al CANG y a las universidades. Es complicado lo que esto pueda significar en la práctica, pero se puede resumir en una frase: el sector privado ganó más control sobre la selección de los funcionarios judiciales más importantes de Guatemala.
“Esto dio a los abogados más cercanos al sector privado una hegemonía sobre la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones y la Fiscalía General”, escribió la página de noticias en Internet Nómada en su excelente resumen sobre estos procesos de selección.
Esta hegemonía estaba clara para López Villatoro, quien también vio que los abogados más poderosos del país representaban a una pequeña élite con sede en Ciudad de Guatemala, la cual controlaba las elecciones por medio del CANG. Sin duda, los orígenes provinciales de los abogados que se le acercaron al principio para pedirle favores, removieron opiniones personales acerca de la forma como la clase incide en la posición en Guatemala.
López Villatoro también se compadeció de estos abogados de pueblo. Su primer intento por obtener un cupo en el CANG fue destruido por una máquina bien engrasada; los abogados de Ciudad de Guatemala que estaban respaldados por intereses de élites más tradicionales. Estas “vacas sagradas”, como se les llamaba, tenían asegurados estos puestos en el CANG, señaló López Villatoro, siempre y cuando el CANG celebrara sus elecciones en la ciudad capital.
Élite “emergente” vs tradicional
La ira de López Villatoro le recordaba su infancia en Huehuetenango. Él dice que tenía unos 10 años cuando se dio cuenta que no le gustaban “los ricos”. Él estaba en la escuela, y los niños más pudientes —aquellos cuyas familias poseían grandes fincas de café o molinos de harina— lo hostihaban. Las burlas se convirtieron en peleas callejeras, y López Villatoro dice que finalmente cambió de escuela, en parte, debido a las tensiones con sus compañeros de clase.
López Villatoro se apresura a señalar que él no era pobre ni particularmente rico. Dice que su padre era dueño de la tienda más grande de su pequeño pueblo fronterizo, Cuilco. Desde muy joven, López Villatoro trabajó en la tienda haciendo cosas como empacar el azúcar en bolsas plásticas de una libra que la familia vendía en Cuilco, especialmente los fines de semana. Su padre pagó su educación, pero López Villatoro insiste en que él y su familia casi siempre estaban trabajando.
Como ejemplo, cuenta que mientras él vendía sus primeros tenis, uno de sus hermanos mayores vendía café de Huehuetenango en las grandes ciudades. Ese hermano, Julio César, es ahora congresista.
Juntos, los dos se han convertido en la imagen para lo que ellos llaman la élite “emergente” en Guatemala. Estas élites emergentes tienen nuevas fuentes de ingresos, a menudo provenientes de importaciones y exportaciones no tradicionales, como los tenis. A menudo las nuevas élites se benefician de su relación con el gobierno. Congresistas, alcaldes y oficiales militares por igual, también son suelen clasificarse como élites “emergentes” debido a sus crecientes intereses comerciales, propiedades rurales y empresas que han obtenido en las últimas décadas. Algunas de estas élites emergentes han utilizado la corrupción, el contrabando y las ganancias ilícitas para impulsar su crecimiento económico. Han consolidado estas propiedades mediante la financiación de campañas políticas y con el tiempo, como fue el caso de Ríos Montt, con la creación de sus propios vehículos políticos.
Estas élites han utilizado todas las formas de medidas legales e ilegales a su disposición para mantener este control.
El poder económico y político de las élites emergentes los ha puesto a competir con las élites más tradicionales. En los términos más simples, estas élites tradicionales son terratenientes, banqueros, industriales y exportadores de productos como café y algodón. El núcleo de este grupo maneja el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), una asociación empresarial estratificada, que ha actuado como un gobierno paralelo de este país durante décadas. Al igual que las élites que representa, el portafolio económico del CACIF va desde el tradicional comercio agrícola hasta el sector bancario.
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Estas élites han utilizado todas las formas de medidas legales e ilegales a su disposición para mantener este control. En los años ochenta, como fue registrado en un reciente artículo de Plaza Pública, ayudaron a financiar la campaña contrainsurgente librada por Ríos Montt y otros generales, a veces prestando su propia infraestructura para la cruzada anticomunista del ejército que arrasó y masacró pueblos enteros.
En particular, el CACIF ha mantenido un férreo control sobre las finanzas del gobierno. La recaudación de impuestos de Guatemala, medida en términos del porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), se encuentra entre las más bajas de la región. Cualquier esfuerzo para alterar este régimen tributario ha enfrentado una oposición acérrima. Y si bien no es tan monolítico como alguna vez lo fue, el núcleo de líderes del CACIF, que se conoce como el G-8, sigue siendo muy influyente en el gobierno y todavía tiene un gran acceso a los políticos y funcionarios del gobierno más poderosos, incluyendo el presidente, congresistas, jueces y fiscales.
El rencor reprimido contra estas élites ayuda a explicar apodos como los de “vacas sagradas”, aplicados a los abogados de las élites tradicionales en el Colegio de Abogados del país. Pero cuando López Villatoro fue elegido para ayudar al grupo de abogados provinciales a obtener una mejor posición en el CANG, las vacas sagradas estaban empezando a perder su control sobre el poder.
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A principios de los años 2000, el presidente Portillo y el presidente del Congreso, Ríos Montt, desafiaban frontalmente el poder económico de esta élite tradicional. Ambos buscaron cambiar el código tributario, lo cual incluyó un aumento en los impuestos sobre la venta de licor. Portillo, por su parte, liberalizó las normas comerciales por decreto presidencial, exponiendo a los poderes económicos tradicionales a una mayor competencia en los sectores avícola, de cemento y las bebidas, hasta entonces controlados exclusivamente por ellos.
También hubo un intento de reforma judicial. El Congreso presentó un proyecto de ley diseñado para cambiar la forma como operaba el CANG, descentralizando el proceso electoral y abriéndolo a influencias más provinciales. Después de dos años de cabildeo, persuasión e intercambio de favores, el Congreso aprobó el proyecto de ley de “Colegiación Obligatoria”. Portillo firmó la ley en 2001. La hegemonía del CACIF sobre el CANG se había acabado, y su estricto control sobre los sistemas fiscales y arancelarios del gobierno estaba pendiendo de un hilo.
Pero la batalla por el control del sistema judicial apenas empezaba.
Efecto búmeran
No todo iba según lo previsto para López Villatoro en la primera década de 2000. El Congreso, a petición de los grupos económicos establecidos y de Estados Unidos, presentó un proyecto de ley para regular el contrabando. El proyecto de ley fue un golpe al centro de los negocios de López Villatoro. Para mayor pesar, el proyecto de ley tenía el respaldo del partido de su suegro, el FRG. Enfurecido, López Villatoro organizó una protesta con los vendedores ambulantes, quienes regularmente vendían sus tenis desde sus puestos improvisados a lo largo de la Sexta Avenida en el Centro Histórico de Ciudad de Guatemala. El proyecto de ley fue aprobado de todos modos.
En ese momento, López Villatoro también estaba pasando por algunos problemas personales. Al tiempo que Ríos Montt dejaba el Congreso, López Villatoro se divorciaba de Zury, su esposa. Los dos mantienen buenas relaciones, dice, y aún tiene contacto con “el viejo”, su exsuegro.
Ríos Montt y Portillo enfrentaron sus propios problemas, los cuales surgieron de su incapacidad para controlar los tribunales. Después de que la Corte de Constitucionalidad dictaminara que Ríos Montt no podía aspirar a la presidencia debido a que había participado en un golpe de Estado, grupos no gubernamentales de Guatemala y en el extranjero clamaron que el general retirado fuera procesado por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra. Por su parte, Portillo enfrentó cargos por malversación de fondos que eventualmente lo llevarían a prisión en Estados Unidos.
Tanto Ríos Montt como Portillo vieron estos esfuerzos por procesarlos como parte de la lucha de clases que se libraba en Guatemala.
Para conseguir ese control, recurrieron de nuevo a López Villatoro quien movilizaba sus tropas al interior del CANG. Él creó una coalición cuasi-política, o “planilla”, como se les conoce, llamada Justicia para el Cambio. A eso le siguieron dinero, fiestas, cabildeo y acuerdos a puerta cerrada. En un informe de 2009 (pdf), la CICIG de la ONU describió el proceso como una campaña “electoral” en la práctica.
“Estas negociaciones tienen lugar a través de cabildeos políticos, la realización de eventos, almuerzos, cursos y campañas con tinte electoral con la intención de ganar favores y grupos afines a los intereses de cada sector de grupos de presión dentro del Organismo Judicial”, escribió el grupo de la ONU. “Es así como algunos abogados, juristas y empresarios se comienzan a manejar dentro del ámbito político como intermediarios entre los intereses de unos en función al trabajo de otros”.
Justicia para el Cambio no estaba sola. Todos los grupos de presión —que incluían élites tradicionales y élites “emergentes” rivales, como la encabezada por la misma hermana del presidente Colom, Gloria Torres— gastaron dinero en estas elecciones con la esperanza de influir en las Comisiones de Postulación. López Villatoro dice que su grupo simplemente lo hizo mejor y tuvo una plataforma más atractiva, por lo que, antes de 2009, su grupo controlaba el 40 por ciento de los delegados del CANG en las comisiones.
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La influencia de López Villatoro no terminó ahí. También buscó influir en las universidades, la otra presencia no gubernamental importante en las Comisiones de Postulación. Según la legislación guatemalteca, todos los decanos de las facultades de derecho deben tener un cupo en estos comités de selección.
Aquí es donde la politiquería que rodea a las comisiones es quizás más evidente. Para contrarrestar las arenas movedizas en cuanto a quién controlaba a los comisionados del Colegio de Abogados, algunos intereses especiales simplemente crearon nuevas escuelas de derecho. Desde 1995, el número de escuelas de derecho ha crecido de cuatro a once. Según Nómada, tres de estas escuelas de derecho en la actualidad tienen menos de diez alumnos y dos de ellas aún no han graduado a ningún estudiante. No importa. Al igual que el CANG, los decanos de las facultades de derecho actualmente representan 11 votos en las Comisiones de Postulación que designan a los jueces de la corte de apelaciones y de la Corte Suprema, es decir, alrededor de un tercio de los votos.
El único grupo de interés que ejerce mayor control sobre este proceso de selección son los mismos jueces: la Corte de Apelaciones envía 12 delegados a la comisión que selecciona los magistrados de la Corte Suprema. Por su parte, la Corte Suprema envía 12 delegados para la comisión que selecciona a los jueces de la Corte de Apelaciones.
Todos los partidos compiten por influencia con estos comisionados, por medio del Colegio de Abogados, las universidades y los bloques de poder político. Como Nómada señaló en un artículo reciente, numerosos jueces tienen varios “trabajos”, algunos de los cuales ni siquiera requieren que los jueces se presenten a trabajar.
Fue este tipo de “intercambio” lo que el jefe de la CICIG, Carlos Castresana, esgrimió cuando difamó a López Villatoro en octubre de 2009, pocos días después de que el Congreso hubiera seleccionado a los jueces de las Altas Cortes. En concreto, Castresana dijo que López Villatoro había comprado la influencia de al menos 13 jueces y abogados al pagarles para que hicieran estudios de postgrado en España, antes de las Comisiones de Postulación de 2009, que seleccionaron a los jueces de las Altas Cortes. De éstos, tres se convirtieron en miembros de las comisiones, dijo Castresana. Otros se convirtieron en candidatos para puestos en las Altas Cortes.
Esto formaba parte de la forma en la que el “Rey del Tenis” había sido capaz de controlar el increíble número de 26 de las 54 personas que finalmente seleccionaron a los jueces de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones.
Castresana también hizo referencias a lo que él llamó “Terna X”, una misteriosa coalición de tres personas dentro de la Comisión de Postulación para la Corte Suprema. Esta coalición habría manipulado la votación para asegurar que cuatro de los seis jueces considerados como “no idóneos” se convirtieran en magistrados de la Suprema.
Castresana dijo que estos jueces de la Corte Suprema estaban “manchados” por conflictos de intereses. Ellos habían tomado decisiones cuestionables en relación con casos penales y de corrupción, entre otros asuntos profesionales. Al final, dijo, les faltaba la “honorabilidad” que los puestos requerían y que la ley exigía.
Peor aún, Castresana creyó que estas decisiones eran parte de un patrón generalizado y de larga data en Guatemala.
“No creo que sea un problema de estas comisiones de postulación del 2009”, aseguró el juez español. “Me da la sensación de que es un problema mucho más antiguo y que afecta mucho más al Ministerio Público, a la Policía Nacional Civil, al Organismo Judicial y hasta el Sistema Penitenciario, pero esos son los aparatos clandestinos de seguridad”.
Aunque Castresana ofreció pocas pruebas, el ambiente tóxico que siguió a su conferencia de prensa condujo a un levantamiento político sin precedentes. Días más tarde, el gobierno retiró de sus cargos a tres jueces, en algunos casos sin ninguna investigación de seguimiento por parte de las autoridades judiciales o el Congreso.
Por su parte, López Villatoro vacilaba. Con su coalición difamada, se lanzó a la ofensiva, presentando una queja formal ante la Oficina del Procurador de los derechos humanos y atacando a Castresana por ser cómplice de las élites tradicionales. Fue a la Fiscalía General y se ofreció a testificar en su contra en todos y cada uno de los casos.
En cuanto a los cursos en España, le dijo al procurador de los derechos humanos que él, y muchos otros, habían reunido dinero para pagar a los 13 jueces y abogados porque estaban teniendo problemas para cambiar el dinero a euros. Cuando InSight Crime le preguntó directamente acerca de la conexión de su coalición del CANG con intereses criminales —incluyendo redes de adopción ilegales, tráfico de drogas, violadores a los derechos humanos y políticos corruptos— adujo que tenía vínculos con mucha gente y que no podía controlar con quién interactuaba su coalición.
Su análisis: las élites tradicionales utilizaron a Castresana para difamarlo, y habían ganado. Al final, él dice que los jueces “no idóneos” que retiraron, fueron reemplazados por jueces a favor de las élites tradicionales.
Por su parte, sus enemigos se vanagloriaron. El titular en elPeriódico de una historia escrita por Gereda Valenzuela dice: “Cayó el imperio del ‘Rey del Tenis’”.
La creación de un caballero cabildero
Tras el proceso de 2009, López Villatoro dice que trató de abandonar la política. Que era un hombre golpeado y cansado, y que estaba prácticamente listo para renunciar a ella cuando empezó a oír murmullos en el CANG de cómo “el rey estaba muerto”. El orgullo, y una buena dosis de capital de algunos de sus viejos amigos, lo empujaron de nuevo en el juego. Sólo que esta vez él dijo que tenía una estrategia diferente: asegurar que la politiquería que rodeaba a las Comisiones de Postulación se hiciera de forma más abierta.
Uno de sus primeros candidatos para el CANG después de 2009 fue Óscar Cruz, un desconocido. A pesar de su falta de carisma, Cruz ganó la presidencia del CANG. Esta victoria fue una clara señal de que López Villatoro todavía tenía mucha fuerza en el Colegio de Abogados, e hizo que algunos pidieran la renuncia de Cruz.
Siguieron más coaliciones e intercambio de favores, al igual que más victorias para el “Rey del Tenis” en el CANG. En 2013, la máquina de López Villatoro estaba de vuelta en su máximo esplendor, eligiendo miembros de la Junta Directiva del CANG y ayudando a elegir a su presidente una vez más.
También se alejó de su negocio de exportación e importación y fundó su propio bufete de abogados (al que llamó Lovi, que se pronuncia “lobby” en español, pero significa López Villatoro). Aparentemente, la empresa administra bienes raíces. Por debajo de la mesa, es una operación de cabildeo. Rearmó elaborar el mensaje político de su coalición en el CANG y utilizó palabras como imparcialidad, dignidad e independencia. El grupo tiene su propia plataforma y una descripción de los candidatos “idóneos” para las Altas Cortes. Es parte de una recreación de la marca del propio “rey”.
“Lo que le molesta es la desigualdad”, comentó la hermana de López Villatoro, Clara de Paiz, cuando la conocí en la atestada oficina de Lovi, justo al otro lado de la calle de la embajada de Estados Unidos en Ciudad de Guatemala.
“Es por eso que parece que esto fuera la sede de la Madre Teresa”, añadió. “Él no sabe cómo decir que no”.
Algunos podrían cuestionar esta noción. López Villatoro dice que no obtiene mucho beneficio de este politiqueo, pero sus afirmaciones suenan huecas. Su antiguo negocio de importación y exportación D’Lovi (que ahora maneja su hermano menor) se ha beneficiado de contratos estatales para comprar grandes lotes de tenis y botas. En 2009, la CICIG contó más de US$1,5 millones en contratos que beneficiaban a Villatoro. (En su denuncia ante el procurador de los derechos humanos, López Villatoro alegó que era mucho menos, pero no especificó cuánto menos.)
Incluso, los colegas políticos de López Villatoro claramente ganan al tener influencia y protección en el sistema judicial. En la jerga de Guatemala, esto aseguraría la obtención de una “comisión”, el eufemismo para un favor, un contrato o un pago en efectivo. Al comienzo, el principal beneficiario de las iniciativas de López Villatoro fue el partido político FRG de Ríos Montt. Pero ese círculo se ha extendido, junto a la propagación de la influencia de López Villatoro.
Sus críticos dicen que la influencia indebida de López Villatoro en el sistema judicial es evidente. Después de que su exsuegro, Ríos Montt, fuera condenado por genocidio, la Corte de Constitucionalidad revocó la condena. Y cuando la Fiscal General, Claudia Paz y Paz, quien llevó el caso contra Ríos Montt, intentó asegurar otros cuatro años como cabeza de la Fiscalía de la nación, los críticos de López Villatoro dicen que él puso sus cartas para asegurarse de que esto no sucediera. Efectivamente su reemplazo, Thelma Aldana, fue una de las magistradas que Castresana había declarado “no idóneas” para la Corte Suprema. (López Villatoro dijo que él no participó en el proceso. “No había espacio para mí”, le aclaró a InSight Crime.)
La Comisión de Postulación que bloqueó a Paz y Paz se caracterizó por un nuevo conjunto de alianzas. Quizá por primera vez, las élites emergentes y las élites tradicionales dejaron de lado sus diferencias en torno a las leyes tributarias, las políticas de liberalización comercial y sobre quién debería obtener mayor beneficio de la corrupción gubernamental, y se unieron para luchar contra un enemigo común: Paz y Paz.
La red de élites tradicionales y emergentes ha hecho más difícil seguir el actual proceso de selección de los jueces de la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones. El campo de juego es más complejo y variado, y no hay nadie con el monopolio sobre las comisiones como el que Castresana dijo que López Villatoro había disfrutado en 2009. Se dice que López Villatoro tiene alrededor de un tercio de los comisionados en cada una de las Comisiones de Postulación.
Pero su papel es más matizado ahora. Dadas algunas de las alternativas que compiten por una buena posición en las comisiones, López Villatoro ahora es visto como uno de los buenos. Es un giro extraño, sobre todo para un hombre que una vez fue pintado por el juez supremo como el villano supremo. Se reúne con diplomáticos y miembros de la prensa. (Este año asistió a la celebración del 4 de julio en la Embajada de Estados Unidos.) Organiza fiestas “a puertas abiertas” donde los políticos se codean con los jueces y otros miembros del sistema judicial. Negocia con los distintos partidos políticos y grupos económicos, entre ellos el CACIF, y se ha ofrecido a hacer lo mismo con los grupos de la sociedad civil que lo han insultado durante mucho tiempo.
“Tengo una oportunidad de limpiar mi nombre”, dijo a InSight Crime.
“No soy lo que ellos dicen”, agregó. “No soy lo que dijo Castresana”.
Sin embargo, admite que esta nueva imagen suya tiene mucho que ver con el creciente cinismo en Guatemala, donde su inocencia o culpa es cada vez más irrelevante. En Guatemala, sólo una cosa parece importar.
“No soy un santo”, dijo López Villatoro a InSight Crime. “Ahora sí tengo poder. ¿Por qué? Porque gané”.