La corrupción facilita los delitos ambientales en cada uno de los países de nuestro estudio. Las redes criminales corporativas se ven apoyadas por actores legales: fuerzas de seguridad, reguladores, autoridades y empresas legalmente registradas que facilitan el acaparamiento de tierras, la tala ilegal, la minería ilegal y el tráfico de especies silvestres.
*Este artículo hace parte de una investigación de InSight Crime en conjunto con el Instituto Igarapé sobre cómo el tráfico de vida silvestre, la tala ilegal, la minería ilegal de oro y la tala y quema de tierras se están extendiendo por cinco países: Ecuador, Venezuela, Bolivia, Guyana y Surinam. Puede leer los demás capítulos de la investigación aquí y puede descargar el PDF completo aquí.
Corrupción sobre el terreno
Esto suele ocurrir en los territorios a un nivel inferior, mediante el pago de sobornos a las autoridades corruptas.
En Ecuador, se sabe que los policías y soldados dejan que los transportistas trasladen la madera de origen ilegal una vez que se les ha pagado, según la periodista Milagros Aguirre Andrade. Dos expertos en temas relacionados con delitos ambientales que hablaron de forma anónima explicaron que “por los puertos oficiales y no oficiales de la frontera (Ecuador-Perú) fluye de todo”, incluida la madera ilegal.
En Guyana, la policía recibe presuntamente sobornos para hacerse la de la vista gorda ante la minería ilegal. Algunos policías recurren a los sobornos para complementar sus bajos salarios, según el doctor Samuel Sittlington, antiguo asesor de la Unidad de Crimen Organizado de Guyana. También es posible que los mineros ilegales locales les paguen en oro. En la frontera entre Guyana y Venezuela es habitual ver a funcionarios con grandes collares y accesorios de oro. Sittlington añade que algunos funcionarios —entre los que se encuentran policías y oficiales de control fronterizo — también están implicados en el contrabando y subestiman las cifras de exportación a cambio de sobornos.
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Los mineros de la ciudad de Mahdia, en la región de Potaro-Siparuni de Guyana, denunciaron que los funcionarios que inspeccionan y administran las minas aceptan pagos para pasar por alto las infracciones de la normativa minera.
“Cuando aparece un inspector minero, más vale empezar a buscar en los bolsillos para conseguir un soborno”, afirmó John Palmer, experto en minería en Guyana. “No hay ningún caso, o muy, muy pocos, de procesamientos en virtud de la Ley de Minería”. El periodista guyanés Alva Solomon afirma también que los funcionarios de medio ambiente aceptan sobornos sobre el terreno, en lugar de denunciar el contrabando ilegal, las invasiones de tierras y la minería ilegal.
Corrupción desde arriba
La corrupción también engrasa los engranajes de los delitos ambientales en niveles más altos, con redes de políticos, policías y funcionarios ambientales corruptos.
Estas redes de alto nivel suelen tener diferentes capas. Por ejemplo, los agentes de policía han colaborado con funcionarios ambientales para facilitar el tráfico de madera en Ecuador. Una de las redadas más notables relacionadas con el comercio se produjo en 2017, en las provincias amazónicas centrales de Napo y Pastaza. En total, se realizaron veinte detenciones. Once de los detenidos eran policías, y también se acusó a tres funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente.
Al parecer, se pagaba a los agentes de policía entre 50 y 100 dólares por dejar pasar sin inspección a los vehículos que transportaban madera ilícita. Por su lado, los funcionarios ambientales sellaban las guías de movilización utilizadas para trasladar la madera, cobrando entre 150 y 200 dólares por sello. Los funcionarios corruptos también proporcionaban documentos falsificados, utilizados para extraer y transportar madera procedente de la región.
La minería ilegal también ha sido una fuente de corrupción para estas autoridades. Durante febrero de 2022, en la provincia amazónica de Napo vio se realizó una operación de minería ilegal a gran escala en seis de sus municipios. Los mayores daños se concentraron en la comunidad del río Jatunyaku, en Yutzupino, al oeste del país.
El descubrimiento de la entrada de maquinaria pesada y de más de 700 mineros ilegales puso en el punto de mira concesiones mineras que supuestamente estaban en fase de exploración. Según Eduardo Vayas, presidente del grupo ecologista Napo Ama la Vida, el avance de la minería se debe a la aprobación de los alcaldes, según comentó al diario Notimundo.
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Vayas señaló que los alcaldes de los municipios de Carlos Julio Arosemena Tola, Tena y Archidona participan activamente en la minería. Andrés Bonilla, alcalde de este último municipio, es propietario de una de las concesiones mineras que operan en la zona, según Vayas. En estas condiciones, la entrada de trabajadores y maquinaria ilegal en las minas favorece especialmente a estas autoridades, que obtienen la mayor parte de los beneficios de las concesiones.
En Bolivia, miembros del partido político MAS han facilitado presuntamente el acaparamiento y el tráfico de tierras en zonas protegidas de la Amazonía boliviana. Moisés Salces, exalcalde de San Ignacio de Velasco, cerca de la frontera del país con Brasil, reveló que miembros del partido hacen “ofrendas partidistas mediante la concesión de tierras” en áreas protegidas, como el Área Protegida Municipal Bajo Paraguá San Ignacio de Velasco.
Según el director regional de la Fundación Tierra, Alcides Vadillo, las comunidades que reciben títulos de propiedad crean “sindicatos de fachada” que sirven como ramas políticas del partido MAS. Entre ellos se encuentran la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcan), la Confederación de Interculturales y la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia. A través de estas entidades, las comunidades han recibido títulos de tierras públicas en Santa Cruz y el trópico de Cochabamba. De acuerdo con las leyes de ese país, estas tierras no pueden ser entregadas a nadie.
Además, la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) parecen aprobar tácitamente la deforestación que esto conlleva, según un antiguo periodista del medio boliviano El Deber que ha seguido de cerca la actividad. Una vez que se deforesta la tierra, se envían al INRA las solicitudes de títulos de propiedad para actividades agrícolas en áreas protegidas y no protegidas. De este modo, tanto el INRA como la ABT han facilitado las transacciones que dan lugar al acaparamiento de tierras, añade el periodista.
En Guyana, expertos en minería del país, que accedieron a hablar bajo condición de anonimato por motivos de seguridad, dijeron que los funcionarios de la GGMC supuestamente utilizan deliberadamente mapas inexactos de los territorios amerindios para expedir permisos dentro de esas tierras, a pesar de que esto está prohibido por la Ley de Minería. “La ley en Guyana está diseñada para permitir que prosperen la minería y los delitos ambientales”, dijo un experto en delitos ambientales en Guyana. “Los funcionarios corruptos de la GGMC se esconden detrás de los débiles sistemas de titulación en Guyana para dar tierras a los grandes mineros”, añadió.
Venezuela es un caso especial por la corrupción de alto nivel que facilita su comercio de oro. La mayoría de los grupos criminales involucrados en la minería en la región amazónica del país tienen vínculos directos o indirectos con el régimen de Maduro. En Bolívar, las cooperativas mineras pagan sobornos al régimen de Maduro para obtener permisos de extracción de oro. Esta dinámica es facilitada por el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, según un experto en delitos ambientales en el sur de Venezuela. Uno de los exgobernadores del estado facilitó los pactos entre las mafias mineras locales, repartiéndose el territorio y los beneficios, para frenar las disputas por las minas, añadió el experto.
Otro interesante caso de corrupción vinculado al comercio de oro de Venezuela es el de Álex Nain Saab Morán, un empresario colombiano conocido por realizar turbios negocios millonarios con el gobierno venezolano. El gobierno colombiano emitió una orden de captura contra Saab en 2018. Otros países lo investigan por lavado de dinero, financiación del terrorismo y otros delitos. Fue detenido en Cabo Verde en junio de 2020 y extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021.
Saab mantuvo presuntos vínculos con la Compañía Venezolana General de Minería (CVG Minerven), empresa estatal encargada de la extracción de oro en la región oriental de Guayana. El actual presidente de Minerven, Adrián Antonio Perdomo Mata, es un antiguo empleado de Saab. A través de sus vínculos con la organización, Saab habría participado en el intercambio de metales preciosos por bienes de consumo entre Venezuela y Turquía.
InSight Crime se ha asociado con el Instituto Igarapé —centro de pensamiento independiente ubicado en Brasil, que se dedica al estudio de temas actuales relacionados con desarrollo, seguridad y clima— para rastrear los delitos ambientales y los actores criminales que impulsan la deforestación en toda la Amazonía. Vea la serie completa aquí.
