Funcionarios colombianos han revelado nuevas estimaciones del número de exguerrilleros asesinados desde que comenzó la implementación de los acuerdos de paz, lo que muestra la incapacidad del Gobierno para controlar los homicidios cometidos por diversos actores criminales, y podría causar aún más disidencias.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, reconoció el 22 de mayo que al menos 40 excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han sido asesinados desde que el grupo guerrillero y el Gobierno firmaron los acuerdos de paz en noviembre de 2016.
Según Santos, ninguno de los 40 excombatientes cuyos asesinatos han sido identificados por el Gobierno estaba recibiendo las medidas de protección contempladas en el acuerdo, que amparan a 200 exdirigentes y a 4.000 exguerrilleros en las zonas de desmovilización y reintegración.
Santos señaló que, en los últimos procesos de paz en Colombia, el número de excombatientes muertos fue perceptiblemente más alto, pero dijo que su Gobierno “reconoce que uno solo es demasiado” y está “haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que no ocurran más casos”.
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El informe oficial estima que 58 combatientes de las ex-FARC y 18 familiares de los exguerrilleros han sido asesinados desde que se firmaron los acuerdos, según informó El Colombiano. Sin embargo, las estimaciones de Naciones Unidas y de grupos de la sociedad civil difieren de estas cifras.
El informe más reciente de la misión de verificación de las Naciones Unidas estima que 44 exguerrilleros de las FARC y 18 de sus familiares han sido asesinados, y que seis exguerrilleros han sido víctimas de desaparición forzada, desde que se firmaron los acuerdos. Un informe publicado este mes por una coalición de organizaciones no gubernamentales reporta la muerte de 62 excombatientes y 17 de sus familiares, así como seis desapariciones.
El partido político del grupo exguerrillero, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), señaló a principios de este mes que el Gobierno “no está dando cumplimiento […] a lo dispuesto en el Acuerdo Final en materia de protección, seguridad jurídica y reincorporación integral”.
Como respuesta a los “recientes ataques y amenazas”, la FARC solicitó el apoyo de la comunidad internacional y le pidió al Gobierno “tomar medidas efectivas e idóneas en contra de las estructuras criminales”, que según los exguerrilleros se están estableciendo cerca de zonas de reincorporación.
Análisis de InSight Crime
Aunque el Gobierno colombiano ha logrado hasta el momento prevenir los asesinatos de los excombatientes de las FARC mediante claras medidas de protección, la incapacidad de las autoridades para detener los asesinatos de otros exguerrilleros podría amenazar el proceso de paz y generar más disidencias, dado que los exguerrilleros enfrentan amenazas de una amplia gama de grupos criminales.
Según la investigación de campo realizada en Colombia por InSight Crime como parte del proyecto “Hoja de ruta para una paz duradera”, existen varias razones por las que los exguerrilleros están siendo asesinados. Por ejemplo, algunos miembros de la ex-FARC que poseen información sobre las rutas del narcotráfico y otras lucrativas actividades criminales son asesinados porque los actores criminales que buscan apoderarse de sus antiguos negocios los ven como una amenaza. Otros son eliminados porque tienen información sobre asesinatos, masacres y actividades de narcotráfico que podrían implicar a otros exguerrilleros en los eventuales procesos judiciales. Algunos han regresado a la criminalidad, y otros son desmovilizados de las milicias, las cuales no fueron obligadas a concentrarse en las áreas de reintegración, y por lo tanto son blancos fáciles.
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Los asesinatos de excombatientes de las FARC se han atribuido a una amplia gama de grupos criminales, como Los Urabeños, grupos disidentes de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), debido a cambios en la dinámica criminal en varias partes del país.
La misión de verificación de las Naciones Unidas le ha pedido reiteradamente al Gobierno colombiano que garantice la seguridad por fuera de las zonas de concentración. Jean Arnault, alto funcionario de la misión, advirtió recientemente que las “debilidades en este sentido pueden aumentar el riesgo de que algunos excombatientes se pasen a los grupos criminales”.
El año pasado, InSight Crime estimó que entre 1.000 y 1.500 disidentes habían abandonado el proceso de paz por varias razones. La falta de garantías de protección para los desmovilizados podría conducir incluso a mayores tasas de deserción y disidencia.
* Este artículo fue escrito con la colaboración de Sergio Saffon y Ángela Olaya.