Venezuela y Estados Unidos adelantan procesos legales contra exdirectivos de Citgo, subsidiaria de la petrolera estatal venezolana PDVSA, lo que indicaría que años de acusaciones de corrupción pueden estar al fin llegando a un punto decisivo.
En Venezuela, seis ejecutivos de Citgo, cinco de los cuales tienen ciudadanía estadounidense, enfrentan juicio después de más de dos años de cárcel. Los llamados “seis de Citgo” están señalados de malversación de fondos en relación con una propuesta nunca implementada de refinanciación por US$4 mil millones en bonos de Citgo.
Entre tanto, varios fiscales estadounidenses adelantan su propia investigación por sobornos y blanqueo de capitales en la empresa. La investigación implica a compañías estadounidenses, altos ejecutivos venezolanos y hasta a un excongresista de la Florida.
La petrolera con sede en Houston es propiedad de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) desde 1990. Fue la octava mayor refinería de Estados Unidos en 2019, según Reuters, con el control del 4 por ciento de las reservas petroleras del país.
Los seis de Citgo
El 21 de noviembre de 2017, el presidente de Citgo, José Pereira, recibió una llamada de su matriz en Houston, Texas, para que asistiera a una reunión de emergencia en Caracas, junto con otros cinco ejecutivos de Citgo. A su llegada, los seis fueron detenidos pistola en mano por agentes de seguridad encapuchados. Desde entonces ninguno de ellos ha regresado a Estados Unidos.
El fiscal general venezolano Tarek William Saab acusó a los ejecutivos de “comprometer el patrimonio de Citgo mientras recibían beneficios personales”. Los cargos se derivan de su presunta participación en la negociación de un acuerdo con firmas estadounidenses, dubaitíes y suizas para refinanciar US$4.000 millones en bonos de Citgo.
Saab aseguró que los seis tuvieron la oportunidad de recibir sobornos por el 1,5 por ciento del valor del acuerdo, que ofrecía una participación del 50 por ciento en Citgo como garantía, sin el beneplácito del gobierno venezolano, según reportó Associated Press.
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En una alocución televisada en noviembre de 2017, el presidente venezolano Nicolás Maduro declaró que los hombres eran ciudadanos venezolanos y serían juzgados como “traidores”. Pero el caso lleva más de dos años paralizado. Durante gran parte de ese tiempo se cree que los “seis de Citgo” han estado retenidos en el Helicoide, la infame prisión de Caracas para presos políticos.
Aunque representantes del gobierno estadounidense han exigido la liberación de los seis de Citgo en repetidas oportunidades, una reunión celebrada a mediados de julio entre el exgobernador de Nuevo México Bill Richardson y el presidente Maduro ha reactivado el caso.
Tras esa reunión, dos de los seis ejecutivos fueron trasladados a arresto domiciliario y se les permitió reunirse con sus abogados por primera vez en meses, de acuerdo con información de Reuters. El anuncio de que los ejecutivos finalmente comparecerán en juicio se considera un avance importante, aunque se mantienen la preocupacion de si recibirán un juicio imparcial en Venezuela.
Casos de sobornos en Estados Unidos
Aunque los seis de Citgo esperan una pronta resolución de su problema, las autoridades estadounidenses adelantan una investigación propia por corrupción en la empresa.
La investigación tiene su origen en la detención de Abraham José Shiera Bastidas y Roberto Rincón-Fernández en 2015, quienes están acusados de pagar cuantiosos sobornos a PDVSA y a su filial Bariven, para asegurar negocios para sus empresas con sede en Estados Unidos.
Ambos se declararon culpables del esquema de coimas por US$ mil millones, junto con tres directivos de PDVSA. En agosto de 2017, se presentó una imputación de 20 cargos contra varios directivos de Bariven y sus cómplices. El caso finalmente implicó a José Manuel González Testino, contratista veterano de PDVSA con doble ciudadanía estadounidense y venezolana, y domicilio en la Florida.
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En mayo de 2019, González admitió su culpabilidad en el soborno a directivos de PDVSA para “asegurar y mantener contratos de energía y logística mediante maniobras corruptas”. La acusación tenía relación con el pago de US$629.000 en sobornos a Bariven.
El testimonio de González también enredó a Citgo en el escándalo. Durante el juicio, admitió haber hecho acuerdos similares con cuatro directivos y un alto ejecutivo de Citgo. Según fuentes anónimas que hablaron con Associated Press, ese ejecutivo fue José Pereira, uno de los seis de Citgo, aunque su familia niega el señalamiento.
El 6 de agosto de 2020, José Luis De Jongh Atencio, exgerente de Citgo, se convirtió en el primer directivo acusado en Estados Unidos por violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA). De Jongh presuntamente recibió US$2,5 millones de dólares en sobornos a cambio de acceso preferente a contratos de Citgo, los cuales blanqueó por medio de empresas de papel en Panamá y Suiza, según una imputación federal de Estados Unidos presentada en el Distrito Sur de Texas.
Con el levantamiento de la reserva sobre la imputación contra De Jongh, 27 personas fueron acusadas en la investigación por sobornos en PDVSA, y veinte de ellas se han declarado culpables.
Citgo contraataca
Los antiguos ejecutivos y socios de Citgo enfrentan una nueva amenaza: la misma Citgo.
En enero de 2019, el Tesoro estadounidense sancionó a PDVSA, aduciendo una masiva malversación de fondos y la necesidad de ejercer presión para una transición democrática en Venezuela. De acuerdo con Reuter, Citgo cortó todos los nexos con su matriz y aceptó una nueva junta, designada por la Asamblea Nacional venezolana, controlada por la oposición.
La nueva junta de Citgo adelanta su propia demanda contra González por el soborno de antiguos directivos de Citgo, y declaró que “Citgo perdió millones de dólares como consecuencia de esa acción”.
La empresa también está investigando varios contratos firmados por sus antiguos directivos con cabilderos estadounidenses en 2017, en un intento por evitar sanciones. En mayo de 2020, la nueva junta de Citgo anunció que presentaría una demanda contra el excongresista por Florida David Rivera, republicano conocido por ser un estridente anticomunista, por el incumplimiento de un contrato de consultoría por US$50 millones.
Rivera alega que los US$15 millones que recibió los desvió a la oposición venezolana, con aprobación de los ejecutivos de Citgo “disidentes” que se encuentran presos en Venezuela, de acuerdo con un informe presenta por Univisón. Los seis de Citgo niegan esa aseveración, y el Miami Herald citó evidencia de que la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez aprobó personalmente el contrato. Rivera tiene una investigación federal abierta desde 2017, pero aún no ha sido llamado a responder por cargos penales.