El 31 de octubre, InSight Crime publicó un análisis que comparaba los recientes escándalos de corrupción que implica a expresidentes de Brasil y Guatemala. Además de los informes de InSight Crime y otros medios de información, el artículo también se basó en una discusión moderada recientemente por InSight Crime entre Mike Allison y Matthew Taylor. A continuación presentamos una transcripción editada de esa conversación.
Allison es experto en política centroamericana y trabaja como profesor titular y catedrático en el departamento de ciencias políticas de la Universidad de Scranton. Taylor es profesor titular de la Escuela de Servicio Internacional de la Universidad Americana, centrado en gobernanza y corrupción en Latinoamérica y con amplia experiencia en Brasil.
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IC: ¿Pueden describir a grandes rasgos la manera como esas estructuras corruptas operaban en cada país, y quiénes son algunos de los principales actores?
MA: En Guatemala durante las décadas de 1970 y 1980, hubo una alianza entre el estado criminal y el estado contrainsurgente que se perpetuó luego de los años de la guerra civil, hasta hoy. Había personas en el ejército y el gobierno que estaban implicados tanto en el servicio al gobierno como en la búsqueda simultánea de intereses relacionados con actividades criminales. Y más o menos por los últimos diez años, la comunidad internacional, por medio de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ha estado tratando de trabajar con aliados
guatemaltecos para desmantelar las estructuras ilícitas de seguridad que han estado vigentes por 30 o 40 años.
Esto llegó a las noticias internacionales en 2015, cuando la CICIG y los fiscales públicos develaron una red mediante la cual algunos importadores pagaban coimas para rebajar los aranceles de los productos que importaban o exportaban. Con el tiempo, siguieron la red a personas dentro del gobierno, sindicatos que trabajaban en el puerto y empresarios privados, que eventualmente ascendieron la escala hasta la vicepresidenta del país, Roxana Baldetti, y al presidente, Otto Pérez Molina, lo que motivó sus renuncias en 2015. Y desde que se descubrió el primer caso —que se llamó “La Línea” o escándalo aduanero— parece como si cada pocos meses la CICIG y el Ministerio Público revelan un nuevo escándalo asociado con Pérez Molina, Baldetti y otros miembros del Partido Patriota.
Un escándalo implicó la concesión de un contrato para puerto Quetzal. Otro caso se conoce como “Cooptación del Estado”, relacionado con la financiación de campañas electorales. Muchos dineros ilícitos se donaron a la campaña del Partido Patriota en 2007 y 2008, los cuales retribuyeron a las personas que les habían hecho donaciones cuando llegaron al poder. Y el otro gran escándalo fue la “Cooperacha”, donde otros miembros el Partido Patriota daban regalos como muestra de deferencia al presidente y la vicepresidenta. Esos son los cuatro escándalos principales asociados con el último gobierno, pero cada vez que siguen una línea de investigación, parece saberse de otros tratos corruptos en los que estuvieron involucrados el Partido Patriota y el expresidente Pérez Molina.
IC: El caso en Guatemala que parece guardar mayor semejanza con lo que sucede en Brasil es la “Cooptación del Estado”, donde se ofrecieron donaciones ilícitas a las campañas a cambio de beneficios cubiertos con dineros públicos. ¿Eso le parece acertado, profesor Taylor?
MT: Pensaba exactamente lo mismo. Creo que la intersección en Brasil que ha estado en el centro del escándalo que implica a la petrolera estatal Petrobras y el escándalo de la compra de votos “Mensalão”, antes de eso en 2005, es la intersección entre la financiación de campañas y los nombramientos en el sistema de formación de coaliciones. En términos más generales, esto se da en el contexto de la falta de rendición de cuentas. Pero de manera similar a Guatemala, una vez hubo el comienzo de cierto tipo de rendición de cuentas, cuando tiran de ese hilo, la cuerda sigue llegando. En otras palabras, siguen encontrando más y más y más. Creo que eso permite explicar el grado al que este escándalo ha crecido más que cualquier otra cosa que se haya visto antes. En parte, la impunidad que existió en el pasado permitió que ocurriera la corrupción a una escala que de muchas formas era inimaginable. Pero también las nuevas tecnologías de aplicación de la ley y la nueva capacidad de hacer cumplir la ley han implicado que esos patrones corruptos que habrían estado ocultos anteriormente salgan a la luz de una manera realmente sin precedentes.
IC: Las dos semejanzas principales entre estos casos parecen ser los actores que participaron y la estructura de esos esquemas de corrupción, así como la respuesta pública ante cada uno de ellos. En Guatemala, hubo protestas multitudinarias ante las revelaciones de esos esquemas de corrupción, y algo parecido sucedió en Brasil. ¿Puede comentar sobre la respuesta pública a estas revelaciones en cada país?
“Creo que en realidad puede arrojarse una flecha causal entre las protestas en Guatemala hasta el desenlace que tuvieron las cosas allí. En Brasil, el rechazo público a la manera como actuaba el gobierno ha sido generalizado y ha sido muy importante para determinar el contexto político durante gran parte de los últimos años. Pero las protestas en sí comenzaron en julio de 2013, y originalmente se desataron por el problema de los servicios públicos”.
MA: A comienzos de 2015, hubo una movilización nunca antes vista de ciudadanos guatemaltecos, en particular en zonas urbanas, para hacer oír su indignación por la corrupción que presuntamente ocurrió en la administración de Pérez Molina. No se veían protestas así desde la guerra civil. Aunque ha habido muchas movilizaciones de posguerra en los últimos 20 años, la mayoría han sido en zonas rurales del país. Ha habido protestas indígenas. Esto ha sido poco frecuente. En realidad era la primera vez que había miles de ciudadanos ocupando el parque frene al palacio nacional del Ciudad de Guatemala por semanas y semanas. Había personas de todo el país reunidas en la capital y realizando protestas a menor escala en las regiones. Así que en realidad fue que se dio mayor respaldo y protección a la investigación que estaban adelantando la fiscal general y la CICIG al tener a miles de guatemaltecos de todo el espectro político, de todas las extracciones socioeconómicas, allá afuera manifestando su apoyo y su indignación con el gobierno de turno en ese momento.
IC: Esto también tiene una especie de paralelo dentro del paralelo con Brasil, y es que las protestas y el juicio a Pérez Molina terminaron llevándolo a renunciar, lo que de algún modo se asemeja a lo ocurrido en Brasil. ¿También ve ese paralelo, profesor Taylor?
MT: Puede que el paralelo se rompa un poco. Y yo diría un par de cosas antes sobre la respuesta del público en Brasil, que es un tanto diferente de la respuesta en Guatemala. Con base en lo dicho por el profesor Allison, creo que sí puede trazarse una línea causal de las protestas en Guatemala a la manera como ocurrieron las cosas allí. En Brasil, el rechazo público hacia la actuación del gobierno ha sido generalizado y ha sido muy importante para determinar el contexto político para gran parte de los últimos años. Pero las protestas en sí comenzaron en julio de 2013, y se dieron en su origen en torno al problema de los servicios públicos. Puede recordarse la demanda por el sistema de salud “al estilo FIFA”, una queja porque los brasileños pagaban mucho y recibían muy poco a cambio.
Así que el tiempo es un tanto diferente. Antes de que realmente hubiera algún conocimiento público sobre una investigación por corrupción en Petrobras, las manifestaciones que se dieron desde julio de 2013 se quejaban por los servicios públicos. La línea causal no es tan clara en Brasil como lo es en Guatemala. Ya se había protestas antes de que estallara el escándalo. Y realmente tenían que ver con el acceso a los servicios públicos y no realmente por la corrupción. Por supuesto, este es el contexto político en el que el escándalo de Petrobras cobró mayor fuerza, tanto así que el escándalo de Petrobras era uno de los temas principales de campaña en octubre 2015 cuando se dieron las elecciones.
MA: En Guatemala, también tenían el problema de los servicios públicos. Aunque el escándalo de la aduana estalló en abril de 2015, y llevó a la renuncia de la vicepresidenta en mayo, al mismo tiempo surgió un escándalo del instituto de seguridad social por el cambio de proveedores para el suministro de diálisis renales a cambio de coimas. Varias personas murieron en los seis meses siguientes por el tratamiento que no se daba. Así que mientras tenían el escándalo de “La Línea”, que tenía que ver con aranceles, en forma simultánea llegó un punto en que la gente podía conectar la corrupción con las muertes y el abandono de los hospitales públicos en Guatemala.
Así, tuvieron el escándalo de corrupción en los puertos, pero también tenían el problema de las diálisis, donde había gente muriendo. Al mismo tiempo, se conocían más historias sobre la ayuda en seguridad que Estados Unidos estaba prestando a Guatemala, para respaldar y transformar la policía y el ejército. Y Guatemala decía, “no tenemos dinero”. Los agentes de policía en los cuarteles tenían que proveerse sus uniformes, su comida, sus servicios. Y luego comenzaron a ver al director de seguridad pública del país implicado en esquemas de coimas y corrupción, y al estado robando dinero por la aduana y la diálisis renal. La gente comenzaba a mirar a su alrededor y a decir que la corrupción tiene consecuencias reales. La gente moría por falta de tratamientos de diálisis, y la policía no tenía uniformes ni armas ni municiones suficientes. Y lo que ayudó fue tener algunos ejemplos concretos que el pueblo de Guatemala podía entender, en lugar de solo un escándalo más bien complicado en los puertos.
MT: Creo que algo parecido sucedió en Brasil en esa época. Me gusta la manera como lo expreso el profesor Allison. En esencia había cierto desencanto de la población, pero no había nada de qué agarrarse. Inicialmente, el público se aferró a la Copa Mundo, que vieron como un derroche de dinero que podría haberse invertido mejor en otros frentes. Pero el escándalo de corrupción realmente proporcionó un punto focal para la insatisfacción pública— que era una insatisfacción solo con la corrupción, sino también con la desaceleración económica, la falta de servicios sociales y todo lo demás. Pero el escándalo de corrupción se convirtió en un punto focal importante alrededor del cual comenzaron a concentrarse los actores políticos.
MA: Correcto. Todos los guatemaltecos pudieron entender la razón por la que su sistema de salud tenía falta de recursos y eran un caos era por el gobierno actual y los anteriores; no solo la mala gestión, sino el saqueo del tesoro público que podría haberse dedicado a satisfacer estos derechos básicos de salud y educación. Y cada dólar que veían desaparecer —cientos de dólares a la semana en corrupción— mientras no había medicamentos en las estanterías de los hospitales. Eso fue realmente un gran promotor, que pudieran decir de hecho: “nos estamos muriendo por la corrupción”.
IC: Uno de los otros paralelos en estos dos casos que sería útil explorar es lo que había presuntamente en la cima de estos esquemas de corrupción diferentes. Tanto en Guatemala como en Brasil, se ha denunciado que varios expresidentes dirigieron esos esquemas. Pero vale la pena distinguir la manera como cada presidente ha estado implicado en esos diversos montajes. Profesor Allison, ¿podría hablarnos un poco sobre la participación de Pérez Molina en los diferentes esquemas de corrupción, y luego, profesor Taylor, ¿podría comparar eso con el presunto rol del expresidente Lula en el caso de Petrobras?
MA: Seguro, yo diría, según la evidencia y los testimonios que hay ahora que el expresidente Otto Pérez Molina estaba al frente del escándalo de corrupción en Guatemala. Después de perder las elecciones presidenciales del 2007, él y su partido político se dirigieron a potenciales donantes para la campaña y recibieron donaciones ilícitas durante el periodo de 2008 a 2011, todo a cambio de los contratos esperados que se les darían si el Partido Patriota llegara al poder, lo cual lograron en 2011. Entonces, Pérez Molina realmente estuvo al frente de ello. Se hizo mucho trabajo con intermediarios, a cargo del secretario personal de la vicepresidenta, Juan Carlos Monzón, donde tanto el presidente como la vicepresidenta recibían las comisiones que motivaron el escándalo de “La Línea”. Los dos se repartían cada transacción ilícita realizada.
MT: Creo que este es otro punto en el que puede haber distancia entre las experiencias en ambos países. Sin duda en Brasil ha habido denuncias contra el presidente Lula, y medidas de los fiscales en su contra. Pero aun si tomamos esas denuncias en su sentido literal, y aun si demostraran ser ciertas, las denuncias que hay hasta el momento indican que en comparación con el alcance de la presunta corrupción en Petrobras, el beneficio personal del expresidente Lula con la corrupción se sitúa en unos millones de dólares, no decenas o cientos de millones de dólares. Obviamente, la conexión con la corrupción y la financiación de campañas en Brasil es tal vez el mayor presunto delito. El Partido de los Trabajadores (PT), el partido de Lula, puede haber desviado millones de dólares para campañas, y por supuesto algunos políticos se beneficiaron de eso. Pero la mayor parte de la corrupción personal, la corrupción que benefició los bolsillos de personas corruptas, ocurría entre los ejecutivos de Petrobras. Y en cuanto a Lula, incluso los fiscales parecen sugerir que sus ganancias a nivel personal fueron relativamente pequeñas.
Dicho esto, al igual que Pérez Molina, parece que Lula tenía un componedor. En lugar de un secretario personal, era su jefe de gabinete Jose Dircéu, quien estuvo implicado en el escándalo del Mensalão y también fue condenado en el escándalo de Petrobras. Entonces creo que los políticos en Brasil quizás lograron mantenerse un poco lejos de la corrupción y de las operaciones corruptas, pero eso no significa que sus jefes de gabinete o sus componedores pudieran evitar verse implicados.
MA: Eso empeora en Guatemala, porque hay un escándalo que se conoció en junio de este año, donde se denunció que miembros de la administración de Pérez Molina —los diferentes ministros de defensa, comunicaciones, energía e interior— ofrecían regalos de cientos de miles de millones de dólares a la vicepresidenta y al presidente mientras estaban en el poder, con dinero de los contribuyentes; con regalos de cumpleaños que podían ser yates, casas en Islas de la Bahía en Honduras. Mientras que el escándalo por la “Cooptación del Estado” beneficiaba al partido político —les ayudó a hacerse elegir, a mantenerse en el poder y usaron algo de dinero ilícito ahí— el otro escándalo relacionada con la “Cooperacha” fue tan solo sobornos de diferentes ministros para el presidente valiéndose de sus cargos. Y todo venía de los recursos del estado.
No sabemos tanto sobre la corrupción del sector privado por los casos guatemaltecos, como sabemos con los casos brasileños. Pero en lo que respecta a los puertos, diferentes empresas pagaban menos de lo que deberían por impuestos portuarios. Y así ha habido algunas denuncias sobre quién podría haber estado implicado en eso. Pero la mayoría de las investigaciones realmente se han hecho sobre funcionarios del gobierno y no a personas del sector privado.
Expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina
MT: Usted ha dado pie a un paralelo —o más bien a una diferencia, en mi mente—que me parece muy interesante. Parece por lo que dice de Guatemala como si los actores del sector público hubieran pagado el precio más duro por el escándalo de corrupción, y el sector privado menos. Y sucede casi lo contrario en Brasil, donde por primera vez importantes directivos de firmas muy importantes del sector privado están en la cárcel.
Y sin embargo, es probable que los actores políticos, en su mayoría, no sean juzgados durante un largo tiempo, porque están protegidos. La mayoría de los políticos, y en especial los políticos en el poder, cuentan con protección especial, bajo la ley brasileña, lo que significa que este es un proceso muy largo. En el escándalo del Mensalão, los políticos implicados en ese escándalo que estalló en 2005 no fueron realmente condenados hasta 2013. En el escándalo de Petrobras, es muy improbable que cualquiera de los políticos en ejercicio que han sido acusados de participación vayan siquiera a juicio antes de 2022 o 2023. Y así es como tenemos esta especie de sistema de justicia de dos carriles, donde las cabezas de importantes corporaciones ya están en la cárcel, pero las figuras políticas —con excepción de Lula, que ya no es un político en ejercicio y por ende no goza de esa protección— son en gran parte inmunes a procesos judiciales en este punto.
MA: En Guatemala, hay tantos escándalos o investigaciones por corrupción en curso que tienen relación con el gobierno anterior, pero ahora con el nuevo gobierno instalado, hemos pasada a las denuncias por corrupción contra Jimmy Morales y sus parientes. Así que en realidad es confuso cuando usted habla solo sobre “el” escándalo de corrupción en Guatemala. Pero creo que todos nos hemos centrado en el de “La Línea”, que llevó de manera más directa a las renuncias de la vicepresidenta y del presidente. Pero cada pocos meses un nuevo escándalo de corrupción aflora a la superficie en Guatemala. Va a tomar un buen tiempo tratar esto en el sistema judicial guatemalteco, que es muy lento y no muy efectivo. Estamos en el punto en que necesitamos comenzar a ver que llevan a juicio a la gente de manera más creíble, y que se declaren culpables y que haya algunas condenas.
IC: Esa es una buena transición para mi última pregunta, que es ¿cómo ven el panorama para estos casos? ¿Cuáles consideran que serán las implicaciones en términos de las posibilidades de éxito de esos procesos judiciales, y cuáles las probabilidades de que disuada de este tipo de proceder en el futuro?
MA: En el caso de Guatemala, este es realmente un momento clave en la historia del país. No creo que hubiera muchas personas que esperaran ver en la cárcel a un expresidente y a una exvicepresidenta en funciones ahora mismo por acusaciones de corrupción. A ambos se les ha levantado una acusación tras otra, con el respaldo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Y la credibilidad de esa institución está realmente en peligro en este momento, dependiendo de si los casos logran o no llegar a un veredicto de culpabilidad. Lo que vimos con claridad es que los arrestos y las renuncias de Pérez Molina y Baldetti el último año no parecieron tener mucho efecto para limitar la corrupción en el nuevo gobierno. Jimmy Morales fue elegido el año pasado y asumió su cargo en enero, pero no estamos convencidos de que haya menos corrupción hoy o que sea una amenaza menos al sistema guatemalteco que hace doce o catorce meses. Creo que es un proceso en desarrollo. Va a ser un proceso con altibajos, pero debemos comenzar a pensar si Guatemala va a estar mejor en cinco o diez años, y no si hoy está mejor o peor que hace un año.
MT: Creo que eso que acaba de mencionar podría aplicarse igualmente a Brasil. Aunque hemos visto ganancias en términos del número de casos de corrupción llevados a los juzgados, así como en el número de acusaciones y hasta en el número de condenas, está comenzando desde una base muy baja. Y en términos generales, yo diría que el escándalo del Mensalão, que se resolvió en 2013, acompañado del escándalo de Petrobras, que se encuentra en los estrados, dan algo de pie a la esperanza.
“Muchas críticas a las investigaciones se han minimizado por el importante papel de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Esta institución híbrida respaldada por las Naciones Unidas ha dado tal credibilidad a las investigaciones en Guatemala que no se ha visto afectada por los temores de intereses partidistas que podrían existir en Brasil”.
Pero al mismo tiempo, los que seguimos el caso de Brasil estamos casi en vilo esperando que esto continúe, pero dándonos cuenta de que el no hacerlo podría ser devastador en el sentido de que en este momento la investigación de Petrobras persigue en gran parte a un partido político y sus aliados. Va por el Partido de los Trabajadores y sus aliados de la coalición. No se ha extendido y examinado otras fuerzas políticas en Brasil, incluyendo la oposición, que ha sido mencionada en algunas de las condenas negociadas. Entonces creo que sí es un momento de verdad importante en la historia brasileña, un momento en el que es muy importante no perder de vista cómo el ente acusador trabaja por fuera del escándalo de Petrobras, y cómo el servicio fiscal logra llevar las lecciones del enjuiciamiento exitoso del caso Petrobras a otros. Y no creo de ningún modo que la conclusión de esta historia esté escrita. No podemos perderla de vista.
MA: En Guatemala, no creo que la perspectiva sea que la investigación de Pérez Molina fuera partidista, o que solo persiguieran a un partido político y no al otro. Porque el sistema de partidos políticos en Guatemala es muy fluido y no extremadamente estructurado. Existe la derecha en Guatemala, quienes palabras más palabras menos dicen que estos cargos son inventados y que se están usando las investigaciones como instrumento para que Estados Unidos se vengue de Pérez Molina por perseguir la descriminalización de narcóticos. Pero muchas críticas a las investigaciones se han minimizado por el importante papel de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Esta institución híbrida respaldada por las Naciones Unidas ha dado tal credibilidad a las investigaciones en Guatemala que no se ha visto afectada por los temores de intereses partidistas que podrían existir en Brasil. Por otro lado, estos son los gobiernos beneficiados, y al menos en el caso de Guatemala, han podido seguir las actividades corruptas en tiempo real. Entonces tiene mucho más sentido procesar lo que asumimos que sucedía en todas las demás administraciones anteriores.
MT: Ese sí que es un buen punto. No se están metiendo con nadie más.
MA: Sí, y creo que esto aparece de nuevo para mí en el vecino El Salvador. Hay mucha preocupación entre la izquierda de que las investigaciones del fiscal general se hayan centrado en el partido gobernante de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), no en la oposición de derecha, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Todos imaginamos que muchos miembros de ARENA eran corruptos. Pero estuvieron a cargo de la rama ejecutiva entre 1989 y 2009, y es mucho más difícil seguir irregularidades y actividades corruptas de hace diez o veinte años que ir tras los miembros del FMLN, que han estado en el poder desde 2009. Esto es cuando tenemos la evidencia. Es donde entran en juego las interceptaciones y la evidencia electrónica. Hay una razón práctica por la que tiene sentido perseguir a los funcionarios más recientes.
MT: Creo que ese es un punto muy bueno. En el caso brasileño, ese es el argumento interpuesto en el ámbito federal. Y no trato de comparar los tipos de evidencia en el acervo probatorio, pero creo que ha habido menos esfuerzos en el plano estatal, donde había estado gobernando la oposición al PT y había denuncias de corrupción convincentes en el plano estatal que se dieron en forma simultánea a las acusaciones por corrupción en el plano federal. Y entonces es un poco distinto. En esencia, a Lula y al PT se los acusa de robar en el plano federal cuando se encontraban en ejercicio de sus funciones., pero al mismo tiempo se acusa al Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) de participar en delitos en el plano estatal. El tratamiento que han recibido los dos ha sido muy diferente, aunque aquí podríamos apuntar al hecho de que los servicios fiscales son también distintos; es decir, las acusaciones en el plano estatal tienen que llevarlas fiscales estatales, no federales. Así, pues, creo que menciona un buen punto, pero en el sistema federal de Brasil ha cierto fundamente para alegar que ha habido un tratamiento desigual.