Un informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el narcotráfico internacional indica que Latinoamérica sigue teniendo problemas con el desarrollo de estrategias efectivas para combatir actividades criminales debido a una variedad de factores que van desde corrupción hasta cambios en la dinámica regional de las drogas.

El informe anual internacional sobre control de narcóticos (International Narcotics Control Strategy Report –INCSR), publicado el 19 de marzo, analiza tendencias y avances en el narcotráfico internacional.

Según el informe, más de la mitad de los países clasificados como países importantes en la producción o tránsito de narcóticos, o como fuentes importantes de químicos precursores, se sitúan en Latinoamérica. Varios de esos países también aparecen en la lista como países importantes en lavado de dinero.

A continuación, InSight Crime analiza algunos aspectos notables de los hallazgos del informe en Latinoamérica.

Señalamientos para Bolivia y Venezuela

El Departamento de Estado de Estados Unidos señala a Bolivia y Venezuela como los únicos países en todo el mundo con un “fracaso demostrable” en sus iniciativas antinarcóticos en 2017.

En Bolivia, el informe apunta a la decisión que el presidente Evo Morales tomó el año pasado de aumentar el cultivo legal de coca como factor esencial. Según el informe, el “inadecuado control” que tienen las autoridades sobre el cultivo interno de coca legal es una preocupación importante dado el rol del país como país productor y de tránsito de cocaína.

Como lo señala el informe, los funcionarios estadounidenses se opusieron fuertemente al incremento de los límites legales sobre el cultivo de coca en Bolivia. Pero aunque es posible que ese incremento aumente aún más la producción y el tráfico de cocaína, es improbable que tenga un impacto importante en la dinámica regional. Colombia y Perú dominan la producción de coca en la región, y eso solo añadirá una cantidad adicional de coca muy pequeña al mercado ilícito.

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En Venezuela, el informe acusa la corrupción generalizada dentro de la administración del presidente Nicolás Maduro por obstruir las iniciativas antinarcóticos del país. Según el informe, la administración de Maduro adoptó en 2017 una “cooperación bilateral mínima de las autoridades” con Estados Unidos. Incluso, la administración muchas veces fue “cómplice en la corrupción disparada en el país e hizo esfuerzos mínimos para judicializar a los funcionarios corruptos o sospechosos de narcotráfico”, señala el informe.
Ante el recrudecimiento de la criminalidad en la administración Maduro, no sorprende el señalamiento hecho a Venezuela. Siguen aflorando los nexos entre el gobierno venezolano y actores criminales —incluyendo denuncias de colusión con grupos criminales colombianos a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela y participación en el narcotráfico internacional— mientras el caos crece. Estados Unidos ha extendido las medidas restrictivas con sanciones a altos funcionarios, Maduro incluido.

Contradicciones en el discurso estadounidense hacia Colombia

El informe subrayó aún más las opiniones encontradas sobre la efectividad de las medidas antinarcóticos realizadas por Colombia. Con el exdirector de la CIA Mike Pompeo ahora elegido para convertirse en el próximo secretario de estado de Estados Unidos, Trump puede estar intentando redirigir la política estadounidense hacia Colombia, y hacia Latinoamérica en términos más generales, para acercarla más a su forma particular de ver las cosas, lo que podría tensar aún más la coordinación entre Estados Unidos y Colombia en estrategias de lucha contra la delincuencia.

Aunque el Departamento de Estado de Estados Unidos criticó la falta de avances de Colombia para restringir la producción récord de cocaína, el tono general del informe respecto a las acciones antinarcóticos de Colombia difiere bastante de comentarios recientes hechos por el presidente estadounidense Donald Trump.

Según el informe, el Departamento de Estado de Estados Unidos cree que el gobierno colombiano “sigue dando pasos” para combatir la creciente producción de cocaína, y que la actual estrategia antinarcóticos del país tendrá un “impacto duradero para frenar el cultivo de coca y la producción de cocaína”.

Sin embargo, en septiembre de 2017 el presidente Trump amenazó con calificar al gobierno colombiano como no conforme a las iniciativas antinarcóticos en medio de un incremento de las tensiones entre ambos países sobre la mejor manera de enfrentar los problemas de seguridad.

Rol de Centroamérica y el Caribe en el negocio de la droga

El rol de los países centroamericano y del Caribe en el tráfico regional de drogas ha ido cambiando en los últimos años con los niveles récord de la producción de cocaína en Colombia. El informe del Departamento de Estado indica que esos cambios llevarán a un repunte de la violencia y la innovación.

Aunque Costa Rica no deja de ostentar las tasas de homicidios más bajas de la región —12,1 por 100.000 habitantes en 2017— el informe halló que los continuos “tiroteos relacionados con disputas de territorio y los asesinatos tipo cartel” indican que la expansión del rol del país está teniendo efectos adversos en los índices de violencia.

Un fenómeno similar se observa en República Dominicana, país que también exhibe una evolución de su papel en el negocio de la droga paralelo al incremento de la producción de cocaína en Colombia. Según el informe, 2017 tuvo un “incremento en la violencia por drogas, en especial con las violentas guerras de territorio entre grupos locales para controlar la distribución local de estupefacientes”.

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En El Salvador, los narcotraficantes se han vuelto más innovadores. Según el informe, el año pasado hubo una baja del narcotráfico marítimo en aguas salvadoreñas —200 millas naúticas de la línea costera del país— lo que indica que los traficantes han refinado sus estrategias y trasladado sus operaciones mar adentro en el océano Pacífico para evadir a las autoridades y facilitar el transporte de los cargamentos de cocaína procedentes de Suramérica.

Como ya lo había informado InSight Crime, los corredores de cocaína tanto de Centroamérica como de El Caribe se han reactivado con el aumento de la producción de cocaína en Colombia. Ambas rutas son fundamentales para los cargamentos de cocaína destinados a mercados de Estados Unidos y Europa. La mayor violencia y la innovación causadas por esta evolución han dificultado aún más las iniciativas antinarcóticos.

Corrupción sigue obstruyendo iniciativas en Guatemala y Honduras

Pese a los muchos avances positivos logrados por las autoridades guatemaltecas en la lucha contra la corrupción en medio del extremo repudio de las élites, el informe del Departamento de Estado hace notar cómo “la corrupción extendida permea las instituciones públicas y privadas y exacerba los problemas de seguridad, gobierno y económicos en el país”, y agrega que “los niveles de corrupción se mantienen altos y la confianza del público en las instituciones de gobierno es baja”.

La vecina Honduras enfrenta problemas similares. El informe halló que la corrupción en el país del Triángulo Norte “sigue siendo generalizada” en las instituciones públicas pese a algunos logros alcanzados por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que cuenta con apoyo de la comunidad internacional.

A pesar de la presencia de organismos anticorrupción con respaldo internacional en ambos países, el informe es claro al afirmar que los niveles de corrupción se mantienen altos. La próxima elección de nuevos fiscales generales en estos dos países centroamericanos, sin embargo, bien puede representar un nuevo capítulo en los esfuerzos contra la corrupción, para bien o para mal.

Más dinero para la militarización en México

En 2017, México registró su año más mortífero en la historia reciente del país, luego de registrar 29.168 homicidios, que representan una tasa de homicidios de 22,5 por 100.000 habitantes —un incremento de 27 por ciento desde 2016. Sin embargo, aun cuando los funcionarios cuestionen las estrategias de seguridad tradicionales, el ejército y la marina mexicanos tendrán un incremento de 13,4 por ciento y 11,4 por ciento, respectivamente, en sus presupuestos con la mayoría de estos recursos “dedicados a reforzar la infraestructura naval y militar, mucha parte de la cual se dedicará a la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales”, concluyó el informe.

El incremento en los recursos destinados a la militarización continuada de la estrategia de seguridad en México plantea mayores dudas sobre la capacidad de las autoridades de combatir la mayor criminalidad y la violencia asociada a ella. Como ya lo había informado InSight Crime, se haría un mejor uso de esos recursos en reformas judiciales y fortalecimiento de las instituciones.