El Congreso de Guatemala juramentó a un juez al que la fiscalía investiga por delitos de corrupción como nuevo integrante de la Corte de Constitucionalidad, la máxima autoridad judicial del país. La elección allana la infiltración de grupos de mafias políticas en la judicatura guatemalteca.
La noche del martes 26 de enero, 82 diputados del bloque oficialista eligieron al juez Mynor Moto como nuevo magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC), compuesta por cinco miembros. Diversos grupos de oposición, de sociedad civil y la misma embajada de Estados Unidos en Ciudad de Guatemala cuestionaron la elección y la señalaron como un obstáculo para la transparencia y la lucha contra la corrupción.
Moto aún no ha tomado posesión del cargo en la CC debido a que, a pesar de la juramentación en el Congreso, aún hay pendientes de resolución al menos 10 recursos judiciales en su contra.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público guatemalteco (MP) investiga a Moto desde febrero de 2020 por su presunta complicidad con grupos de poder que han maniobrado de forma ilegal para influir en la elección de las altas cortes de Guatemala, incluida la CC. La investigación es parte de un caso que se conoce como Comisiones paralelas 2020 en alusión a las comisiones de postulación encargadas por ley de elegir a los funcionarios judiciales.
Según las investigaciones de FECI, Moto se reunió en varias ocasiones con Gustavo Alejos Cámbara, exfuncionario público ahora preso por casos de corrupción y quien desde la cárcel maneja una de esas redes de influencias.
El 4 de enero de este año, la FECI presentó una solicitud de antejuicio a Moto por los delitos de prevaricato y obstrucción a la justicia por su rol en el grupo dirigido por Alejos Cámbaras. En junio de 2020, el MP había pedido el retiro de la inmunidad de otros 13 jueces implicados con las comisiones paralelas.
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A pesar de los señalamientos contra Moto, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), en una votación que luego fue cuestionada por organizaciones civiles y abogados, lo eligió como su candidato a la CC, cargo que tenía que ser ratificado por el Congreso. El CANG ha sido señalado en varias ocasiones por presuntas maniobras para influir en la selección de otros funcionarios públicos, como el fiscal general.
Los recursos judiciales interpuestos contra la elección de Moto por parte del CANG habían impedido que el nombre del juez entrara al Congreso para ocupar una silla de la Corte de Constitucionalidad. Pero el mismo 26 de enero, un tribunal de apelaciones resolvió con celeridad uno de esos recursos contra Moto, lo que el bloque oficialista de diputados entendió como una luz verde para la votación en el Congreso y de ahí a la juramentación como magistrado.
La odisea, sin embargo, no termina todavía: Moto no puede tomar posesión formal de su cargo mientras los recursos judiciales pendientes no hayan sido resueltos.
Análisis de InSight Crime
La juramentación de Mynor Moto como magistrado de la CC es la última embestida de los grupos de poder político que llevan años intentando retomar el control de las instituciones de justicia del país, el cual habían perdido en parte tras las investigaciones penales que pusieron en jaque a varios miembros de esas redes de influencia.
Los grupos políticos habían empezado a perder parte de su poder desde mediados de la década pasada tras investigaciones del MP/FECI y de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), las cuales pusieron a altos funcionarios en la cárcel por casos de corrupción y narcotráfico y desvelaron la existencia de redes como las llamadas comisiones paralelas y de esquemas ideados por empresarios y funcionarios públicos para desfalcar al Estado.
Las investigaciones llegaron hasta Jimmy Morales, presidente del país entre 2016 y 2020, y su familia. Morales inició entonces una cruzada por expulsar la CICIG y cerrar sus investigaciones, lo cual finalmente logró a finales de 2019. En su periodo, Morales eligió como fiscal general a Consuelo Porras, quien desde dentro del MP ha intentado debilitar a FECI, la fiscalía que trabajó de la mano con CICIG los casos de alto impacto.
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La cruzada de Morales coincidió con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en Estados Unidos. Trump y sus funcionarios en la región hicieron de la migración el único tema de las relaciones bilaterales con Guatemala y no movieron un dedo para impedir el desmantelamiento de las instituciones anticorrupción.
Durante los últimos meses de la gestión de Morales y los que lleva como presidente su sucesor, Alejandro Giammattei, FECI y la Corte de Constitucionalidad han sido, según varios organismos internacionales, las instituciones del Estado guatemalteco que han hecho contrapeso a los mandatarios y a los grupos políticos y empresariales que los apoyan.
Han sido Gustavo Alejos y sus comisiones paralelas, pobladas por funcionarios como el juez Mynor Moto, las que según las investigaciones de FECI han protagonizado la saga por retomar el control de la CC.
Ante la designación de Moto, uno de los últimos capítulos de esa saga, los ánimos han cambiado en Estados Unidos, cuyos órganos legislativo y judicial están hoy en poder de los demócratas. Pocas horas después de la juramentación del juez, la embajada estadounidense en Ciudad de Guatemala pidió a través de su cuenta de Twitter que los procesos de selección de cortes fuesen “legítimos y transparentes”. Un día después, Julie Chung, la subsecretaria para el hemisferio occidental, añadió que la elección de Moto “amenaza el estado de derecho… y debilita la integridad de la corte”.
Si, finalmente, Mynor Moto toma posesión de su cargo en la CC, lo hará hasta abril de este año, que es cuando concluye el periodo de la actual corte, pero en esos meses tendrá voto para influir en la conformación de los magistrados que le sucederán.