En los últimos años, tanto Brasil como Guatemala se han visto sacudidos por revelaciones de corrupción generalizada y en las más altas jerarquías del gobierno. Los expresidentes de ambos países enfrentan procesos judiciales por sus presuntos roles en los respectivos escándalos. InSight Crime analiza algunas de las semejanzas y diferencias entre los casos.

Además de los reportajes de InSight Crime y otros medios de información, este artículo se basa en una discusión que InSight Crime moderó recientemente entre Mike Allison, experto en política centroamericana que trabaja como profesor titular y catedrático en el departamento de ciencias políticas de la Universidad de Scranton, y Matthew Taylor, profesor titular de la Escuela de Servicios Internacionales de la Universidad Americana, quien se centra en la gobernanza (o capacidad del Estado) y la corrupción en Latinoamérica, con amplia experiencia en Brasil. Aquí se publica una transcripción editada de dicha conversación.

¿Quiénes fueron los implicados?

En Guatemala: en junio de 2016 el expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti fueron acusados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo respaldado por las Naciones Unidas, de liderar una “estructura criminal mafiosa que había cooptado el poder por las urnas”. La red criminal también incluía presuntamente al secretario privado de Baldetti, Juan Carlos Monzón, como intermediario clave, así como a numerosos funcionarios del gobierno y las élites empresariales.

Brasil: El elenco en el caso brasileño ostenta una sorprendente semejanza con el guatemalteco. El expresidente brasileño Luiz Inácio “Lula” da Silva fue acusado en septiembre de 2016 por fiscales del país suramericano de “montar y controlar una estructura ilegal… para comprar apoyo de los partidos en el Congreso y así garantizar la perpetuación de su partido en el poder”. En marzo de 2016, el exjefe de gabinete de Lula, José Dircéu, fue condenado y sentenciado a 23 años de cárcel por su participación en el escándalo. La participación en dicha estructura también se extendía presuntamente a una gran cantidad de políticos, incluido el actual presidente Michel Temer, así como altos miembros de la empresa privada y ejecutivos de empresas estatales, en particular la gigante petrolera estatal Petrobras.

¿Cómo funcionaban las estructuras?

Guatemala: Después de perder una campaña presidencial en 2007, Pérez Molina y Baldetti supuestamente crearon una red de empresas de papel que aceptaban y lavaban fondos electorales ilícitos de posibles contratistas del gobierno, que ayudaron a financiar su exitosa campaña a la presidencia en 2011. Una vez en el poder, los investigadores afirman que Pérez Molina y Baldetti recompensaron a esos donantes con contratos estatales, algunos de los cuales se usaron para financiar comisiones clandestinas para el presidente y la vicepresidenta. Este caso se dio a conocer como la “Cooptación del Estado”. Pero el caso de “cooptación” no fue el único entramado de corrupción en el que presuntamente actuaron Pérez Molina y Baldetti. Otras investigaciones han arrojado al menos tres series de acusaciones adicionales contra el expresidente y la exvicepresidenta.

Una de esas tramas, conocida como “La Línea”, implicó el pago de coimas de empresas a funcionarios aduaneros a cambio de su ayuda para evadir aranceles; Pérez Molina y Baldetti presuntamente recibieron un porcentaje de dichos sobornos. Otro escándalo involucró las denuncias de que Pérez Molina aceptó coimas de una empresa española para que les ayudara a hacerse a un contrato de modernización de un importante terminal portuario, Puerto Quetzal. Poco después de que estallara el caso de “cooptación”, el  Ministerio Público describió otro esquema de corrupción denominado “Cooperacha“, en el que Pérez Molina y Baldetti presuntamente recibieron regalos comprados por empleados del gobierno con dineros públicos. La fiscal general Thelma Aldana comentó que las compras se hicieron “con la intención de ‘agradar al jefe’, muy a la usanza de [miembros] de estructuras de delincuencia organizada que garantizan su permanencia dentro de la jerarquía y su permiso de operación”.

Tras revelarse el caso de “cooptación”, el director de la CICIG Iván Velásquez comentó que la evidencia revelada por las investigaciones indicaba la existencia de “corrupción estructural” en Guatemala, pues implicaba “estructuras consolidadas” que podían “establecer relaciones y alcanzar acuerdos con cada gobierno”. InSight Crime habló con una fuente de la CICIG que pidió reserva de su identidad, quien describió la financiación ilícita de las campañas como “el pecado original” mediante el cual actores poderosos “sustituyen el interés público por los intereses de ciertas élites que financian la campaña”. En otras palabras, las élites políticas y empresariales crearon redes ilícitas que atendían al doble propósito de mantenerse mutuamente en el poder mientras desviaban recursos del gobierno para su enriquecimiento personal.

Brasil: Fiscales brasileños sostienen que Lula estaba en el “vértice de diferentes esquemas criminales” que se proponían mantener el partido político fundado por él, el Partido dos Trabalhadores (PT), en control de los mandos del gobierno. La acusación contra Lula (pdf) de septiembre de 2016 describía dos esquemas de corrupción distintos como “caras de la misma moneda”. El primero, conocido como el “Mensalão”, o “gran mensualidad”, se conoció en 2005 durante el primer mandato presidencial de Lula. En este caso, los fiscales sostuvieron que se usaron dineros públicos para hacer pagos ilegales a miembros del Congreso a cambio de favores políticos. Más de dos docenas de políticos y empresarios, incluyendo a Dircéu, jefe de gabinete de Lula, fueron sentenciados por su participación en el escándalo, pero en ese momento no se implicó directamente al presidente mismo.

La otra “cara de la moneda”, según los fiscales, fue un escándalo de corrupción que estalló en 2014 centrado principalmente en torno a la petrolera estatal Petrobras. Al comienzo, las investigaciones se centraron en acusaciones de que los ejecutivos de Petrobras habían concedido contratos de obras públicas a precios inflados a cambio de sobornos, algunos de los cuales se desviaron a campañas políticas. Más recientemente, sin embargo, los fiscales acusaron a Lula de usar su cargo como presidente entre 2003 y 2010 para designar a participantes del esquema de corrupción en importantes cargos de gobierno. Allí, podían aceptar las coimas para su beneficio personal, a la par que desviaban parte del dinero a un “fondo general” para comprar favores políticos y cubrir los costos de ocultamiento de su origen ilícito.

Usando una frase similar a la que usará Velásquez de la CICIG, el juez a cargo del caso de Petrobras, Sérgio Moro, describió el escándalo como un ejemplo de la “corrupción sistémica” en Brasil. Aun así, hay algunas diferencias claves entre el caso de “cooptación” de Guatemala y el escándalo de Petrobras. Una de ellas es que el caso de sobornos en Brasil parece más ligado a incentivos políticos que al deseo de enriquecimiento personal de los participantes, si bien lo último sin duda tuvo un rol importante. Como lo explica el Washington Post, la fractura del sistema de partidos políticos en Brasil dificulta formar coaliciones de gobierno para aprobar leyes. Una solución a este problema —que al parecer se aplicó en este caso— fue ofrecer pagos ilícitos a miembros del Congreso a cambio de sus votos. En Guatemala, por otro lado, la evidencia indica que el enriquecimiento personal fue prioridad sobre la conveniencia política, como principal motor de la corrupción.

Otra diferencia clave entre los dos casos de corrupción fueron los beneficiarios, y la manera como lo hicieron. Los fiscales brasileños alegan que Lula recibió más de US$1 millón en trabajos de remodelación gratuitos en un lujoso apartamento conectado con una constructora implicada en el escándalo de Petrobras. También se lo acusa de aceptar honorarios como conferencista de otra constructora a cambio de su ayuda para lograr que la firma obtuviera contratos y financiación. Pero al contrario del caso de Guatemala, no se acusa al expresidente de tomar su tajada en muchos de los esquemas de corrupción que se presentaron en diferentes niveles del gobierno. Esto sugiere que la corrupción en Brasil se dio de manera mucho más descentralizada que en Guatemala, donde Pérez Molina y Baldetti parecen haber actuado como capos mafiosos, llevándose una tajada de cada una de las numerosas actividades ilegales que ocurrían bajo su dirección.

¿Cuál es el panorama?

Guatemala: Las acusaciones contra Pérez Molina, Baldetti y los demás acusados de participar en los recientes escándalos de corrupción en Guatemala se dieron luego de una lucha de muchos años por establecer un mecanismo que se ocupara de la influencia que ejercían las redes clandestinas y corruptas de miembros de la élite en la política guatemalteca. Dicho proceso a la postre daría lugar a la formación de la CICIG. Como lo ha informado abundantemente InSight Crime, la CICIG tiene una historia larga y complicada en desarrollo. Pese a ello, es claro que la investigación y el procesamiento del expresidente y la exvicepresidenta ha tenido implicaciones de largo alcance para la política y la sociedad guatemaltecas.

Uno de los impactos más profundos de la revelación de los diferentes esquemas de corrupción fue la renuncia de Pérez Molina en septiembre de 2015. El hecho de que se obligara al presidente a dimitir y pronto fuera a la cárcel por su presunta participación en la estafa fue una clara señal del debilitamiento del poder de estas redes ilícitas, y de la menor tolerancia de la ciudadanía frente a la corrupción. Aun antes de su renuncia, la presión pública en aumento para que se aplicaran iniciativas contra la corrupción sólida llevó a Pérez Molina a renovar el mandato de la CICIG, una decisión que irónicamente contribuyó en cierta forma a su caída. En las elecciones presidenciales de octubre de 2015, los guatemaltecos reiteraron su temor ante la corrupción en el gobierno cuando rechazaran a varios candidatos afectados por denuncias de corrupción y eligieron en su lugar a Jimmy Morales, comediante sin mucha experiencia política, que se lanzó con el lema de campaña: “ni corrupto ni ladrón”. Posteriormente Morales solicitó que se renovara el mandato de la CICIG y mostró su respaldo a la continuidad de las iniciativas contra la corrupción, incluso cuando algunos de sus parientes enfrentan acusaciones de conductas corruptas.

Los escándalos recientes parecen haber desfigurado la reputación de las fuerzas armadas y la clase política en Guatemala, mientras la CICIG se ha convertido en la institución que mayor confianza genera en el país. Al mismo tiempo, sin embargo, los esfuerzos continuos de la CICIG y las autoridades guatemaltecas para combatir la corrupción no tienen buena acogida entre toda la población. En junio, la fiscal general de Guatemala Thelma Aldana declaró públicamente que “poderes ocultos que proliferan en el país” intentaban entorpecer los esfuerzos de su despacho por procesar a miembros de la élite como Pérez Molina y Baldetti. Y aunque los juicios en desarrollo son señales de progreso para el sistema judicial del país en lo que respecta a la lucha contra la corrupción, aún debe esclarecerse cuál será el éxito de dichas iniciativas a largo plazo; casos de corrupción política en el pasado han terminado muchas veces con resultados contradictorios desde la perspectiva de los defensores anticorrupción.

Brasil: Al igual que Guatemala, Brasil tiene una larga historia de lucha contra la corrupción generalizada en el gobierno. El escándalo del Mensalão, ya mencionado, puso en primera plana el problema de la corrupción política, y las posteriores revelaciones de corrupción enquistada motivaron demandas de que se hicieran mayores esfuerzos por limpiar la escena política del país. El escándalo de Petrobras parece haber tocado una fibra sensible en el público brasileño, pues desencadenó una serie de protestas anticorrupción que llevaron a cientos de miles de ciudadanos a las calles en los últimos años. Las encuestas recientes de opinión pública muestran que hoy más que nunca hay más brasileños que consideran la corrupción como el mayor problema que su país enfrenta. Y al igual que en Guatemala, las revelaciones parecen haber contribuido a erosionar la confianza en las instituciones. Según la última encuesta Latinobarómetro, los brasileños tienen uno de los índices de confianza en el gobierno más bajos de cualquier país latinoamericano. 

Sin duda, el escándalo de Petrobras ha llevado a la cárcel a muy pocos representantes de la élite implicados en el robo. Algunos incluso han calificado de “héroe” al juez que lleva el caso de Petrobras por llevar a buen término el juicio de muchos poderosos sospechosos de participar en el ardid. Sin embargo, el impacto a largo plazo de estas acciones parece aún menos claro en el caso brasileño que en el guatemalteco. Las investigaciones y los juicios se han topado con varias críticas hasta el momento, entre las que se destaca la politización, centrada mayormente en el expresidente Lula y su Partido de los Trabajadores. Y aunque las indagatorias han apuntado a varias figuras poderosas, muchas han logrado reducciones sustanciales de sus penas de prisión al acogerse a sentencias negociadas. Más aún, se ha demostrado la dificultad de procesar a políticos en ejercicio por la inmunidad que los cobija en la constitución brasileña.

Sin embargo, como lo plantea el juez Moro, el caso de Petrobras ha demostrado que “puede hacerse mucho aun en el actual sistema, siempre que se confronte y se trate con seriedad el problema”. Es imposible eliminar por completo la corrupción en el gobierno, en especial cuando esta tiene hondas raíces en el sistema político. Pero la investigación y el enjuiciamiento de la corrupción cuando ocurre es un primer paso crucial para resolver el problema.

En Brasil, así como en Guatemala, también es demasiado prematuro establecer de manera definitiva el impacto total de estos casos en desarrollo, aunque parece claro que los directivos empresariales y los políticos de esos países pueden pensarlo dos veces ahora antes de ofrecer o de aceptar pagos de coimas. Pero el efecto más profundo de estos casos puede ser las lecciones que ofrecen para otros países que luchan contra la corrupción gubernamental. Varios gobiernos de toda la región, incluidos los de México, El Salvador, Honduras y Perú, han creado organismos anticorrupción o aprobado leyes contra este problema en los últimos meses. El resultado de esos esfuerzos puede depender, al menos en parte, de su capacidad para aprovechar los éxitos —y los fracasos— de los ejemplos brasileño y guatemalteco.