Un nuevo informe sobre un caso emblemático de tráfico de madera en Perú pone en evidencia el fraude y la corrupción que siguen saboteando los intentos de atacar una industria que está devastando la región amazónica.
El informe, divulgado el 9 de noviembre por el grupo defensor de investigación Global Witness, cuenta la historia de la más publicitada operación contra el tráfico de madera en la historia peruana: la tentativa de decomiso, en noviembre de 2015, de madera ilegal del barco Yacu Kallpa, cuando estaba anclado en el río Amazonas cerca de la ciudad de Iquitos.
En la mañana en que el Yacu Kallpa estaba preparado para salir en un viaje que eventualmente lo hubiera llevado a Houston, Texas, un fiscal abordó la nave y trató de decomisar el 15 por ciento de la carga: 1.200 m2 de madera, cuyo origen ilegal habían demostrado los investigadores.
El barco eventualmente zarpó luego de un día de turbias intervenciones y riñas legales que terminaron con la promesa del capitán de la nave de volver con el 15 por ciento, después de descargar el resto del cargamento, según un recuento de los eventos en una investigación de Wired.
Pero los investigadores prosiguieron su trabajo, visitando los lugares citados en los certificados de origen de la madera para verificar su extracción. Eventualmente el Yacu Kallpa fue detenido en México y su carga decomisada. Para cuando terminaron la verificación, los investigadores habían determinado que el 96 por ciento del cargamento —más de 9.500 m2— no tenía “origen legal”.
(Crédito: Global Witness)
Las empresas que exportaban la madera negaron cualquier ilícito. Esgrimieron los documentos legales que poseían sus barcos, y alegaron que si la madera era ilegal entonces ellos eran simplemente compradores de buena fe que habían sido engañados por un papeleo fraudulento. De ser cierto eso, significaría que las firmas no cumplían los criterios para ser encausadas judicialmente: que ni sabían ni “podían suponer” que la madera fuera ilegal.
Las pretensiones de las firmas recibieron respaldo político de alto nivel, cuando la entonces ministra de comercio exterior y turismo Magali Silva y el gobernador regional Fernando Meléndez intervinieron en su favor. Sin embargo, Global Witness ha hecho acopio de evidencia de que por lo menos algunos —posiblemente todos— estos operadores tenían conocimiento de que su madera era ilegal.
Los investigadores del grupo defensor grabaron en secreto las reuniones con ejecutivos de las firmas exportadoras implicadas. En una de esas grabaciones, Dante Zevallos de la empresa maderera Sico Maderas explica que las empresas asumen que su madera es ilegal, pero se sienten protegidas por la posibilidad de obtener documentos oficiales fraudulentos.
“Si me venden madera que ha sido aprobada por el gobierno, la ley dice que no tengo nada que hacer con eso”, comentó Zevallos. “Es claro que puede que yo sepa que la madera no viene de una buena fuente, porque si todos compráramos lo que debiéramos, entonces nadie compraría una tabla”.
Zevallos añadió que esta norma se aplicó al cargamento del Yacu Kallpa, cuando dice, “Aun cuando supiéramos que la madera probablemente tenía ese origen, no me preocupaba, porque tenía [los papeles] que mostraban que yo era un comprador de buena fe”.
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Con las filmaciones secretas y otras investigaciones, Global Witness también presenta la mecánica para blanquear esa madera y convertirla en suministro legal, prácticas que califica como un secreto a voces en la industria maderera.
Uno de los métodos expuestos implica la compra de madera de zonas donde no se permite la tala con certificados de origen falsos que la identifican como procedente de una concesión legal. Las concesiones legales son por lo general zonas de tala de árboles de mala calidad, de difícil acceso y que no incluyen las especies y cantidades que desean los exportadores.
Aunque los taladores tienen planos de cosecha en los que debe identificarse cuáles árboles hay, en qué concesiones y cuándo pueden cortarse, en realidad, las ubicaciones de árboles en los planos muchas veces son falsificadas por consultores forestales corruptos, quienes preparan los planos de cosecha para las empresas.
Otro método es el abuso de los llamados “bosques locales”. El objetivo de esta categoría es permitir la tala a las comunidades rurales locales para responder a sus necesidades de autosubsistencia e infraestructura, con autorización de comercializar solo “pequeñas” cantidades. Sin embargo, los investigadores descubrieron que la mayor parte de la tala que ocurría en muchas de esas zonas era a gran escala y con fines comerciales.
Estos y otros métodos, agrega Global Witness, no serían posibles sin la participación de funcionarios corruptos en el gobierno regional, quienes se encargan de aprobar todos los planos y licencias. En palabras de otro de sus sujetos grabados en secreto, “el sello de los gobiernos no tiene garantía aquí”.
Análisis de InSight Crime
En los últimos años, Perú ha sido objeto de gran presión internacional, en particular de Estados Unidos, para que sancione duramente su industria maderera ilegal, que genera una deforestación estimada de 155.000 hectáreas anuales en la selva amazónica.
En ciertos aspectos, el operativo del Yacu Kallpa fue un hito importante para Perú en esta campaña. Fue el producto de lo que Global Witness describe como una operación conjunta “pionera”, en la que participaron múltiples organismos nacionales e internacionales. Representó el primer caso importante que utilizó nuevas facultadas otorgadas por los fiscales en una ley que se habían instituido solo dos meses antes, y que llevó a la apertura de más de 50 casos y la investigación de más de 100 personas. Rompió de manera efectiva la única ruta de tráfico directa que conectaba a Estados Unidos con el Amazonas peruano, una ruta que hacía exclusivamente el Yacu Kallpa.
No obstante, más allá de esas historias exitosas, el caso ilustra también lo lejos que está Perú de controlar la tala ilegal.
Demuestra el lento, laborioso y altamente especializado trabajo que se requiere para demostrar la ilegalidad, que, dos años después, aún no logra procesos judiciales. El caso también demuestra cómo la dificultad de combatir los crímenes forestales aparece en marcado contraste con la rapidez y facilidad del fraude y la corrupción que esconde.
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La investigación de Global Witness también ilustra las fuerzas poderosas a las que deberá enfrentarse Perú a medida que avanza para contener esa actividad. La operación suscitó reacciones violentas en las zonas madereras; Iquitos y la ciudad de Pucallpa se vieron sacudidas por protestas en las que las oficinas forestales y de inspección de la vida silvestre fueron atacadas con bombas incendiarias.
También puso en movimiento algunas de las fuerzas oscuras, ricas e influyentes que facilitan la tala ilegal en Perú. Aparte de las intervenciones del gobernador local y la ministra, luego de la operación el director del organismo de inspección que inició la campaña, Rolando Navarro, fue despedido. Posteriormente huyó del país temeroso por su vida, tras recibir múltiples amenazas de muerte. Las nuevas facultades conferidas a los fiscales en esos casos, entre tanto, se eliminaron poco después por la fuerte presión de la industria maderera, según Global Witness.
Resolver estos problemas y enfrentar esas fuerzas requerirán tiempo, recursos y un firme compromiso para combatir la corrupción que se extiende desde la punta hasta la base. La operación Yacu Kallpa puede ser ahora un caso emblemático, pero sigue siendo apenas un pequeño paso vacilante en este camino.