Una vez más, el gobierno de Guatemala implantó la ley marcial en una región del país relevante para el crimen organizado, pero sus motivos pueden tener menos que ver con la actividad criminal de lo que el presidente Alejandro Giammattei ha manifestado.

El 19 de julio, Giammattei decretó el estado de sitio por 30 días en cinco municipios de los departamentos de Izabal y Alta Verapaz, al noreste del país, las cuales forman parte de una importante ruta terrestre de tráfico de drogas que se extiende desde Honduras hasta la frontera de Guatemala con México.

Las medidas, que restringen provisionalmente la libertad de movimiento y el derecho de reunión y a la protesta en los municipios afectados, además de otorgar al gobierno la facultad de detener a los residentes e interrogarlos, fueron adoptadas como un mecanismo para restablecer el orden frente a la presencia de grupos criminales armados que se supone atacaron a las fuerzas de seguridad del gobierno y cometieron actividades ilícitas, como el narcotráfico, según un decreto presidencial y otras declaraciones hechas por Giammattei, publicadas en el estatal Diario de Centroamérica.

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Ese decreto fue anulado el 25 de julio, luego de que el Congreso dejara pasar el plazo para aprobar las medidas. Pero al día siguiente, Giammattei ordenó un estado de prevención por 15 días en los mismos municipios, un decreto diferente que limita las reuniones en espacios públicos y las protestas, pero no las declara por completo ilegales, como sucedía con el estado de sitio. El nuevo decreto tampoco contenía cláusulas de detención e interrogatorio.

La medida inicial de Giammatei tuvo un respaldo mayoritario de los sectores empresarial y agrícola, entre los cuales hubo organizaciones que exigieron al gobierno que restaurara el orden público y usara la figura del estado de sitio para hacer efectivas órdenes de desalojo en la zona.

La decisión también desató voces de protesta, como una declaración firmada por más de 125 organizaciones nacionales e internacionales en rechazo al estado de sitio, en la que mencionaban su preocupación por la posibilidad de abusos contra los derechos humanos y “desalojos de tierras a favor de intereses económicos”.

En los cinco municipios afectados en Izabal y Alta Verapaz también se implantó el estado de sitio en septiembre y octubre de 2019, cuando la pasada administración de Jimmy Morales decretó la medida en 22 municipios, luego de que tres soldados fueran muertos en una emboscada tendida por un grupo de presuntos narcotraficantes en El Estor, Izabal.

Análisis de InSight Crime

Aunque el gobierno guatemalteco aprobó el estado de sitio con la pretensión de restablecer el orden en zonas afectadas por el crimen organizado, la ambigüedad de su declaración planteó interrogantes sobre los intereses ocultos que podrían estar en juego.

A diferencia de la versión implementada por Morales en 2019, en esta ocasión el gobierno no ha citado un hecho específico que lo llevara a implantar la ley marcial. Tampoco presentó detalles sobre los grupos criminales a los que se hace alusión en el decreto presidencial.

En Izabal y Alta Verapaz, los grupos narcotraficantes y otras redes criminales han operado por décadas, y las declaraciones del gobierno no parecen mostrar ningún cambio notable en esas dinámicas.

Además, casi una semana después del decreto de estado de sitio, el gobierno tiene poco que mostrar que justifique la adopción de esas medidas. Las autoridades han erradicado 40.000 plantas de coca, un número bastante inferior a la destrucción reportada de 1,5 millones de plantas destruidas durante las primeras semanas del estado de sitio en septiembre de 2019.

En una conferencia de prensa, un representante del Ministerio de Defensa alegó que los municipios en los que se declaró el estado de sitio albergaban pistas ocultas usadas por grupos narcotraficantes, varias de las cuales estarían en tierras de propiedad de empresas privadas, pero no dio mayores detalles.

El descubrimiento de narcoavionetas tampoco es algo nuevo en los municipios afectados, como El Estor, en Izabal, o Panzó, en Alta Verapaz.

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Puede haber varios asuntos en juego aparte del narcotráfico. Los intereses mineros de compañías privadas y las comunidades indígenas de Izabal y Alta Verapaz han tenido conflictos por los derechos sobre las tierras. Una mina de níquel objeto de controversia en El Estor, que operaba la Compañía Guatemalteca de Níquel, ha sido con frecuencia blanco de protestas y querellas legales que buscan poner freno a sus operaciones y reducir la contaminación ambiental.

En julio de 2019, la Corte de Constitucionalidad ordenó el cese temporal de actividades en la mina, pero se supone que siguió operando a pesar del fallo.

Las mayores restricciones al movimiento en el marco de la ley marcial reprimen absolutamente cualquier posibilidad de protestas locales. También abren la puerta a más apropiaciones y desalojos de tierras con el objetivo de abrir paso a plantaciones locales administradas por el sector agroindustrial, que ha dado amplio respaldo al estado de sitio.

Periodistas de derechos humanos pertenecientes a las comunidades indígenas Qʼeqchiʼ en Izabal declararon a InSight Crime que la agroindustria muchas veces busca órdenes de desalojo o criminalizan a los defensores de los derechos a la tierra para sacar a los habitantes de territorios que las comunidades locales han habitado por generaciones.