Desde las elecciones celebradas en Bolivia en octubre de 2019 y más tarde anuladas, numerosos políticos y funcionarios de gobierno en altos cargos, vinculados al partido Movimiento al Socialismo (MAS) han huido del país o son objeto de investigaciones penales.
Aquí, InSight Crime presenta un resumen de importantes figuras del MAS relacionadas con peticiones de asilo o actividad criminal.
Evo Morales:
El expresidente está acusado de sedición, terrorismo y fraude electoral después de que las frustradas elecciones de octubre sumieran al país en una crisis constitucional y protestas violentas.
Morales trataba de aspirar a un cuarto periodo presidencial inédito, que a lo largo de los años se basó en vacíos jurídicos, referendos controvertidos y recusaciones a la Corte Suprema. Las irregularidades denunciadas por la Organización de Estados Americanos durante las elecciones y el recuento final de los votos pusieron su victoria en tela de juicio, y encendieron protestas en ambos bandos que se prolongaron por un mes y dejaron 35 muertos.
Los militares exigieron la renuncia de Morales en noviembre. Tras solicitar asilo en México, organizó protestas y bloqueos contra el gobierno interino, según un video divulgado por los funcionarios de gobierno.
Después de trasladarse a Argentina este mes de febrero, Morales anunció su intención de aspirar a un escaño en el senado por Cochabamba —una productiva zona cocalera y bastión del MAS— pero el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Bolivia lo declaró inhabilitado ese mismo mes.
A Morales no se le han imputado cargos de narcotráfico en este gobierno interino, pero el diputado conservador Tomás Monasterio envió una petición oficial oficial para que la DEA —expulsada del país por Morales en 2008— retorne a investigar su implicación anterior.
Álvaro García Linera:
El ex vicepresidente está acusado de fraude electoral. Los fiscales declararon a medios locales que junto con Morales, García ordenó al ministro encargado de transparencia institucional que “manipulara los registros electorales”.
García había servido en cargos públicos junto a Morales desde que llegó al poder en 2006. Actualmente reside en Argentina en condición de asilado político.
Héctor Arce:
El exministro de justicia es investigado por fraude electoral y corrupción. Los fiscales señalaron que más de treinta exfuncionarios se han dirigido a ellos asegurando que Arce les ordenó alterar y falsificar las actas de votación por fuera del horario de las elecciones.
Dado que el gobierno interino no ha aprobado su solicitud de asilo, Arce reside actuamente en la embajada mexicana de La Paz.
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Juan Ramón Quintana:
El exjefe de gabinete del gobierno es investigado por fraude electoral y corrupción, así como por sedición y terrorismo.
Un allanamiento a la residencia de Quintana en diciembre descubrió evidencia de que el jefe de una firma boliviana exportadora de oro había pagado a Quintana para contribuir a la financiación de protestas contra la destitución de Morales.
Al perder el blindaje de un gobierno controlado por el MAS, Quintana es el centro de varias investigaciones reabiertas de sus primeros días en el gobierno. Una de ellas tiene relación con la donación ilegal de vehículos a la Fundación Abya Yala, contratista del gobierno. Otra tiene que ver con su participación en un sonado caso de malversación en el que se perdieron 121 millones de pesos bolivianos (cerca de US$17 millones) en proyectos «fantasmas» del Fondo de Desarrollo Indígena entre 2009 y 2013.
Quintana actualmente reside en la embajada mexicana en La Paz, pues el gobierno interino no ha aprobado su solicitud de asilo.
Luis Arce:
El exministro de economía tiene una investigación abierta por su participación en el caso de malversación del Fondo de Desarrollo Indígena.
Arce se encuentra haciendo campaña en la lista presidencial del MAS para las elecciones del 3 de mayo..
Carlos Romero:
El exministro del interior está investigado por fraude electoral, corrupción y terrorismo.
En enero, Romero fue arrestado después de no comparecer ante un juez para responder por contratos irregulares con empresas que suministraron partes de avión y de helicóptero a la Unidad Ejecutora de Lucha Integral contra el Narcotráfico (UELICN).
Romero también está vinculado a varias investigaciones menores por encubrimientos policiales y narcotráfico. Una de ellas lo conecta con el avión detenido en México con 1.225 kilos de cocaína.
Maximiliano Dávila:
El exdirector nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) es investigado por narcotráfico y corrupción.
La investigación se abrió en respuesta a una carta publicada en noviembre por el narco boliviano Pedro Montenegro Paz, ahora extraditado a Brasil, en la que acusaba a Dávila de actuar bajo las órdenes de Morales.
«(Dávila) no descansó hasta destruir todo lo que tenía a su alcance», escribió Montenegro, «y esto por una serie de intereses, creando cortinas de humo y poniéndose al servicio de un tirano narcogobierno».
A Dávila se le encomendó la dirección del mayor organismo antinarcóticos del país en febrero de 2019. En ese corto periodo, se vio envuelto en numerosos escándalos penales. El mayor de ellos presume su participación en la desaparición de 35 kilos de cocaína en un operativo antidrogas. en el mes de mayo. El excoronel y narco convicto Gonzalo Medina lo llamó “el verdadero narcotraficante” de Cochabamba, pero Morales defendió a su jefe de la FELCN y no se le abrió ninguna investigación.
No fue sino hasta las frustradas elecciones de octubre que voces ajenas al narcotráfico comenzaron a corroborar algunas de las acusaciones contra Dávila. En noviembre, agentes de la FELCN solicitaron su renuncia por corrupción y nexos poco éticos con el gobierno de Morales.
«Dávila ha trabajado estrechamente con Carlos Romero… y ahora trabaja por debajo con las exautoridades en este conflicto”, decía su petición. «Tenemos información de que este coronel siempre le ha respondido a Evo Morales, siempre ha sido fiel al expresidente».
El gobierno interino también está investigando la posibilidad de que Dávila estuviera presente en el aeropuerto de Guayaramerín cuando partió hacia México un avión con 1.225 toneladas de cocaína.
Felipe Cáceres:
El exzar antidrogas del país es investigado por su participación en el otorgamiento irregular de contratos para aviones y helicópteros del UELICN.
Además, las antiguas conexiones de Cáceres con redes cocaleras del Chapare y su influencia en el mercado legal de coca del país en general lo hacen vulnerable a investigaciones por participación en casos de narcotráfico que presuntamente fueron enterradas durante el gobierno de Morales.
Por ejemplo, el exdirector nacional de la FELCN René Sanabria implicó a Cáceres en actividad narcotraficante de alto perfil después de ser capturado por la DEA en 2011. En ese momento, la DEA no podía armar un caso suficientemente sólido contra Cáceres, según comentó a InSight Crime un agente de la DEA que trabajó en el caso, debido a la tensión en sus relaciones con el país.
Tres días después de que Morales volara a México, Cáceres solicitó asilo político en Nicaragua.
Análisis de InSight Crime
La reapertura de casos de hace cerca de diez años, que involucran a figuras como las hermanas Terán, y la facilidad con la que los funcionarios han develado la evidencia que los respalda, indica que los funcionarios del MAS pretendieron no ver la corrupción, o quizás hasta participaraon de ella.
«No podemos permitir que nuestra juventud se pierda en el narcotráfico», proclamó el ministro del interior Arturo Murillo, proponente declarado de muchas investigaciones. «No podemos permitir que nuestro país se hunda por la corrupción, 14 años que en nuestro país se ha vivido una profunda corrupción, piedra libre para el narcotráfico, piedra libre para el crimen».
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Menos de un mes después de la partida de Morales, el gobierno interino anunció la creacion del Grupo Antiterrorista (GAT) encargado de patrullar las calles para evitar «actos subversivos» y liberar al país de presuntos narcoterroristas.
Los críticos han señalado al GAT, así como al abrumador número de más de 600 funcionarios de todos los niveles del gobierno que enfrentan investigaciones, como evidencia de persecución política. Una declaración del Congreso en febrero criticó al gobierno interino de participar en «hostigamiento, persecución e intimidación que sufren principalmente dirigentes de las organizaciones sociales y exautoridades».
De hecho, aunque las denuncias de implicación oficial en tráfico de cocaína y corrupción fueron frecuentes durante la presidencia de Morales, esta campaña dirigida contra el MAS pone en duda si los funcionarios del partido participaron en actividades criminales que quedaron casi impunes durante más de una década o si el nuevo gobierno tiene mucho interés en enlodar a sus opositores políticos antes de las elecciones generales en mayo próximo.
La presidenta interina Jeanine Áñez —enérgica crítica del MAS, quien logró reunir a la derecha boliviana durante las protestas—ha dividido el apoyo a los candidatos no pertenecientes al MAS, ya que el expresidente Carlos Mesa, moderado, también se encuentra en el tarjetó desde el pasado octubre. Parece resentido después de perder frente a Morales, y ha hecho de la presión por que el gobierno amplíe las investigaciones por fraude electoral casi una estrategia de campaña, en especial para el candidato del MAS Luis Arce.
Pese a eso, la encuesta realizada en febrero mostró que el MAS aún tiene la mayoría del respaldo en Bolivia, con 31 por ciento. Si un candidato no perteneciente al MAS logra eludir a Arce, entonces es de esperar que las investigaciones ahonden aún más de lo que lo han hecho en los últimos meses. De lo contrario, pueden esfumarse como sucedió antes.