Un operativo táctico de tipo militar, supuestamente llevado a cabo por presuntos pandilleros, logró liberar a un prominente cabecilla de la MS13 encarcelado en Honduras, pero quedan serias interrogantes sobre quién pudo estar implicado en el audaz ataque.
Unos 20 hombres fuertemente armados con uniformes de la policía militar y la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP) de Honduras irrumpieron en el juzgado de la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro al norte del país, y liberaron al líder de la Mara Salvatrucha (MS13) Alexánder Mendoza, alias “El Porky”, el 14 de febrero, según videos de seguridad que captaron el ataque.
Las autoridades habían arrestado a Mendoza, importante jefe de la MS13 en el centro industrial de San Pedro Sula, en diciembre de 2015 por varios cargos criminales, incluido homicidio. Luego en abril de 2019, Mendoza fue uno de los 12 líderes de pandillas que fueron trasladados en helicóptero a la prisión de máxima seguridad, estilo estadounidense, conocida como La Tolva, en el municipio de Morocelí, departamento de El Paraíso, por órdenes del presidente Juan Orlando Hernández.
No es claro por qué Mendoza fue sacado de allí y llevado a El Progreso.
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Tras la incursión, las autoridades supuestamente descubrieron un alijo de armas, cuya propiedad se atribuyó a los presuntos autores materiales del delito, según la Fiscalía General. Entre los objetos recuperados había 35 armas de grueso calibre, 32 chalecos antibalas, 19 pistolas, 14 uniformes falsos de la policía militar y la FNAMP, además de un lanzagranadas, entre otras cosas.
Desde entonces la Fiscalía General sigue la pista de tres individuos presuntamente implicados en la ofensiva contra el tribunal, de la quedaron cuatro miembros de seguridad muertos, según un comunicado oficial. El gobierno hondureño ha ofrecido una recompensa de dos millones de lempiras (unos US$80.000) por información que conduzca a la recaptura de Mendoza.
“En una investigación de tal magnitud no descartamos ningún elemento y los responsables serán llevados a la justicia”, dijo el ministro de seguridad Julián Pacheco Tinoco en un pronunciamiento del gobierno, y agregó que las fuerzas de seguridad del país están unidas y trabajando conjuntamente para garantizar que no haya impunidad por este crimen.
En un operativo de inteligencia realizado unos días después del ataque, la FNAMP capturó a un presunto miembro de la MS13 de quien se cree que participó en la evasión de Mendoza. También se afirmó que al menos otros nueve presuntos implicados fueron detenidos.
Análisis de InSight Crime
Una mirada más atenta a la toma del juzgado en El Progreso por presuntos pandilleros de la MS13 deja muchas más preguntas que respuestas.
La primera, sin duda alguna, es que Mendoza era un prominente cabecilla de la MS13 en la segunda ciudad más grande de Honduras, y así lo trataron las autoridades en el pasado. Después de su traslado a la prisión de máxima seguridad de La Tolva y de que se le imputara una sentencia de 20 años por asociación ilícita, las autoridades aún tienen que aclara por qué Mendoza fue enviado a El Progreso menos de un año después de su publicitado traslado.
Más aún, con la presencia de un miembro de la MS13 con tan alto rango —uno de los principales objetivos del gobierno en su lucha contra las maras—, la seguridad desplegada alrededor del juzgado era lamentablemente inadecuada. En el pasado, esos blancos han estado custodiados por seguridad adicional para mitigar la amenaza de cualquier posible ataque.
El tipo de ataque tampoco parecía asemejarse al trabajo de la MS13. Aunque anteriormente la pandilla ha vendido armas de grueso calibre, sus miembros rara vez las usan y no han demostrado tener la capacidad de ejecutar un ataque coordinado con tal grado de sofisticación.
La extorsión es el pilar de las operaciones de la MS13, pero el grupo también participa en microtráfico y otros delitos menores en los territorios bajo su control. Lo más importante es que la pandilla tiene una estructura de poder descentralizada sin jerarquías definidas, lo que lleva a la pregunta de si el grupo estaba en capacidad de realizar un ataque así.
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Lo que es cierto es que una de las imputaciones más detalladas y trascendentales que golpeó la MS13, derivada de la llamada “Operación Jaque”, arrojó información invaluable sobre la agrupación. Gran parte de ella centrada en las redes financieras, de la pandilla, sus redes de extorsión y las operaciones de lavado de dinero. Las interceptaciones telefónicas proporcionaron información sobre los intentos de la pandilla de adquirir un arsenal más avanzado, pero poco que indicara que la pandilla en realidad se estaba equipando con el tipo de armas usadas en El Progreso.
Además, aunque anteriormente otros actores han usado falsos uniformes de las fuerzas de seguridad para perpetrar ataques en Honduras, no se ha sabido que la pandilla emplee dichas tácticas. Si tuvieran acceso a esos recursos, probablemente habría mayor evidencia de su uso.
La debacle en el juzgado ocurre en medio de una considerable agitación en el sistema penitenciario del país. Luego de que el hermano del presidente de la República, Antonio “Tony” Hernández, fuera condenado por narcotráfico en Estados Unidos, varias personas vinculadas al caso —entre ellos dos reclusos presos en instalaciones de máxima seguridad y el director de uno de esos centros— fueron brutalmente asesinados a finales de 2019.
Después de esas matanzas, y del asesinato de otros cinco reclusos y un abogado que representaba a un narco que tuvo mucho que ver en la condena de Tony Hernández, se declaró el estado de emergencia en el sistema carcelario y se delegó su control a las fuerzas armadas.
Esta situación extraordinaria no ha cambiado, lo que plantea la pregunta de qué papel, si lo tuvieron, pueden haber tenido las fuerzas armadas en la decisión de sacar a Mendoza de una prisión de máxima seguridad al juzgado de mínima seguridad del que eventualmente fue liberado en El Progreso.