Una nueva ola de detenciones sigue ampliando el alcance de las monumentales investigaciones anticorrupción en Brasil, pero el creciente número de casos puede moverse con lentitud en medio de la acumulación de procesos en el sistema judicial.
El 8 de mayo, el Ministerio Público anunció una serie de órdenes de captura asociadas a una estructura que involucraba el pago de coimas a cambio de lucrativos contratos con el gobierno. Según la Policía Federal de Brasil, el operativo recibió el nombre de “Deja Vu”, por las similitudes entre esta maquinaria y otras develadas desde el inicio, hace cuatro años, de las investigaciones de lo que puede ser el mayor escándalo de corrupción de la historia.
Los fiscales aseguran que entre 2010 y 2012, tres exempleados de la petrolera estatal Petrobras trabajaron con tres operadores financieros para pagar más de US$56.5 millones en coimas a funcionarios del gobierno y representantes de partidos políticos. Las tajadas tenían que ver con un contrato fraudulento por US$825 millones, firmado en 2010 entre Petrobras y el conglomerado de la construcción Odebrecht. Ambas empresas han estado en el centro de investigaciones en curso por corrupción, las que se han conocido colectivamente como “Operación Autolavado Exprés” (“Operação Lava Jato”).
La reciente serie de órdenes de captura sigue los pasos de una lista similar de órdenes de detención expedidas a comienzos de este mes, en relación a lavado de dinero en gran escala y esquemas de corrupción destapadas como parte de las investigaciones de Lava Jato.
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En la primera ronda de arrestos, el 3 de mayo, las autoridades de Brasil, Uruguay y Paraguay apuntaron a 43 sospechosos supuestamente involucrados en un “impresionante” esquema de décadas de duración que lavó por lo menos US$1.600 millones. Según los fiscales, esa monumental suma de dinero se movió por medio de 3.000 cuentas offshore en 52 países distintos entre 2008 y 2017.
La investigación, desatada por la declaración de dos cambistas de divisas detenidos en Uruguay en 2017, identificó a docenas de agentes de moneda extranjera del mercado negro, operadores financieros y proveedores de efectivo, varios actualmente acusados de lavar dinero para Sérgio Cabral, exgobernador de Rio de Janeiro en prisión desde 2017 por corrupción y lavado de dinero.
Dario Messer, quien tiene doble ciudadanía brasileña y paraguaya, y es dueño de varias oficinas de cambio de divisas en Brasil y de un banco en Antigua y Barbados, fue sindicado de orquestar las operaciones de lavado.
Messer vivía en Paraguay al momento en que se emitió su orden de captura, y permanece fugitivo. El medio informativo paraguayo ABC ha expresado la preocupación de que las autoridades se hubieran demorado deliberadamente en hacer efectiva la orden de captura, y que anteriormente no hubieran informado sobre las labores de inteligencia a las actividades sospechosas de Messer, debido a su cercanía con el presidente paraguayo Horacio Cortés.
El fiscal federal brasileño Eduardo El Hage opinó en declaraciones a Folha de São Paulo que la operación tiene el “potencial” de ser “explosiva” y dar a los investigadores nuevas pistas por la implicación de una cantidad de agentes cambiarios en el mercado negro, que dieron el impulso original para las primeras indagaciones del Lava Jato.
Análisis de InSight Crime
A cuatro años del inicio de la actual campaña anticorrupción en Brasil, su alcance sigue ampliándose. Pero los considerables atrasos en los juzgados del país pueden ralentizar o impedir los procesos, lo cual plantea interrogantes sobre el impacto a largo plazo de las investigaciones del Lava Jato.
Se ha requerido el paso de una gran porción de casos develados por las extensas indagaciones por el Supremo Tribunal Federal de Brasil debido a la protección especial que cobija a los legisladores federales. Como resultado de eso, el Supremo Tribunal tiene una acumulación de más de 100 casos ligados a las investigaciones anticorrupción, y los retrasos han permitido que muchos políticos acusados eludan los procesos.
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El 3 de mayo, el Supremo Tribunal Federal de Brasil emitió un fallo mediante el cual restringe la inmunidad a legisladores en un intento por liberar espacio en el alto tribunal al permitir la remisión a juzgados menores de algunos casos que implicaban a políticos. Sin embargo, los casos que implican delitos cometidos por los legisladores federales en su periodo en el poder, vinculados a su cargo público, como sucedió en la mayoría de casos relacionados con Lava Jato, aún tendrán que comparecer ante el lento Supremo Tribunal Federal.
Aunque Brasil ha logrado acusar a muchos poderosos miembros de las élites sospechados de corrupción, el lento avance de la justicia puede aminorar el efecto disuasorio de las históricas acusaciones y sus múltiples ramificaciones.