Los homicidios en Panamá Oeste han aumentado debido a una serie de asesinatos por venganza, dado que una de las pandillas más grandes del país lucha por mantener el poder y el control sobre los crecientes flujos de drogas.
El 28 de mayo, Héctor Tuñón, de 26 años, y su pareja, una chica de 17 años embarazada, fueron asesinados a tiros en el distrito de La Chorrera por hombres armados que, según la policía, se movilizaban un automóvil blanco, como informó La Crítica. Estos jóvenes se convierten en las más recientes víctimas de una serie de muertes violentas que a finales de mayo arrojaba un saldo de 55 personas asesinadas en la provincia de Panamá Oeste. Esta cifra representa un aumento significativo con respecto a los 48 asesinatos que se presentaron allí en todo 2019.
Funcionarios gubernamentales dicen que el narcotráfico y las disputas entre pandillas son las culpables de este aumento de la violencia, especialmente los enfrentamientos al interior de Bagdad, uno de los dos principales grupos criminales del país. Esta racha de violencia llamó la atención a nivel nacional en diciembre de 2019, cuando un grupo de presos abrió fuego contra otro grupo en la prisión de La Joyita, dejando como resultado 12 personas muertas y 11 más heridas, lo que ha generado dudas acerca de la capacidad de la nueva administración para mantener la seguridad.
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Según los informes, tanto las víctimas como sus atacantes formaban parte de Bagdad, una franquicia que reúne a grupos locales más pequeños bajo un mismo paraguas para facilitar su participación en el tráfico transnacional de drogas.
Según En Segundos, antes de la masacre, una de las facciones de Bagdad, conocida como Matar o Morir (MOM), se quedó con un cargamento de drogas como una forma de declarar su independencia de la franquicia. La masacre en La Joyita fue la respuesta de Bagdad para castigar a los desertores, consolidar el poder y mantener la hegemonía, como afirma David Mendoza, fiscal principal del caso, en un informa de La Estrella.
Pero Grisel Bethancourt, periodista panameña que hace cubrimiento sobre pandillas, le dijo a InSight Crime que, aunque la masacre en sí fue promovida por Bagdad como una forma de castigar a MOM, la violencia en Panamá Oeste tiene raíces más profundas. “La mayor parte de estas personas son de la misma zona y se mantienen en los mismos círculos”, dice Bethancourt, “por lo que los asesinatos por venganza se continúan presentando”.
En otro incidente en el mes de mayo, cuatro hombres fueron brutalmente asesinados y sus cuerpos fueron arrojados a un campo en Arraiján. Tres de ellos ya habían cumplido su condena en La Joyita. Agentes de policía confirmaron a La Crítica que los asesinatos fueron el resultado de la guerra de pandillas, pero no especificaron si las víctimas pertenecían a MOM o a Bagdad.
Las restricciones por el coronavirus no han ayudado a reducir la violencia. Según la prensa local, los pandilleros están aprovechando la situación para encontrar a las víctimas en sus propios hogares. Así ocurrió el 17 de mayo, cuando un joven de 19 años fue asesinado a tiros desde un carro mientras se encontraba en casa con su familia.
La violencia tampoco ha cesado al interior del complejo penitenciario de La Joyita. En el mes de marzo, apareció un video en el que se veía a prisioneros refugiándose durante un tiroteo que según los funcionarios de la prisión fue causado por combates entre pandillas rivales, que dejaron a uno de ellos herido. En abril, otras dos personas resultaron heridas tras un tiroteo, según informes de Panamá América.
Análisis de InSight Crime
La campaña de represalias de Bagdad contra los miembros que intentan desligarse y actuar por su cuenta ha dejado en evidencia que Panamá no está preparado para controlar la violencia que ha venido junto con los flujos récord de drogas, tanto dentro como fuera de su sistema penitenciario.
El hecho de que la masacre de La Joyita fuera perpetrada en una prisión federal con armas semiautomáticas de alto calibre ha generado dudas sobre la capacidad de las prisiones de Panamá para proteger a los reclusos.
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La Joyita es una de las prisiones más grandes de Panamá y alberga a miembros de los grupos criminales más grandes del país, como Calor Calor y Bagdad. Sin embargo, carece de medidas básicas para proteger a los privados de libertad.
En enero, los ministros Rolando Mirones y Carlos Romero presentaron las conclusiones de una investigación gubernamental sobre La Joyita. La investigación determinó que el complejo penitenciario donde se encuentran las cárceles La Joyita, La Joya y La Nueva Joya carece de medidas básicas de protección, como torres de vigilancia, luces y cámaras de seguridad.
No hay detectores de metales ni escáneres, lo que significa que, cuando los familiares y seres queridos que vienen de visita son requisados, los empleados de la prisión no son revisados en absoluto, lo que deja abierta la puerta para el ingreso de bienes de contrabando.
Estas condiciones se ven agravadas por el hecho de que las prisiones de Panamá cuentan con poco personal de seguridad, el cual usualmente tiene exceso de trabajo. Con solo 800 guardias penitenciarios para todo el país, el sistema recurre a la policía nacional para que le ayude a proteger a los presos, que se cuentan por altos números, pues la tasa de ocupación de las prisiones es del 123 por ciento, según el Instituto para la Investigación de Políticas de Crimen y Justicia [The Institute for Crime & Justice Policy Research].
El complejo penitenciario donde se encuentra La Joyita nunca fue pensado para ser permanente. Fue creado en 1996 como un centro de detención temporal y por lo tanto carece de los estándares de arquitectura penitenciaria. De hecho, según Mirones, La Joyita ni siquiera cumple con los estándares como para ser considerado un centro penitenciario.
Al interior de La Joyita no hay guardias, y los prisioneros se mueven libremente sin ningún tipo de vigilancia. Los funcionarios creen que es por eso que, amparados en el ruido de días de fiesta y celebraciones, los reclusos pudieron construir dos hoyos reforzados con cemento, en los que escondían las armas que fueron utilizadas en la masacre.
La violencia en las cárceles de Panamá no es un tema nuevo. Al examinar los datos de 2010-2016, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) halló que la tasa de homicidios en las prisiones de Panamá eran varias veces más altas que la tasa nacional. De hecho, funcionarios del gobierno admitieron que estaban al tanto de muchas de las vulnerabilidades de La Joyita antes de la masacre, pero que en 2019 no tenían el presupuesto suficiente para corregir “años y años de abandono”.
Aunque afirman que el presupuesto para 2020-2021 es suficiente y las mejoras necesarias son inminentes, las fuentes de noticias de Panamá informan que al interior de La Joyita siguen abundando los intentos de fuga, así como el flujo de armas, drogas y otros bienes de contrabando.