El primer presidente en funciones que ha enfrentado cargos criminales en la historia de Brasil ha sido acusado de nuevo, esta vez por supuestamente obstruir la justicia y por liderar una organización criminal. El Congreso evitó que el primer conjunto de cargos avanzara. ¿Pero logrará proteger al presidente una vez más?
Una acusación federal emitida el 14 de septiembre imputa al presidente de Brasil, Michel Temer, de dirigir una estructura criminal de políticos corruptos pertenecientes al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), entre los que se encuentra Eduardo Cunha, expresidente de la cámara baja del Congreso, quien actualmente se encuentra encarcelado. Los cargos se derivan de las actuales investigaciones en torno al que puede ser el mayor esquema de sobornos en la historia moderna.
Otros tres exfuncionarios y dos actuales miembros del gabinete también fueron acusados de pertenecer al grupo criminal descrito por la Fiscalía General de la Nación. Entre ellos se encuentran Henrique Alves, expresidente de la cámara baja y exministro, Geddel Vieira Lima, exrepresentante del Congreso y exministro, Rodrigo Loures, exrepresentante del Congreso y exasesor presidencial, así como Eliseu Padilha y Moreira Franco, miembros del gabinete actual, todos ellos del PMDB.
El grupo presuntamente obtuvo US$190 millones (587 millones de reales) conspirando para poner a funcionarios aliados en posiciones importantes del gobierno, donde podrían adjudicar contratos públicos a empresas privadas a cambio de sobornos. Algunas de estas relaciones sospechosas fueron descritas en un diagrama presentado esta semana ante el Tribunal Supremo por la Policía Federal (vea el diagrama abajo).
(Diagrama de la policía sobre la supuesta “banda” al interior del PMDB, cortesía de Folha de São Paulo)
Según la Fiscalía General, la estructura criminal liderada por Temer tenía un “carácter transnacional, que puede ser demostrado principalmente por dos de su métodos de lavado de dinero: transferencias bancarias internacionales, generalmente con tres o más niveles de encubrimiento para ocultar el origen de los bienes; y la adquisición de instituciones financieras en el extranjero, con el objetivo de controlar sus prácticas de cumplimiento de las normas y de esa manera complicar la labor de las autoridades.”
Temer supuestamente asumió el liderazgo de esta red en mayo de 2016, cuando se convirtió en presidente interino de Brasil tras la decisión del Senado de iniciar procedimientos acusatorios que llevaron a la suspensión del cargo de la entonces presidenta Dilma Rousseff. (Rousseff fue finalmente destituida en el proceso acusatorio, pero no por razones relacionadas con presuntos actos de corrupción de su parte).
“Con la reformulación del núcleo político de la organización criminal, los miembros de la [estructura criminal del PMDB], especialmente Michel Temer, ocupan ahora un papel destacado que había sido ejercido por miembros del PT”, dice la Fiscalía General, refiriéndose al Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece Rousseff.
A principios de este mes, los fiscales acusaron a Rousseff y a su predecesor en la presidencia, Luiz Inácio “Lula” da Silva, junto con otros altos exfuncionarios del PT, de conformar una estructura similar dentro de su propio partido. En ese caso, la acusación señala que el PT, durante los 14 años que ha tenido el control de la presidencia, facilitó el crecimiento de un masivo sistema de sobornos que involucra a varios partidos políticos y a grandes empresas, el cual también implicó tráfico de influencias y financiamientos ilícitos a las campañas.
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Además, la nueva imputación acusa a Temer de obstrucción a la justicia por haber animado a Joesley Batist, magnate de las empresas frigoríficas de Brasil, a pagar sobornos al expresidente de la cámara baja, Eduardo Cunha, y a Lúcio Funaro, un cambista informal que tenía vínculos con el PMDB. Tanto Cunha como Funaro se encuentran encarcelados por cargos de corrupción y al parecer están cooperando con las autoridades para proporcionar información sobre Temer, como parte de acuerdos de declaración de culpabilidad.
Temer ya había sido acusado de “corrupción pasiva” en junio de este año, por presuntamente recibir un soborno de US$152.000 de Batista. Sin embargo, se requiere que dos tercios de la cámara baja del Congreso de Brasil aprueben el enjuiciamiento de un presidente en funciones, y a principios de agosto dicha entidad rechazó por votación que él fuera enjuiciado por esos cargos.
Análisis de InSight Crime
Los nuevos cargos contra Temer son los más explosivos levantados hasta el momento por parte de las autoridades que han puesto en evidencia la extensiva corrupción en Brasil, como parte de la larga investigación contra la corrupción conocida como Operación lavado de autos (“Operação Lava Jato”). Pero a pesar de que las acusaciones son bastante inquietantes, el Congreso parece inclinado una vez más a evitar que el presidente sea enjuiciado.
Al parecer, su principal factor motivador son los intereses personales. Como InSight Crime lo ha señalado anteriormente, Temer y algunos miembros del Congreso —un tercio de los cuales han sido implicados en el escándalo de la Operación lavado de autos— han intentado protegerse de la amplia investigación de lucha contra la corrupción.
De hecho, la nueva acusación sostiene que la exitosa campaña para inculpar a Rousseff, dirigida en gran parte por Cunha, fue el resultado de un intento por proteger a los miembros corruptos del PMDB de la investigación en curso, garantizando el control de la rama ejecutiva por parte del partido. Aunque las razones para derrocar a Rousseff no tuvieron nada que ver con la corrupción, los poderosos actores políticos al parecer creen que podrían “detener los efectos” de la Operación lavado de autos destituyendo al presidente del PT y encontrando un reemplazo del PMDB.
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Los analistas dicen que Temer podría reunir el apoyo del Congreso necesario para impedir que este segundo conjunto de cargos continúe adelante. Sin embargo, podría ser políticamente costoso para el ya impopular presidente, quien también está buscando el respaldo del Congreso para un programa de reforma económica que también ha sido impopular. El actual presidente de la cámara baja, Rodrigo Maia, se negó a especular sobre el probable resultado de la votación en torno a las acusaciones de corrupción contra Temer, pero le dijo a Estadão que el legislativo le daría “prioridad” a este “grave” asunto.
Independiente de que los cargos prosperen, es probable que la “corrupción sistémica” continúe reinando en Brasil, al menos en el corto plazo.
Los “presuntos delincuentes continúan estando activos políticamente, son capaces de cambiar la manera como están redactadas las leyes de Brasil [y podrían] participar en actos corruptos”, le dijo esta semana a InSight Crime Matthew Taylor, catedrático de American University, después del anuncio de cargos similares contra otros miembros del PMDB.