Tras años de pasar desapercibido para el crimen organizado, en los últimos doce meses el estado de Baja California Sur en México ha caído en una espiral de derramamiento de sangre, detonado por un enfrentamiento entre dos poderosos grupos criminales, que agita todo el hampa.
Más conocido para el resto del mundo como la zona de los resorts de playa Los Cabos, Baja California Sur ha vivido un último año pasado por sangre. Como lo detalla el balance de Justice in Mexico para febrero, el número de homicidios en el estado dio un salto a 560 en 2017, un incremento de casi 300 por ciento sobre las 192 muertes violentas registradas el año anterior.
Baja California Sur es el segundo estado menos poblado de México, con poco más de 700.000 habitantes. Pero su tasa de homicidios en 2017 de 78,6 por 100.000 residentes fue la segunda más alta del país —más del triple promedio nacional de 22,5 por 100.000.
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Esto representa una aceleración repentina de una tendencia que lleva largo tiempo en ascenso. Durante la mayor parte de la década de 2000, Baja California Sur registró entre 25 y 50 homicidios anuales. En 2014, sin embargo, el estado alcanzó un récord local de 70 homicidios. Al año siguiente, esa cifra subió a 151. Ahora, el estado es uno de los más mortíferos de México a juzgar por su índice per cápita.
Mucha parte de la violencia ha sido del tipo de alarde pseudomilitar asociado con lugares como Juárez y Acapulco. En enero, por ejemplo, se subieron a internet videos de un intenso enfrentamiento con armas de fuego que se prolongó por media hora en la capital La Paz. Luego del episodio, cinco presuntos miembros de un grupo criminal fueron detenidos en posesión de un arsenal de armas de alto poder y equipo táctico.
Las matanzas han ido de la mano con repuntes en otras actividades ilícitas asociadas con el crimen organizado, como la extorsión.
Esta ola de violencia ha puesto a prueba el tejido social. En octubre de 2017, cientos de agentes de la policía municipal de La Paz amenazaron con dejar sus puestos en protesta por la baja de 65 agentes que no aprobaron las medidas anticorrupción. Organizaciones cívicas locales han demandado la renuncia de altos oficiales de seguridad, y el fiscal general del estado dejó su cargó en diciembre. Un exgobernador calificó la aguda situación de “crisis de inseguridad” luego del asesinato de un activista en derechos humanos en noviembre pasado.
Análisis de InSight Crime
Según el informe de Justicia en México, la violencia en Baja California Sur es una de las muchas repercusiones del panorama criminal generado por la captura y extradición del capo del cartel de Sinaloa Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Dos facciones en guerra, una comandada por los hijos de Guzmán y otra por un influyente lugarteniente suyo llamado Dámaso López, alias “Licenciado”, se han disputado el control de la organización tras la baja de El Chapo, y ningún bando parece imponerse. Esto ha atizado la violencia en todo el territorio dominado por el cartel de Sinaloa, incluyendo a Baja California Sur.
La clica de López se ha mantenido incluso después de su arresto en mayo de 2017. También buscó apoyo del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que en los últimos años se impuso como una de las organizaciones más grandes del país. Esto ha llevado al agravamiento de los desafíos, pues los pistoleros del grupo han inundado Baja California Sur y su vecino en el norte, Baja California.
El desangramiento de Baja California Sur hace parte de una dinámica más extendida de un aumento de la violencia criminal a lo largo y ancho del país. El ascenso del CJNG junto con el declive del cartel de Sinaloa ha puesto de cabeza la estabilidad en muchas zonas anteriormente tranquilas. Baja California Sur es un ejemplo de eso. Otro es Colima, un diminuto estado sobre el Pacífico que anteriormente no aparecía en el panorama delincuencial, pero ahora tienen la tasa de homicidios más alta del país. El súbito aumento de los asesinatos también se ha asociado al conflicto entre el CJNG y el cartel de Sinaloa.
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Lo que esto indica es que la violencia está haciendo metástasis en México. El país no solo es más violento ahora que en algún momento de su historia reciente, sino que el desangre ha invadido más porciones del país. En 2010, en contraste, casi el 20 por ciento del total de homicidios ocurrían en un solo estado (Chihuahua), la gran mayoría de ellos en una sola ciudad (Juárez), cuyos residentes representaban apenas un poco más del uno por ciento de la población total del país.
Eso permitía afirmar que los problemas de seguridad, aunque acusados, eran en gran medida aislados. Este nunca fue un argumento contundente, pero es mucho menos cierto hoy.
No parece que la estrategia del gobierno refleje esa evolución. La respuesta en Baja California Sur ha sido inundar el área de soldados y agentes de marina. En abril de 2017, el gobierno envió tropas de 1.000 efectivos al estado, y los comandantes anunciaron planes de construcción de un nuevo cuartel militar en febrero, que albergará un destacamento permanente de 600 soldados, a partir de agosto.
Esa estrategia no solo tiene un historial cuestionable en la contención de la ola de violencia en otros lugares, pero también es menos viable entre más dispersa esté la violencia. Si el país entero es zona de conflicto, es difícil concentrar recursos de una manera que produzca un impacto importante.