Los primeros pandilleros de la Mara Salvatrucha-13 y del Barrio 18 llegaron a El Salvador deportados de Estados Unidos a finales de los 80 (algunos todavía alcanzaron a pelear en la guerra civil). Encontraron un territorio fecundísimo para hacer prosperar sus organizaciones, reclutaron a una generación de adolescentes que ya no vibraban con los signos de la guerra fría y que no tenían razones para pensar que el futuro les tuviera alguna buena promesa. Consiguieron echar raíces profundas entre los marginados y se hicieron muy pronto con el control de calles, plazas y barrios enteros.

El 23 de julio del año 2003, expresidente Francicso Flores convirtió las pandillas en el problema central de seguridad pública, y muy rápido comprendió —e hizo comprender a otros— la utilidad política de las pandillas y los efectos inmediatos en términos de popularidad que producían cuando se las pronunciaba en discursos.

La estrategia de Flores dio resultado. El público aplaudió al primer presidente que encaraba a las pandillas y les daba su merecido, ordenando que los policías los arrestaran en masa, incluso por su mera apariencia. A quienes padecían a las pandillas le dio igual que la llamada “Ley antimaras”, propuesta por Flores, fuera inconstitucional. El plan “Mano Dura” cumplió su objetivo: revivió a un presidente y puso su partido de nuevo en la ruta de la victoria electoral.

Del 23 de julio de 2003 al 30 de agosto de 2004, la Policía Nacional Civil reportó la captura de 19,275 supuestos pandilleros. De esos, el 91 % (17,540) fueron liberados casi de inmediato, cuando los jueces no encontraron ningún motivo para retenerlos. Solo el 5 % de todas esas capturas pasó a juicio.

*Este artículo fue editado para mayor claridad y publicado con el permiso de El Faro. No representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí.

Su sucesor en la Presidencia, Elías Antonio Saca, también de Arena, demostró ser un hombre que aprende rápido y de inmediato —el 30 de agosto de 2004, tres meses después de asumir la Presidencia— lanzó su propio plan, cuyo propósito era subirse en la exitosa ola de marketing producida por el plan Mano Dura, al punto de que sus publicistas no hicieron más que agregarle la palabra “súper”.

Para evitar los desgastantes y mortales motines y batallas campales en las cárceles, el gobierno de Saca designó oficialmente, el 2 de septiembre de 2004, el penal de Ciudad Barrios y el de Quezaltepeque para uso de la Mara Salvatrucha 13, y las cárceles de Chalatenango y Cojutepeque para el Barrio 18.

Usar las “maras” —y el miedo a las maras— como combustible político dio como resultado leyes encaminadas a apresar a más pandilleros, leyes encaminadas a detener por más años a los pandilleros y cárceles asignadas exclusivamente a cada pandilla. Quizá en un primer vistazo no lo aparente, pero en medio de esas decisiones había lecciones sobre política que los barrios sí supieron leer.

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Fue en esos años —del 2003 al 2006— cuando las pandillas construyeron las bases para convertirse en las organizaciones que son hoy: cambiaron incluso su apariencia estridente, dejaron de lucir como la Policía esperaba que lucieran; solidificaron y ampliaron su control territorial y se asumieron como lo que el Estado les dijo que eran: sofisticadas organizaciones criminales. Crearon jerarquías, estructura interna y perfeccionaron mecanismos para obtener y administrar dinero.

Según datos oficiales de la Fiscalía General de la República, en 2003 esa institución inició la investigación de 467 casos de extorsión pandillera en todo el año, motivados por denuncias ciudadanas, reportes policiales y actuaciones de oficio. Tres años después, la cifra de investigaciones por este delito se había multiplicado por siete: 3,161.  Aunque asumamos —como lo ha sugerido la propia Fiscalía— que esa cifra es solo la punta de un iceberg que esconde un enorme subregistro, habla con elocuencia de la forma sistemática y viral en que las pandillas descubrieron la extorsión como mecanismo de financiamiento y la convirtieron, si es que cabe la expresión, en la forma “institucional” de obtener dinero.

La primera década del siglo XXI estuvo marcada por una febril lucha entre el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha-13 por expandir sus territories.

Los homicidios pasaron de 2,344 en 2002 —antes del plan Mano Dura y todo su montaje mediático— a 4,380 en 2006, cuando se encontraba ya enteramente consolidada la separación de las pandillas en cárceles y sus efectos en las calles.

La medida oficial que de forma más determinante hizo evolucionar esas organizaciones y propició la sofisticación de su estructura interna, la decisión que está en la base de todas las transformaciones mencionadas hasta este punto, fue haber otorgado cárceles exclusivas a cada pandilla.

Antes de que el Estado asignara prisiones completas a la MS-13 y al Barrio 18, la mayor parte de las penitenciarías tenían ya divisiones físicas para aislar a los miembros de cada barrio. Pero con el tiempo, las dos organizaciones —que acabaron siendo tres, con la ruptura de la pandilla 18—  designaron a sus líderes dentro de las cárceles y les entregaron poder sobre los pandilleros libres bajo una lógica que habían aprendido en las cárceles de California: todos los miembros del mundo criminal asumen que tarde o temprano terminarán en una cárcel, y una vez dentro es mejor estar rodeado de amigos que de enemigos. Con un agravante extra: si eras un pandillero que había desobedecido a los líderes encarcelados y la Policía te capturaba, sabías que no terminarías en cualquier cárcel, sino precisamente en aquellas controladas por las personas a las que agraviaste… y que pagarías el precio.

De pronto, las pandillas se encontraron con espacios exclusivos, libres de enemigos, desde el que emanaba autoridad sobre las calles y en el que era posible establecer comunicación con todo el país.

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Antonio Saca terminó su período presidencial en 2009. Ese fue un año histórico: por primera vez asumía la Presidencia de la República un partido de izquierda, el FMLN, que coronó con éxito su estrategia de llevar como candidato a un outsider sin pasado político: el experiodista Mauricio Funes. Ese año, también fue histórico en otro sentido: El Salvador se convirtió en el país más homicida de todo el hemisferio; se alcanzó una tasa récord de asesinatos, que llegó a una insólita tasa de 71 homicidios por cada 100,000 habitantes.

Sin embargo, no fue hasta el año siguiente, 2010, cuando las pandillas dieron muestras evidentes de una sofisticación política que venía siendo madurada durante más de un lustro: el 20 de junio de ese año, la facción Revolucionarios del Barrio 18 incendió y ametralló un microbús lleno de civiles. 17 personas fueron calcinadas vivas en el centro del municipio de Mejicanos. El crimen horrorizó al país y supuso un nuevo y aterrador peldaño en la calidad de la violencia pandillera. El presidente Mauricio Funes —con apenas un año en el poder— tuvo que dar muestras de fortaleza y recurrió a las mismas estrategias que sus predecesores: leyes al estilo Mano Dura y una enorme inversión en publicidad.

Las pandillas se lo tomaron en serio, creyeron al presidente cuando dijo que esta ley las pondría en jaque, y decidieron huir para adelante, doblando la apuesta. El 6 de septiembre, unos días después de que la Asamblea Legislativa aprobara la ley, la Mara Salvatrucha-13 y las dos facciones del Barrio 18 enviaron su primer gran mensaje oficial al gobierno: ordenaron un paro al transporte público y amenazaron de muerte a los empresarios de buses y microbuses que desobedecieran la orden.

El paro inmovilizó aproximadamente al 60 % del transporte público a nivel nacional durante dos días, según las gremiales de transportistas. La Cámara de Comercio aseguró que la actividad comercial en las principales ciudades del país disminuyó un 40 %, produciendo pérdidas de 24 millones de dólares. El Gobierno sacó a las calles a 2,000 soldados para reforzar a los 3,500 que ya estaban prestando labores de seguridad pública. Salieron a la calle tanquetas de guerra, con cañones y ametralladoras pesadas.

Las pandillas hicieron un gesto poderoso.

El ministro de la Defensa Nacional, el general de división David Munguía Payés, cobró en esos días una gran notoriedad

“Las pandillas quieren asustar a la población, mostrar su fuerza. Un Gobierno democrático, como el nuestro, no puede negociar con organizaciones criminales”, dijo el general Munguía Payés, burlándose de la propuesta de diálogo hecha por las pandillas.

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El 14 de marzo de 2012, El Faro revelaba una negociación secreta entre el gobierno del presidente Funes y las tres principales pandillas del país: había sacado de la cárcel de máxima seguridad a las cúpulas pandilleras y las había trasladado a prisiones comunes, controladas por sus estructuras. A cambio, los líderes debían imponer una tregua a sus organizaciones, con el fin de desplomar los asesinatos.

Meses atrás, y producto de una serie de intrigas políticas, el presidente Funes había decidido cambiar a su gabinete de seguridad pública, removió a un ministro que era miembro orgánico del FMLN y colocó en su lugar a un aliado y amigo de mucha confianza: el general de división David Munguía Payés.

El general Munguía Payés prometió que reduciría los homicidios en un 30 % en solo un año.

El presidente Funes aprobó el arriesgado experimento a condición de que se mantuviera en secreto y de que no se hiciera a través de enlaces oficiales. El general Munguía Payés envió a su hombre de confianza, Raúl Mijango, y al obispo castrense Fabio Colindres a sondear las pandillas.

En muy pocas semanas, los emisarios de la administración Funes consiguieron reunir a las cúpulas de las tres pandillas en una sola mesa de diálogo, elaborar un documento con el compromiso de cesar los homicidios y abrir el camino para establecer una negociación con las autoridades. Los líderes fueron trasladados a prisiones comunes y tomaron control pleno de sus estructuras.

Las cúpulas dieron una muestra de su enorme autoridad, desplomando los asesinatos de la noche a la mañana en un 60 %. El Salvador dejó ese año, 2012, el podio de los países más violentos del mundo.

Cuando El Faro descubrió el acuerdo, las autoridades decidieron mentir y negar que hubiera un trato con las pandillas.

En pocas semanas, gracias a la Tregua, los pandilleros pasaron de ser villanos innombrables a dar conferencias de prensa en conjunto, a emitir comunicados, a declarar las escuelas como zonas de paz, a alardear de respeto hacia la mujer, a hacer llamados a la nación, a reunirse con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, a participar en reuniones de concejos municipales, a protagonizar actos públicos —con cuerpo diplomático presente— para entregar armas.

Todo eso era necesario como precondición para establecer una mesa de diálogo formal con las pandillas, pero esa mesa jamás llegó a ocurrir.

La sociedad salvadoreña jamás vio con buenos ojos las aproximaciones de sus autoridades con las pandillas, y el presidente Funes decidió dejar naufragar la Tregua de cara a las elecciones presidenciales de 2014. El experimento duró 15 meses en que los homicidios se desplomaron, permitiendo que el país alcanzara una tasa de 39.4 por cada 100,000 habitantes al finalizar 2013. Pero en plena campaña electoral, los partidos de oposición —conscientes de la escasa popularidad del experimento— usaron la Tregua como arma arrojadiza contra el partido oficial, y este se distanció del proceso.

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Cuando la Tregua se fue al traste, las pandillas mantuvieron mecanismos fluidos de diálogo: las dos facciones del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha-13 crearon una especie de comité que siguió teniendo encuentros con iglesias, oenegés, diplomáticos y periodistas. Pero aunque redujeron los asesinatos durante la Tregua, jamás dejaron de extorsionar y de ampliar el rango de sus extorsiones: desde una pequeña tienda hasta transnacionales como la Coca-Cola.

Las pandillas continuaron pidiendo en público que el diálogo se reanudara. Incrementaron violentamente los homicidios durante algunos días, como recordatorio de las consecuencias de ignorarlos; y los bajaron nuevamente, como recordatorio de su poder. Pero a medida que se acercaban las elecciones presidenciales de febrero de 2014, las posibilidades de reanudar el diálogo se esfumaban. Todos los partidos, incluido el FMLN, abjuraron del proceso y abominaron —en público— la idea de negociar con las pandillas.

Por eso, aquel líder pandillero del que se habló al inicio de este artículo se sorprendió tanto cuando fue convocado por el diputado Benito Lara para iniciar un diálogo directo entre el partido oficial y las pandillas. El diálogo que proponía Lara —que terminó siendo ministro de Seguridad Pública— no tenía que ver con la reducción de los homicidios ni con la de ningún otro delito. Quería que las pandillas les ayudaran a ganar elecciones, a movilizar nuevos votantes y a intimidar a los votantes contrarios. Los barrios actuaron como una sola fuerza: discutieron el asunto en conjunto, pidieron asesoría de Raúl Mijango y juntos decidieron poner precio a su trabajo. Según las versiones de pandilleros que participaron en esos encuentros, al FMLN en total le cobraron $250,000 por hacer de agentes de campaña, más la promesa de reanudar el diálogo si conseguían la Presidencia.

Pero algo habían aprendido las pandillas sobre realpolitik, y grabaron aquellos encuentros. Una parte de los videos que fueron filmados durante esas reuniones terminaron viendo la luz como mecanismo de venganza o de chantaje de las pandillas.

Con el tiempo, Arena se enteró de las negociaciones secretas de sus adversarios políticos, y decidió hacer lo propio. Convocaron su propia reunión secreta. Prometió remover el régimen de máxima seguridad, les consultó su opinión sobre quién debería ser nombrado ministro de Seguridad Pública y les prometió abrir canales de diálogo si ganaban las elecciones. También pagaron 100,000 dólares como anzuelo, según la información recabada por la Fiscalía, y la versión de pandilleros que estuvieron ahí.

Finalmente, los pandilleros se decidieron por el FMLN —o al menos eso sostienen—. Lo hicieron, en parte, espantados por la campaña arenera, que condenó la Tregua y que insinuaba una y otra vez que con los mareros había que hacer “lo que había que hacer”. El partido oficial volvió a ganar las elecciones presidenciales y convirtió en presidente de la República al único miembro de la comandancia general de la exguerrilla que todavía sigue en sus filas: Salvador Sánchez Cerén.

Acto seguido, el FMLN traicionó a los barrios.

Benito Lara se convirtió en ministro de Seguridad Pública; Arístides Valencia, en el de Gobernación. El nuevo Gobierno suspendió todo canal de diálogo. El presidente Sánchez Cerén asumió el poder en junio de 2014. En enero de 2015, ordenó regresar al régimen de máxima seguridad ranflas y anunció su propia y reforzada versión del Plan Mano Dura. Para las pandillas, más de lo mismo: operativos policiales más agresivos, condiciones carcelarias más severas y la promesa de jamás, nunca, establecer ningún tipo de diálogo.

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En 2015 ocurrió además algo que parecía imposible: El Salvador superó su propio récord de homicidios, y alcanzó una tenebrosa tasa de tres dígitos: 103 asesinatos por cada 100,000 habitantes. El Salvador se convirtió en el país más homicida del mundo, con la excepción de algunos pocos países en guerra abierta.

El Gobierno del presidente Sánchez Cerén relajó los controles internos de la Policía hasta casi hacerlos desaparecer, y acuerpó políticamente a los agentes señalados de cometer abusos o ejecuciones extrajudiciales. A partir de 2015, se fueron acumulando las denuncias periodísticas, los informes de organismos de derechos humanos e incluso la condena de las Naciones Unidas frente a la nueva estrategia manodurista del FMLN.

En 2014, la Policía aseguró haber matado a 103 pandilleros en supuestos enfrentamientos armados. En 2015, mató a 406; y un año después, a 591. La proporción de pandilleros asesinados con respecto a la de heridos superaba todas las lógicas admisibles en una tasa de letalidad bajo condiciones reales de enfrentamientos armados.

Al uso desmedido de la fuerza policial, las pandillas respondieron convirtiendo a los agentes de la ley y a sus familias en objetivos directos de su violencia: entre 2015 y 2016, las pandillas asesinaron a 110 policías, a 47 soldados y a un número indeterminado de familiares de unos y otros; realizaron atentados, atacaron delegaciones policiales y guarniciones castrenses. Se abrió una cadena de venganzas entre criminales y policías que amenazó con desdibujar la diferencia entre unos y otros, y cuyos efectos colindaban peligrosamente con la palabra guerra.

Las pandillas consiguieron sostener un pulso directo con el Estado. En julio de 2015, volvieron a repetir la humillación de paralizar el transporte público durante casi una semana, mientras el Gobierno se enredaba en su propio desconcierto y evidenciaba su incapacidad de responder al golpe.

En suma, a unas estructuras cuya evolución había estado a cocción rápida, se les agregó un elemento subversivo: la transformación de la dirección de la violencia.

Durante décadas, las pandillas guerrearon entre ellas en más de un país. Su poder convivió con el poder del Estado sin entrar en conflicto directo, cogobernaron comunidades, barrios, municipios, el país entero, sin que el poder y la presencia de uno fuera un obstáculo real para el ejercicio del poder del otro. Las pandillas definían su identidad a través de una guerra con sus pares, que les dotaba de instrumentos para medir la valía y el arrojo de sus miembros, y consolidaba su sentido de pertenencia y lealtad. Pero ahora entendían al Estado como enemigo común, se entendían a sí mismas como adversarias bélicas del Gobierno y de sus agentes.

*Este artículo fue editado para mayor claridad y publicado con el permiso de El Faro. No representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí.