El jefe de un organismo contra la corrupción en Honduras renunció en protesta a lo que describió como la falta de respaldo de la institución matriz de la misión, la Organización de Estados Americanos (OEA). Esta renuncia tiende un manto de incertidumbre sobre el futuro de las iniciativas de lucha contra la corrupción y la impunidad en el país centroamericano.
Juan Jiménez Mayor, jefe de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), anunció su dimisión en una carta abierta compartida el 15 de febrero en Twitter.
La salida de Jiménez se conoció un día después de que el secretario general de la OEA Luis Almagro enviara una carta abierta al presidente hondureño Juan Orlando Hernández, donde criticaba a la MACCIH por no haber “sido capaz” de exhibir resultados suficientes en sus casi dos años de existencia, a pesar del apoyo de la OEA.
En respuesta, el jefe de la MACCIH Jiménez expresó que “lamentaba la falta de comunicación” entre él y Almagro y escribió que aquél no asistió a una reunión planeada con él en una visita realizada el mes pasado a la sede central de la OED, en Washington, DC.
En la carta, Jiménez destaca las inquietudes en materia de seguridad, los recursos limitados y la actitud general de indiferencia de la OEA hacia la MACCIH entre las causales de su renuncia.
Jiménez también señaló los obstáculos interpuestos por el gobierno hondureño. El mes pasado, el congreso aprobó una ley diseñada para interferir con la investigación de la MACCIH sobre un esquema sistemático de desfalco en el que participarían 60 diputados del congreso.
Además, Jiménez destacó el hecho de que la legislación anticorrupción diseñada por la misión no haya avanzado, y que las recientes reformas al código penal hayan terminado suavizando las sentencias por corrupción.
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Almagro aceptó la renuncia de Jiménez en una carta abierta publicada el 16 de febrero. En su respuesta, Almagro escribió que “las razones expuestas [en la carta de Jiménez] adolecen de faltas graves a la verdad”.
Almagro acusó a Jiménez de incumplir la reunión programada el mes pasado y alegó que ya se han hecho avances para resolver varios problemas enumerados, como la designación de policía internacional para reforzar la seguridad del personal.
Almagro también hizo fuertes críticas al liderazgo de Jiménez, al decir que habían enviado a Honduras un investigador de la OEA para investigar “irregularidades administrativas, malas prácticas y mal funcionamiento dentro de la MACCIH”.
También presentaron sus renuncias Julio César Arbizu, abogado peruano y fiscal de la MACCIH, y Daniel Urrutia, juez chileno que se unió recientemente a la MACCIH.
Arbizu insinuó en un tuit que, al igual que Jiménez, su renuncia tiene que ver con la decepción que le produjo la falta de respaldo de la OEA hacia el organismo anticorrupción. Arbizu también fue más allá, cuando insinuó una posible corrupción dentro la misma OEA.
“Cuando emprendes una cruzada anticorrupción y te atacan los corruptos es comprensible. Cuando el que te ataca es quien debe respaldarte, es porque el río trae piedras [los rumores deben ser ciertos]. Y eso, más temprano que tarde, se va a saber. Honduras no merecía esto”, publicó Arbizu.
El presidente hondureño Juan Orlando Hernández comentó en un comunicado que “el gobierno de Honduras reafirma su compromiso con la lucha contra la corrupción y la impunidad y su propósito de continuar fortaleciendo sus operadores de justicia”.
Hernández también señaló que se invitará a los cooperadores internacionales de la MACCIH “a discutir la mejor manera de superar la situación por la cual atraviesa la Misión”.
Ana María Calderón Boy, abogada peruana con experiencia en casos antinarcóticos y anticorrupción, asumirá el cargo de jefa interina de la MACCIH mientras se elige un nuevo comisionado.
Análisis de InSight Crime
Las recientes designaciones de Jiménez y otros delegados de la MACCIH parecen buscar llamar la atención sobre las fallas, a favor de la OEA y el repudio de las élites hondureñas que están poniendo trabas al avance de la MACCIH.
Varios expertos contactados por InSight Crime comentaron que no les sorprendió la decisión de Jiménez, y sus motivos para hacerlo. Desde el inicio, señalaron, se dio a la MACCIH pocas facultades y escasos recursos.
Mike Allison, experto en Centroamérica, de la Universidad de Scranton, señaló a InSight Crime que cuando se creó la MACCIH en 2016, fue probablemente un “acto simbólico para satisfacer a un grupo en el país que estaba exigiendo un organismo internacional como la CICIG”, Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), avalada por las Naciones Unidas.
Pero, al contrario de la CICIG, observó Allison, la MACCIH, con apoyo de la OEA, “no recibió los instrumentos, los recursos ni el respaldo de un organismo con mayor legitimidad, como las Naciones Unidas”.
Según Christine Wade, experta en Centroamérica y profesora de ciencia política en el Washington College, la MACCIH en realidad “se diseñó para ser algo ineficaz” y “nunca tuvo la posibilidad de producir resultados del tipo que pudo producir la CICIG en Guatemala”, por el limitado respaldo de la OEA y la fuerte resistencia de la administración de Hernández.
Eric Olson, director del programa para Latinoamérica del Woodrow Wilson Center, coincidió con ellos al opinar para InSight Crime que “el gobierno hondureño se ha sentido incómodo desde el principio con la MACCIH” y se dirigieron intencionalmente a la OEA porque “pensaron que ellos podrían garantizar un mecanismo sin fuerza”.
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Pese a las debilidades inherentes a la MACCIH, los tres expertos señalaron que bajo la dirección de Jiménez el organismo anticorrupción habían hecho un primer avance importante.
Como InSight Crime informó recientemente, la MACCIH ha comenzado a seguir casos de alto perfil contra un influyente expresidente y diputados corruptos.
Además, hace poco la MACCIH comenzó a ganar el apoyo de la sociedad civil hondureña, que en un inicio había cuestionado la capacidad de la misión para avanzar, dadas sus escasas facultades.
Sin embargo, como lo comentó Olson a InSight Crime, Almagro, el jefe de la OEA, “parece haber dejado en el aire su propia misión” al enviar un “claro mensaje” a Jiménez de que las iniciativas anticorrupción en Honduras no son prioridad para el organismo multilateral.
Los expertos coincidieron en que el futuro de los esfuerzos contra la corrupción en Honduras dependerá de varios factores, entre ellos la selección del sucesor de Jiménez.
El proceso de designación del nuevo comisionado “debe ser abierto, claro y transparente”, señaló Olson, y añadió que “no puede ser una negociación política secreta, a puerta cerrada con el gobierno”.
Pero, aclaró Olson, “sin importar quién sea nombrado, no dejará de haber intentos, por parte de quienes se ha vinculado a actos de corrupción, de socavar, obstruir y hacer más difícil” el proceso de erradicación de la corrupción en Honduras.
Wade hizo notar que las acciones de la sociedad civil también tendrán seguramente un rol determinante, como sucedió cuando Guatemala vivió una situación similar el año pasado.
“Prevemos una fuerza realmente tremenda en Honduras, de la oposición y la sociedad civil, con la esperanza de que puedan crear una movilización suficiente para presionar al gobierno a hacer cambios”, concluyó.