Las críticas a la decisión de un juez de Argentina de desestimar la orden de arresto contra uno de los principales líderes sindicales del país por cargos de corrupción podría estar obligando a algunas de las organizaciones más poderosas del país a redoblar esfuerzos para desmentir las crecientes acusaciones que las tildan de “mafiosas”.

El 12 de octubre, el fiscal Sebastián Scalera emitió una orden de arresto contra Pablo Moyano, líder del sindicato de camioneros de Argentina y vicepresidente del equipo de fútbol Independiente. Moyano estaba acusado de dirigir una organización ilegal que lavaba dinero en cooperación con la barra brava de Independiente.

El fiscal afirma que el grupo lavaba dinero mediante, entre otras cosas, la reventa de boletos y el control de los parqueaderos en los alrededores del estadio. Dice además que se cree que a través de la cuenta del club en Liechtenstein pasaron US$30 millones, según informó Clarín.

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Pero unos días más tarde, el 16 de octubre, el juez Luis Silvio Carzoglio rechazó el pedido de detención y varias solicitudes de allanamiento, aduciendo que no había suficientes pruebas contra Moyano.

El fiscal, quien dijo que apelará la decisión, considera que la batalla se ha perdido, pero no la guerra.

Pablo Moyano afirmó que las acusaciones son parte de una campaña política contra él y su familia.

Pablo Moyano es hijo de Hugo Moyano, uno de los más poderosos dirigentes sindicales de Argentina. Hugo y otros miembros de su familia también están acusados de corrupción, lavado de dinero y evasión de impuestos.

Análisis de InSight Crime

Independientemente de si Pablo Moyano termina tras las rejas, lo cual parece muy poco probable dados los obstáculos políticos, el substancial caso, que es el más reciente de una serie de golpes contra los sindicatos de Argentina, podría obligar a sus líderes a intentar limpiar su imagen.

Pero la pregunta sigue siendo: ¿los sindicatos argentinos operan como mafias? En un contexto político tan polarizado como el de Argentina, la respuesta depende del punto de vista.

Los sindicatos son una de las organizaciones más influyentes en el país suramericano. Parte de su poder reside en el hecho de que cerca de 40 por ciento de la fuerza laboral del país está sindicalizada, según cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Pero quizá lo más importante es que estas organizaciones administran los planes de salud de sus miembros, que es un negocio bastante lucrativo.

Muchas de ellas tienen además fuertes vínculos con políticos, así como con asociaciones y clubes de fútbol, que posibilitan actividades como la reventa de boletos y la compra y venta de jugadores, actividades que a menudo están vinculadas al lavado de dinero.

No hay duda de que, gracias a este poder, los sindicatos han obtenido beneficios muy favorables para los trabajadores argentinos, particularmente dentro del sindicato de camioneros, dirigido por Pablo Moyano.

Los críticos afirman que esta posibilidad de acceder a fondos, personas y deportes como el fútbol les otorga a los sindicatos un poder incuestionable y les permite funcionar como mafias.

Mauricio Macri ganó la presidencia en 2015 gracias en parte a las promesas de luchar contra la corrupción. Y muchas de sus acciones se han enfocado en políticos de las administraciones Kirchner y en los sindicalistas.

Desde ese año, al menos cuatro importantes dirigentes sindicales han sido investigados y encarcelados por cargos de corrupción. Muchos otros están siendo investigados.

Los partidarios de Macri han considerado estos arrestos como victorias, pero sus críticos temen que, más que querer librar al país de la corrupción, la verdadera intención de esta administración sea detener las críticas.

Dado que el desempleo, la pobreza y la inflación anual siguen aumentando en Argentina, el país enfrenta un futuro económico incierto, y los sindicatos son un fuerte pilar contra la reforma económica propuesta por Macri.

Además, los juicios de los casos de corrupción suelen ser lentos en Argentina. El sindicato de camioneros es particularmente fuerte en este extenso país, donde las rutas nacionales son esenciales para el transporte de la mayor parte de las mercancías, de modo que la probabilidad de que Pablo Moyano vaya a las cortes es remota.