El narcotraficante más buscado de Colombia y jefe de los poderosos Gaitanistas ha ofrecido entregarse él y a su organización a las autoridades pocos días después de que su segundo fuera abatido por las fuerzas de seguridad. Sin embargo, es poco probable que el grupo criminal, disperso y descentralizado, pueda congregar a sus bases para que dejen sus actividades de narcotráfico a cambio de una celda en prisión.
Haciendo referencia a Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, el presidente colombiano Juan Manuel Santos anunció el 5 de septiembre que el gobierno había recibido “del jefe del Clan del Golfo [Los Gaitanistas] una manifestación expresa de la voluntad de acogerse, de someterse a la justicia, él con todos sus hombres”.
El presidente hizo énfasis en que se trata de una entrega “no de una negociación política, [para la cual] no hay ninguna posibilidad”.
Pero aclaró que cabe la posibilidad de indulgencia si la organización colaboraba con las autoridades.
“Si se someten a la justicia, la ley prevé que pueden tener algunos beneficios, dependiendo de […] qué es lo que entregan”, agregó el mandatario.
Los Gaitanistas, también conocidos como Clan del Golfo, Urabeños y Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), como se hacen llamar, son la mayor amenaza del crimen organizado en Colombia. Aunque llevan por lo menos dos años proponiendo al gobierno entrar en negociaciones sin resultado, es la primera vez que ofrecen entregarse a las autoridades sin un diálogo político, según fuentes de la Fiscalía General consultadas por InSight Crime.
El día de la declaración de Santos, circuló en línea un video al parecer de Úsuga, en el que parecía confirmar su deseo de entregarse.
(Grabación en video del comandante en jefe de las AGC Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, agosto de 2017. Cortesía de El Colombiano)
“En repetidas ocasiones hemos expresado nuestra intención de alcanzar una salida digna y voluntaria para todos nuestros combatientes, acogiéndonos a la justicia colombiana con garantías que conlleven a la reconciliación nacional”, afirma Otoniel en el video, que, en sus palabras, data de agosto de 2017.
“Una vez estén dadas las condiciones, estamos dispuestos a suspender todas las actividades ilegales de la organización”, añadió Otoniel. También afirma que el Estado Mayor es “tan unido como siempre” y respeta el proceso de paz que adelanta el gobierno colombiano, que logró recientemente la desmovilización de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El jefe de las AGC cierra su mensaje pidiendo el apoyo del papa Francisco, quien viajó esta semana a Colombia y ha apoyado el proceso de paz entre las FARC y el gobierno.
La noticia se conoce pocos días después de que las fuerzas de seguridad asesinaran al segundo al mando de las AGC Roberto Vargas Gutiérrez, alias “Gavilán”, como parte de la “Operación Agamenón” —persecución que lleva la policía hace dos años con el fin de derrocar a los jefes de las AGC. En estos dos años, las autoridades han capturado a más de 1.500 presuntos miembros y decomisado 100 toneladas de cocaína y más de US$170 millones en activos de la organización, según el presidente Santos.
El ministro de Justicia Enrique Gil Botero y el fiscal general Néstor Humberto Martínez evaluarán la propuesta de las AGC y el paso siguiente en el proceso.
(Carteles de los delincuentes más buscados por la policía de Colombia, que representan a los mandos de las AGC. Varios de ellos fueron capturados en los últimos meses)
Análisis de InSight Crime
Esta bandera blanca parece ser la primera de la jefatura de las AGC. El momento puede no ser coincidencia. A pesar de llevar años huyendo de la justicia, el alto mando no había sufrido un golpe directo hasta la muerte de Gavilán, el 31 de agosto. Sin embargo, lejos está la organización criminal más poderosa de Colombia de dejar la esfera criminal para siempre.
A medida que el bloque de búsqueda más grande de la historia colombiana estrecha el cerco alrededor de Otoniel y otros lugartenientes claves, una salida rápida puede ser la mejor opción de los mandos. Además, Otoniel fue guerrillero y por consiguiente es probable que entienda cómo posicionarse en el campo de batalla y en el campo político. Pero no es muy probable que las células de las AGC, que manejan lucrativas actividades criminales en todo el territorio colombiano, compartan su deseo de entregarse. Las AGC operan más como franquicia que como organización criminal jerárquica, lo que significa que muchos —si no la mayoría— de quienes usan el nombre del poderoso grupo operan de manera semiindependiente y no responden directamente al alto mando.
Un fiscal que trabaja para la Fiscalía General comentó a InSight Crime que según estimativos no oficiales, las AGC pueden tener alrededor de 3.500 miembros (otros cálculos oficiales son mucho menores). La fuente cree que la tasa de deserción ante cualquier eventual rendición sería aún mayor que la de las FARC, la cual ha motivado la aparición de numerosos grupos disidentes, a pesar de tener una línea de mando más vertical que la de la agrupación de Otoniel.
Actualmente, las AGC ejercen estricto control sobre vastas economías ilícitas, desde el tráfico de cocaína hasta la minería aurífera ilegal. Y pese a las divisiones internas, han estado ampliando su control en territorios estratégicos, incluyendo los que quedaron vacantes con la desmovilización de los insurgentes de las FARC. Sería difícil que las AGC renunciaran a todo esto, e incluso que renunciaran a usar un nombre que despierta temor y sumisión en las comunidades bajo su influencia, así como entre rivales que pueden buscar usurpar su poder.
Más aún, los beneficios judiciales no son tan atractivos, como lo serían si las AGC hubieran logrado hacerse a un lugar en la mesa de negociaciones, como grupo político alzado en armas. El gobierno colombiano ha rechazado de manera categórica sus intentos continuados de mostrarse como movimiento político modelado a la manera de sus predecesores paramilitares en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Según la Fiscalía General, el alto mando había buscado sentencias reducidas, comparables a las que se otorgaron a las AUC —un máximo de ocho años— y una amnistía general para los soldados rasos.
Pero lo máximo que al parecer podrán lograr es una reducción del 50 por ciento de sus sentencias, que en el caso de Otoniel puede llegar hasta a 60 años. Para esto, los excombatientes tendrían que revelar todo sobre sus actividades delictivas y las de la organización, y entregar todos sus bienes.
Incluso, actualmente Colombia no tiene un marco legal para la rendición en masa de una organización criminal, lo que implica que cada miembro tendría que entregarse individualmente —aunque en forma colectiva— y sería procesado de manera individual, explicó el fiscal.
El prospecto de un proceso tan laborioso, incompleto e incierto parece desalentador, pero hay un precedente. En 2011, una organización narcotraficante conformada por paramilitares desmovilizados de las AUC, el Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista Colombiano (ERPAC), se entregó a las autoridades de manera inesperada. Pero en lugar de desmantelar la organización, en el proceso una gran cantidad de combatientes decidieron no participar y crearon aún más grupos criminales en alianza con actores armados más grandes. El caso del ERPAC también ilustró las dificultades de llevar procesos penales contra esas personas que se entregaron.
Pese a los inevitables obstáculos, si la actual administración puede lograr la entrega del alto mando de las AGC, el presidente Santos tendría más capital político al aproximarse al fin de su mandato. El desmantelamiento de organizaciones como la de las AGC es una promesa clave del gobierno para las negociaciones con las FARC, y hasta el momento no ha cumplido muy bien su parte del acuerdo de paz. Este acontecimiento podría inspirar más confianza en los múltiples procesos de paz en el país, incluyendo las negociaciones continuadas con el que es hoy por hoy el mayor grupo guerrillero del país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Ambas partes acordaron iniciar un cese al fuego el 4 de septiembre.
No cabe duda de que esto también puede aumentar las posibilidades de que la elección presidencial del próximo año se la lleve un candidato favorable a la paz y que se mantenga la ruta fijada por los acuerdos. Por otra parte, cualquier fragmentación resultante de las AGC puede conducir rápidamente a una escalada del conflicto armado en Colombia, lo que puede tener consecuencias negativas para Santos y poner en mayor riesgo a las comunidades más vulnerables de Colombia.