Justo antes de la hora pico el 23 de agosto, la policía distrital de Bogotá y un escuadrón antimotines ESMAD llegaron por las bandas del Cartuchito, una zona con un fuerte mercado de drogas ilícitas y consumo no penalizado de basuco, derivado de la cocaína parecido al crack. Cubiertos con uniformes antidisturbios y armados con bastones y gases lacrimógenos, los policías fueron enviados a “reclamar” el lugar “para los ciudadanos”, según un tuit posterior de la Secretaría de Seguridad de la ciudad, pero eso era lo que querían mostrar.
En la práctica, la policía lo que hizo fue desalojar no solo a las bandas de narcos, sino también a personas que no habían cometido ningún ilícito, a saber, los habitantes de calle, los consumidores de basuco y los recogedores de basura. Estas actividades, aunque mal vistas en sociedad, no son delitos en Colombia, como tampoco lo es la posesión de estupefacientes para consumo personal.
Tras desalojar a la fuerza a todos los habitantes del Cartuchito, la policía dio a los residentes un brazalete plástico de abrochar a presión para autorizar su regreso al vecindario.
*Este artículo fue publicado originalmente por The Conversation. Se ha editado para garantizar la claridad y se reproduce con autorización. Este no refleja necesariamente la postura de InSight Crime. Consulte el original aquí.
La redada fue tan solo la más reciente de varios operativos agresivos para “limpiar” Bogotá. El año anterior hubo 15 operativos de ese tipo en tres “ollas”, o mercados abiertos de droga, según la Secretaría de Seguridad de la ciudad. El alcalde Enrique Peñalosa, quien se posesionó en 2016, insiste en que estas medidas de fuerza son una necesidad de seguridad pública, porque las ollas de Bogotá se han convertido en “centros de operación del crimen organizado”, donde se somete a los niños a una “explotación sexual masiva”.
Los alrededores de Corabastos son nuevamente de los ciudadanos.
Recuperamos:
✔️La seguridad
✔️El espacio público
✔️La salubridad pic.twitter.com/kVvrMaSCBQ— Sec. Seguridad BOG (@SeguridadBOG) August 24, 2017
Es cierto que Bogotá tiene en lugares como el Cartuchito un problema de seguridad real, pues allí las tasas de homicidio son demencialmente elevadas. Junto con otros investigadores, llevo años hablando con habitantes de las ollas sobre cómo podría la ciudad mantener más seguros a sus habitantes, incluyendo los niños de la calle. Pero tengo claro que una estrategia de desplazamiento violento seguido de inversiones y gentrificación no es la respuesta.
El destape de la “Olla”
La redada del Cartuchito fue suave en comparación con la que la administración de Peñalosa desató en 2016 en el sector llamado el Bronx. En mayo de 2016, escuadrones del ESMAD asaltaron las calles del centro de la ciudad en medio de la noche, acompañados de servicios de protección infantil y otros organismos de la ciudad.
Provocando, muchas veces con violencia, a los habitantes de calle que dormían allí, la policía reunió como mínimo a 2.000 personas (los cálculos varían bastante) y las arrearon hasta camiones que tomaron rumbo desconocido.
Quienes se negaban a ir fueron expulsados gradualmente del lugar: primero a una plaza; luego a las ollas vecinas; y eventualmente a una canalización en la calle Sexta, donde la policía mantuvo a cientos de personas durante semanas. En las noches, me contaron exiliados del Bronx, los agentes acordonaban el lugar para evitar que salieran de allí. Cada tercera noche, según los testimonios, la policía obligaba a este grupo a moverse hacia arriba o debajo de la canalización, al parecer en forma arbitraria. Pasé una noche en la canalización y pude ver por mí misma la estrategia de retención y privación del sueño.
Durante una gran tempestad, el agua arrastró a muchos de esos ciudadanos habitantes de calle; uno de ellos fue hallado muerto más tarde.
Dos organizaciones locales de derechos humanos, el CPAT (Centro de Pensamiento y Acción para la Transición) y PARCES (Pares en Acción-Reacción contra la Exclusión Social), cuyo informe conjunto de mayo de 2017 detalla el trato brutal dado a los habitantes del Bronx, interpusieron una denuncia contra la administración de Peñalosa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso aún no se resuelve.
(Olla de Bogotá hecha ruinas luego de una incursión de la policía)
Justo antes de la incursión en el Bronx, en mayo de 2016, la ciudad también había despejado el barrio de invasión la Carrilera, quemando y echando abajo las viviendas de cartón y desmontando las casuchas. “¿Qué están haciendo? ¡El gobierno atropelló a los pobres, a los que habitantes de calle!”, exclamó una testigo en una entrevista con el diario El Espectador. “No hay alternativas, la alternativa sería que nos dieran dónde ubicarnos, adónde tener para vivir, un lugar”.
La consigna de Peñalosa es “Bogotá, mejor para todos”. Pero todos estos operativos hacen que muchos se pregunten: ¿De verdad Bogotá es para todos?
El derecho a la ciudad
El debate sobre quién hace parte de las ciudades es de larga data. Como escribiera la geógrafa feminista Melissa Wright, las urbanitas de élite muchas veces consideran que el progreso equivale a la desaparición de ciertos grupos sociales que, a sus ojos, degradan el espacio público.
En los años noventa, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Rudolph Giuliani, atacó los “delitos contra la calidad de vida“, como la prostitución. Más recientemente, el alcalde recién posesionado en São Paulo, Brasil, João Doria, arrasó un importante mercado de crack y campamento para indigentes en el centro de la ciudad.
Esas iniciativas, que en ocasiones se llaman policía de “ventanas rotas“, reflejan la creencia de que para mejorar la seguridad y para el progreso urbano, ciertos “indeseables” y delitos de poca monta deben desaparecer.
En Brasil, la constitución reconoce el derecho de los ciudadanos a la ciudad, por lo que varios organismos han cuestionado la legalidad de los operativos de Doria. Los colombianos no tienen ese derecho constitucional, y los datos que miden la población que habita la calle en Bogotá están desactualizados e incompletos (hay un censo de habitantes de calle programado para iniciarse en octubre de 2017).
Quienes viven en las calles de la capital sufren normalmente el hostigamiento y la agresión de la policía. Los operativos del Cartuchito y el Bronx sacaron de las ollas a habitantes en la indigencia y a trabajadores sexuales, donde la mayor parte de los habitantes de Bogotá nunca los veían, y los dispersaron (al igual que a los criminales que operaban en esas ollas) por toda esta ciudad de ocho millones de habitantes. Muchos no recibieron bien a los nuevos vecinos, la mayoría de quienes son consumidores activos de estupefacientes. Los residentes de la comunidad presentaron demandas, y hubo denuncias de alimentos “donados” que estaban envenenados.
Pero urbanistas y analistas reconocen desde hace mucho el derecho de todo ciudadano a ocupar el espacio público. En un artículo seminal de 2008, aparecido en la revista The New Left, el geógrafo David Harvey escribió que este es “uno de nuestros derechos humanos más preciosos y sin embargo más desatendidos”. El derecho a la ciudad también fue el tema de la conferencia Habitat III de las Naciones Unidas el año pasado, que se centró en desarrollar una “nueva agenda urbana” para el mundo.
No hay una solución pronta para la desigualdad urbana, pero existen manera de fomentar el progreso en las ciudades respetando al mismo tiempo los derechos de los más marginados. Los programas que ofrecen servicios sociales, atención médica, vivienda y empleo pueden ayudar a transformar las vidas de los consumidores de droga. Entretanto, servicios de mitigación de daños, como el intercambio de agujas y la educación de pares pueden reducir las conductas de riesgo.
En un informe sobre el Bronx, divulgado el 27 de septiembre, por el Centro para el Estudio de Drogas y Seguridad de la Universidad de los Andes, los investigadores consideran que las opciones de tratamiento subsidiadas por el gobierno serían viables legalmente en Colombia y recomiendan explorar estrategias piloto de salud adaptadas a las necesidades de los consumidores de basuco de Bogotá. Esos esfuerzos estaban empezando a implementarse en anteriores administraciones del distrito, y de 2012 a 2016 la ciudad operó centros de salud móviles para consumidores en el Bronx, pero Peñalosa eliminó en forma progresiva esos proyectos.
Todos los desalojados del Cartuchito, el Bronx, y otras zonas “reclamadas” tienen un denominador común: todos están conectados por la calle, lo que quiere decir que sus actividades diarias se sitúan principalmente en el ámbito público. Al negar a estas personas el derecho a la ciudad, los representantes de gobierno de Bogotá están básicamente negándoles su derecho a existir.
**Este artículo fue publicado originalmente por The Conversation. Fue editado para su claridad y se reproduce con autorización. No refleja necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí.