Las autoridades de El Salvador capturaron a dos alcaldes y a más de una docena de sospechosos por la adjudicación de contratos a cambio de sobornos personales, un caso emblemático de cómo operan las redes de corrupción en toda Latinoamérica.
En la mañana del 25 de abril, agentes de la policía nacional detuvieron a Hugo Balmore Juárez Sánchez, alcalde de Monte San Juan en el Departamento de Cuscatlán, y a José Rodolfo Antonio Hernández Quijad, alcalde de El Congo en el Departamento de Santa Ana, informó La Prensa Gráfica. Las autoridades también emitieron órdenes de arresto contra los exalcaldes de ambos municipios, así como contra la exalcaldesa de una tercera ciudad, San Rafael Cedros. En total, 17 sospechosos han sido detenidos hasta ahora.
La exalcaldesa de San Rafael Cedros, Dina Concepción Arévalo Chicas, supuestamente le había otorgado contratos por unos US$700.000 a un negocio local a cambio de unos sobornos que llegaron a un valor aproximado de entre UIS$5.000 y $50.000. Los fiscales dicen que el negociante que ofreció los sobornos, Aldryng Gabriel Espinal Fuentes, es un intermediario de Los Perrones, una poderosa organización criminal que trafica drogas y otros bienes de contrabando en Guatemala a nombre de grandes grupos del crimen organizado.
En El Congo, Edwin Enrique Parada Quezada, quien fue alcalde entre 2012 y 2015, encargó 12 proyectos de obras públicas para varias empresas de construcción, entre las que se encuentra por lo menos una dirigida por Hernández Quijad. Los contratos tuvieron un valor de más de US$375.000, pero los proyectos nunca se completaron; Parada Quezada supuestamente se quedaba con el 90 por ciento de los fondos destinados a fines específicos, mientras que el 10 por ciento era para los empresarios. (Vea el diagrama abajo)
Análisis de InSight Crime
Este caso contiene elementos de varios aspectos recurrentes que se han observado en las redes de corrupción latinoamericanas. Como en el caso actual, los funcionarios del gobierno son propensos a utilizar proyectos de obras públicas para desviar millones de dólares de las arcas estatales.
El mayor ejemplo de esto está ocurriendo en Brasil, donde las investigaciones sobre un esquema de devolución de miles de millones de dólares en la estatal petrolera Petrobras ya han implicado a numerosas élites políticas y económicas y podrían costarle su puesto a la presidenta Dilma Rousseff. Los casos similares en otros países de la región son abundantes; de hecho, este tipo de esquema se institucionalizó de tal manera en Guatemala, que hay quienes dicen que el país se convirtió esencialmente en un Estado mafioso. El presidente Otto Pérez Molina renunció a su cargo en septiembre de 2015, debido a acusaciones de soborno, y fue detenido al día siguiente. Queda aún por verse si esta corrupción sistemática en los niveles más altos del gobierno continuará como lo estaba haciendo antes del gran escándalo que llevó a que el expresidente de Guatemala y su vicepresidenta terminaran en la cárcel.
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El caso salvadoreño llama la atención sobre la creciente importancia de los alcaldes en los esquemas de corrupción local. La descentralización del poder en los países de Latinoamérica les ha dado a los alcaldes más autoridad sobre los presupuestos locales y las fuerzas de seguridad, permitiendo que los funcionarios corruptos desde México hasta Colombia —y en muchos otros lugares en el intermedio— hayan podido construir lo que parecen minifeudos criminales.
La ampliación de estos poderes también está haciendo que los alcaldes sean un objetivo especial de las organizaciones criminales, y aquellos que se rehúsen a someterse a los grupos armados suelen ser objeto de sus ataques. En México, por ejemplo, unos 70 alcaldes han sido asesinados supuestamente por grupos criminales en la última década. Gisela Mota todavía estaba en su cama después de haber celebrado su elección en la noche del 1 de enero de 2016, en la ciudad de Temixco, al sur de Ciudad de México, cuando hombres armados la sacaron a la fuerza hasta el patio de su casa y le propinaron disparos que acabaron con su vida.