Por lo menos 86 activistas ambientales han sido asesinados en México desde 2012, como lo señala un reciente informe. Uno de los hechos más alarmantes es que un tercio de los asesinatos están vinculados a la oposición a proyectos de infraestructura energética.

Según un informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), entre 2012 y 2019 se cometieron cerca de 500 ataques contra ambientalistas. El informe señala que 141 de los ataques estuvieron relacionados con protestas contra proyectos de generación eléctrica, seguidos de la minería, con 71 casos.

Aunque los ataques ocurrieron en todo el país, el estado de Oaxaca fue el más afectado, con 85 episodios de violencia contra defensores del medio ambiente.

El reporte no da demasiadas luces sobre los autores de los ataques. CEMDA asegura que, en 2019, funcionarios locales, policías y guardias nacionales fueron responsables de poco más del 40 por ciento de los ataques, pero da poco detalles sobre cómo ocurrieron los ataques. En otro 40 por ciento de los casos, no se denunció al agresor, un hecho que no es sorpresa en un país donde casi un 90 por ciento de los homicidios quedan sin resolver.

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El número de ataques denunciados ha ido en descenso: desde un pico de 107 en 2015 hasta 53 en 2017, 49 en 2018 y 39 en 2019. Los homicidios, sin embargo, han aumentado. En 2019 fueron asesinados 15 activistas, muy por encima del promedio de 10 en los siete años anteriores.

Uno de los casos más sonados ocurrió en febrero de 2019, cuando murió abaleado Samir Flores, activista que se oponía al Proyecto Integral Morelos (PIM), megaproyecto para los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala que incluye un acueducto, un gasoducto y una planta termoeléctrica. Flores se había opuesto al proyecto desde 2011, pero había hecho su protesta más intensa en los meses previos a su muerte. Más de un año después, su caso permanece impune.

2020 ya ha tenido su cuota de violencia. Dos activistas defensores de las mariposas monarca fueron asesinados en enero y marzo de este año; uno de ellos es Isaac Herrera, ambientalista del Parque Nacional Los Venados, Morelos, quien fue ultimado en su propia casa.

Análisis de InSight Crime

El informe del CEMDA es un señalamiento irrecusable de la presunta violación a los derechos humanos por parte de las autoridades mexicanas cuando se enfrentan a quienes se oponen a proyectos energéticos, mineros y madereros, entre otros.

En términos de los sectores implicados, México ha acelerado su tasa de desarrollo de proyectos energéticos desde su histórica reforma energética de 2013. Y esta situación va rumbo a acelerarse en 2020, lo que planteará un sinnúmero de potenciales choques entre autoridades, empresas privadas y ambientalistas.

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En febrero de 2019, días antes del asesinato de Flores, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra opositores al PIM; los llamó “radicales de izquierda”.

La conexión entre los ataques y la tala ilegal de madera: de representar menos del 3 por ciento de los hechos de violencia perpetrados entre 2012 y 2018, ese sector pasó a ser el segundo causante de esos ataques en 2019. Miembros de la comunidad local en el estado de Chihuahua relataron a InSight Crime en enero de 2019 que grupos narcotraficantes habían entrado al sector de la tala ilegal, y que oponerse a los taladores que sirven a los intereses de grupos criminales equivalía muchas veces a firmar una sentencia de muerte.