Las autoridades de Brasil han lanzado una operación nacional contra la piratería digital, en conjunto con organismos policiales de Estados Unidos y Reino Unido, lo que constituye el intento más reciente del país para hacer frente a esta nueva economía ilegal extendida, muy rentable y en expansión en toda América Latina.
El 5 de noviembre, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil lanzó la segunda fase de la Operación 404, llevando a cabo 25 órdenes de búsqueda y captura en 10 estados, lo que permitió el bloqueo de 65 aplicaciones ilegales de emisión de contenido en línea (streaming) y 252 sitios web brasileños, así como 27 sitios web británicos y 3 estadounidenses, según un comunicado de prensa del Ministerio.
Durante la operación se confiscaron autos de lujo, armas de fuego, dinero en efectivo y tarjetas de crédito, así como documentos bancarios que demuestran que una persona acumulaba ganancias anuales de 17 millones de dólares (94,5 millones de reales). Los sospechosos obtenían ingresos captando señales para retransmitir de manera ilegal películas, series y programas de televisión para sus suscriptores, a la vez que transmitían anuncios comerciales en sus sitios piratas.
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El ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, André Mendonça, declaró en Twitter que los lucrativos beneficios demuestran que la piratería digital es “no solo un delito de derechos de autor, sino además de lavado de dinero y posiblemente de organización criminal”; por su parte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos fue aún más lejos en su comunicado de prensa, citando palabras de un alto funcionario que afirma que “la transmisión en línea [streaming] ilegal […] sostiene una empresa criminal cuyos beneficios apoyan el trabajo del crimen organizado”.
La segunda fase de la Operación 404 se basa en los logros de su primera fase en noviembre de 2019, cuando se realizaron 30 órdenes de registro y decomiso en 12 estados, lo que permitió la suspensión de 100 aplicaciones ilegales de transmisión de contenido y 210 sitios web, según un comunicado de prensa.
Dicha operación se llevó a cabo 6 meses después de que el informe de 2019 del Representante Comercial de Estados Unidos incluyera a Brasil en su “Lista de vigilancia” por “inquietudes que han existido por largo tiempo acerca de las actividades de control de la propiedad intelectual (P.I.) en Brasil”, una lista en la que el país ha permanecido, según el informe de 2020, debido a que “los niveles de falsificación y piratería en Brasil, incluida la piratería en línea y el uso de programas de computación (software) sin licencia, siguen siendo excesivamente elevados”.
Análisis de InSight Crime
La piratería digital se está convirtiendo en una prioridad cada vez mayor para los organismos de seguridad brasileños, que han tratado de elevar el perfil criminal de esta industria ilegal menor, vinculándola al crimen organizado. Sin embargo, la evidencia de tales vínculos sigue siendo mínima, en particular en el caso del streaming en medios digitales.
Americas Quarterly informó en 2019 que los ingresos fiscales que Brasil perdió a causa de la piratería de la televisión por cable ascendieron a los US$1.200 millones en 2017, y que los casi 2 millones de “cajas negras” de transmisión ilegal del país, esenciales para ver contenido sin licencia, eran principalmente de fabricación china, configurados para un “fácil pirateo”; estas son además exportadas a Paraguay, desde donde se contrabandean por toda América Latina a través de rutas de contrabando bien establecidas.
Brasil ha sido por mucho tiempo un centro del pirateo de discos de DVD y CD, hasta hace poco ofrecidos por vendedores informales en mercados al aire libre, pero esta es en general una economía gris conformada por gente del común que intenta ganarse la vida. Según Alexander Dent, presidente del Departamento de Antropología de la Universidad George Washington y autor de un libro de publicación reciente sobre piratería digital en Brasil, la criminalización de dicho mercado por la represión policial a finales de la década de 2000 fue lo que llamó la atención del crimen organizado en torno a la falsificación digital.
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En São Paulo, el Primer Comando Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC) comenzó a cobrar impuestos de protección a los vendedores, amenazando a aquellos que no pagaran. En 2008, un artículo en el principal diario de la ciudad señalaba que el PCC había complementado sus actividades de microtráfico con la piratería de DVD y CD; sin embargo, es probable que el paso de la piratería de unidades físicas a los servicios de transmisión en línea de manera ilegal haya terminado con esa práctica.
Recientemente han surgido informes de que algunas de las milicias de Brasil están involucradas tanto en la instalación pirata de televisión por cable, como en la extorsión a las redes de internet, pero es probable que su papel sea pequeño y muy localizado. Las personas detenidas durante la Operación 404 son en general individuos con habilidades digitales, y no tanto así miembros de células del crimen organizado.
Además, dada la baja barrera de entrada, los bajos riesgos y los altos beneficios de la retransmisión ilegal de contenidos de entretenimiento, Dent considera que es poco probable que la represión de los organismos de seguridad sea efectiva, mientras que la represión contra los vendedores informales que venden DVD pirateados es “costosa, ha criminalizado un mercado que en su momento fue rentable y ha afectado la vida de muchas personas”.