Un tribunal hondureño exoneró a 22 de 26 implicados en una red de corrupción formada por funcionarios, políticos y organizaciones no gubernamentales que desvió al menos US$12 millones de fondos estatales a cuentas privadas y campañas políticas. La decisión es un golpe letal a la ya moribunda lucha anticorrupción en Honduras.
El 4 de agosto, un tribunal especial de apelaciones en Tegucigalpa dictó sobreseimiento definitivo (exoneración) a la mayoría de imputados en el caso, al que se conoce como Pandora, según informó el órgano judicial hondureño. El Ministerio Público (MP) adelantó que apelará la decisión.
Sobre la decisión judicial, que el MP consideró “generadora de impunidad”, el fiscal general Óscar Chinchilla aseguró en su cuenta de Twitter que es “inaceptable”.
La investigación del caso Pandora empezó en 2016, tras una auditoría que hizo el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) a raíz de una denuncia sobre el posible desvío ilegal de fondos de la Secretaría de Agricultura (SAG) del gobierno a entidades privadas.
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A partir de ahí, el MP, con la ayuda de la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), condujo una investigación masiva que, en principio, halló el desvío de 282 millones de lempiras (US$11.7 millones) entre 2012 y 2013 a cuentas de organismos no gubernamentales y organizaciones fantasma relacionadas con diputados y líderes políticos.
Parte del dinero, que provenía de un fondo de la SAG supuestamente destinado a fondear proyectos de desarrollo agrícola, sirvió para financiar las campañas electorales de los dos principales partidos políticos de Honduras, el Liberal y el Nacional, este último el que llevó a la presidencia a Juan Orlando Hernández en 2013.
Entre los acusados sobreseidos hay cinco diputados, un exalcalde, un exgobernador, además del exesposo de la hermana del presidente, ya fallecida.
Análisis de InSight Crime
La inminente muerte judicial del caso Pandora parece ser el último clavo en el ataúd de la lucha anticorrupción en Honduras, que empezó a desvanecerse con la salida de MACCIH del país en enero de este año.
Al irse MACCIH, la fiscalía especial del MP que trabajó el caso Pandora, hoy conocida como Unidad Fiscal Especializada contra la Corrupción (UFERCO), se quedó sola con las investigaciones complejas que tocaban intereses políticos. Desde que MACCIH se fue, según comentó a InSight Crime un funcionario adscrito a esa unidad, UFERCO sufrió recortes de personal y presupuesto.
En su cruzada por disminuir a las instituciones que, como UFERCO, habían logrado algún nivel de independencia, las élites políticas hondureñas recurrieron, entre otras cosas, a reformas legales y a la complicidad del Poder Judicial para bloquear investigaciones o para reducir sentencias en casos de corrupción y narcotráfico.
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El caso Pandora se había enfrentado a múltiples resistencias antes del fallo reciente. Incluso estuvo congelado durante varios meses luego de que una reforma al tribunal de cuentas imposibilitó al Ministerio Público continuar el caso penal mientras no se agotó una investigación administrativa.
Un fiscal que conoce de cerca el expediente Pandora dijo a InSight Crime en 2019 que las reformas al TSC estaban pensadas para “matar” investigaciones de corrupción de gran calado.
En un principio, el presidente Hernández mostró su apoyo público a las investigaciones del caso Pandora, pero eso no duró mucho.
Las investigaciones de Pandora determinaron que la campaña presidencial de Hernández en 2013 había sido financiada en parte con los fondos desviados ilegalmente. Hilda Hernández, hermana del entonces candidato, fue una de las arquitectos de ese desvío, según una investigación de Univisión. Un fiscal hondureño que participó en Pandora, y quien habló con InSight Crime desde el anonimato por razones de seguridad, confirmó las sospechas sobre Hilda, quien falleció en 2017 sin haber sido imputada.
El caso Pandora fue considerado, hasta la resolución del 4 de agosto, uno de los mayores logros del MP hondureño, que por primera vez en la historia reciente llevaba una investigación por corrupción que implicaba a políticos influyentes, incluidos algunos del círculo cercano al presidente Hernández.