Los ladrones de combustible en México se diversifican una vez más y ahora eluden las fuerzas de seguridad con una operación subterránea: entierran mangueras para transportar el producto robado; una muestra más de las dificultades que aún enfrenta el gobierno para detener esta industria ilícita.
Hace unas semanas, las fuerzas de seguridad mexicanas identificaron al menos cinco mangueras enterradas en los estados de Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León y Puebla, como informó Milenio el 30 de junio.
Los túneles construidos para el paso de las mangueras no son muy profundos por lo general, pero sí están lo suficientemente enterrados para eludir las fuerzas de seguridad que patrullan a pie y en pequeñas avionetas, las cuales en parte se apoyan en la detección del fuerte olor de los hidrocarburos.
[Gráfico cortesía de Milenio]
Luego de succionar el huachicol por medio de mangueras subterráneas, este se extrae en diferentes puntos hasta a 180 metros de distancia, que fue la longitud de una de las mangueras desenterradas por las autoridades, según EFE. Los barones del huachicol dependen fuertemente del conocimiento técnico que les brindan funcionarios corruptos de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y de los gobiernos locales para ordeñar los oleoductos.
En un caso, las autoridades descubrieron un “sistema paralelo” para el robo de combustible a solo dos kilómetros de una de las instalaciones de Pemex en Hidalgo, según Milenio. Los ladrones de combustible, conocidos localmente como “huachicoleros”, aprovecharon la infraestructura dejada por la firma energética norteamericana TransCanada, que abandonó sus operaciones en el centro de México en 2018, alegando “conflictos sociales”.
Análisis de InSight Crime
Son muchos los problemas de seguridad que México enfrenta, desde la escalada de violencia, en gran parte atribuida a los grupos del crimen organizado del país, hasta el asedio de las fuerzas de seguridad incapaces de detener la carnicería. Para completar, los huachicoleros han sido una constante piedra en el zapato para el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Antes de su posesión, los huachicoleros estaban fuera de control en México. De hecho, Pemex registró niveles récord de robo de combustible en 2017, cuando los 9.509 casos hizo añicos el récord de 6.873 episodios del año anterior.
Los grupos criminales han protagonizado una competencia feroz por el control de la industria ilícita, mientras que las autoridades se han empeñado en combatirlos. Aunque el Cartel de Santa Rosa de Lima, cuyo cuartel general es el central estado de Guanajuato, se había hecho al control casi total del negocio, otros comenzaron a disputarlo. Un choque especialmente sangriento, que se extendió por cinco días en octubre de 2018, por ejemplo, dejó más de 50 muertos como saldo de los enfrentamientos con el poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el control.
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La violencia llevó incluso a Pemex a adiestrar y armar a su personal de seguridad para evitar ataques y perforación ilegal.
En los últimos meses, el Cartel de Santa Rosa de Lima, liderado por José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, se ha visto debilitado, lo que acabó con su control sobre las operaciones de huachicoleo en Guanajuato y otros estados vecinos claves, como Querétaro e Hidalgo.
Algunos expertos en seguridad atribuyen la casi desaparición del grupo de El Marro a la intensificación de los esfuerzos del gobierno por atacar directamente las fuentes de ingresos importantes y combatir el negocio de combustible ilícito o huachicol. Pemex registró una caída del 91 por ciento de robo de combustible al cierre de 2019, lo que le reportó a la empresa ahorros de millones de dólares en ingresos, según los datos presentados por el presidente López Obrador a comienzos de este año.
Dicho esto, el presidente mexicano aún no puede cantar victoria sobre el problema del huachicol pese a esos avances. La reciente diversificación de esas operaciones sugiere que, pese a los importantes progresos, aún no se ha puesto coto al huachicoleo.