Bolivia, uno de los países más pobres de América Latina, es el tercer mayor productor mundial de coca después de Colombia y Perú, y un importante punto de tránsito de drogas. Además de ser usado como puente aéreo para la cocaína peruana, en Bolivia se asientan organizaciones criminales extranjeras, particularmente grupos brasileños.
En el país ha habido históricamente agitación política y, tras 14 años de relativa estabilidad durante la presidencia de Evo Morales, en 2019 cayó en una incertidumbre política cuyas repercusiones aún se sienten. Las políticas con respecto a la coca, comparativamente progresistas, han llevado al país a constantes desacuerdos con Estados Unidos en cuanto a la estrategia antinarcóticos.
Geografía
Junto con su vecino Paraguay, Bolivia es uno de los dos países suramericanos que no tienen costas; cuenta con 6.000 kilómetros de fronteras, que comparte con Perú, Chile, Argentina y Brasil. Dado que los Andes se extienden por el sur y el oeste del país, gran parte de Bolivia está demarcada por un accidentado territorio, y cuatro de las cinco ciudades más grandes del país se encuentran por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar.
Brasil y Argentina, vecinos de Bolivia, tienen los dos mercados de drogas internos más grandes de la región, mientras que Perú y Paraguay son, respectivamente, el segundo mayor productor de coca y el primer productor de marihuana en Suramérica, lo que convierte a Bolivia en un corredor clave para el tráfico de drogas.
Las avionetas y helicópteros son el principal modo de transporte de la cocaína y la marihuana que se trafican de Bolivia hacia sus vecinos en el este, Paraguay y Brasil.
El creciente número de incautaciones, especialmente en el estado fronterizo de Mato Grosso, Brasil, son indicio de la creciente importancia de Bolivia como país de origen y tránsito de una gran parte de la cocaína que se dirige hacia los mercados europeos. También se ha documentado el uso de vías fluviales que se conectan con el río Paraguay en Brasil, en dirección este, a medida que Bolivia ha aumentado su comercio fluvial con Brasil.
Historia
La coca se ha cultivado y consumido en Bolivia desde tiempos de los Incas, aunque la producción creció rápidamente durante los años ochenta del siglo XX, con el auge del mercado internacional de la cocaína.
Desde su independencia en 1825, la política boliviana ha estado dominada por regímenes militares y por decenas de golpes de Estado, el último de los cuales ocurrió en 1980. El gobierno civil se estableció dos años más tarde y ha permanecido desde entonces. Si bien en el país han surgido algunos movimientos guerrilleros, nunca se ha establecido una insurgencia armada izquierdista como la que existe en otras partes de Latinoamérica.
En Bolivia han existido varios movimientos políticos de izquierda, en particular en las décadas de los ochenta y los noventa. Durante la administración de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) se presentaron una serie de reformas económicas y sociales y se abogó por los derechos de los indígenas. Sánchez de Lozada fue electo para un segundo mandato en 2002, pero fue obligado a renunciar por disturbios sociales relacionados con los combustibles. Evo Morales —un dirigente sindical cocalero afiliado a un partido socialista antiestadounidense— ganó las elecciones de 2006 y se convirtió en el primer presidente indígena del país.
La presidencia de Morales se ha caracterizado por relaciones tensas con Estados Unidos en cuanto a los cultivos de coca y las operaciones antinarcóticos. En 2008, Morales expulsó al embajador de Estados Unidos por “conspirar” contra su gobierno y suspendió la cooperación con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés), a la cual más tarde también expulsó del país. Posteriormente, la Oficina de la Casa Blanca de la Política Nacional para el Control de Drogas (ONDCP por sus iniciales en inglés) incluyó a Bolivia en su lista negra.
Como excocalero, Morales se convirtió en un ferviente partidario de la industria del cultivo de coca. En 2017, promulgó un proyecto de ley que prácticamente duplicó el área de producción legal de coca en el país, y los informes de la ONUDD indican que los cultivos continúan excediendo esos altos límites. Sin embargo, el gobierno de Morales también se enfrentó violentamente con los cocaleros debido a la erradicación de los cultivos de coca que no contaban con licencia. Con el fin de impulsar el mercado legítimo de la coca, Morales promovió diversos productos a base de coca, como el té y la harina, que hasta ahora no han sido muy exitosos.
El período de calma política de Bolivia llegó a un abrupto final en 2019, cuando Morales ganó la reelección en unas reñidas votaciones, a pesar de que había perdido un referéndum electoral con el que buscaba su cuarto mandato. Se vio obligado a renunciar poco después, debido a las masivas protestas y la presión de los militares, y fue reemplazado por el gobierno interino de Jeanine Añez.
La administración Añez llevó a cabo numerosas investigaciones en torno a más de 600 funcionarios en todos los niveles del gobierno anterior. Morales y varios exfuncionarios de alto rango del partido Movimiento al Socialismo (MAS) fueron investigados por delitos que van desde fraude electoral hasta terrorismo.
Dicha cacería de brujas duró poco, dado que el partido MAS retomó la presidencia con Luis Arce solo un año después. Arce no tardó en arremeter contra el exgobierno de Añez, y la encarceló a ella y a varios exministros, acusándolos de terrorismo. Este patrón cíclico de encarcelamientos de la oposición ha llevado a que numerosos miembros de las élites políticas de ambos lados se vean envueltos en escándalos de corrupción, e incluso las más fuertes voces anticorrupción han sido cogidas in fraganti.
La política de drogas del país tuvo una serie de cambios abruptos, pues la administración de Añez estableció un enfoque de línea dura contra el cultivo de coca y el tráfico de drogas, que ha sido revertido por el actual gobierno de Arce, quien ha asumido un enfoque más moderado. Estas oscilaciones se han dado en medio del aumento de los niveles de producción de coca y los cargamentos de cocaína cada año.
El país sigue siendo el tercer mayor productor mundial de cocaína, y se estima que entre el 27 y el 40 por ciento de la producción de coca de Bolivia se utiliza con fines ilícitos, mientras que el resto ingresa al mercado legal. La ubicación del país en el corazón del tráfico de drogas de Suramérica, así como unas fuerzas de seguridad débiles y corruptas, también son factores que facilitan el papel de Bolivia como país de tránsito de los estupefacientes con rumbo a Brasil, Paraguay, Estados Unidos, Europa y, cada vez más, Asia. Por el puente aéreo entre Perú y Bolivia pasa alrededor de la mitad de la cocaína peruana, y los narcovuelos entre el país andino y sus vecinos aumentan cada vez más.
En los últimos años, el papel de las élites políticas de alto nivel en este comercio ha salido cada vez más a la luz. En febrero de 2022, Estados Unidos acusó a Maximiliano Dávila Pérez, exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) de conspirar para ingresar cocaína a Estados Unidos.
Aquella fue la cuarta acusación de vínculos directos con el tráfico de cocaína contra un alto funcionario antinarcóticos boliviano, y Dávila Pérez se suma a una larga lista de exfuncionarios del gobierno acusados de participar en este comercio.
Grupos criminales
La posición de Bolivia como centro regional de drogas ha hecho que durante mucho tiempo el país sea una base de operaciones de organizaciones narcotraficantes extranjeras. Los grupos colombianos administran gran parte del comercio de drogas transnacionales de Bolivia, y se cree que dos de las organizaciones criminales más poderosas de Colombia, Los Urabeños y Los Rastrojos, tienen operaciones en el país.
Los grupos brasileños tienen una fuerte presencia en Bolivia —en particular el Primer Comando Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV)—, y también se han detectado estructuras mexicanas.
A pesar de toda esta actividad, Bolivia parece haber evitado la aparición de mafias locales como las que están profundamente arraigadas en Colombia y México. Aun así, hay clanes locales, de estructura familiar, que tienden a supervisar la producción de cocaína, y en el país habitan grupos organizados enfocados en el crimen callejero en los centros urbanos. En el año 2016, la policía informó que en el país había 269 pandillas con más de 7.700 miembros activos, concentrados sobre todo en las ciudades de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Santa Cruz —la segunda ciudad más grande del país y centro de operaciones de narcotráfico— sufre de criminalidad endémica y ha sido afectada por brotes de violencia relacionada con el narcotráfico.
Fuerzas de seguridad
Bolivia cuenta con una institución policial centralizada, la Policía Nacional de Bolivia (PNB), que cuenta con unos 40.000 agentes. Dentro de la Policía Nacional, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) combate específicamente el tráfico de marihuana y cocaína, de las cuales incautó un total de 210.462 kilogramos en 2021.
La policía tiene la reputación de ser corrupta y de participar en el narcotráfico incluso en los niveles más altos, tanto que siete jefes de la policía fueron destituidos en un periodo de seis años, a partir de diciembre de 2012. Entre ellos se encuentra el general Óscar Nina, a quien se le encomendó la tarea de reestructurar la policía después de que Morales expulsó a la DEA del país, pero en el año 2015 fue detenido por supuestos vínculos con narcotraficantes. El expolicía general René Sanabria, quien alguna vez se desempeñó como zar antidrogas de Bolivia, fue enjuiciado en Estados Unidos por dirigir una red de tráfico de cocaína.
Asimismo, en 2019 se descubrió que varios agentes de policía de alto rango habían colaborado con narcotraficantes en Santa Cruz, lo que demuestra la continuidad del control que el tráfico de cocaína ejerce sobre los organismos policiales del país.
El ejército de Bolivia tiene 40.000 miembros de primera línea activos. El gasto militar ha tendido a disminuir luego de alcanzar un tope de 1.3 por ciento del PIB en 1990. El servicio militar es obligatorio, por lo que hombres y mujeres mayores de 18 años están obligados a prestar sus servicios por un año. En 2012, Bolivia creó un “batallón ecológico” para combatir los cultivos de coca en los parques nacionales del país.
En 2019, el gobierno de Añez conformó el Grupo Antiterrorista (GAT), con la tarea de ir tras los “comportamientos subversivos”. Nominalmente, el GAT tenía la tarea de combatir a las organizaciones terroristas internacionales dentro del país, como lo anunció el entonces ministro del Interior, Arturo Murillo. El propio Murrillo sería arrestado por cargos de corrupción en 2021, por presuntamente recibir sobornos a cambio de lucrativos contratos en materia de defensa.
Sistema judicial
El principal organismo del sistema judicial boliviano es la Corte Suprema de Justicia. Dicho sistema incluye además el Tribunal Constitucional, las Cortes Distritales en cada departamento, y las cortes menores.
Existe poca confianza en el sistema judicial, y la percepción popular de que las instituciones son poco activas ha llevado a que Bolivia tenga el segundo mayor número de linchamientos en la región. Durante sus 14 años en el poder, el expresidente Morales debilitó la independencia del poder judicial, mientras que Añez empleó el sistema judicial como arma contra exfuncionarios del MAS. Bajo la administración de Luis Arce, dicha práctica parece haber continuado.
Según Human Rights Watch, aproximadamente el 80 por ciento de los jueces del país son “temporales”, por lo que son fácilmente reemplazables en caso de que pierdan el favor del gobierno actual. Este es un remanente de la administración de Morales que mantuvieron sus dos predecesores.
Sin embargo, la administración Arce aceptó implementar reformas judiciales a instancias de Naciones Unidas; sin embargo, aún no se han visto cambios concretos ni positivos.
En 2021, el World Justice Project ubicó a Bolivia en el puesto 129 de los 139 países clasificados en el Índice de Estado de Derecho, basándose, entre otras cosas, en el puntaje de justicia civil del país, el cual está muy por debajo de los promedios mundiales y regionales.
Prisiones
Bolivia ocupa el quinto lugar en cuanto a hacinamiento de cárceles en el hemisferio, después de Haití, El Salvador, Guatemala y Venezuela. En 2015, las cárceles estaban funcionando en promedio en un 270 por ciento de su capacidad, con una población total de cerca de 13.500 prisioneros. Desde 2006, la población carcelaria casi se ha duplicado.
El país también tiene una alta tasa de detenidos en prisión preventiva, que en 2020 ascendía al 65 por ciento de la población carcelaria total.
El autogobierno y la corrupción policial abundan en el sistema penitenciario de Bolivia, que también padece de malas condiciones de vida y falta de recursos.
Con el fin de reducir el hacinamiento, en diciembre de 2012 se aprobó un decreto presidencial que indultaba a los presos que cumplían ciertas condiciones. Dicha medida se ha extendido al menos cuatro veces en años posteriores, pero a pesar de estos esfuerzos, la población reclusa continúa aumentando, y en 2020 llegó a más de 18.000 personas.