Las autoridades de Argentina están enjuiciando a 48 funcionarios de aduanas acusados de liderar una intrincada red que obtuvo millonarias ganancias falsificando los registros de importaciones chinas, lo que demuestra la vulnerabilidad de los puertos ante las empresas criminales.
El juez Marcelo Aguinsky señaló que la magnitud de la operación criminal ha sido “pocas veces vista”, luego de que el 8 de noviembre congelara activos por US$337 millones pertenecientes a algunos de los imputados, según un informe de La Nación.
La organización está acusada de falsificar los registros de productos importados de China a Argentina, principalmente entre 2014 y 2015, con el fin de evadir impuestos.
En 2014, por ejemplo, China registró 917.000 toneladas de exportaciones de textiles a Argentina, pero el país suramericano registró apenas 87.000 toneladas. Un año después, en 2015, China registró 1,9 millones de toneladas y Argentina solamente 111.000 toneladas.
La investigación también está escrutando otro esquema de evasión de impuestos que involucra 2.500 contenedores cuya carga fue registrada como artículos de bajo valor, pero que en realidad estaban llenos de productos electrónicos costosos.
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Aunque la investigación en torno a la que se ha denominado la “mafia de los contenedores” todavía está descubriendo nuevas piezas de lo que se ha convertido en un intrincado rompecabezas criminal, ya ha descubierto la participación de una gran cantidad de funcionarios gubernamentales, incluidos tres exdirectores de aduanas.
Análisis de InSight Crime
Si bien el tamaño y la complejidad de la organización criminal de la “mafia de los contenedores” está causando sorpresa en toda Argentina, la corrupción al interior de los puertos es bastante común y permite el auge de las economías criminales.
La gran cantidad de recursos necesarios para controlar de manera eficaz el alto número de contenedores que pasan por los puertos a diario, y las ganancias que los funcionarios corruptos pueden obtener de las actividades criminales, hacen que los puertos sean un vehículo ideal para dichas actividades.
Los contenedores suelen ser usados para transportar drogas ilegales. Como InSight Crime ha informado anteriormente, los puertos de los Países Bajos y Australia se han visto obligados a intensificar los controles luego de que identificaran contenedores con drogas procedentes de América Latina en sus principales puertos.
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En Argentina, la gran cantidad de contenedores que pasan diariamente por los puertos del país aumentó en un 22 por ciento en 2018, según el más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Eso, junto con la corrupción profundamente arraigada dentro de las aduanas, conforma una combinación tóxica y particularmente difícil de abordar.
Como el juez Aguinsky señaló acertadamente en una declaración a La Nación, no se puede esperar que los funcionarios gubernamentales se “vigilen” a sí mismos de manera efectiva.
Sugirió una serie de medidas para tratar de combatir el contrabando y otras actividades ilegales que utilizan contenedores, como el despliegue de funcionarios independientes que lleven a cabo los controles y el uso de una mejor tecnología de escaneo, como las cámaras corporales.
La idea, aunque prometedora, representaría algunos desafíos, particularmente en lo relativo a los recursos necesarios para poner en práctica tales operaciones con el fin de controlar a los más de 6.000 funcionarios de aduanas, quienes suelen ser los más sobornados por las organizaciones criminales. Entre tanto, un mayor número de investigaciones y condenas para los responsables de estas actividades ilegales podría al menos tener un efecto disuasorio.