Nuevos datos en Guatemala revelan que casi la mitad de las llamadas telefónicas extorsivas se originan en un lugar: la prisión más grande del país.
El Ministerio Público de Guatemala reveló nueva información que señala a La Granja de Rehabilitación Cantel en Quetzaltenango como el origen del 47 por ciento de las llamadas con fines de extorsión en el país, según un reportaje publicado por Prensa Libre a finales de noviembre, en el que se citó al fiscal antiextorsión Antonio Díaz.
A lo largo del año se han realizado varias inspecciones. En enero, los investigadores entregaron listas de números telefónicos que se creía eran usados para extorsionar a la población general. Una búsqueda masiva en la prisión de Cantel en julio de 2019, en la que participaron más de 1.400 agentes de policía descubrió 200 cargadores para teléfonos celulares, pero solo once teléfonos, y hubo otros decomisos en octubre.
Pero en noviembre, el portavoz de la policía guatemalteca Pablo Castillo declaró a la prensa que se descubrió que un solo prisionero, David Quinteros López, alias “El Tijerillas”, coordinaba unas 200 llamadas diarias junto con otros tres reclusos. Según Prensa Libre, su modus operandi consistía en que llamaban a empresas de transporte y amenazaban con asesinar a sus empleados si no pagaban.
Quinteros fue denunciado como “imitador” por Castillo, es decir, que tenía poca o ninguna conexión con verdaderas pandillas, pero aprovechaba el miedo de extorsión que estas generan y hacían las llamadas haciéndose pasar como miembros.
Los extorsionistas imitadores siguen afectando el sistema carcelario guatemalteco. La policía del país señaló que el 70 por ciento de todas las llamadas extorsivas en Guatemala salen de las prisiones, y que el 80 por ciento de ellas son obra de imitadores, según informó Prensa Libre.
Análisis de InSight Crime
La frustración de las autoridades guatemaltecas ante la incapacidad de contener las prácticas extorsivas de estos imitadores es evidente. David Boteo, jefe de la división de la policía contra las pandillas en Guatemala (Dipanda), se quejó a la prensa de que las inspecciones en cárceles no hacen parte de su trabajo, pero que lo hacen para reducir la criminalidad.
Ante la escala de los operativos desplegados en la prisión de Cantel solo este año, y los exiguos resultados que arrojaron, la policía parece no encontrar una manera de contrarrestar esta forma de economía criminal en la que es relativamente fácil participar.
También es poco probable que la información de que el penal de Cantel responde por casi el 50 por ciento de las llamadas haga una diferencia, ante el fracaso de las redadas frecuentes para hacer mella en la actividad.
Y pese a que el “temor generalizado” que suscitan la Mara Salvatrucha (MS13) y el Barrio 18 permite la proliferación de imitadores, hay bastante desacuerdo sobre la importancia que estos realmente tienen en la crisis extorsiva en Guatemala.
Los imitadores dieron con una lucrativa fuente de ingresos. En agosto de 2018, se desmanteló una estructura que había recaudado más de US$36.000 en extorsiones, sin que tuviera entre sus miembros a un solo integrante de la MS13 o el Barrio 18. El número total de imitadores sigue siendo objeto de debate: en 2016 el gobierno guatemalteco estimaba que el 90 por ciento de las llamadas extorsivas eran hechas por suplantadores, aunque algunos centros de pensamiento afirmaban que las pandillas aún tenían predominio en estas llamadas, como halló una investigación realizada por InSight Crime en 2019.
Las autoridades han emprendido diversas acciones para tratar de combatir este delito. Tanto el Ministerio Público como la PNC han creado divisiones especiales para investigar a los imitadores dentro de sus unidades antiextorsión. Más aún, el Ministerio de Gobernación ha intentado impedir que se hagan llamadas desde las cárceles, desde que adquirió bloqueadores de señales en 2006.
Pero una combinación de sabotaje, falta de electricidad y topografía ha vuelto ineficaces los bloqueadores, según anota Prensa Libre. Adicionalmente, el sistema carcelario del país ha sido incapaz de evitar el ingreso de teléfonos celulares a las prisiones, pues el sobrepoblamiento facilita el delito —Cantel tiene 2.264 prisioneros en un espacio diseñado para 625— y la posibilidad de asesinato de empleados carcelarios que se muestren muy estrictos.