Venezuela ha implementado un nuevo régimen en 14 cárceles del país, en un intento por reformar el sistema penal notoriamente violento, aunque queda por ver si estas medidas se implementarán efectivamente.
Bajo el nuevo régimen penitenciario, los presos recibirán capacitación laboral y participarán en actividades de grupo supervisadas, utilizarán uniformes y oficialmente tendrán derecho a dos visitas al mes y una llamada telefónica a la semana. La Ministra para Servicios Penitenciarios, Iris Varela, dijo que el nuevo sistema se concibió para ayudar a proteger los derechos humanos de los internos y agregó que “Además reciben atención para la transformación integral y la reinserción social (…)”. Según Varela, los presos no tienen acceso a las armas.
Entre las cárceles que están poniendo a prueba el nuevo sistema, se encuentra una prisión en Miranda, uno de los estados más violentos de Venezuela. Algunas de las otras cárceles están ubicadas en los estados de Mérida, Lara y Táchira.
El gobierno también ha prometido 153 millones de bolívares (US$24,3 millones, según la tasa de cambio oficial de Venezuela) destinados a la reparación de la cárcel de Uribana, donde ocurrió una gran masacre en enero, y 51 millones de bolívares más (US$ 8,1 millones) destinados a mejoras y reparaciones en otras 10 cárceles.
Análisis de InSight Crime
Cuando Varela fue nombrada como Ministra para Servicios Penitenciarios de Venezuela en 2011, prometió amplias reformas con un enfoque “humanista” para uno de los sistemas penitenciarios más brutales del mundo. No obstante, los intentos de reforma no han podido hacer frente a la severa violencia en muchas de las cárceles del país, donde más de 500 presos murieron durante el primer año luego de la creación del Ministerio de Servicios Penitenciarios. Más de 100 armas de fuego fueron encontradas después de la masacre en la cárcel de Uribana, que apunta a una falta de control sobre estas instituciones.
Las reformas que se están probando en las 14 prisiones probablemente no tendrán el efecto deseado a menos de que aborden los principales problemas como la corrupción, el hacinamiento y la mala capacitación de los guardias de la cárcel. Las prisiones a menudo están manejadas por líderes de pandillas, conocidos como “pranes”, que dirigen economías de mercado negro que ayudan a alimentar la violencia dentro de las prisiones, gracias en gran parte a los guardias corruptos.
Aunque Varela afirma que el ministerio ha progresado en el control del sistema penitenciario, la Comisión Interamericana de derechos humanos (CIDH) informó en junio que “serias deficiencias estructurales” continuaron afectando los derechos humanos de los presos.