Los secuestros políticos llevados a cabo por grupos paramilitares progubernamentales no están siendo registrados por los funcionarios en Nicaragua, lo que podría revelar una forma con la que el presidente Daniel Ortega pretendería encubrir la situación de inseguridad y la persecución a la oposición.
Desde que estallaron las protestas generalizadas en abril de 2018, los secuestros por motivos políticos se han disparado, según cifras de grupos de la sociedad civil y de derechos humanos. Las estadísticas gubernamentales, por su parte, ignoran esta situación, según la organización de noticias La Lupa.
En años recientes, los secuestros en Nicaragua fueron relativamente pocos y en su mayor parte se trataron de secuestros extorsivos. El mayor número de raptos en los últimos cinco años se produjo en 2017, cuando se presentaron seis casos. En 2013 y 2015 se registraron cinco casos, mientras que en 2016 solo se registraron cuatro, según datos de la policía citados por La Lupa.
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Pero los datos recopilados por grupos de la sociedad civil y de derechos humanos en los últimos dos años de protesta y represión en Nicaragua muestran que los secuestros han aumentado exponencialmente.
Un informe del Comité de Presos Políticos indica que el año pasado, en un lapso de cuatro meses, se produjeron 10 secuestros políticos cada día, según informes de medios locales. Las víctimas suelen ser recluidas en prisiones clandestinas o, en el peor de los casos, son halladas muertas.
Solo entre abril y septiembre de 2018, la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (ANPDH) registró al menos 512 muertes y 1.428 secuestros. No se sabe exactamente cuántos secuestros más se han producido desde que se publicó el informe.
La ANPDH también señala la posible presencia de tumbas clandestinas.
Análisis de InSight Crime
Como InSight Crime advirtió en 2018, parece que los grupos paramilitares de Nicaragua han pasado de ser “tropas de choque político” que reprimen violentamente a la oposición, a convertirse en estructuras criminales que llevan a cabo secuestros coordinados aparentemente por orden de las élites políticas. Y el gobierno parece estar ocultando la magnitud de los crímenes cometidos por dichos grupos.
Por mucho tiempo se consideró que Nicaragua era más segura que sus vecinos centroamericanos. Había pocos secuestros y estos tendían a estar relacionados con la extorsión a pequeña escala. Pero actualmente, los secuestros políticos ejecutados por grupos de paramilitares provistos de armas de alto calibre se han convertido en norma, según la entrevista de La Lupa a Elvira Cuadra, experta en seguridad nacional de Nicaragua.
“Los grupos paramilitares son una de las amenazas más graves a la seguridad en Nicaragua, sobre todo porque han sido alentados por el Gobierno y gozan de impunidad”, dice Cuadra en la entrevista. “Eso afecta a toda la ciudadanía y los convierte en potenciales víctimas de estos grupos, ya sea por razones políticas o por delitos comunes”.
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Miembros de alto rango del ejército nicaragüense han negado la existencia o presencia de grupos paramilitares, a pesar de las pruebas bien documentadas de su papel en todo tipo de crímenes, desde tortura hasta desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales.
Aunque la cantidad de homicidios registrados en Nicaragua ha disminuido, la violencia dirigida a la oposición continúa sin cesar. Los disidentes todavía son arrestados o son víctimas de agresiones por parte de activistas progubernamentales.
Los continuos abusos cometidos por grupos paramilitares y por el propio gobierno indican que la situación de seguridad del país es grave, e incluso podría ser generada desde su interior.