El estudio se centra en cuatro países: Guatemala, Honduras, Nicaragua y Colombia. Cada uno plantea distintos desafíos y oportunidades para la investigación, y hace su propia contribución a nuestra visión general de los grupos de la élite y el crimen organizado en la región.
La larga historia del crimen organizado en Colombia y el desmantelamiento de algunos de los más grandes grupos criminales en el país gracias a un proceso público de diálogos de paz ha creado una oportunidad increíble para que las autoridades (e investigadores) judiciales saquen a la luz los medios y los métodos mediante los cuales estos grupos cooptaron a tantos y tuvieron tanta influencia. Por esta razón, Colombia ofrece una base empírica desde la cual arrojamos conclusiones generales sobre el modus operandi, y nos proporciona una base sólida para desarrollar hipótesis sobre cómo se intersectan los grupos criminales con las élites económicas, políticas e intelectuales en la esfera regional.
Esta es la primera de una serie de varias partes que estudia la relación entre élites y crimen organizado. Descargue la introducción completa (PDF). Vea las otras partes de la serie aquí.
Los investigadores de InSight Crime en Colombia llevan más de una década siguiendo este proceso. Han entrevistado a docenas de actores criminales y aún tienen acceso a muchos de ellos, tanto en Colombia como en Estados Unidos. Estos incluyen algunos de los principales líderes paramilitares, que se desmovilizaron y permanecen encarcelados en ambos países. Los investigadores también hablaron con fiscales y accedieron a expedientes judiciales, y testimonios que describen estas conexiones y su desarrollo en un periodo de muchos años. Dichos expedientes, testimonios y entrevistas son la base sobre la cual los investigadores desarrollan sus hipótesis acerca de la manera como se entrecruza el crimen organizado con las élites.
Los países centroamericanos seleccionados para el estudio representaron un desafío mucho mayor. Los expedientes judiciales son escasos. Los actores criminales no son tan visibles o públicos, y mucho menos tan accesibles. Las autoridades judiciales son menos abiertas y los casos criminales con frecuencia quedan sepultados tras muchas capas de burocracia. En parte, esta es la razón de la importancia de estudiar estos países. Hay una brecha en el conocimiento y un registro público limitado de cómo se intersectan el mundos criminal y el de las élites. Aunque esto representa un desafío metodológico tremendo, que se delinea más adelante, también les dio a los investigadores motivación adicional, y la capacidad de abrir nuevos caminos.
Aún más, Guatemala, Honduras y Nicaragua pueden ser considerados como una muestra representativa que arroja luces sobre las organizaciones criminales y los tipos de élites. La dinámica de las élites en cada uno de estos países es distinta, pero tiene semejanzas importantes. La composición, el rol y la penetración de los grupos criminales en los círculos intelectuales, sociales, legales, de gobierno y económicos son variados, pero están interrelacionados. Nuestros hallazgos nos dan mayor comprensión de las dinámicas locales y nacionales que influencias estas intersecciones entre el crimen organizado y las élites, y nos permiten arrojar conclusiones más amplias sobre lo que unifica estos ejemplos.
Produjimos dos estudios de caso sobre cada país. En términos generales, cada estudio de caso ilustra una relación particular entre las élites y el crimen organizado. Esta relación puede ser de naturaleza económica, política o social. Puede ser directa o indirecta. Incluso puede ser que el crimen organizado se usara en últimas como pretexto para que un grupo de la élite reforzara su control del proceso de toma de decisiones, de instituciones, de un partido político o de una asociación empresarial.
Aunque hubiéramos querido seleccionar estudios de caso que permitieran establecer comparaciones transparentes entre los países, el crimen organizado no se presta fácilmente a tal metodología. Hay, en esencia, muy pocos casos de nexos crimen-élites que sean lo bastante sólidos para publicarlos y que den pie a discusiones de peso sobre el problema. Hay poco margen para errores en este sentido. Ventilar públicamente algunos de los sectores más poderosos de estos países por vínculos con el crimen es un gran riesgo que tomamos con nuestros aliados, pero pensamos que es necesario para impulsar el debate sobre lo que debe hacerse.1
Con nuestra selección limitada, tuvimos que decidir cómo podíamos desarrollar una muestra representativa de estudios que nos permitieran arrojar conclusiones aplicables entre fronteras. Inicialmente buscamos abordar ese desafío dividiendo el proyecto en élites sociales, económicas y políticas. Eso también demostró ser poco práctico, dada la significativa e intrincada superposición entre estos diferentes tipos de élites. El problema, por supuesto, era la uniformidad. Cada uno de estos países tiene tipos diferentes de crimen organizado. Sus gobiernos tienen niveles de estabilidad diferentes. Sus élites tienen bases de poder diferentes. Su geografía varía. En suma, son simplemente demasiadas variables y no hay una manera ideal de abordar este problema. Así que en últimas optamos por mantener la categorización amplia de nuestros estudios de caso: una que consideramos “nacional” y la otra “local”.
Los estudios de caso “nacionales” tienen ciertas características sin importar el país en cuestión. En primer lugar, los casos son ilustrativos de un fenómeno a escala nacional: el modus operandi de los grupos criminales, sus orígenes, su rango de acción y su penetración del Estado, así como su relación con las élites son todos elementos que atañen al país en conjunto. En segundo lugar, los casos involucran por lo menos uno de los sectores más importantes de la élite. Ese grupo de élite es un agente primordial en la construcción de la sociedad y del Estado, actor económico o político importante o alguna combinación de los dos. En tercer lugar, los casos llegan a los escalones superiores del gobierno y tienen impacto en la manera como el estado se ocupa del crimen organizado. Esto incluye los esfuerzos del gobierno por encarcelar a sospechosos, procesarlos y confiscar sus propiedades. Lo más importante, los casos mencionan cómo la élite maneja aspectos del crimen organizado, y quién, en últimas, toma las decisiones. El estudio de caso “local” es más limitado en su alcance geográfico, pero es igual de ilustrativo, pues muestra cómo las relaciones élite-crimen se desarrollan y evolucionan en un escenario más reservado. Los estudios de caso locales involucran a políticos locales, élites económicas regionales y actores sociales poderosos. Las interacciones de estos actores con el crimen organizado no son uniformes, pero son lo bastante similares para permitir trazar comparaciones de alcance regional sobre cómo se forma la dinámica en el ámbito local de la que surgen los casos nacionales.
En todos los estudios, hemos usado la misma base para probar nuestra teoría de las conexiones entre las élites y el crimen organizado. En su parte superior, esto está basado en documentos judiciales de casos que han sido resueltos; investigaciones de la Fiscalía que han conducido a condenas; testimonios que han servido para formular sentencias de cárcel. En el mejor de los casos, hablamos con los protagonistas de esos actos criminales u obtuvimos sus testimonios; y entrevistamos a los fiscales e investigadores del gobierno que construyeron estos casos y los prepararon para el escrutinio judicial. Hemos trabajado mucho para obtener otra documentación también, como registros de propiedades, contratos de obras públicas y otros documentos de gobierno, cuando fuera aplicable y estuvieran disponibles.
Cuando no fue posible obtener documentación judicial y de otro tipo, porque fuera confidencial o porque no hubiera acusaciones formales contra los actores criminales en cuestión, nos basamos en fuentes cercanas al caso que proporcionaran esta evidencia. Ello incluyó a fiscales, policías, militares y funcionarios de inteligencia; los protagonistas criminales y sus abogados; y testigos y otros que pudieran proporcionar declaraciones de primera mano. Parte de este trabajo fue complementado con documentos de inteligencia del gobierno. Sin embargo, no nos basamos únicamente en los documentos de inteligencia para ninguna parte de nuestros casos, y trabajamos para obtener narraciones de diferentes fuentes que corroboraran su información.
Finalmente, escudriñamos relatos de prensa, informes académicos, investigaciones no gubernamentales y otra documentación de terceros. Muchas de estas fuentes nos llevaron a fuentes primarias o nos señalaron nuevas direcciones de investigación. Otras sirvieron como medio para verificar nuestra información, o nuestra línea de indagación en la investigación. Hemos complementando nuestra base de conocimiento entrevistando a numerosos expertos, académicos, analistas políticos, investigadores y otros. Estas entrevistas nos permitieron establecer hipótesis firmes en relación con la dinámica entre las élites y el crimen organizado, así como estructurar los conceptos claves que engloban el estudio, donde crimen organizado y élites son las dos más importantes.
En total realizamos más de 200 entrevistas en seis países. Recabamos papelería de expedientes judiciales y otros documentos oficiales en siete países. Nos reunimos en dos ocasiones como equipo para debatir y definir líneas de indagación, hipótesis y esbozar los informes. También sostuvimos sesiones a puerta cerrada con expertos de cada país para consultar su opinión sobre nuestras hipótesis y trabajo en estudios de caso.
Nuestros estudios de caso y las conclusiones resultantes constituyen el intento más completo de registrar y analizar al proverbial elefante en el salón: la relación de las élites con el crimen organizado en partes de Centroamérica y Colombia.
Consideraciones metodológicas sobre la recopilación de datos
En un mundo ideal, cada equipo habría trabajado con datos similares y un número igual de expedientes judiciales y testimonios en múltiples países. La realidad es que investigar el crimen organizado es tan variado como complicado. Las variables son numerosas, y tan complejas como el tema en sí.
Para comenzar, hay una amplia variación en la calidad y la cantidad de la información disponible sobre este tema en cada país. Como lo señalaba anteriormente, la larga historia del crimen organizado en Colombia y su reciente proceso público de paz dan a los investigadores de ese país una inmensa ventaja sobre los investigadores en Centroamérica, donde los grupos criminales son un fenómeno poco documentado y poco estudiado. Los recursos disponibles en Colombia, por ejemplo, incluyen no solo fuentes y declaraciones judiciales de actores criminales, sino también una tradición de investigación académica, cubrimiento de medios e informes del sector público en profundidad sobre este problema. Para complicar las cosas, los niveles de información difieren en cada uno de los países centroamericanos en los que nos hemos centrado. Esto significa que los puntos de partida no son los mismos, lo cual crea una base desigual para la comparación entre fronteras.
En segundo lugar, está la cuestión del acceso. Aun cuando la documentación, los testimonios y los expedientes judiciales fueran de igual calidad, las circunstancias pueden hacer que el acceso a dicha información sea difícil o imposible. Parte integral de este problema es la cuestión de la seguridad, tanto para los investigadores como para sus fuentes. A lo largo de los dos años del proceso, muchos investigadores se sintieron inhibidos por este asunto. Algunos fueron forzados a abandonar el proyecto por problemas de seguridad. Otros simplemente se autocensuraron. En InSight Crime seguimos protocolos de seguridad estrictos e implementamos medidas para mantener los materiales a salvo de ojos curiosos. Hemos mantenido el anonimato de muchas fuentes para protegerlas de las repercusiones. Pero, es inevitable que algunas cosas se queden sin decir.
En tercer lugar, la confiabilidad de los documentos recopilados varía grandemente dependiente del país, la región, el tema y otros numerosos factores. Las motivaciones que los funcionarios y otros puedan tener para manipular información en asuntos delictivos, por ejemplo, son demasiadas para esbozarlas aquí. La calidad de las investigaciones judiciales varía ampliamente, debido no solo al temor de los funcionarios a los grupos criminales o a sus alianzas con ellos, sino también a su grado de competencia. Pese a esto, a las pesquisas judiciales se les da por lo general alto valor en nuestra escala, independientemente del entrenamiento, la motivación o la posición del fiscal en cuestión. Esta es una limitación para cualquier investigación que dependa tanto de los expedientes judiciales.
Para lidiar con estos problemas, desarrollamos un mecanismo para documentar casos y analizar la información obtenida, desglosando la información por fuente. El resultado es un sistema de categorías que nos dio una aproximación de de la confiabilidad de la información con la que estábamos trabajando, para determinar mejor su aplicación a nuestros estudios de caso y nuestras conclusiones y análisis más amplios. No es científico. Es más un indicador, una serie amplia de estándares con los cuales formarse un juicio sobre nuestro trabajo.
La información que procede de cada fuente puede desglosarse aún más por tipo de información: testigo, relatos de los protagonistas, rumores, opinión, percepción, análisis. En ocasiones, una sola fuente puede suministrar cada tipo de información. Como se señaló arriba, para los fines de este proyecto, intentamos construir nuestros estudios de caso usando tantas fuentes primarias y entrevistas a testigos como fuera posible. Combinamos esa información con expedientes judiciales e informes de inteligencia, corroborando esto con fuentes secundarias, relatos de medios y otros documentos.
Nos centramos en recopilar tanta información objetiva como sea posible, pero la naturaleza de este estudio requirió que los entrevistados dieran también sus opiniones, análisis y percepciones. La esencia del proyecto —definir quién tiene influencia suficiente para ser contado como “élite”— se basa en percepciones, así que fue necesario pedir a nuestros sujetos que compartieran sus opiniones con nosotros. Dicho esto, trabajamos duramente para diferenciar la opinión, los rumores, la percepción y el análisis de relatos directos de testigos o protagonistas.
Si fuéramos a clasificar por orden de importancia la información disponible en los países examinados en nuestros estudios de caso, tendríamos una escala que pone a Colombia en la parte superior en términos de calidad y cantidad de la información corroborada, verificada y cotejada, y a Honduras en la parte inferior, con Nicaragua y Guatemala en un punto intermedio. Esta valoración de la autenticidad, veracidad y fiabilidad de la información es parte importante de nuestro esfuerzo general por ser lo más transparentes posible sobre nuestros métodos y sus limitaciones.
Hay, al final, muchas limitaciones al estudio del crimen organizado, que los investigadores han reconocido desde hace mucho tiempo. Quizás la mejor manera de pensar en este tipo de investigación es verlo menos como científicos que trabajan en un laboratorio y más como —en palabras de Donald Cressey — arqueólogos excavando entre los restos de una sociedad perdida hace largo tiempo: con demasiada frecuencia hemos llegado después del hecho y rebuscamos entre los pedazos para reconstruir la forma como esa sociedad funcionaba.
Hemos hecho mucha “arqueología” en nuestros dos años abordando la cuestión del crimen organizado y las élites. El resultado le da los fundamentos sobre este problema: la cuestión primordial en la región, y un marco para aplicar ese conocimiento entre fronteras. Este documento no pretende ser el recuento definitivo. Busca iniciar una discusión, abrir el debate e impulsar el diálogo.
Notas al pie
[1] Donald R. Cressey, “Methodological Problems in the Study of Organized Crime as a Social Problem,” Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 374, noviembre 1967, p. 110.
*El trabajo presentado en esta investigación es el resultado de un proyecto financiado por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá (IDRC, por sus iniciales en inglés). Su contenido no es necesariamente un reflejo de las posiciones del IDRC. Las ideas, pensamientos y opiniones contenidas en este documento son las del autor o autores.
