El asesinato de un desmovilizado de la exguerrilla de las FARC en un espacio de reincorporaci\u00f3n a manos de un cadete del Ej\u00e9rcito de Colombia se suma a otras denuncias de inseguridad f\u00edsica y jur\u00eddica y visibiliza los riesgos para uno de los eslabones m\u00e1s vol\u00e1tiles del proceso de paz.<\/p>\n\n\n\n
El 22 de abril, el exguerrillero desmovilizado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Dimar Torres fue asesinado por un militar que le propino cuatro tiros de fusil<\/a> en las inmediaciones del Espacio Territorial de Capacitaci\u00f3n y Reincorporaci\u00f3n (ETCR) de Campo Alegre, en el municipio de Convenci\u00f3n, en la convulsa regi\u00f3n del Catatumbo.<\/p>\n\n\n\n El ministro de Defensa Guillermo Botero inicialmente repiti\u00f3 la versi\u00f3n del cadete y dijo<\/a> que la muerte hab\u00eda sido \u201caccidental\u201d y que hab\u00eda sucedido en medio de un forcejeo, cuando el desmovilizado supuestamente le intent\u00f3 robar el fusil al militar.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, luego de una visita a la zona el 27 de abril donde se realiz\u00f3 una audiencia p\u00fablica que cont\u00f3 con la participaci\u00f3n de m\u00e1s de mil personas, la Comisi\u00f3n de Paz del Senado catalog\u00f3<\/a> el crimen de \u201cejecuci\u00f3n extrajudicial\u201d.<\/p>\n\n\n\n Uno de los integrantes incluso dijo que el asesinato era un \u201ccrimen contra el acuerdo de paz\u201d y otro se\u00f1al\u00f3 que durante la visita hab\u00edan identificado una fosa donde miembros del ej\u00e9rcito ten\u00edan planeado enterrar a Torres.<\/p>\n\n\n\n Durante la visita, la comisi\u00f3n recibi\u00f3 otras denuncias<\/a> de violencia y abusos de la fuerza p\u00fablica en la zona, como el caso de dos ni\u00f1as de entre 6 y 7 a\u00f1os de edad heridas en sus brazos por un fusil.<\/p>\n\n\n\n Durante el evento, el general Diego Luis Villegas de la Fuerza de Tarea Vulcan encargada de la zona pidi\u00f3 perd\u00f3n a la comunidad. Villegas es uno de los militares involucrados en ejecuciones extrajudiciales sobre cuyo asenso Human Rights Watch<\/a> y otros advirtieron<\/a> sin \u00e9xito al Congreso en diciembre pasado.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/span> Cobertura sobre Paz con las FARC<\/a><\/p>\n\n\n\n D\u00edas antes de la ejecuci\u00f3n, l\u00edderes de 15 de los 24 ETCR que hay en el pa\u00eds, denunciaron<\/a> las principales amenazas en los espacios, incluyendo asesinatos y otros tipos de violencia y la inseguridad jur\u00eddica para el proceso de reincorporaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan la Agencia para la Reincorporaci\u00f3n y Normalizaci\u00f3n (ARN), de los casi 14.000 exguerrilleros inscritos, menos de 400 se han beneficiado<\/a> de esos proyectos.<\/p>\n\n\n\n La figura jur\u00eddica de las ETCR expira legalmente en agosto y no hay claridad sobre el futuro de los espacios de reinserci\u00f3n donde se desarrollan muchos de estos proyectos, pensados para ser una fuente de ingresos para los exguerrilleros como parte del proceso de reinserci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Desde la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016, la Fiscal\u00eda ha recibido<\/a> casi 130 denuncias de asesinatos y desapariciones de desmovilizados de la guerrilla o sus familias. Tambi\u00e9n han sido asesinados casi 500 l\u00edderes sociales y defensores de los derechos humanos y del proceso de paz, cuyos casos fueron llevados recientemente<\/a> a la Corte Penal Internacional (CPI).<\/p>\n\n\n\n Una semana antes del asesinato de Dimar, una pareja de exguerrilleros y su hijo de siete meses fueron asesinados<\/a> por hombres que hasta la publicaci\u00f3n de este art\u00edculo no hab\u00edan sido identificados.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n se han hecho p\u00fablicas denuncias que van desde la irrupci\u00f3n violenta<\/a> de la Polic\u00eda en un ETCR, hasta<\/a> amenazas de grupos criminales y enfrentamientos.<\/p>\n\n\n\n Uno de los jefes negociadores del acuerdo, quien actualmente se desempe\u00f1a como l\u00edder del ETCR de Pondores, en La Guajira, donde es candidato a la gobernaci\u00f3n, denunci\u00f3 recientemente<\/a> ante la Procuradur\u00eda hostigamientos por miembros de Inteligencia Militar, a quienes se\u00f1al\u00f3 de haberle propuesto que se \u201cinvolucre con acciones ilegales.\u201d<\/p>\n\n\n\n La ejecuci\u00f3n de Dimar a manos de un cadete cuyo superior fue ascendido -a pesar de ser investigado por \u201cfalsos positivos\u201d- evoca un fantasma de impunidad en torno a estas pr\u00e1cticas de violencia y abusos.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/span> Observatorio Colombiano de Crimen Organizado<\/a><\/p>\n\n\n\n Aunque el cadete implicado fue enviado a la c\u00e1rcel<\/a> con sorprendente celeridad, las declaraciones del ministro de Defensa y de otros altos funcionarios, como el consejero para la paz Emilio Archila, quien calific\u00f3 el caso como un \u201checho aislado<\/a>\u201d, apuntan a naturalizar el hecho.<\/p>\n\n\n\n Los temores por el futuro de la ETCR y de la tierra donde los desmovilizados est\u00e1n concentrados actualmente y donde se supon\u00eda iban a desarrollar sus proyectos productivos tambi\u00e9n parecen estar bien fundamentados.<\/p>\n\n\n\n En una carta al ente legislativo, los integrantes de la ETCR de todo el pa\u00eds, aseguran que han sido \u201cexcluido<\/a>s\u201d del Plan Nacional de Desarrollo (PND), con el cual el gobierno ha sido se\u00f1alado de impulsar proyectos<\/a> que bloquean el acceso a la tierra a las comunidades rurales para favorecer los intereses de grandes terratenientes.<\/p>\n\n\n\n Tal vez siguiendo el ejemplo de sus antiguos l\u00edderes, muchos guerrilleros que se hab\u00edan desmovilizado han preferido dejar las zonas, vulnerables antes de ser v\u00edctimas de reclutamientos o ataques, o dispuestos a unirse a grupos criminales como disidencias de las FARC, grupos guerrilleros, paramilitares, entre otros.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El asesinato de un desmovilizado de la exguerrilla de las FARC en un espacio de reincorporaci\u00f3n a manos de un cadete del Ej\u00e9rcito de Colombia se suma a otras denuncias 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