La reubicaci\u00f3n de comunidades enteras de excombatientes de las FARC y sus familias se est\u00e1 convirtiendo en algo com\u00fan en Colombia, una muestra de la incapacidad del gobierno para protegerlos de las constantes amenazas criminales en todo el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
El 15 de julio, 94 personas del Espacio Territorial de Capacitaci\u00f3n y Reincorporaci\u00f3n (ETCR) Rom\u00e1n Ruiz en Ituango, Antioquia, empacaron sus pertenencias y se trasladaron a la regi\u00f3n de Urab\u00e1, donde el gobierno hab\u00eda preparado una nueva \u00e1rea para que vivieran, seg\u00fan un informe<\/a> de Associated Press. En su vereda han sido asesinados 11 habitantes en los \u00faltimos tres a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n Despu\u00e9s de los acuerdos de paz de 2016 entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), numerosos guerrilleros depusieron las armas y se trasladaron a campamentos ubicados en todo el pa\u00eds, donde se supon\u00eda que recib\u00edan protecci\u00f3n y oportunidades econ\u00f3micas.<\/p>\n\n\n\n Estas no son las primeras personas que abandonan el campamento Rom\u00e1n Ruiz. Alrededor de 190 personas han salido de Ituango en los \u00faltimos meses, la mayor\u00eda de las cuales se han trasladado a Medell\u00edn, seg\u00fan La Silla Vac\u00eda<\/a>. Diversos incidentes violentos, como el asesinato<\/a> de Manuel Antonio Ben\u00edtez, hijo del exl\u00edder del Frente 18 de las FARC que fue asesinado a tiros a las afueras del campamento en diciembre de 2019, han acelerado el \u00e9xodo.<\/p>\n\n\n\n Una semana antes, otras dos comunidades fueron reubicadas<\/a> y a varios combatientes desmovilizados de las FARC se les pidi\u00f3 abandonar las veredas de Monterredondo, en el norte del Cauca; por otro lado, 20 exguerrilleros huyeron de un campamento en El Diamante, departamento del Meta.<\/p>\n\n\n\n Las historias que narran los desplazados son similares. \u201cHemos sido desarraigados\u201d, dice<\/a> Marco Urbano, portavoz de quienes est\u00e1n saliendo de Rom\u00e1n Ruiz, en un informe de Associated Press. \u201cLa mayor\u00eda de la gente de aqu\u00ed hab\u00eda estado trabajando durante tres a\u00f1os en proyectos agr\u00edcolas y ahora tendr\u00e1n que empezar de cero\u201d.<\/p>\n\n\n\n Estos desplazamientos han sido frecuentes en toda Colombia desde la desmovilizaci\u00f3n de las FARC en 2016, cuando varias bandas criminales comenzaron a disputarse el control de los territorios desocupados por las FARC. Entre enero y octubre de 2019, la Defensor\u00eda del Pueblo de Colombia inform\u00f3<\/a> sobre 58 desplazamientos masivos en el pa\u00eds, que afectan en total a m\u00e1s de 15.000 personas.<\/p>\n\n\n\n La mayor\u00eda de las noticias relativas a los excombatientes de las FARC se han enfocado<\/a> en los asesinatos selectivos de individuos espec\u00edficos, en lugar de los riesgos a los que se enfrentan comunidades enteras de guerrilleros desmovilizados. Seg\u00fan Semana<\/a>, hacia mediados de julio de este a\u00f1o, 218 guerrilleros desmovilizados hab\u00edan sido asesinados desde que se firmaron los acuerdos de paz en 2016.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, la salida masiva de familias del Espacio de Reincorporaci\u00f3n Rom\u00e1n Ruiz ha llamado la atenci\u00f3n sobre c\u00f3mo ha colapsado el proceso de paz de Colombia, hasta el punto de que los campamentos establecidos como espacios seguros para quienes depusieron sus armas est\u00e1n siendo abandonados.<\/p>\n\n\n\n Al campamento de La Elvira en Buenos Aires, departamento del Cauca, por ejemplo, llegaron 140 exguerrilleros y sus familias en 2017. Actualmente solo permanecen 43 y todos los dem\u00e1s se han ido, seg\u00fan El Espectador<\/a>. Las amenazas contra los que se quedan son tan graves que los funcionarios del gobierno que supervisan el campamento se han ido, e incluso el personal de las Naciones Unidas no se atreve a ingresar a la zona, seg\u00fan palabras del coordinador del campamento, Mario Rodr\u00edguez, en el informe de El Espectador.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, este no ha sido un proceso lento. La creciente violencia en el campamento Rom\u00e1n Ruiz en Ituango ha demostrado las sistem\u00e1ticas fallas del gobierno para mantener a salvo a los excombatientes de las FARC y a sus familias. Y lo m\u00e1s preocupante a\u00fan es que esto demuestra que el Estado colombiano no ha logrado controlar regiones como Ituango, que tiene altos niveles de narcotr\u00e1fico y miner\u00eda ilegal.<\/p>\n\n\n\n En 2017, la Defensor\u00eda del Pueblo de Colombia ya hab\u00eda identificado<\/a> el campamento de Ituango como una de las zonas de reincorporaci\u00f3n que presentaban los mayores riesgos para sus habitantes. Esto se debe en gran parte a grupos criminales como el Ej\u00e9rcito de Liberaci\u00f3n Nacional (ELN) y Los Urabe\u00f1os, que han estado atacando a excombatientes de las FARC.<\/p>\n\n\n\n Un a\u00f1o m\u00e1s tarde, el riesgo se ha incrementado<\/a> debido a una alianza entre los Frentes 18 y 36 de las ex-FARC Mafia por el control de Ituango. Estos eran los mismos frentes que hab\u00edan abandonado quienes viv\u00edan en Ituango, lo que los convierte en posibles objetivos de venganza por parte de aquellos que no participaron en el proceso de paz.<\/p>\n\n\n\n A pesar de estas constantes advertencias, los exguerrilleros siguen siendo asesinados<\/a>, las familias contin\u00faan emigrando, y el campamento est\u00e1 a punto de ser clausurado<\/a>. Esta es una de las se\u00f1ales m\u00e1s claras de que el proceso de paz de Colombia no les ha cumplido a algunos de los participantes m\u00e1s cruciales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La reubicaci\u00f3n de comunidades enteras de excombatientes de las FARC y sus familias se est\u00e1 convirtiendo en algo com\u00fan en Colombia, una muestra de la incapacidad del gobierno para protegerlos de las constantes amenazas criminales en todo el 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