El presupuesto, adem\u00e1s de desfinanciar al \u00f3rgano judicial, redujo las asignaciones a programas de asistencia nutricional y a entes contralores. En contraste, el ministerio m\u00e1s favorecido por la asignaci\u00f3n de fondos para el pr\u00f3ximo a\u00f1o es el de Comunicaciones, encargado de proyectos de infraestructura vial y otros contratos estatales, que en el pasado ha sido se\u00f1alado por actos masivos de corrupci\u00f3n. Para 2021, los diputados asignaron a Comunicaciones 1,935 millones de quetzales m\u00e1s (unos US$249 millones) que en 2020. Dos ministros de comunicaciones recientes, Alejandro Sinibaldi<\/a> y Jos\u00e9 Luis Benito Ruiz<\/a>, esperan juicios por actos de corrupci\u00f3n millonarios.<\/p>\n\n\n\n La oposici\u00f3n inicial al nuevo presupuesto fue general: el poderoso sector privado<\/a>, la iglesia cat\u00f3lica<\/a>, organizaciones ind\u00edgenas, el sector acad\u00e9mico<\/a> y el mismo vicepresidente de Giammattei, Guillermo Castillo<\/a>, lo rechazaron por considerarlo desfinanciado, propenso a generar m\u00e1s corrupci\u00f3n estatal y por minimizar la labor de las cortes y de otras instancias como la Procuradur\u00eda de Derechos Humanos.<\/p>\n\n\n\n El \u00f3rgano judicial<\/a> de Guatemala advirti\u00f3 que el nuevo presupuesto le impedir\u00eda \u201ccumplir con su obligaci\u00f3n constitucional de brindar los servicios del acceso a la justicia a la poblaci\u00f3n guatemalteca\u201d, seg\u00fan una nota de Prensa Libre.<\/p>\n\n\n\n El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) tambi\u00e9n advirti\u00f3<\/a> de que el presupuesto dejaba abiertos huecos que facilitar\u00edan la corrupci\u00f3n, entre ellos la asignaci\u00f3n de fondos a organizaciones no gubernamentales de origen opaco sin mecanismo de control.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/span> \u201cLo que ocurre en Guatemala es una captura total del estado\u201d<\/a><\/p>\n\n\n\n \u201c(Se) ha detectado anomal\u00edas graves en su contenido que abren espacios para la corrupci\u00f3n y que agudizan los cuestionamientos a la legitimidad del presupuesto para 2021\u201d, escribi\u00f3 ICEFI en un comunicado<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Una investigaci\u00f3n<\/a> de El Peri\u00f3dico establece que al menos 32 millones de quetzales (unos US$4.1 millones) del presupuesto hab\u00edan sido asignados a organizaciones no gubernamentales relacionadas con algunos de los mismos diputados que aprobaron la designaci\u00f3n de fondos.<\/p>\n\n\n\n La Oficina de Washington para Am\u00e9rica Latina (WOLA) se\u00f1al\u00f3<\/a> que el congreso guatemalteco no incluy\u00f3 \u201cmecanismos de control apropiados para garantizar el debido uso de los recursos y se fortalecieron ministerios que han sido focos de corrupci\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n La condena m\u00e1s fuerte vino de la calle. El 21 de noviembre, miles de personas se manifestaron en varias plazas y avenidas del pa\u00eds en contra del presupuesto, de los diputados y del gobierno Giammattei. Horas antes, el vicepresidente Castillo hab\u00eda propuesto p\u00fablicamente que \u00e9l y el presidente renunciaran<\/a> para aliviar la crisis.<\/p>\n\n\n\n Cerca de 10,000 manifestantes se reunieron ese d\u00eda frente al palacio de gobierno en Ciudad de Guatemala; ondeaban banderas y sosten\u00edan pancartas para exigir el fin de la corrupci\u00f3n end\u00e9mica en el pa\u00eds. A unas cuadras, una protesta m\u00e1s peque\u00f1a se torn\u00f3 violenta luego de que un grupo de personas prendi\u00f3 fuego al edificio del congreso, lo que provoc\u00f3 que polic\u00edas antidisturbios llenaran de gases lacrim\u00f3genos todo el centro de la ciudad.<\/p>\n\n\n\n La pol\u00e9mica por el presupuesto 2021 parece ser solo una variaci\u00f3n distinta de un guion que es mucho m\u00e1s viejo que el gobierno Giammattei en Guatemala, el de las \u00e9lites pol\u00edticas inmersas en complejas tramas de corrupci\u00f3n y desfalcos a un estado incapaz de detenerlas.<\/p>\n\n\n\n Las im\u00e1genes del s\u00e1bado en las plazas de Guatemala se parec\u00edan en mucho a otras de 2015<\/a>, cuando multitudes se tiraron a las calles para pedir la renuncia del entonces presidente Otto P\u00e9rez Molina y de su vicepresidenta Roxana Baldetti, ambos investigados por el Ministerio P\u00fablico y la Comisi\u00f3n Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por un masivo esquema de fraude aduanero conocido como La L\u00ednea<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Las manifestaciones de 2015 y las posteriores detenciones y enjuiciamientos de P\u00e9rez y Baldetti crearon en Guatemala la impresi\u00f3n<\/a> de que la persecuci\u00f3n penal de la corrupci\u00f3n, incluso en las m\u00e1s altas esferas del poder pol\u00edtico y econ\u00f3mico, era posible. Y as\u00ed fue durante un tiempo.<\/p>\n\n\n\n Pero entre 2017 y 2018, Jimmy Morales, el sucesor de P\u00e9rez en la presidencia de la rep\u00fablica, se asegur\u00f3 de desmantelar los esfuerzos de CICIG y el Ministerio P\u00fablico (MP) por perseguir la corrupci\u00f3n. Morales ech\u00f3 a la comisi\u00f3n y eligi\u00f3 a una fiscal general menos combativa<\/a>.<\/p>\n\n\n\n A la llegada de Giammattei a la presidencia, los diques institucionales contra la corrupci\u00f3n se redujeron pr\u00e1cticamente a una oficina del MP, la Fiscal\u00eda Especial contra la Impunidad (FECI), que ha sido bombardeada<\/a> incluso desde el despacho de la fiscal general. Aun as\u00ed, FECI sigue llevando adelante investigaciones complejas, como una reciente al exministro de comunicaciones Benito Ruiz por presunto lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n Este a\u00f1o, adem\u00e1s, las altas cortes<\/a> del pa\u00eds han estado en la mira de operadores pol\u00edticos que buscan posicionar en la judicatura a funcionarios aliados para prevenir investigaciones criminales. En julio, intentos de los mismos operadores por levantar la inmunidad a magistrados de la Corte de Constitucionalidad provocaron fuertes llamados de atenci\u00f3n contra diputados se\u00f1alados<\/a> por intentar detener investigaciones anticorrupci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Las protestas impulsadas por la aprobaci\u00f3n temporal del presupuesto 2021 tienen matices diferentes a las de 2015. La respuesta del Estado ha sido m\u00e1s violenta ahora.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/span> Silencio de fiscal general podr\u00eda marcar rumbo de la justicia en Guatemala<\/a><\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n es notable, en esta ocasi\u00f3n, la divisi\u00f3n en el ejecutivo: mientras Giammattei clama que todo es parte de una conspiraci\u00f3n para derrocarlo<\/a>, su vicepresidente Castillo entiende que lo del presupuesto es otro intento del sistema por protegerse, por lo que propuso algo in\u00e9dito: la renuncia del binomio presidencial para \u201coxigenar el rumbo del pa\u00eds\u201d.<\/p>\n\n\n\n Al final, las manifestaciones del s\u00e1bado anterior dejaron 40 detenidos (la mayor\u00eda de los cuales ya recobr\u00f3 la libertad), 26 lesionados -entre manifestantes y polic\u00edas- y 3 periodistas agredidos, seg\u00fan un recuento de No-Ficci\u00f3n<\/a>. Las marchas obligaron al Congreso a renegar del pol\u00e9mico presupuesto<\/a>, y en una decisi\u00f3n inusual los diputados mandaron al archivo el plan de gastos aprobado el 17 de noviembre para iniciar una nueva discusi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/es.insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/GuateAP.jpeg?resize=1600%2C1200&quality=100&ssl=1\")
An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n
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