![\"descargar](\"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/Amazonia-saqueada-amazon-thumbnail-investigacion-amazonia-deforestacion.png?resize=606%2C776&quality=100&ssl=1\")
<\/a><\/figure>*Este art\u00edculo hace parte de una investigaci\u00f3n de InSight Crime en conjunto con el Instituto Igarap\u00e9 sobre c\u00f3mo el tr\u00e1fico de vida silvestre, la tala ilegal, la miner\u00eda ilegal de oro y la tala y quema de tierras se est\u00e1n extendiendo por cinco pa\u00edses: Ecuador, Venezuela, Bolivia, Guyana y Surinam. Puede leer los dem\u00e1s cap\u00edtulos de la investigaci\u00f3n aqu\u00ed <\/a>y puede descargar el PDF completo aqu\u00ed.<\/a> <\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n Cada uno de los pa\u00edses de nuestro estudio tiene su propio marco legislativo destinado a proteger el medio ambiente. Sin embargo, las contradicciones, ambig\u00fcedades y lagunas legales hacen que a menudo se queden cortos en esta tarea.<\/p>\n\n\n\n En Bolivia existen varias leyes para combatir los delitos ambientales. Sin embargo, las lagunas y contradicciones legales hacen que los autores rara vez sean castigados<\/a>. <\/p>\n\n\n\n La \u201cLey de la Madre Tierra y el Desarrollo Integral para Vivir Bien\u201d, de la Ley 300 de 2012<\/a>, establece el compromiso del gobierno con la protecci\u00f3n del medio ambiente y la promoci\u00f3n de la vida sostenible. Esta ha sido la base legal de las normas utilizadas para regular la gesti\u00f3n de los recursos naturales, incluyendo el agua y los hidrocarburos en toda la naci\u00f3n. Sin embargo, junto a esto, los sucesivos gobiernos han promovido<\/a> actividades agr\u00edcolas y ganaderas expansivas, que a menudo est\u00e1n relacionadas con el acaparamiento de tierras<\/a>. Esto plantea dudas sobre la eficacia de la ley para detener los delitos ambientales.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N: <\/strong><\/mark>Resiliencia estatal: la poca voluntad pol\u00edtica para proteger la Amazon\u00eda peruana<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Por lo dem\u00e1s, el c\u00f3digo penal<\/a> del pa\u00eds establece penas para una serie de delitos ambientales. El art\u00edculo 358 establece que quien destruya bosques, selvas, pastos o cultivos recibir\u00e1 una pena de prisi\u00f3n de entre uno y seis a\u00f1os. El art\u00edculo 206 detalla que quien provoque un incendio para dar paso a la agricultura (que se propague y da\u00f1e otras propiedades) se enfrentar\u00e1 a una pena de dos a cuatro a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n A pesar de esto, los incendios siguen incinerando la Amazon\u00eda boliviana y otras regiones, lo que sugiere que esta legislaci\u00f3n no ha logrado ahuyentar a los autores de estos delitos.<\/p>\n\n\n\n En cuanto al tr\u00e1fico de fauna silvestre, las penas son leves. La Ley 1333 de 1992<\/a> castiga con uno a tres a\u00f1os de prisi\u00f3n la caza, la pesca y la captura ilegal de animales con explosivos.<\/p>\n\n\n\n En Venezuela, la \u00abLey Org\u00e1nica del Ambiente<\/a>\u00bb de 2006 orienta la gesti\u00f3n de los recursos naturales y establece los derechos constitucionales a un ambiente seguro, sano y ecol\u00f3gicamente equilibrado para todos. Los art\u00edculos 64 y 71 destacan el derecho del p\u00fablico a acceder a la informaci\u00f3n sobre el medio ambiente. El Estado es el encargado de controlar su difusi\u00f3n<\/a>. Sin embargo, el r\u00e9gimen de Maduro no ha cumplido con esta funci\u00f3n. Desde 2012, el gobierno dej\u00f3 de publicar<\/a> datos ambientales. Esto ha hecho que sea incre\u00edblemente dif\u00edcil conseguir datos fiables sobre delitos ambientales, deforestaci\u00f3n y p\u00e9rdida de biodiversidad.<\/p>\n\n\n\n La \u00abLey Penal del Ambiente<\/a>\u00bb de 2012 establece c\u00f3mo deben tratarse los delitos ambientales en el pa\u00eds. La ocupaci\u00f3n ilegal de \u00e1reas protegidas se castiga con penas de dos meses a un a\u00f1o de prisi\u00f3n. La caza ilegal se enfrenta a una pena m\u00e1xima de cinco a\u00f1os y los implicados en la miner\u00eda no met\u00e1lica, como el carb\u00f3n o la arena, en las fuentes de agua o en sus alrededores, pueden pasar hasta ocho a\u00f1os en prisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n La miner\u00eda de oro, sin embargo, no est\u00e1 incluida. Por el contrario, ha sido promovida por el r\u00e9gimen de Maduro. En febrero de 2016, el presidente Nicol\u00e1s Maduro cre\u00f3 un nuevo marco legal para la miner\u00eda que inclu\u00eda la creaci\u00f3n formal del Arco Minero del Orinoco. Esto se ha utilizado para impulsar la actividad minera<\/a>. A pesar de este \u201cmarco legal\u201d, la falta de regulaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de la ley, los funcionarios corruptos y el poder de los grupos armados no estatales hacen que la extracci\u00f3n de oro sin control haya fomentado la deforestaci\u00f3n<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Las leyes destinadas a combatir los delitos ambientales en Ecuador han sido relativamente laxas y, en algunos casos, contradictorias.<\/p>\n\n\n\n En 2008, cuando la naci\u00f3n reescribi\u00f3 su Constituci\u00f3n<\/a>, se tom\u00f3 una decisi\u00f3n hist\u00f3rica para reconocer legalmente que la naturaleza tiene derechos inherentes. Esto incluy\u00f3 un nuevo cap\u00edtulo sobre los \u201cDerechos de la Naturaleza\u201d. Los art\u00edculos 71 y 72 detallan c\u00f3mo la naturaleza en todas sus formas tiene \u201cderecho a existir, persistir, mantenerse y regenerarse\u201d. Como resultado, los propios ecosistemas pueden ser nombrados como \u201cdemandados\u201d en Ecuador. Sin embargo, la nueva Constituci\u00f3n tambi\u00e9n permite la explotaci\u00f3n minera en \u00e1reas protegidas, previa solicitud especial del presidente y la aprobaci\u00f3n de la Asamblea Nacional.<\/p>\n\n\n\n La mayor\u00eda de los delitos ambientales cometidos en el pa\u00eds se castigan con penas relativamente leves.<\/p>\n\n\n\n El cap\u00edtulo cuarto del c\u00f3digo penal del pa\u00eds ofrece directrices<\/a> sobre c\u00f3mo castigar una amplia gama de delitos ambientales. Entre ellos figuran los incendios forestales, los delitos contra la flora y la fauna y la miner\u00eda ilegal.<\/p>\n\n\n\n Para la mayor\u00eda de estos delitos, los delincuentes son castigados con penas que van de uno a tres a\u00f1os de prisi\u00f3n. El art\u00edculo 246 castiga a quien provoque directa o indirectamente incendios en bosques aut\u00f3ctonos con penas de entre uno y tres a\u00f1os de prisi\u00f3n. El art\u00edculo 245 establece el mismo castigo para quien invada \u00e1reas protegidas.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n se enfrentan a esta pena<\/a> quienes participen en la caza, pesca, captura, recolecci\u00f3n, extracci\u00f3n, tr\u00e1fico, posesi\u00f3n, transporte, intercambio o comercio de especies en peligro de extinci\u00f3n. Julia Salvador, de WCS Ecuador, revel\u00f3 que, en muchos casos, los capturados por tr\u00e1fico de fauna silvestre que reciben la pena m\u00e1xima de tres a\u00f1os \u201csalen libres en un a\u00f1o o ni siquiera son enviados a prisi\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n En cambio, Guyana cuenta con un s\u00f3lido marco jur\u00eddico para combatir los delitos ambientales. Los sucesivos gobiernos lo han actualizado peri\u00f3dicamente a medida que han surgido nuevos retos.<\/p>\n\n\n\n A diferencia de sus hom\u00f3logos amaz\u00f3nicos, Guyana es conocida por sus estrictas leyes<\/a> y normativas en materia de gesti\u00f3n de recursos naturales. Su gobierno ha elaborado una estrategia de desarrollo estatal verde que establece una \u201cagenda verde<\/a>\u201d que se espera que est\u00e9 vigente hasta 2040. La agenda trabajar\u00e1 por una \u201ceconom\u00eda verde definida por un desarrollo sostenible, con bajas emisiones de carbono y resiliente que utilice sus recursos de forma eficiente y sostenida a lo largo de generaciones\u201d.<\/p>\n\n\n\n La ley m\u00e1s importante para combatir los delitos ambientales en el pa\u00eds es la Ley de Protecci\u00f3n del Medio Ambiente de 1996<\/a>. En ella se reconoce a la Agencia de Protecci\u00f3n del Medio Ambiente (EPA) como el principal organismo encargado de gestionar las cuestiones medioambientales en Guyana. Esta ley tambi\u00e9n proporciona directrices<\/a> sobre la gesti\u00f3n, conservaci\u00f3n y protecci\u00f3n del medio ambiente, as\u00ed como sobre el uso sostenible de los recursos naturales.<\/p>\n\n\n\n A diferencia de otros pa\u00edses de la regi\u00f3n, el marco legal<\/a> de Surinam oscila entre los mecanismos nacionales y departamentales. Esta din\u00e1mica dificulta la aplicaci\u00f3n de las leyes.<\/p>\n\n\n\n Cuando se trata de \u201cprocedimientos legales\u201d, la miner\u00eda, en particular, es un \u00e1rea problem\u00e1tica para la naci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Las concesiones legales son relativamente f\u00e1ciles de obtener. Las expide<\/a> el Departamento de Geolog\u00eda y Miner\u00eda (GMD) del Ministerio de Recursos Naturales. Antes de que se apruebe una concesi\u00f3n, se supone que se consulta a los grupos ind\u00edgenas u otros habitantes presentes en la zona afectada. Luego, un comisario de distrito presenta un dictamen no vinculante al ministerio.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, no hay forma de que la poblaci\u00f3n local pueda apelar a las decisiones oficiales de asignar concesiones en sus tierras. Es m\u00e1s, en la pr\u00e1ctica, las concesiones suelen otorgarse sin una consulta completa, lo que allana el camino hacia la deforestaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Los sucesivos gobiernos de los pa\u00edses de nuestro estudio han hecho algunos intentos claros de luchar contra los delitos ambientales en la Amazon\u00eda. Sin embargo, la voluntad pol\u00edtica de luchar contra la deforestaci\u00f3n y la p\u00e9rdida de biodiversidad en la regi\u00f3n ha sido, en gran medida, inconsistente. En ocasiones, la ret\u00f3rica y las propuestas p\u00fablicas han chocado con las medidas adoptadas posteriormente.<\/p>\n\n\n\n En Bolivia, los sucesivos gobiernos han promovido<\/a> la ganader\u00eda y las actividades agr\u00edcolas como motores clave del desarrollo econ\u00f3mico. En un principio, sobre todo cuando estas din\u00e1micas se promovieron por primera vez bajo el mandato de Morales, se intent\u00f3 conciliar la relaci\u00f3n entre el uso de la tierra y la conservaci\u00f3n. Sin embargo, esta ret\u00f3rica contrarrest\u00f3 en gran medida los intentos de luchar contra la deforestaci\u00f3n en la regi\u00f3n amaz\u00f3nica del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n Tras el fin del mandato de Morales, es habitual ver c\u00f3mo contin\u00faa este contradictorio mensaje pol\u00edtico. Luis Arce, actual presidente de Bolivia, ha prometido reactivar la econom\u00eda del pa\u00eds, muy afectada por la pandemia del COVID-19. El fomento de las actividades agr\u00edcolas estar\u00e1 en primera l\u00ednea de este plan de recuperaci\u00f3n<\/a>.<\/p>\n\n\n\n \u201cEl actual gobierno es una continuaci\u00f3n del de [el expresidente] Evo Morales\u201d, afirma un periodista boliviano. \u201cLa ampliaci\u00f3n de la frontera agr\u00edcola para promover el desarrollo del pa\u00eds es una pol\u00edtica que persistir\u00e1. Est\u00e1 estipulada en el Plan Nacional de Desarrollo\u201d.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N<\/strong>:<\/mark> Masacres de defensores ambientales siguen impunes en Latinoam\u00e9rica: informe<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Los sucesivos gobiernos tambi\u00e9n han seguido promoviendo la miner\u00eda y la creaci\u00f3n de cooperativas mineras para facilitar el crecimiento econ\u00f3mico<\/a>. Como resultado, la miner\u00eda se ha llevado a cabo en \u00e1reas protegidas como el Parque Nacional de Madidi y las zonas que rodean el r\u00edo Beni.<\/p>\n\n\n\n Paralelamente, los intentos para salvaguardar la regi\u00f3n amaz\u00f3nica de los actos ilegales han carecido de un verdadero efecto. Por ejemplo, los gobiernos no han tomado ninguna medida sustancial para detener los incendios incontrolados, utilizados para dar paso a la expansi\u00f3n agr\u00edcola<\/a>.<\/p>\n\n\n\n En parte, la falta de voluntad pol\u00edtica para luchar contra los delitos ambientales se debe a la estrecha relaci\u00f3n entre el partido gobernante, el MAS, y los grupos econ\u00f3micos que se benefician de la agricultura y la miner\u00eda.<\/p>\n\n\n\n Venezuela se ha mostrado a\u00fan menos dispuesta a luchar contra los delitos ambientales en su Amazon\u00eda. Al igual que en Bolivia, los funcionarios del Estado promueven activamente la miner\u00eda desenfrenada.<\/p>\n\n\n\n Durante la actual crisis del pa\u00eds<\/a>, las finanzas del r\u00e9gimen de Maduro se han visto muy afectadas por las sanciones de Estados Unidos y la ca\u00edda de los precios del petr\u00f3leo. Como resultado, el r\u00e9gimen ha promovido cada vez m\u00e1s la extracci\u00f3n de oro para intentar compensar la diferencia. La deforestaci\u00f3n desenfrenada ha sido un resultado directo<\/a> de esta pol\u00edtica.<\/p>\n\n\n\n Esto probablemente persistir\u00e1 mientras Maduro est\u00e9 en el poder. El oro es una de las principales fuentes de financiaci\u00f3n del actual gobierno, de los militares y de los grupos armados no estatales aliados. Por otro lado, la oposici\u00f3n rara vez saca a relucir el medio ambiente como tema de inter\u00e9s pol\u00edtico. Por ello, no existe una verdadera voluntad pol\u00edtica<\/a> de restringir la actividad o reducir su impacto.<\/p>\n\n\n\n Venezuela es uno de los pocos pa\u00edses<\/a> que no present\u00f3 un objetivo voluntario de reducci\u00f3n de emisiones de carbono como parte del Acuerdo Clim\u00e1tico de Par\u00eds de 2016, que pretend\u00eda fomentar una respuesta global al cambio clim\u00e1tico.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, los datos ambientales se han ocultado a la opini\u00f3n p\u00fablica. En Venezuela no existen datos oficiales sobre la deforestaci\u00f3n, la fauna en peligro de extinci\u00f3n o la miner\u00eda. No se han llevado a cabo estudios de impacto ambiental y no se ha consultado adecuadamente a los pueblos ind\u00edgenas cuando se hacen planes de explotaci\u00f3n minera.<\/p>\n\n\n\n La combinaci\u00f3n de estos factores demuestra que la voluntad pol\u00edtica de combatir los delitos ambientales y la deforestaci\u00f3n en la Amazon\u00eda venezolana es pr\u00e1cticamente inexistente.<\/p>\n\n\n\n En cambio, en Ecuador se han dado algunos pasos para demostrar que el pa\u00eds se toma m\u00e1s en serio los delitos ambientales. La hist\u00f3rica decisi\u00f3n<\/a> de 2008 de reconocer a la naturaleza como poseedora de derechos inherentes supuso un salto adelante, al menos en la ret\u00f3rica.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, al igual que en Bolivia, esto se ha visto compensado por la promoci\u00f3n, por parte del Estado, de actividades industriales<\/a> (como la miner\u00eda, la exploraci\u00f3n petrol\u00edfera y el cultivo de palma de aceite) en la Amazon\u00eda del pa\u00eds. El cultivo de palma de aceite se ha relacionado con el acaparamiento de tierras en la regi\u00f3n amaz\u00f3nica del pa\u00eds, en tanto que los mineros ilegales han invadido territorios protegidos<\/a>. En este escenario, es dif\u00edcil afirmar que el gobierno est\u00e9 tomando medidas contra los delitos ambientales mientras estas din\u00e1micas est\u00e1n en juego.<\/p>\n\n\n\n Esta paradoja parece que va a continuar. El presidente Guillermo Lasso, posesionado en mayo de 2021, durante su campa\u00f1a electoral prometi\u00f3 impulsar las industrias extractivas<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, la falta de datos p\u00fablicos consistentes sobre la deforestaci\u00f3n apunta a una escasa voluntad pol\u00edtica de controlar y resolver los delitos ambientales. Esto se correlaciona con la debilidad de las instituciones ambientales del pa\u00eds. La alta rotaci\u00f3n de ministros, los recortes presupuestarios y el despido inexplicable de personal han llevado a un debilitamiento gradual del Ministerio de Medio Ambiente y Agua de la naci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n En conjunto, estos factores demuestran una voluntad pol\u00edtica relativamente baja para combatir los delitos ambientales en la Amazon\u00eda ecuatoriana de manera significativa.<\/p>\n\n\n\n Por otra parte, la evoluci\u00f3n constante del marco legal en Guyana indica que el compromiso internacional de preservar sus bosques, as\u00ed como la lucha contra los delitos ambientales, especialmente la tala ilegal<\/a>, se mantiene en firme. Al mismo tiempo, sin embargo, el pa\u00eds se encuentra en una carrera por explotar sus recursos mineros y petrol\u00edferos, lo que ha repercutido en la degradaci\u00f3n de sus ecosistemas.<\/p>\n\n\n\n Por su parte, en Surinam se aprecia cierta voluntad pol\u00edtica para combatir la deforestaci\u00f3n y sus causas. Sin embargo, a\u00fan est\u00e1n por verse los resultados de las recientes promesas.<\/p>\n\n\n\n El presidente Chan Santokhi, que dirige el pa\u00eds desde julio de 2020, ha prometido regular mejor el sector minero para reducir su impacto medioambiental y aumentar los ingresos fiscales<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, el actual gobierno ha defendido que se tengan en cuenta los derechos de los ind\u00edgenas a la hora de repartir las concesiones mineras.<\/p>\n\n\n\n Con su plan de crear un nuevo departamento de miner\u00eda en el Ministerio de Recursos Naturales, parece que los grupos ind\u00edgenas<\/a> tendr\u00e1n por fin voz en estos procesos. El departamento tiene previsto colaborar con las comunidades locales y dejar de otorgar concesiones sin la aprobaci\u00f3n local. Si tiene \u00e9xito, ser\u00e1 un salto adelante en un pa\u00eds donde las comunidades ind\u00edgenas han sido ignoradas durante mucho tiempo cuando se han otorgado concesiones.<\/p>\n\n\n\n Desgraciadamente, seg\u00fan los miembros de las comunidades locales<\/a> afectadas por la miner\u00eda, las relaciones informales entre los funcionarios del Estado y los mineros siguen siendo decisivas a la hora de permitir qui\u00e9n extrae legalmente y qui\u00e9n no. Por ello, Surinam a\u00fan tiene que superar algunos retos en lo que respecta a la transparencia en torno a actividades como la miner\u00eda.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, se est\u00e1n dando pasos en la direcci\u00f3n correcta. El departamento de miner\u00eda puso en marcha un programa<\/a> para que las solicitudes de concesiones se presenten en l\u00ednea a partir de 2019, de modo que los procesos sean m\u00e1s transparentes. Aunque hay cierta voluntad pol\u00edtica de realizar cambios proactivos, los resultados a\u00fan est\u00e1n por verse.<\/p>\n\n\n\n Los pa\u00edses de nuestro estudio no cooperan en gran medida entre s\u00ed (ni con otras naciones de la regi\u00f3n y de fuera de ella) para hacer frente a los delitos ambientales en la Amazon\u00eda. Se trata de un \u00e1mbito que puede mejorar.<\/p>\n\n\n\n En Glasgow, la mayor\u00eda de los pa\u00edses amaz\u00f3nicos se comprometieron a acabar con la deforestaci\u00f3n en menos de una d\u00e9cada. La comunidad internacional prometi\u00f3 casi 30.000 millones de d\u00f3lares<\/a> de financiaci\u00f3n \u201cpara ayudar a liberar el potencial de los bosques y el uso sostenible de la tierra\u201d.<\/p>\n\n\n\n Bajo toda esta parafernalia, hay claras deficiencias en el acuerdo, ya que Bolivia y Venezuela no han firmado y se ha cuestionado el compromiso de los pa\u00edses amaz\u00f3nicos que s\u00ed lo han hecho, especialmente Brasil. En \u00faltima instancia, el objetivo enunciado en la COP26 no es m\u00e1s que eso: un objetivo sin una hoja de ruta sustantiva para llegar a \u00e9l, ni dientes legislativos para hacerlo cumplir en el camino. A nivel regional, se ponen de manifiesto grados similares de divergencia en la protecci\u00f3n del medio ambiente.<\/p>\n\n\n\n Algunos tratados y alianzas formales entre pa\u00edses amaz\u00f3nicos existen de nombre. La Organizaci\u00f3n del Tratado de Cooperaci\u00f3n Amaz\u00f3nica (OTCA<\/a>) se cre\u00f3 en 2002. Est\u00e1 formada por Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Per\u00fa, Surinam y Venezuela. Los or\u00edgenes de la OTCA se remontan a 1978, cuando los ocho pa\u00edses firmaron el Tratado de Cooperaci\u00f3n Amaz\u00f3nica (TCA).<\/p>\n\n\n\n La organizaci\u00f3n trabaja actualmente en una nueva Agenda Estrat\u00e9gica para el periodo 2021-2030. Hasta la fecha, ha puesto en marcha diferentes proyectos<\/a> para reforzar los esfuerzos institucionales y civiles en torno a la gesti\u00f3n, el manejo y la vigilancia de los recursos h\u00eddricos y forestales, as\u00ed como de las especies de flora y fauna.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, el impacto de estos esfuerzos ha sido limitado. Los pa\u00edses amaz\u00f3nicos han luchado tradicionalmente por encontrar un equilibrio entre la protecci\u00f3n del medio ambiente y el desarrollo econ\u00f3mico. Esta tendencia ha obstaculizado los esfuerzos de colaboraci\u00f3n para luchar contra la deforestaci\u00f3n y los delitos ambientales en algunos casos.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, la OTCA carece de recursos financieros y tiene dificultades internas. La toma de decisiones es lenta y las proyecciones no alcanzan lo que se proponen. En este contexto, deber\u00eda ser prioritario para futuras investigaciones poder contribuir a la construcci\u00f3n de un di\u00e1logo que apoye la cooperaci\u00f3n con la OTCA.<\/p>\n\n\n\n Sumado a la OTCA<\/a>, el Pacto de Leticia fue firmado por Colombia, Per\u00fa, Bolivia, Ecuador, Brasil, Surinam y Guyana en 2019.<\/p>\n\n\n\n El acuerdo pretende reforzar la acci\u00f3n coordinada para luchar contra la deforestaci\u00f3n en la selva amaz\u00f3nica, facilitar la cooperaci\u00f3n y el intercambio de informaci\u00f3n, crear una Red Amaz\u00f3nica de Cooperaci\u00f3n<\/a> ante cat\u00e1strofes naturales, y promover la investigaci\u00f3n y el desarrollo tecnol\u00f3gico para luchar contra los delitos ambientales y la deforestaci\u00f3n. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) proporcion\u00f3 financiaci\u00f3n para que cada signatario pueda poner en marcha iniciativas de lucha contra la deforestaci\u00f3n en el marco<\/a> del pacto.<\/p>\n\n\n\n Por \u00faltimo, el Acuerdo de Escaz\u00fa<\/a>, un tratado regional aprobado en 2018, busca ampliar el acceso a la informaci\u00f3n ambiental, mejorar la participaci\u00f3n p\u00fablica en la toma de decisiones medioambientales, y proteger a los activistas ambientales en Am\u00e9rica Latina y el Caribe. Es importante se\u00f1alar que mientras Bolivia, Ecuador y Guyana han ratificado<\/a> este acuerdo, Venezuela y Surinam a\u00fan no lo han firmado. No hay indicios reales de que esto cambie pronto.<\/p>\n\n\n\n Aunque tanto el Acuerdo de Escaz\u00fa como el Pacto de Leticia suponen un paso en la direcci\u00f3n correcta, sus resultados est\u00e1n a\u00fan por verse. Para que funcionen eficazmente, es necesario que cada uno de los pa\u00edses de nuestro estudio se sume a ellos y que se superen una serie de retos.<\/p>\n\n\n\n La experta en medio ambiente, Mar\u00eda Antonia Tigre, explic\u00f3 que la cooperaci\u00f3n internacional para proteger la Amazon\u00eda conlleva dificultades, como \u201clos retos pol\u00edticos, los conflictos de intereses, la ambici\u00f3n financiera de los pa\u00edses, as\u00ed como las diversidades biol\u00f3gicas, \u00e9tnicas y sociales entre ellos\u201d. Sin embargo, si se quiere que los delitos ambientales sean combatidos en la Amazon\u00eda, estos desaf\u00edos deben ser superados.<\/p>\n\n\n\n En muchos casos, los pa\u00edses de nuestro estudio han visto c\u00f3mo las organizaciones de la sociedad civil han actuado con mayor eficacia que las autoridades estatales en la lucha contra los delitos ambientales en la Amazon\u00eda.<\/p>\n\n\n\n Mientras que la mayor\u00eda de las respuestas estatales en Bolivia han sido contradictorias, las organizaciones de la sociedad civil del pa\u00eds han realizado intentos centrados y activos para combatir la tala ilegal, la miner\u00eda y el tr\u00e1fico de vida silvestre en su regi\u00f3n amaz\u00f3nica.<\/p>\n\n\n\n \u201cCasa Verde\u201d, una plataforma creada por el Fondo de Estrategia de Conservaci\u00f3n (CSF), ha promovido la sostenibilidad<\/a> en Bolivia al incorporar a las comunidades locales y concienciar sobre el da\u00f1o que causan los delitos ambientales. La plataforma pone en contacto a particulares y empresas con organizaciones medioambientales para que puedan trabajar juntos en proyectos de sostenibilidad.<\/p>\n\n\n\n Varios grupos de la sociedad civil<\/a> tambi\u00e9n han actuado para combatir el tr\u00e1fico de fauna silvestre en el pa\u00eds. Entre ellas se encuentran la Red Boliviana de Combate al Tr\u00e1fico de Animales Silvestres (RE-BOCTAS), la asociaci\u00f3nAnimal S.O.S., el Zool\u00f3gico Municipal de La Paz, la Asociaci\u00f3n Amor por los Animales Bolivia (APLAB), la Fundaci\u00f3n Tierra y el CONTIOCAP.<\/p>\n\n\n\n Hasta la fecha, estas iniciativas han tenido m\u00e1s \u00e9xito que los intentos a nivel nacional de combatir los delitos ambientales en Bolivia.<\/p>\n\n\n\n Al igual que en Bolivia, los grupos de la sociedad civil desempe\u00f1an un papel m\u00e1s activo en la vigilancia de los delitos ambientales en la regi\u00f3n amaz\u00f3nica de Venezuela que el Estado. Los civiles, las organizaciones no gubernamentales, y las universidades est\u00e1n interesados en proteger la selva, pero dependen del apoyo econ\u00f3mico del exterior para actuar con eficacia.<\/p>\n\n\n\n SOS Orinoco<\/a>, un grupo de defensa creado en 2018 por un grupo de expertos dentro y fuera de Venezuela, ha sido un actor clave en la documentaci\u00f3n de los delitos ambientales al sur del r\u00edo Orinoco. Ha investigado la miner\u00eda en la regi\u00f3n, as\u00ed como las organizaciones criminales involucradas en ella. El grupo tambi\u00e9n ha documentado la destrucci\u00f3n que causa la miner\u00eda para sensibilizar a la comunidad internacional y hacer propuestas para combatirla.<\/p>\n\n\n\n En otros casos, las comunidades ind\u00edgenas han defendido sus territorios ante la invasi\u00f3n de organizaciones criminales interesadas en la miner\u00eda. Esta resistencia ha puesto en gran peligro a algunos grupos ind\u00edgenas que viven en la Amazon\u00eda venezolana. Sin embargo, ha supuesto que algunos hayan podido proteger sus tierras de los delitos ambientales.<\/p>\n\n\n\n Del mismo modo, en la Amazon\u00eda ecuatoriana, algunas comunidades ind\u00edgenas han asumido un papel activo combatiendo delitos ambientales. Se han visto empujadas a hacerlo como resultado de los escasos esfuerzos del Estado para hacer frente a los delitos, como la tala ilegal.<\/p>\n\n\n\n Las comunidades locales de la regi\u00f3n colaboran a menudo con organizaciones no gubernamentales, que les proporcionan formaci\u00f3n para patrullar mejor sus territorios utilizando la tecnolog\u00eda.<\/p>\n\n\n\n Por otro lado, el Ministerio de Medio Ambiente de Ecuador ha participado en un pu\u00f1ado de programas que re\u00fanen a las comunidades locales y a las ONG para luchar contra los delitos ambientales.<\/p>\n\n\n\n El programa \u201cSocio Bosque<\/a>\u201d del ministerio, lanzado en 2008, ofrec\u00eda incentivos econ\u00f3micos para que las comunidades se implicaran en la conservaci\u00f3n de los bosques. Aunque ofrec\u00eda algunas promesas, su impacto se vio limitado por la posterior crisis econ\u00f3mica del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n Las organizaciones no gubernamentales tambi\u00e9n han colaborado con el Ministerio de Medio Ambiente del pa\u00eds. Desde 2014, WCS Ecuador<\/a> y el Ministerio de Medio Ambiente comenzaron a trabajar para la implementaci\u00f3n oficial de una plataforma llamada SMART (Herramienta de Monitoreo y Reporte Espacial), que se utiliza para registrar las actividades ilegales en diez \u00e1reas protegidas de todo Ecuador.<\/p>\n\n\n\n Antes, en 2001, el ministerio trabaj\u00f3 con grupos del sector privado para desarrollar un sistema de control forestal independiente<\/a>. Estableci\u00f3 un organismo de control llamado Vigilancia Verde, que supervisaba los flujos comerciales de la madera desde los bosques hasta los mercados. Tambi\u00e9n introdujo un organismo de asesores forestales independientes, llamado Regencia Forestal. Por \u00faltimo, cedi\u00f3 al sector privado las funciones administrativas y de inspecci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n El impacto de esta iniciativa fue cuestionable, ya que la tala ilegal y el tr\u00e1fico de madera han seguido prosperando desde entonces en Ecuador. Adem\u00e1s, es importante se\u00f1alar que estas iniciativas de colaboraci\u00f3n emprendidas con el respaldo del Ministerio de Medio Ambiente, siguen siendo relativamente raras. Lo m\u00e1s frecuente es que las comunidades locales colaboren con las ONG o propongan sus propias soluciones para evitar los delitos ambientales.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, si se aplican de forma eficaz y con los conocimientos adecuados, las asociaciones p\u00fablico-privadas son muy prometedoras para hacer frente a los delitos ambientales en la Amazon\u00eda ecuatoriana.<\/p>\n\n\n\n En contraste con Bolivia, Venezuela y Ecuador, en los grupos de la sociedad civil de Guyana apenas participan<\/a> en la lucha contra los delitos ambientales, ya que la educaci\u00f3n medioambiental en el pa\u00eds es relativamente escasa.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, los miembros de algunas comunidades amerindias<\/a> han luchado contra quienes invaden sus territorios. Adem\u00e1s, un pu\u00f1ado de organizaciones de la sociedad civil ha trabajado con estas comunidades para ayudarles a hacer frente a las consecuencias de los delitos ambientales, incluida la contaminaci\u00f3n por mercurio<\/a>. <\/strong><\/p>\n\n\n\n En Surinam, los grupos de la sociedad civil desempe\u00f1an en gran medida una funci\u00f3n de concienciaci\u00f3n para combatir los delitos ambientales. Sin embargo, su impacto en la reducci\u00f3n de estas actividades es limitado, debido a la falta de inter\u00e9s del Estado y a las dificultades log\u00edsticas para llegar a zonas remotas del interior del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n Iniciativas locales como \u201cNO KWIK<\/a>\u201d, un proyecto financiado por la Fundaci\u00f3n de Medio Ambiente y Miner\u00eda de Surinam y la Fundaci\u00f3n de Conservaci\u00f3n de Surinam, conciencian sobre el impacto que tienen actividades como la miner\u00eda. Comparten los peligros de la contaminaci\u00f3n por mercurio con las comunidades locales.<\/p>\n\n\n\n Otras organizaciones no gubernamentales, como el Equipo de Conservaci\u00f3n de la Amazon\u00eda de Surinam (ACT Surinam<\/a>) y la Fundaci\u00f3n para la Gesti\u00f3n y Supervisi\u00f3n Forestal (SBB<\/a>), tambi\u00e9n trabajan en la concienciaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n A nivel internacional, la Alianza por la Miner\u00eda Responsable (ARM), World Wildlife Fund Guianas, el Instituto de Investigaci\u00f3n y Desarrollo (IRD), y la Universidad de Quebec en Montreal (UQAM) se unieron para trabajar en el proyecto \u201cSupporting Mercury Phase-out in the Guianas\u201d. El objetivo de este proyecto es sensibilizar a la poblaci\u00f3n sobre el impacto que el mercurio<\/a> utilizado en la miner\u00eda puede tener en las personas y en los ecosistemas circundantes.<\/p>\n\n\n\n Estas organizaciones han dado grandes pasos en la concienciaci\u00f3n sobre los delitos ambientales en Surinam. Sin embargo, estos grupos no pueden hacer mucho para acabar con estas actividades sin la participaci\u00f3n de las autoridades.<\/p>\n\n\n\n Las ONG tienen su sede en la capital del pa\u00eds, Paramaribo. Tienen un acceso limitado al interior del pa\u00eds, donde se cometen delitos ambientales. Mientras tanto, los sucesivos gobiernos y autoridades estatales no han conseguido frenar la degradaci\u00f3n medioambiental por s\u00ed mismos. Esto ha supuesto una carga abrumadora para que las ONG se ocupen solas de una gran parte de estos delitos.<\/p>\n\n\n\n *Juan Diego C\u00e1rdenas, Katie Jones, Nienke Laan, Javier Lizcano, Julian Lovregio, Scott Mistler-Ferguson, Isaac Norris, y Mar\u00eda Fernanda Ram\u00edrez<\/em> contribuyeron al reportaje<\/em>. <\/p>\n\n\n\n InSight Crime se ha asociado con el Instituto Igarap\u00e9<\/a> <\/em><\/strong>\u2014centro de pensamiento independiente ubicado en Brasil, que se dedica al estudio de temas actuales relacionados con desarrollo, seguridad y clima\u2014<\/strong><\/em> para rastrear los delitos ambientales y los actores criminales que impulsan la deforestaci\u00f3n en toda la Amazon\u00eda. Vea la serie completa aqu\u00ed<\/a>.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n Los delitos ambientales abundan en toda la Amazon\u00eda como resultado de la escasa capacidad de reacci\u00f3n del Estado. A pesar de que se han hecho esfuerzos para combatirlos, la corrupci\u00f3n, la falta de voluntad pol\u00edtica y la escasa articulaci\u00f3n entre los organismos p\u00fablicos forman una mezcla explosiva que ha provocado un aumento de la deforestaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"author":29,"featured_media":202045,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"single-feature.php","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"newspack_content_restriction_is_exempt":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"above","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[342],"tags":[439,426,1546,456,440,3556,3481,4581,400],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[3845,4208,4167],"class_list":["post-201964","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-investigaciones","tag-delitos-ambientales","tag-ecuador-pais","tag-guyana-pais","tag-mineria","tag-surinam","tag-trafico-de-animales","tag-trafico-de-madera","tag-trafico-tierras","tag-venezuela-pais","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/investigaciones\/marcos-legales-proteccion-amazonia-prueba\/","smart_links":{"inbound":0,"outbound":0},"traffic_boost_suggestions_count":0,"meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"Marcos 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