![\"\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Thumbnail-Amazonas-Spa.png?resize=600%2C700&quality=100&ssl=1\")
<\/a><\/figure>*Este art\u00edculo hace parte de una investigaci\u00f3n de InSight Crime en conjunto con el Instituto Igarap\u00e9 sobre la miner\u00eda ilegal, el tr\u00e1fico de madera y el narcotr\u00e1fico en las zonas de triple frontera entre Colombia, Per\u00fa, Brasil y Venezuela. Si desea leer la investigaci\u00f3n completa puede hacerlo aqu\u00ed<\/a>. Tambi\u00e9n puede descargar el PDF completo aqu\u00ed<\/a>. <\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n El expresidente colombiano Iv\u00e1n Duque (2018-2022) declar\u00f3 los delitos ambientales como el principal objetivo de su pol\u00edtica de seguridad, pero no hizo muchos esfuerzos cuando la deforestaci\u00f3n se dispar\u00f3. El actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha declarado la protecci\u00f3n del Amazonas como uno de los pilares de su agenda.<\/p>\n\n\n\n El presidente de Per\u00fa Pedro Castillo vacil\u00f3 entre declarar la necesidad de acciones prontas para controlar la deforestaci\u00f3n y promover el desarrollo econ\u00f3mico de la regi\u00f3n. Su destituci\u00f3n y arresto tras un intento de disolver el Congreso en diciembre de 2022 ha agudizado el caos pol\u00edtico en el pa\u00eds, y empujado las preocupaciones ambientales mucho m\u00e1s abajo en la lista de prioridades del gobierno.<\/p>\n\n\n\n Nicol\u00e1s Maduro, presidente de Venezuela, anul\u00f3<\/a> toda protecci\u00f3n para la regi\u00f3n amaz\u00f3nica del pa\u00eds y se beneficia de su saqueo.<\/p>\n\n\n\n Varios factores importantes que dan forma al marco legislativo en Brasil son su federalismo y el rol desproporcionado del poder ejecutivo, a nivel estatal y nacional. El gobierno de Bolsonaro busc\u00f3 agresivamente desmontar las protecciones sobre los territorios ind\u00edgenas y las reservas naturales de la regi\u00f3n para hacer posible el desarrollo econ\u00f3mico y la miner\u00eda. Estos invariablemente han llevado v\u00edas y otra infraestructura, lo que por lo general es la puerta de entrada para delitos ambientales a gran escala en la Amazon\u00eda, incluido el despeje ilegal masivo de selva para la ganader\u00eda y la agricultura. El sucesor de Bolsonaro, Lula, quien ocup\u00f3 la presidencia entre 2003 y 2010, se comprometi\u00f3 durante su campa\u00f1a a combatir la p\u00e9rdida forestal. Pero sin reformas de fondo que blinden las protecciones, un nuevo presidente podr\u00eda simplemente revertir los esfuerzos de Lula.<\/p>\n\n\n\n La Amazon\u00eda que corresponde a Brasil, el \u00e1rea designada por ley como selva amaz\u00f3nica, comprende cerca de 500 millones de hect\u00e1reas y representa casi el 60% de la regi\u00f3n selv\u00e1tica de la Amazon\u00eda suramericana. Casi una tercera parte de las selvas de Brasil est\u00e1n demarcadas como territorios ind\u00edgenas. Tras el final de la dictadura militar en 1985, una nueva constituci\u00f3n<\/a> reconoci\u00f3 los derechos de los pueblos ind\u00edgenas a su tierra, lo que previ\u00f3 que los intereses de estas comunidades est\u00e1n por encima de los intereses del gobierno.<\/p>\n\n\n\n Las reservas de Alto R\u00edo Negro y Yanomami \u2014que juntas suman 18 millones de hect\u00e1reas\u2014 constituyen la mayor parte de la tierra en la frontera de Brasil con Venezuela y Colombia. La reserva del Alto R\u00edo Negro<\/a>, que alberga 23 tribus, fue declarada territorio ind\u00edgena en 1998, mientras que la reserva Yanomami<\/a> fue declarada como tal en 1992. La masiva invasi\u00f3n de buscadores de oro ha creado una tragedia ambiental y humanitaria en la reserva Yanomami en Brasil y en el parque Nacional Yapacana, de Venezuela.<\/p>\n\n\n\n En territorio Yanomami, es necesario restablecer las tres bases de protecci\u00f3n etnoambiental cerradas por el gobierno. Un juez federal brasile\u00f1o orden\u00f3 al gobierno que reabriera las bases hace m\u00e1s de cuatro a\u00f1os, pero esto no se ha cumplido. La Asociaci\u00f3n Hutukara Yanomami y la ISA han demandado la creaci\u00f3n de al menos tres nuevas bases para vigilar los r\u00edos. Tambi\u00e9n deben cerrarse las empresas de transporte a\u00e9reo que facilitan la miner\u00eda ilegal y judicializarse a sus due\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n La constituci\u00f3n del pa\u00eds ordena que toda exploraci\u00f3n en busca de recursos minerales o h\u00eddricos, as\u00ed como su explotaci\u00f3n, por parte del gobierno en tierras ind\u00edgenas solo puede hacerse despu\u00e9s de una consulta previa<\/a> con los grupos que habitan los territorios. Bolsonaro y los legisladores aliados suyos, sin embargo, trataron de cambiar los l\u00edmites geogr\u00e1ficos o el estatus legal de las tierras protegidas para abrirlas a la miner\u00eda, la agricultura y proyectos de infraestructura por parte de intereses particulares.<\/p>\n\n\n\n En febrero de 2020, Bolsonaro present\u00f3 ante el Congreso el proyecto de ley PL 191\/2020<\/a>, que permit\u00eda la regulaci\u00f3n de la miner\u00eda y otros proyectos en Territorios Ind\u00edgenas. Dos a\u00f1os despu\u00e9s, se puso en espera el proyecto de ley<\/a>, luego de multitudinarias protestas. En marzo de 2023, el gobierno de Lula solicit\u00f3 al Congreso que archivara el proyecto de ley.<\/p>\n\n\n\n Los legisladores locales tambi\u00e9n intentaron suavizar las regulaciones mineras. En Roraima, los diputados aprobaron<\/a> un proyecto de ley que hac\u00eda m\u00e1s laxas las regulaciones sobre el uso de mercurio en la miner\u00eda a peque\u00f1a escala, y otra que prohib\u00eda<\/a> la destrucci\u00f3n de equipos de miner\u00eda confiscados.<\/p>\n\n\n\n Los detractores dicen que la ret\u00f3rica de Bolsonaro y su negativa a enfrentar con contundencia la tala, la miner\u00eda y la ganader\u00eda ilegales incitaron<\/a> la deforestaci\u00f3n. Durante el mandato de Bolsonaro, el organismo ambiental de Brasil, el Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renov\u00e1veis (Ibama), encargado de la inspecci\u00f3n ambiental con facultades de sanci\u00f3n administrativa, sufri\u00f3 recortes<\/a> enormes en su presupuesto anual y su personal.<\/p>\n\n\n\n Durante el primer a\u00f1o de Bolsonaro en la presidencia, la deforestaci\u00f3n lleg\u00f3 a 9.178 kil\u00f3metros cuadrados, duplicando casi la deforestaci\u00f3n de 2018. Durante los dos a\u00f1os siguientes, la p\u00e9rdida de selva se mantuvo por encima de los 8.000 kil\u00f3metros cuadrados. Y 2022 fue el peor de su administraci\u00f3n, con 9.227 kil\u00f3metros cuadrados talados entre enero y octubre, seg\u00fan el Instituto Nacional de Investigaci\u00f3n Espacial de Brasil<\/a> (Instituto de Pesquisas Espaciais, Inpe). Varias partes de Amazon\u00eda brasile\u00f1a han pasado de ser sumideros a emisores<\/a> de carbono.<\/p>\n\n\n\n \u201cNo hay seguridad clim\u00e1tica para el mundo sin protecci\u00f3n para el Amazonas\u201d, declar\u00f3<\/a> Lula en una alocuci\u00f3n en la cumbre clim\u00e1tica COP27 organizada por las Naciones Unidas (ONU) en Egipto en noviembre de 2022. \u201cHaremos lo que sea preciso para tener en cero la deforestaci\u00f3n y la degradaci\u00f3n de nuestros biomas\u201d.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/mark><\/strong> Marcos legales para la protecci\u00f3n de la Amazon\u00eda a prueba<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Lula ya ha tenido \u00e9xitos en la reducci\u00f3n de la deforestaci\u00f3n<\/a>, y gran parte de la comunidad internacional respaldar\u00e1 sus esfuerzos. A dos meses de su posesi\u00f3n, el nuevo presidente lanz\u00f3 su campa\u00f1a para combatir los delitos ambientales. Se despleg\u00f3 una fuerza de tarea integrada por la polic\u00eda, el ej\u00e9rcito y los organismos ambientales para expulsar a los mineros ilegales de las tierras de los Yanomami. La expulsi\u00f3n<\/a> de los mineros ilegales del territorio Yanomami puede aliviar la presi\u00f3n a la que se ha visto sometida esta comunidad ind\u00edgena durante a\u00f1os a manos de los garimpeiros<\/em>. Pero los mineros ilegales est\u00e1n desplaz\u00e1ndose hacia la frontera con Venezuela, y pronto seguramente llegar\u00e1n a otros rincones de la cuenca del Amazonas para seguir su saqueo ilegal. Por esta raz\u00f3n, es esencial crear programas de desarrollo alternativos en las fronteras y reforzar la cooperaci\u00f3n multilateral para evitar que se presenten crisis similares en otros territorios.<\/p>\n\n\n\n \u201cEs de extrema importancia no solo clausurar una actividad perjudicial como la miner\u00eda ilegal de oro o la tala ilegal, sino ofrecer oportunidades econ\u00f3micas s\u00f3lidas como alternativas a dicha actividad\u201d, declar\u00f3 Daniel Nepstad, presidente y director ejecutivo de la organizaci\u00f3n sin \u00e1nimo de lucro Earth Innovation, en una entrevista<\/a> reciente con InSight Crime.<\/p>\n\n\n\n Por ejemplo, Brasil debe reforzar<\/a> programas como el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal, FNDF), dirigido por el Servicio Forestal Brasile\u00f1o (Servi\u00e7o Florestal Brasileiro, SFB); propender por el fomento de actividades forestales sostenibles en Brasil, y promover la innovaci\u00f3n tecnol\u00f3gica en el sector forestal.<\/p>\n\n\n\n Pero tambi\u00e9n es muy probable que Lula se tope con la resistencia de quienes consideran la Amazon\u00eda su patio trasero. Durante la segunda vuelta por la presidencia en 2022 entre Lula y Bolsonaro, este \u00faltimo gan\u00f3 en ocho de los diez municipios donde se present\u00f3 la deforestaci\u00f3n m\u00e1s alta en el a\u00f1o anterior, seg\u00fan un informe del Observatorio del Clima<\/a> (Observat\u00f3rio do Clima), una red de organizaciones de la sociedad civil brasile\u00f1a.<\/p>\n\n\n\n Desesperados por recuperar las rentas perdidas por las sanciones a las exportaciones de hidrocarburos, el gobierno de Nicol\u00e1s Maduro, corto de dinero, ha pasado del petr\u00f3leo al oro con la consiguiente falta de voluntad pol\u00edtica frente a la protecci\u00f3n ambiental.<\/p>\n\n\n\n En un inicio, Maduro quiso controlar la miner\u00eda<\/a> mediante el desarrollo del Arco Minero del Orinoco (AMO), una regi\u00f3n en forma de medialuna que se extiende por tres estados en un \u00e1rea del tama\u00f1o de la isla de Cuba.<\/p>\n\n\n\n Creada bajo un nuevo marco<\/a> para la miner\u00eda en 2016, esta regi\u00f3n rica en oro fue la piedra angular del plan de Maduro para generar nuevos ingresos en medio de una crisis econ\u00f3mica cada vez m\u00e1s aguda. Despu\u00e9s de su creaci\u00f3n, el presidente afirm\u00f3<\/a> que se hab\u00edan cerrado contratos mineros por miles de millones de d\u00f3lares con empresas extranjeras.<\/p>\n\n\n\n Pero la corrupci\u00f3n, el control criminal de las zonas mineras y la amenaza de sanciones sobre el oro terminaron por diluir el naciente inter\u00e9s de las firmas internacionales, dejando como resultado ning\u00fan proyecto formal.<\/p>\n\n\n\n Pero los mineros ilegales<\/a> llegaron por centenares al arco minero y m\u00e1s all\u00e1. Para vigilar la fiebre de oro ilegal, el gobierno recurri\u00f3 a una masa<\/a> de personas interpuestas, entre ellos representantes del gobierno local, grupos armados colombianos y el ej\u00e9rcito de Venezuela. El r\u00e9gimen de Maduro y sus aliados absorben gran parte de las ganancias de la miner\u00eda ilegal de oro, seg\u00fan el Departamento del Tesoro estadounidense<\/a>.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/mark><\/strong> El ascenso del Estado criminal h\u00edbrido en Venezuela<\/a><\/p>\n\n\n\n Cristina Vollmer Burelli, fundadora de SOS Orinoco, una organizaci\u00f3n dedicada a la investigaci\u00f3n ambiental en Venezuela, explic\u00f3 esta din\u00e1mica de manera muy resumida en Americas Quarterly<\/a>, publicaci\u00f3n dedicada a Latinoam\u00e9rica. \u201cLas autoridades civiles y militares que responden a Maduro y su camarilla controlan el acceso al combustible, el mercurio, las bombas el\u00e9ctricas y las zonas mineras, y se lucran a manos llenas de dicho control\u201d, escribi\u00f3 Burelli.<\/p>\n\n\n\n En 2019, el Departamento del Tesoro impuso sanciones<\/a> a Minerven, firma minera del Estado de Venezuela, se\u00f1al\u00e1ndola de participar en operaciones de extracci\u00f3n ilegal de oro. Minerven funde oro y es muy consciente de su origen ilegal, seg\u00fan un pol\u00edtico de la oposici\u00f3n en el estado de Bol\u00edvar, quien habl\u00f3 con InSight Crime en 2020 bajo la condici\u00f3n de que se mantuviera su anonimato por razones de seguridad.<\/p>\n\n\n\n El oro fundido en los hornos de Minerven termina transport\u00e1ndose<\/a> a las b\u00f3vedas del Banco Central de Venezuela (BCV) en Caracas, desde donde puede venderse al exterior. Se dice que el oro venezolano ha sido comprado por el gobierno de Turqu\u00eda<\/a>, y entidades de Uganda<\/a> y los Emiratos \u00c1rabes Unidos<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Manuel Cristopher Figuera, exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), ha descrito en repetidas ocasiones<\/a> el sistema como \u201cuna empresa criminal\u201d en la que Maduro, su familia y otros c\u00f3mplices usan el banco central para sacar oro del pa\u00eds, seg\u00fan declaraciones a varios medios.<\/p>\n\n\n\n Parad\u00f3jicamente, Venezuela hab\u00eda emprendido uno de los primeros intentos por proteger sus selvas amaz\u00f3nicas de la tala y la miner\u00eda, con la creaci\u00f3n<\/a> de parques y una \u201cvigorosa pol\u00edtica conservacionista\u201d en el estado de Amazonas en 1978. Ese a\u00f1o, se prohibi\u00f3 toda la tala comercial en el Amazonas venezolano. En 1989, tambi\u00e9n se prohibi\u00f3 la actividad minera.<\/p>\n\n\n\n Como lo se\u00f1alamos en nuestro informe anterior, \u201cLa Amazon\u00eda saqueada: las ra\u00edces de los delitos ambientales en cinco pa\u00edses<\/a>\u201d, Venezuela tiene un marco legislativo dise\u00f1ado para proteger la Amazon\u00eda. La \u201cLey Org\u00e1nica Ambiental<\/a>\u201d de 2006 ofrece una gu\u00eda para el manejo de los recursos naturales y dispone los derechos constitucionales para un medio ambiente seguro y en equilibrio ecol\u00f3gico. El pa\u00eds tambi\u00e9n tiene \u201cLey Penal del Ambiente<\/a>\u201d de 2012, un derrotero para el tratamiento de los delitos ambientales en el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n Esas protecciones, sin embargo, fueron debilitadas o totalmente desmontadas<\/a> por los gobiernos de Ch\u00e1vez y Maduro.<\/p>\n\n\n\n Desde 2011, Venezuela se ha negado a publicar cifras sobre deforestaci\u00f3n; las re\u00fane, pero impide que lleguen a la opini\u00f3n p\u00fablica, seg\u00fan un funcionario del gobierno que habl\u00f3 con el servicio de noticias ambientales Mongabay. Aun as\u00ed, el Observatorio de Ecolog\u00eda Pol\u00edtica de Venezuela<\/a>, organizaci\u00f3n no gubernamental, calcula que entre 2016 y 2020 desaparecieron m\u00e1s de una cuarta parte de las zonas de selva del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan Global Forest Watch<\/a>, que supervisa los bosques mediante datos satelitales, Venezuela tuvo uno de sus mayores picos de deforestaci\u00f3n en 2021. Se perdieron unas 54.000 hect\u00e1reas, m\u00e1s del doble del bosque primario perdido en 2020.<\/p>\n\n\n\n Hasta hace poco, Venezuela se hab\u00eda aislado de las plataformas multilaterales que promueven la cooperaci\u00f3n en la Amazon\u00eda. Tambi\u00e9n estaban rotas las relaciones diplom\u00e1ticas con los pa\u00edses vecinos. Pero el reciente acercamiento entre Maduro y los nuevos presidentes de Brasil<\/a> y Colombia<\/a>, puede abrir una nueva era en las relaciones y la cooperaci\u00f3n entre Venezuela y ambas naciones. En la cumbre clim\u00e1tica COP27 en Egipto, Maduro tambi\u00e9n pidi\u00f3 renovar<\/a> los esfuerzos por la cooperaci\u00f3n multilateral para la protecci\u00f3n de la Amazon\u00eda. <\/p>\n\n\n\n En enero de 2023, el ej\u00e9rcito de Venezuela adelant\u00f3 seis operativos<\/a> para destruir equipos de miner\u00eda ilegal en el Parque Nacional Yapacana, en la frontera con Colombia. Pero con esos esfuerzos y el anuncio de Maduro de que proteger\u00eda<\/a> la Amazon\u00eda en medio de los grupos armados y los elementos corruptos del Estado que se benefician de la miner\u00eda ilegal \u2014contando al mismo Maduro\u2014 persisten las dudas acerca de lo real de su compromiso.<\/p>\n\n\n\n En los a\u00f1os transcurridos desde la firma del acuerdo de paz con las FARC, el gobierno colombiano ha perdido una oportunidad<\/a> de oro de llevar las instituciones de gobierno y orden p\u00fablico a las zonas en las que imper\u00f3 la guerrilla, con lo que prolong\u00f3 la falta de control cr\u00f3nica sobre extensas \u00e1reas de selva tropical sumida en la anarqu\u00eda.<\/p>\n\n\n\n En 2017, la deforestaci\u00f3n<\/a> alcanz\u00f3 un techo anual de unas 220.000 hect\u00e1reas.<\/p>\n\n\n\n Nunca ha parecido m\u00e1s cuesta arriba combatir la deforestaci\u00f3n. El expresidente Iv\u00e1n Duque prometi\u00f3<\/a> cortar ese n\u00famero a la mitad al t\u00e9rmino de su cuarto a\u00f1o de gobierno en agosto de 2022. Pero la p\u00e9rdida de bosques pas\u00f3 de unas 159.000 hect\u00e1reas<\/a> en 2019 a 174.000 hect\u00e1reas<\/a> en 2021, y 2022 no promet\u00eda mejora. Entre enero y marzo, la p\u00e9rdida forestal aument\u00f3<\/a> un 10% en relaci\u00f3n con 2021, y seg\u00fan los expertos, la tendencia es muy probable que se haya mantenido<\/a> la tendencia ascendente.<\/p>\n\n\n\n Colombia tiene varias nuevas leyes en los libros para combatir los delitos ambientales, pero es demasiado pronto para evaluar su efectividad.<\/p>\n\n\n\n En 2021, Colombia penaliz\u00f3 la deforestaci\u00f3n<\/a> y la financiaci\u00f3n de la invasi\u00f3n de territorios de importancia ecol\u00f3gica. Las nuevas leyes refuerzan el marco legal colombiano, especificando que quienes financien empresas que incurran en delitos ambientales enfrentar\u00e1n<\/a> duras sanciones. Pero las fuerzas de orden p\u00fablico y los fiscales han fracasado hist\u00f3ricamente<\/a> en su tarea de desentra\u00f1ar las redes que est\u00e1n detr\u00e1s de la deforestaci\u00f3n ilegal. En los \u00faltimos a\u00f1os, campa\u00f1as e intervenciones militares \u2014como la Operaci\u00f3n Artemisa<\/a>, que intent\u00f3 erradicar los delitos ambientales en Colombia entre 2019 y 2022\u2014 han tenido poco impacto en la reducci\u00f3n de la deforestaci\u00f3n a la par que han perseguido de manera desproporcionada a los peque\u00f1os agricultores y taladores, los eslabones m\u00e1s d\u00e9biles de la cadena criminal.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/mark><\/strong> Marcos legales para la protecci\u00f3n de la Amazon\u00eda a prueba<\/a><\/p>\n\n\n\n La directora de un grupo sin \u00e1nimo de lucro que trabaja en comunidades rurales pobres declar\u00f3 a Mongabay<\/a> que teme que los campesinos colombianos sean objeto de mayor judicializaci\u00f3n con la nueva legislaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Tal como Lula en Brasil, el presidente colombiano Petro se ha pronunciado abiertamente<\/a> a favor de combatir la deforestaci\u00f3n y proteger la Amazon\u00eda. Durante su campa\u00f1a, se comprometi\u00f3<\/a> a frenar la migraci\u00f3n a la Amazon\u00eda y a combatir actividades ilegales que fomentan la deforestaci\u00f3n, como el despeje de \u00e1rboles y la compra irregular de tierras para cr\u00eda de ganado, un mecanismo usado para lavar dinero del narcotr\u00e1fico.<\/p>\n\n\n\n Petro plante\u00f3 los delitos ambientales como prioridad de su pol\u00edtica de seguridad<\/a>, en un intento por distanciarse de la \u201cguerra antinarc\u00f3ticos\u201d y acercarse a la protecci\u00f3n del medio ambiente. Sus esfuerzos por proteger la Amazon\u00eda, sin embargo, enfrentan los problemas de la escasez de presupuesto y el avance de la agroindustria. Por largo tiempo, las organizaciones criminales han corrompido a pol\u00edticos y funcionarios locales para proteger sus intereses.<\/p>\n\n\n\n El mandatario ha buscado dar un nuevo aliento a la cooperaci\u00f3n regional y en repetidas oportunidades ha solicitado el apoyo de la comunidad internacional para una estrategia que se aparte de la de sus predecesores. En la 77 Asamblea General de la ONU<\/a>, en septiembre de 2022, Petro declar\u00f3 que las iniciativas para eliminar la coca han llevado la violencia a las selvas tropicales de Colombia, mientras que se sigue protegiendo los combustibles f\u00f3siles que contribuyen al cambio clim\u00e1tico.<\/p>\n\n\n\n \u201c\u00bfQu\u00e9 es m\u00e1s venenoso para la humanidad, la coca\u00edna, el carb\u00f3n o el petr\u00f3leo?\u201d, interpel\u00f3 a la audiencia.<\/p>\n\n\n\n Petro quiere implementar un programa<\/a> en el que se pague entre US$400 y US$600 mensuales a los campesinos que sustituyan los cultivos de coca a cambio de preservar los bosques, una iniciativa similar a la del Programa Familias Guardabosques implementada a comienzos de la d\u00e9cada del 2000, en el que se ped\u00eda a familias campesinas que se comprometieran a sustituir cultivos il\u00edcitos<\/a> para recibir beneficios de programas de desarrollo.<\/p>\n\n\n\n En la cumbre clim\u00e1tica COP27<\/a>, Petro declar\u00f3 que su pa\u00eds tiene la intenci\u00f3n de destinar US$200 millones anuales durante las pr\u00f3ximas dos d\u00e9cadas para proteger la Amazon\u00eda. Al convocar a otros a colaborar, defendi\u00f3 la \u201capertura de un fondo\u201d sostenido por las donaciones de empresas y gobiernos extranjeros.<\/p>\n\n\n\n Per\u00fa tiene un amplio marco legal que protege su Amazon\u00eda. Aunque existen diferentes provisiones e instrumentos que regulan las actividades de miner\u00eda, tala y manejo de vida silvestre, la ley que cubre el mandato ambiental en Per\u00fa es la Ley General del Ambiente<\/a>, sancionada en 2005.<\/p>\n\n\n\n Esa ley busca regular<\/a> la protecci\u00f3n y conservaci\u00f3n del medio ambiente, los recursos naturales y los da\u00f1os ambientales, entre otros. De igual forma, el pa\u00eds ha creado varios instrumentos<\/a> que ampl\u00edan las facultades del Ministerio del Ambiente, el m\u00e1ximo \u00f3rgano regulador en estos temas a nivel nacional.<\/p>\n\n\n\n Las iniciativas de Per\u00fa est\u00e1n cargadas de buenas intenciones, pero no son efectivas. A finales de 2021, el gobierno de Per\u00fa cre\u00f3 la Reserva Yavari Tapiche<\/a>, un \u00e1rea protegida de 1,1 millones de hect\u00e1reas cerca de la frontera entre Per\u00fa y Brasil. Aunque la creaci\u00f3n de la reserva fue un gran paso despu\u00e9s de casi veinte a\u00f1os en gestaci\u00f3n, los entes gubernamentales a\u00fan no anulan y retiran 47 concesiones forestales otorgadas ilegalmente en la zona por el gobierno del departamento de Loreto, seg\u00fan la Asociaci\u00f3n Inter\u00e9tnica de Desarrollo de la Selva Peruana<\/a> (Aidesep).<\/p>\n\n\n\n Esta inoperancia caracteriza muchos de los intentos de Per\u00fa por proteger su Amazon\u00eda de la deforestaci\u00f3n ilegal. En 2015, Per\u00fa ratific\u00f3 la Ley Nacional Forestal y de Fauna Silvestre<\/a>, un estatuto general que regula el aprovechamiento de madera. Un a\u00f1o antes, el gobierno se comprometi\u00f3 a certificar que la madera comprada y vendida en el pa\u00eds procediera de fuentes legales. El gobierno tambi\u00e9n se comprometi\u00f3 en su Estrategia Nacional Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal (ENLTI 2021-2025)<\/a> a crear un sistema de vigilancia forestal y un laboratorio forense para identificar madera, y a coordinar mejor los entes de gobierno encargados de hacer seguimiento al transporte de madera.<\/p>\n\n\n\n A pesar de todo esto, la Amazon\u00eda peruana present\u00f3 en 2020 la peor tasa de deforestaci\u00f3n<\/a> de las dos \u00faltimas d\u00e9cadas, con la destrucci\u00f3n de m\u00e1s de 203.000 hect\u00e1reas, gran parte por cuenta de la tala ilegal. Adem\u00e1s, la Comisi\u00f3n Agraria del Congreso de Per\u00fa pretende modificar la ley forestal<\/a> para permitir a la poblaci\u00f3n cultivar y criar ganado en sus tierras sin antes consultar al Ministerio del Ambiente, lo que facilitar\u00e1 la destrucci\u00f3n de bosques potencialmente sensibles. La inestabilidad pol\u00edtica cr\u00f3nica en el pa\u00eds significa que es improbable que la situaci\u00f3n mejore en el corto plazo.<\/p>\n\n\n\n En Per\u00fa, un nuevo proyecto de ley despierta preocupaci\u00f3n sobre los defensores del medio ambiente y las organizaciones de la sociedad civil. La iniciativa legislativa pretende enmendar la Ley para la protecci\u00f3n de Pueblos ind\u00edgenas u originarios en situaci\u00f3n de aislamiento y en situaci\u00f3n de contacto inicial (PIACI)<\/a>. La propuesta dejar\u00eda en manos de los gobiernos regionales la decisi\u00f3n sobre la creaci\u00f3n de reservas en sus territorios, una capacidad que actualmente est\u00e1 reservada al gobierno nacional. Seg\u00fan un delegado de la Organizaci\u00f3n Regional de los Pueblos Ind\u00edgenas del Oriente (ORPIO)<\/a>, esto pondr\u00eda en riesgo la subsistencia en esos territorios de las comunidades ind\u00edgenas aisladas, pues podr\u00edan quedar a merced de las actividades forestales y agr\u00edcolas en sus territorios, movidas por administraciones regionales y agronegocios. Y todas las reservas ind\u00edgenas reconocidas hasta ahora ser\u00edan evaluadas autom\u00e1ticamente para determinar su continuidad, su revocaci\u00f3n o su extinci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Existen acuerdos entre los pa\u00edses de la triple frontera, as\u00ed como tratados internacionales, pero se pasa por encima de ellos. La ausencia estatal<\/a> en las regiones implica que la disuasi\u00f3n es poca o nula para quienes infringen la ley. El asunto se hace m\u00e1s complejo dado que en los diferentes pa\u00edses<\/a> las fuerzas militares desplegadas cerca de las \u00e1reas de frontera tienen distintos mandatos legales, o, por el contrario, competencias y facultades delimitadas claramente, para actuar sobre la criminalidad transnacional, y aun menos sobre los delitos ambientales.<\/p>\n\n\n\n Otras barreras para una cooperaci\u00f3n multilateral efectiva es el desbalance de los compromisos de las diferentes naciones con la protecci\u00f3n del medio ambiente, la falta de canales de comunicaci\u00f3n permanente y los retos geogr\u00e1ficos de la regi\u00f3n. Finalmente, las necesidades de financiamiento econ\u00f3mico y de la fuerza p\u00fablica asociadas con la protecci\u00f3n efectiva del medio ambiente superan cualquier presupuesto nacional y requieren la ayuda internacional.<\/p>\n\n\n\n Venezuela, Colombia, Brasil y Per\u00fa se encuentran entre los ocho pa\u00edses que conforman la Organizaci\u00f3n del Tratado de Cooperaci\u00f3n Amaz\u00f3nica (OTCA)<\/a>, que busca llevar desarrollo sostenible a la regi\u00f3n amaz\u00f3nica. Aunque sus pa\u00edses miembros se encuentran actualmente redactando una nueva Agenda de Cooperaci\u00f3n Estrat\u00e9gica para el periodo 2021-2030, varios factores pueden limitar la capacidad de la organizaci\u00f3n para cumplir sus metas. Proyectos anteriores han buscado consolidar<\/a> los esfuerzos institucionales y civiles en torno al manejo, la manipulaci\u00f3n y el monitoreo de los recursos h\u00eddricos y forestales, as\u00ed como especies de flora y fauna. Sin embargo, el \u00e9xito de estos proyectos qued\u00f3 limitado gracias a una falta de recursos financieros y la lentitud en la toma de decisiones en la ACTO. Hasta ahora, la lucha contra los delitos ambientales no se ha incluido entre las prioridades de la organizaci\u00f3n. Adem\u00e1s, los pa\u00edses participantes han tenido que sopesar el potencial desarrollo econ\u00f3mico contra las protecciones del medio ambiente, lo que ha impedido esfuerzos de colaboraci\u00f3n que causen impacto para combatir los delitos ambientales.<\/p>\n\n\n\n Venezuela, Brasil, Colombia y Per\u00fa firmaron todos la Convenci\u00f3n Minamata<\/a>, que busca frenar la contaminaci\u00f3n asociada por mercurio asociada a la miner\u00eda, aunque Venezuela a\u00fan no la ha ratificado. Hasta ahora el tratado ha tenido poco efecto.<\/p>\n\n\n\n En los primeros 100 d\u00edas del presidente colombiano Petro en el gobierno, los legisladores ratificaron<\/a> el Acuerdo Escaz\u00fa de 2018, un tratado regional dise\u00f1ado para proteger a los defensores del medio ambiente y requiere que los estados miembro den acceso p\u00fablico a la informaci\u00f3n relacionada con temas ambientales. Petro firm\u00f3<\/a> el acuerdo antes de la COP 27, en cumplimiento de una de sus promesas de campa\u00f1a. El Congreso colombiano llevaba m\u00e1s de tres a\u00f1os sin ser capaz de ratificar el acuerdo, al que el pa\u00eds se adhiri\u00f3<\/a> en 2018.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, Per\u00fa y Brasil<\/a> se han negado hasta ahora a ratificar el mismo acuerdo, mientras que Venezuela<\/a> ni siquiera lo ha firmado.<\/p>\n\n\n\n Los cuatro pa\u00edses han firmado y ratificado la Convenci\u00f3n sobre el Tr\u00e1fico Internacional de Especies de Fauna y Flora Silvestres en Peligro de Extinci\u00f3n (CITES)<\/a>. El tratado protege las especies de flora y fauna en peligro de extinci\u00f3n del tr\u00e1fico internacional legal o ilegal. Sin embargo, el conocimiento de las autoridades sobre c\u00f3mo aplicar este instrumento a\u00fan necesita mejorarse en las zonas de triple frontera, lo cual limita su efectividad.<\/p>\n\n\n\n Presidentes y diplom\u00e1ticos de todos estos pa\u00edses se han reunido a\u00f1o tras a\u00f1o en Leticia para redactar acuerdos para la protecci\u00f3n de la Amazon\u00eda. Uno de ellos incluso lleva el nombre de la ciudad. El Pacto de Leticia<\/a> de 2019, cuyos siete firmantes incluyen a Brasil, Colombia y Per\u00fa, se propuso aplicar la cooperaci\u00f3n regional para combatir la deforestaci\u00f3n. Pero en 2021, expertos declararon a Reuters<\/a> que el pacto fracas\u00f3 en gran parte por la escasa financiaci\u00f3n, los conflictos de inter\u00e9s y la incapacidad para realizar acciones en el campo. Venezuela no fue invitado a la cumbre.<\/p>\n\n\n\n En un giro en la pol\u00edtica exterior, el presidente colombiano Petro y el mandatario venezolano Maduro restablecieron<\/a> la relaci\u00f3n entre ambos pa\u00edses, lo que llev\u00f3 a la reapertura de las fronteras, al restablecimiento de lazos diplom\u00e1ticos y a la celebraci\u00f3n de di\u00e1logos. En la asamblea COP27 en noviembre de 2022, ambos presidentes<\/a> se mantuvieron unidos y se comprometieron a combatir el cambio clim\u00e1tico y proteger la Amazon\u00eda \u2014un cambio importante para Maduro, quien no hab\u00eda mostrado anteriormente ninguna voluntad para adherirse a esos esfuerzos, aunque bien puede ser solo de dientes para afuera.<\/p>\n\n\n\n Lula tambi\u00e9n ha trabajado para restablecer las relaciones bilaterales con Venezuela. \u201cVamos a restablecer la relaci\u00f3n civilizada entre dos Estados aut\u00f3nomos, libres e independientes\u201d, declar\u00f3 Lula en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe\u00f1os (CELAC), tras su victoria electoral. Tanto Petro como Lula propusieron<\/a> crear una cumbre sin precedentes de la Amazon\u00eda que se celebrar\u00eda en Brasil durante el primer semestre de 2023. Este evento estar\u00eda organizado por la OTCA, lo cual le dar\u00e1 peso institucional para emprender acciones en la Amazon\u00eda.<\/p>\n\n\n\n Tanto la sociedad civil como las comunidades ind\u00edgenas tienen roles vitales en la documentaci\u00f3n de la deforestaci\u00f3n y los delitos ambientales.<\/p>\n\n\n\n El monitoreo de la Amazon\u00eda es una tarea gigantesca. Pero organizaciones no gubernamentales, agencias de noticias y universidades se han unido para hacer seguimiento a la deforestaci\u00f3n de las operaciones de miner\u00eda ilegal. Esto se logra muchas veces mediante datos satelitales, tecnolog\u00eda de mapeo y algoritmos para rastrear la p\u00e9rdida de selva. Ejemplos de proyectos as\u00ed incluyen, MapBiomas<\/a>, el Observatorio de Miner\u00eda del Amazonas del Centro Pulitzer<\/a>, y el Proyecto Monitoreo de la Amazon\u00eda Andina (MAAP)<\/a>, RAISG<\/a>, y muchos m\u00e1s.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/mark><\/strong> \u00bfPuede Brasil mantener a los mineros ilegales fuera de las tierras Yanomami?<\/a><\/p>\n\n\n\n Una mejor detecci\u00f3n y formaci\u00f3n de im\u00e1genes de la miner\u00eda ilegal han llamado la atenci\u00f3n sobre la devastaci\u00f3n que est\u00e1 ocurriendo en la Amazon\u00eda, incluidas sus regiones de triple frontera. El monitoreo tambi\u00e9n deja ver claramente d\u00f3nde falta presencia de fuerza p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n Organismos de noticias dedicados a realizar investigaciones sobre la Amazon\u00eda, como InfoAmazonia<\/a>, Rep\u00f3rter Brasil<\/a>, y m\u00e1s recientemente Suma\u00fama<\/a>, han revelado la sofisticaci\u00f3n de la miner\u00eda ilegal en la Reserva Yanomami, y c\u00f3mo se blanquea el oro extra\u00eddo de all\u00ed. El organismo colombiano de parques nacionales naturales, en alianza con diferentes organizaciones crearon el programa \u201cParques C\u00f3mo Vamos\u201d<\/a>.<\/em> Este proyecto hace parte del Sistema de Parques Naturales (SPNN) y busca producir informaci\u00f3n detallada sobre las amenazas ambientales, la condici\u00f3n de conservaci\u00f3n y la gobernanza en los parques nacionales.<\/p>\n\n\n\n En Venezuela, el grupo de vigilancia SOS Orinoco<\/a> denunci\u00f3 la miner\u00eda ilegal y la deforestaci\u00f3n en la Amazon\u00eda de ese pa\u00eds. Con la conformaci\u00f3n de un consorcio de expertos que trabajan de forma an\u00f3nima, el grupo ha documentado la presencia de organizaciones criminales en operaciones mineras en los estados venezolanos de Bol\u00edvar y Amazonas. En Per\u00fa, las investigaciones y las denuncias regulares sobre delitos ambientales en la regi\u00f3n de la Amazon\u00eda vienen de agencias de noticias como Ojo P\u00fablico<\/a> y organizaciones como Pro\u00e9tica<\/a>, el cap\u00edtulo peruano de Transparencia Internacional, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)<\/a>, y la Agencia de Investigaci\u00f3n Ambiental<\/a> (Environmental Investigation Agency, EIA). Representantes de ORPIO, que re\u00fane a m\u00e1s de 500 comunidades abor\u00edgenes, han levantado la voz contra la modificaci\u00f3n de la Ley PIACI<\/a>, que podr\u00eda promover los delitos ambientales.<\/p>\n\n\n\n Los efectos devastadores de la miner\u00eda ilegal en el pueblo Yanomami tambi\u00e9n han sido bien documentados por grupos de la sociedad civil, acad\u00e9micos y los mismos Yanomami<\/a>. Las denuncias han destacado problemas m\u00e9dicos, como exposici\u00f3n al mercurio y brotes de malaria; abuso de mujeres, como violaci\u00f3n; adicci\u00f3n al alcohol y los estupefacientes, y ataques contra los Yanomami, quienes han resultado muertos en enfrentamientos con mineros ilegales y otros actores criminales. El problema es que las comunidades ind\u00edgenas y los activistas ambientales muchas veces se quedan solos en la defensa de la Amazon\u00eda en las regiones de triple frontera. Los peligros de enfrentar a los mineros ilegales y a otros actores criminales los hacen vulnerables a amenazas, ataques y asesinatos selectivos.<\/p>\n\n\n\n La presencia de las autoridades es dispersa y poco homog\u00e9nea en los pa\u00edses que hacen parte de las regiones de triple frontera de la Amazon\u00eda.<\/p>\n\n\n\n Las regiones fronterizas de Brasil son patrulladas<\/a> por una mezcla de unidades militares, el 7.o<\/sup> Comando A\u00e9reo Regional de la fuerza a\u00e9rea; una base naval perteneciente al 6.o<\/sup> distrito naval; y el comando militar de la Amazon\u00eda, conformado por tres brigadas de infanter\u00eda en la jungla.<\/p>\n\n\n\n Brasil tiene tambi\u00e9n tres cuerpos de polic\u00eda<\/a>. La Polic\u00eda Federal es la encargada de salvaguardar las leyes federales y vigilar aeropuertos y fronteras. La Polic\u00eda Militar depende de las gobernaciones y es responsable de patrullar y responder a llamadas de emergencia. Est\u00e1n subordinados a los gobernadores de cada estado. Cuando son convocados por el Gobierno Federal, los miembros de las fuerzas de polic\u00eda estatal pueden actuar como parte de la Fuerza Nacional de Seguridad P\u00fablica (For\u00e7a Nacional de Seguran\u00e7a P\u00fablica). Finalmente, la Polic\u00eda Civil es un cuerpo de polic\u00eda estatal. Realizan trabajo como detectives, forenses e investigaci\u00f3n criminal, y act\u00faan como una oficina de investigaci\u00f3n para su estado.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, entre 2015 y 2016 se cerraron<\/a> tres puestos de seguridad del gobierno en territorio Yanomami por falta de presupuestos, entre ellos el Korekorema BAPE, que, como se mencion\u00f3 anteriormente, controlaba el acceso al r\u00edo Uraricoera.<\/p>\n\n\n\n Las comunidades ind\u00edgenas han optado por oponerse al avance de la miner\u00eda ilegal en sus tierras, muchas veces mediante la quema de barcas y la destrucci\u00f3n de equipos. Sin embargo, como se discuti\u00f3 antes en este informe, los mineros han disparado a los Yanomami como retaliaci\u00f3n cuando estos han tratado de bloquearles el paso durante sus desplazamientos. Despu\u00e9s de que varios hombres armados en una lancha r\u00e1pida dispararan contra los Yanomami en mayo de 2021, el gobierno autoriz\u00f3 el empleo de la Fuerza Nacional de Seguridad P\u00fablica para proteger la reserva solo por 90 d\u00edas, aunque los mineros ilegales mantienen presencia permanente en el lugar. Este episodio pone de relieve los desaf\u00edos geogr\u00e1ficos de las zonas de triple frontera, donde las operaciones de la polic\u00eda enfrentan obst\u00e1culos de tipo f\u00edsico y presupuestal para operar a largo plazo. Esto se traduce en problemas para coordinar acciones conjuntas entre los pa\u00edses.<\/p>\n\n\n\n Fiscales y otras autoridades han realizado operativos contra la miner\u00eda ilegal en la reserva Yanomami, con allanamientos a empresas y confiscaci\u00f3n de oro, aviones y equipos. Pero enfrentan obst\u00e1culos que pueden hacer morir las investigaciones. Seg\u00fan el New York Times<\/a>, un juzgado brasile\u00f1o rechaz\u00f3 m\u00faltiples solicitudes de la polic\u00eda federal para que ordenaran la captura de Martins de Mello, empresario de transporte a\u00e9reo, cuyas naves fueron confiscadas por su presunto uso en operaciones de miner\u00eda ilegal.<\/p>\n\n\n\n En respuesta a m\u00faltiples ataques contra los Yanomami por parte de los garimpeiros<\/em>, en febrero de 2023 el nuevo gobierno brasile\u00f1o despleg\u00f3 una fuerza de tarea<\/a> para proteger las comunidades Yanomami y expulsar a los mineros ilegales.<\/p>\n\n\n\n Las fuerzas de seguridad de Venezuela han participado activamente en operaciones de miner\u00eda ilegal. Seg\u00fan SOS Orinoco<\/a>, parte del oro extra\u00eddo de la reserva Yapacana se entrega a los jefes del ej\u00e9rcito en Puerto Ayacucho. Las acciones militares contra las operaciones de miner\u00eda ilegal son pocas y solo para aparentar. El ej\u00e9rcito venezolano mantiene una base en la reserva con capacidad para albergar 1.500 soldados encargados de combatir la miner\u00eda ilegal. Pero en la actualidad solo hay un peque\u00f1o grupo de soldados estacionados all\u00ed, lo que revela la inoperancia del ej\u00e9rcito \u2014y posiblemente su complicidad\u2014 en las actividades ilegales.<\/p>\n\n\n\n En Colombia, tres batallones del ej\u00e9rcito<\/a> se encuentran desplegados en las regiones fronterizas de Venezuela y Brasil. La Armada tambi\u00e9n tiene un batall\u00f3n<\/a>. Las fuerzas armadas han emprendido campa\u00f1as contra la miner\u00eda ilegal en la regi\u00f3n de la triple frontera, como la operaci\u00f3n Anostomus<\/a> en 2015. Los cr\u00edticos han se\u00f1alado que la estrategia<\/a> del ej\u00e9rcito de efectuar operativos masivos para combatir los delitos ambientales tiende a producir la captura de actores de bajo nivel, como los mismos mineros.<\/p>\n\n\n\n Per\u00fa depende de su polic\u00eda nacional<\/a> para tomar la iniciativa con apoyo del ej\u00e9rcito. La marina y la fuerza a\u00e9rea tambi\u00e9n participan de las operaciones como fuerzas de apoyo. M\u00e1s espec\u00edficamente, las responsabilidades de vigilancia fronteriza en la triple frontera le competen a la 5.a<\/sup> divisi\u00f3n del ej\u00e9rcito. Las fuerzas de seguridad peruanas han jugado un rol activo en la lucha contra los delitos ambientales en especial la miner\u00eda ilegal de oro<\/a>. Pero estas iniciativas se han dirigido lejos de la triple frontera, en el departamento de Madre de Dios. Este departamento se encuentra en la frontera de Per\u00fa con Brasil, uno de los principales focos de miner\u00eda ilegal de oro en Per\u00fa.<\/p>\n\n\n\n La mayor\u00eda de las operaciones que se realizan en las regiones de triple frontera tienen como objetivo impedir la miner\u00eda ilegal, en parte porque ese es el delito m\u00e1s prevalente en ambas regiones. Tambi\u00e9n, porque en las regiones de triple frontera, ej\u00e9rcito y polic\u00eda han sido incapaces de mantener la presencia sostenida en lugares remotos que se necesita para combatir los delitos ambientales.<\/p>\n\n\n\n Un funcionario de la alcald\u00eda de Santa Rosa, poblaci\u00f3n isle\u00f1a de Per\u00fa en la triple frontera, declar\u00f3 que los fiscales, autoridades mineras, forestales y de protecci\u00f3n ambiental est\u00e1n ubicados lejos de la zona.<\/p>\n\n\n\n Las autoridades colombianas y peruanas, por ejemplo, se han unido para trazar estrategias<\/a> contra el tr\u00e1fico de madera en la frontera, pero operativos a mayor escala \u2014como la Operaci\u00f3n Amazonas<\/a> que dio como resultado el mayor decomiso de madera extra\u00edda ilegalmente de la historia de Per\u00fa\u2014 a\u00fan no se materializan en la zona de la triple frontera.<\/p>\n\n\n\n Los guardaparques de Colombia han sido desplazados de sus bases de trabajo en el Amazonas por amenazas de grupos armados. Los guardaparques tambi\u00e9n deben navegar v\u00edas fluviales complicadas. Para llegar a las \u00e1reas protegidas del r\u00edo Pur\u00e9, cerca de la frontera con Brasil, las patrullas deben atravesar<\/a> 600 kil\u00f3metros, una traves\u00eda que por lo general se lleva cuatro d\u00edas.<\/p>\n\n\n\nMarco legislativo y voluntad pol\u00edtica por pa\u00eds<\/h2>\n\n\n\n
Brasil<\/h3>\n\n\n\n
\n
Venezuela<\/h3>\n\n\n\n
Colombia<\/h3>\n\n\n\n
Per\u00fa<\/h3>\n\n\n\n
Acuerdos conjuntos<\/h2>\n\n\n\n
Grupos de la sociedad civil y comunidades ind\u00edgenas<\/h2>\n\n\n\n
Seguridad y justicia penal<\/h2>\n\n\n\n