Vistas desde afuera, las elecciones generales del 25 de junio en Guatemala cumplen con los requisitos formales para ser consideradas libres y justas. Hay 22 candidatos presidenciales \u2014un n\u00famero r\u00e9cord desde el retorno a la democracia en 1985\u2014 y el espectro ideol\u00f3gico de los candidatos va desde ultraconservadores hasta socialdem\u00f3cratas.<\/p>\n\n\n\n
Pero esta no es una elecci\u00f3n normal. Con argumentos espurios, tres de los principales candidatos fueron excluidos: la l\u00edder ind\u00edgena de izquierdas, Thelma Cabrera; Roberto Arz\u00fa, derechista y anti statu quo, y Carlos Pineda, un terrateniente populista que, mediante una eficaz campa\u00f1a en las redes sociales, salt\u00f3 a la cima de las encuestas satanizando al r\u00e9gimen.<\/p>\n\n\n\n
\nVEA TAMBI\u00c9N<\/strong>:<\/mark> \u00c9lites de Guatemala se fortalecen tras eliminar al principal candidato presidencial<\/a><\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n
Esas descalificaciones son s\u00edntoma de un problema grave: el Estado de derecho ha sido socavado, la aplicaci\u00f3n de las normas se ha vuelto arbitraria y no hay recursos de apelaci\u00f3n para quienes disienten del r\u00e9gimen.<\/p>\n\n\n\n
\n**Este reportaje es el preludio de una investigaci\u00f3n en profundidad sobre la pol\u00edtica, la corrupci\u00f3n y el crimen organizado que rodean las elecciones guatemaltecas de 2023. InSight Crime publicar\u00e1 una serie de art\u00edculos en los d\u00edas previos a las elecciones de Guatemala el 25 de junio.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n
El fin del Estado de derecho<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
La historia comienza en 2007, cuando el Estado dio luz verde a la Comisi\u00f3n Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un \u00f3rgano supranacional respaldado por las Naciones Unidas y financiado por la comunidad internacional. Junto con el Ministerio P\u00fablico, la CICIG se embarc\u00f3 en la campa\u00f1a anticorrupci\u00f3n m\u00e1s extensa y profunda en la historia del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
El balance a finales de 2019, cuando la Comisi\u00f3n sali\u00f3 de Guatemala, era impresionante: 122 investigaciones de corrupci\u00f3n a gran escala; 72 estructuras criminales desmanteladas; y 680 personas sometidas a proceso judicial, incluyendo 200 funcionarios p\u00fablicos de los cuales cinco eran expresidentes y alrededor de 60 eran accionistas y altos ejecutivos de poderosas corporaciones comerciales. Los tribunales dictaron m\u00e1s de 400 condenas.<\/p>\n\n\n\n
Pero los grupos poderosos, que durante mucho tiempo han controlado Guatemala, no se quedaron de brazos cruzados. El llamado Pacto de Corruptos \u2014una alianza informal de pol\u00edticos, \u00e9lites burocr\u00e1ticas y empresarios\u2014 lanz\u00f3 una intensa cruzada para revertir el rumbo. A partir de 2017 pusieron en marcha un efectivo contraataque a trav\u00e9s de las redes sociales y ciertos medios de comunicaci\u00f3n para provocar confusi\u00f3n y divisi\u00f3n en la sociedad, al mismo tiempo que induc\u00edan una grieta en el consenso de Washington de apoyar a la lucha contra la corrupci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
\nVEA TAMBI\u00c9N:<\/mark><\/strong> \u201cGuatemala sofistic\u00f3 sus mecanismos para asegurar impunidad\u201d: Juan Francisco Sandoval<\/a><\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n
Sus cabilderos leyeron perfectamente a la administraci\u00f3n Trump: si el gobierno guatemalteco reprim\u00eda los flujos migratorios recibir\u00eda a cambio el visto bueno de la Casa Blanca para desmantelar la insufrible CICIG. Y as\u00ed ocurri\u00f3. El senador de Florida Marco Rubio e, ir\u00f3nicamente, Bill Browder, empresario cr\u00edtico del Kremlin y promotor de la Ley Magnitsky, desempe\u00f1aron papeles clave <\/a>en la operaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Acto seguido, recapturaron todas las instituciones de contrapeso, incluido el Ministerio P\u00fablico, teniendo a su servicio una fiscal general, Consuelo Porras, que asume su rol con la vocaci\u00f3n de un inquisidor.<\/p>\n\n\n\n
Inmediatamente emprendieron una cacer\u00eda implacable de fiscales y jueces independientes, periodistas cr\u00edticos y activistas civiles. M\u00e1s de un centenar de ellos han tenido que exiliarse y otros, como la exfiscal Virginia Laparra y el periodista Jos\u00e9 Ruben Zamora, est\u00e1n siendo sometidos a juicios sumarios<\/a>.<\/p>\n\n\n\n
Mientras tanto, m\u00e1s de 90 l\u00edderes e integrantes de redes de corrupci\u00f3n y diversos delitos fueron excarcelados y sus casos desestimados. Porras fue sancionada<\/a> por la administraci\u00f3n Biden, y, mientras tanto, sus fiscales han permitido que los tribunales deshagan a\u00f1os de trabajo<\/a> de investigaci\u00f3n y acusaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Decidir qui\u00e9n entra en la boleta electoral<\/strong> <\/h2>\n\n\n\n
Por simple inercia, el proceso electoral ha caminado sin reglas. Arbitrariamente, los tribunales descalificaron unos candidatos y admitieron a otros con serios impedimentos legales. Este es el caso de Sandra Torres y de Zury R\u00edos.<\/p>\n\n\n\n
Torres es aspirante a la presidencia por tercera vez consecutiva. En 2019 fue encarcelada bajo la acusaci\u00f3n <\/a>de recibir financiamiento il\u00edcito para su campa\u00f1a de 2015. Los cargos le anulaban sus derechos pol\u00edticos, pero uno a uno los tribunales fueron dictando fallos a su favor. Fue beneficiada con arresto domiciliario<\/a>; luego se le permiti\u00f3 <\/a>realizar campa\u00f1a, hasta que finalmente el caso qued\u00f3 abandonado.<\/a><\/p>\n\n\n\n
Este fue el premio que recibi\u00f3 por el apoyo brindado al gobierno por su partido, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), la primera minor\u00eda en el Congreso. Sus votos le permitieron al gobierno de Alejandro Giammattei manejar bajo normas excepcionalmente opacas los presupuestos<\/a> p\u00fablicos m\u00e1s grandes de la historia, en el contexto de la emergencia por la pandemia del COVID-19.<\/p>\n\n\n\n
En el caso de R\u00edos, este es su cuarto intento por llegar al poder. En 2011, abandon\u00f3 la campa\u00f1a arguyendo bajas recaudaciones de dinero. En 2015, se le impidi\u00f3 lanzarse por una cl\u00e1usula constitucional que veta a los familiares de l\u00edderes golpistas, pues su padre hab\u00eda liderado un golpe militar en 1982.<\/p>\n\n\n\n
En 2019, se postul\u00f3 con su partido actual, Valor, pero, igual que en 2015, la Corte de Constitucionalidad resolvi\u00f3 que su candidatura era ilegal. En estas elecciones, esa jurisprudencia fue ignorada<\/a> por todos los \u00f3rganos competentes, incluida la Corte.<\/p>\n\n\n\n
Por su parte, el presidente Giammattei no puede postularse, as\u00ed que su partido Vamos ha centrado sus esfuerzos electorales en reclutar 169 alcaldes<\/a> para nutrir el voto de su moribundo candidato presidencial y reunir diputados en el pr\u00f3ximo Congreso financiando al menos seis partidos sat\u00e9lites.<\/p>\n\n\n\n
De los 22 candidatos que sobrevivieron a la purga, son dos lo que tienen m\u00e1s probabilidades de pasar a la segunda vuelta el 20 de agosto: Sandra Torres y Edmond Mulet. (R\u00edos aparec\u00eda favorita hasta abril pasado, pero al parecer ha ca\u00eddo en desgracia entre los votantes.).<\/p>\n\n\n\n
Mulet, cuya participaci\u00f3n ha estado por momentos en la cuerda floja, es un pol\u00edtico conservador pero institucional, que, sin embargo, ha copado su partido, Cabal, con gente af\u00edn al Pacto de Corruptos. Su movimiento m\u00e1s audaz hasta el momento fue declarar que, si ganaba, destituir\u00eda a la fiscal<\/a> Porras. Esto puede atraer a votantes moderados, pero tambi\u00e9n inquiet\u00f3 al Pacto de Corruptos. Cabe anotar que Mulet hizo el anuncio despu\u00e9s de que la boleta electoral estaba impresa.<\/p>\n\n\n\n
Sumado a esto, Guatemala cuenta con un Tribunal Supremo Electoral d\u00e9bil que est\u00e1 generando una desconfianza generalizada. Los equipos para la transmisi\u00f3n de los resultados electorales que el Tribunal adquiri\u00f3<\/a> son de dudosa procedencia y los administradores locales tienen mala reputaci\u00f3n<\/a>.<\/p>\n\n\n\n