Los activistas ambientales y las comunidades ind\u00edgenas de la Amazon\u00eda esperan el veredicto del emblem\u00e1tico caso de los asesinatos de Saweto, en el que una d\u00e9cada de b\u00fasqueda de justicia se ha convertido en una prueba de fuego de la impunidad que rodea a los delitos ambientales en Per\u00fa.<\/p>\n\n\n\n
Despu\u00e9s de cuatro meses de audiencias, el nuevo juicio en el caso de los asesinatos en 2014 de los l\u00edderes ind\u00edgenas ash\u00e1ninkas Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Jorge R\u00edos y Francisco Pinedo est\u00e1 llegando a sus etapas finales, y se espera un veredicto el 11 de abril.<\/p>\n\n\n\n
Los acusados, los presuntos madereros ilegales Eurico Mapes G\u00f3mez y Segundo y Josimar Atachi F\u00e9lix, y los empresarios madereros Jos\u00e9 Estrada Huayta y Hugo Soria Flores, en 2023 hab\u00edan sido condenados una vez, con penas de 28 a\u00f1os por los asesinatos. Sin embargo, apenas unos meses despu\u00e9s la condena fue revocada de forma controvertida por un tecnicismo.<\/p>\n\n\n\n
En la d\u00e9cada transcurrida desde los asesinatos de Saweto, la violencia contra quienes defienden la Amazon\u00eda de Per\u00fa se ha vuelto cada vez m\u00e1s com\u00fan. Y para quienes est\u00e1n en la mira, el caso ya no se trata solo de justicia, sino tambi\u00e9n de s\u00ed el Estado tiene la voluntad y es capaz de actuar contra los actores que intentan acabar con la resistencia a los delitos ambientales.<\/p>\n\n\n\n
\u201cNo han matado a cualquier persona, ellos han matado a los l\u00edderes. Lo que trataban era silenciar estas denuncias para que ellos pudieran seguir cometiendo estos actos de tala ilegal\u201d, dijo a InSight Crime Yusen Caraza, el abogado que representa a las viudas de las v\u00edctimas en el caso. \u201cEl impacto es ese, silenciar a los l\u00edderes ind\u00edgenas, defensores de derechos ambientales, de derechos humanos\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Chota, Quintisima, R\u00edos y Pinedo emprendieron su \u00faltimo viaje por un remoto sendero de la selva amaz\u00f3nica el 1 de septiembre de 2014. Iban camino a reunirse con l\u00edderes ind\u00edgenas de la comunidad ash\u00e1ninka de Apiwtxa, en el estado brasile\u00f1o de Acre, para hablar sobre la tala ilegal que estaba arrasando sus territorios ancestrales. Pero los cuatro hombres no llegaron a su destino.<\/p>\n\n\n\n
Chota y Quintisima fueron encontrados a seis horas de su pueblo, d\u00edas despu\u00e9s de su desaparici\u00f3n. Testigos describieron c\u00f3mo los buitres hab\u00edan comenzado a alimentarse de sus cuerpos mutilados, mientras que las autoridades descubrieron partes de cuerpos quemados: un f\u00e9mur, una tibia y partes de un pie. Los cuerpos de R\u00edos y Pinedo nunca fueron recuperados.<\/p>\n\n\n\n
Los cuatro hombres eran l\u00edderes comunitarios de la comunidad Alto Tamaya-Saweto en el estado de Ucayali, una regi\u00f3n selv\u00e1tica que bordea Brasil y un punto caliente del comercio ilegal de madera<\/a> en Per\u00fa. Chota en particular hab\u00eda asumido el papel protag\u00f3nico en denunciar la tala ilegal. Present\u00f3 su primera denuncia oficial contra madereros ilegales en febrero de 2008, cuando inform\u00f3 que el brasile\u00f1o Mapes G\u00f3mez y los hermanos Atachi F\u00e9lix estaban talando madera ilegalmente en las tierras de su comunidad.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N: <\/mark>Mafias de la madera \u2013 El saqueo de los bosques latinoamericanos<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n La denuncia de Chota fue recibida con indiferencia por parte de las autoridades, pero enfureci\u00f3 a los madereros, iniciando una disputa que, seg\u00fan el primer veredicto en el caso, terminar\u00eda con su muerte seis a\u00f1os despu\u00e9s. Mientras continuaba denunciando la tala ilegal, Chota comenz\u00f3 a recibir amenazas de muerte y eventualmente tuvo que huir de su hogar y buscar refugio en una comunidad ash\u00e1ninka del lado brasile\u00f1o de la frontera.<\/p>\n\n\n\n Aun as\u00ed, Chota estaba decidido, y en 2013 llevo a cabo su propia investigaci\u00f3n. \u00c9l y otros l\u00edderes de la comunidad siguieron la ruta fluvial de la madera talada ilegalmente hasta la capital de Ucayali, la ciudad portuaria amaz\u00f3nica de Pucallpa, donde la vieron ingresar a un aserradero. Chota volvi\u00f3 a presentar una denuncia y esta vez los fiscales respondieron, y abrieron una investigaci\u00f3n sobre el env\u00edo y las empresas detr\u00e1s de este.<\/p>\n\n\n\n El due\u00f1o de la madera, Hugo Soria Flores, confront\u00f3 a Chota y R\u00edos despu\u00e9s de que la madera fuera incautada.<\/p>\n\n\n\n \u00abUn Sawetino va a morir\u00bb, les dijo Soria Flores, seg\u00fan otra denuncia presentada m\u00e1s tarde por Chota.<\/p>\n\n\n\n Tras las amenazas, Chota solicit\u00f3 \u00abgarant\u00edas de seguridad personal\u00bb para s\u00ed mismo y otros l\u00edderes de la comunidad al gobierno regional de Ucayali. Pero los funcionarios no actuaron sobre el pedido y, poco m\u00e1s de un a\u00f1o despu\u00e9s, \u00e9l y sus compa\u00f1eros estaban muertos.<\/p>\n\n\n\n El asesinato de los cuatro l\u00edderes ind\u00edgenas atrajo atenci\u00f3n global, ya que el caso fue ampliamente cubierto por medios internacionales y condenado por grupos ambientalistas de todo el mundo. Los grupos ind\u00edgenas y ambientales lo presentaron como un ejemplo de los ataques que enfrentan quienes se resisten al crimen organizado en la Amazon\u00eda. Seg\u00fan la organizaci\u00f3n no gubernamental Global Witness, desde entonces, Per\u00fa ha surgido como uno de los 10 pa\u00edses<\/a> m\u00e1s peligrosos del mundo para los defensores ambientales, con 42 activistas asesinados entre 2014 y 2022, la mayor\u00eda en la regi\u00f3n amaz\u00f3nica.<\/p>\n\n\n\n Fue poco el progreso en la investigaci\u00f3n de los asesinatos hasta 2018, cuando un abogado que representaba a las familias de las v\u00edctimas present\u00f3 una denuncia ante la Oficina de Control Interno del Ministerio P\u00fablico sobre el manejo del caso. La denuncia result\u00f3 en la remoci\u00f3n del fiscal asignado, y su reemplazo pronto impuls\u00f3 el caso.<\/p>\n\n\n\n Finalmente, en junio de 2022, Mapes G\u00f3mez y los hermanos Atachi F\u00e9lix, los mismos madereros que Chota hab\u00eda denunciado en 2008, fueron acusados de cometer el asesinato, mientras que Estrada Huayta y Soria Flores, cuya madera fue incautada como resultado de las denuncias de Chota, fueron acusados como los autores intelectuales del crimen.<\/p>\n\n\n\n El juicio dur\u00f3 casi ocho meses, cuando, en febrero de 2023, el tribunal penal de Ucayali declar\u00f3 culpables a los cinco sospechosos y los sentenci\u00f3 a 28 a\u00f1os y tres meses de prisi\u00f3n. Sin embargo, solo seis meses despu\u00e9s, las sentencias fueron revocadas en apelaci\u00f3n porque la sentencia hab\u00eda incluido pruebas de un testigo cuyo testimonio no se hab\u00eda incorporado correctamente al expediente.<\/p>\n\n\n\n\n
En busca de justicia<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
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