Los presidentes del Ejecutivo y el Legislativo salvadore\u00f1os hablan de la posibilidad de que el Estado entregue armas a juntas comunales en el interior del pa\u00eds para combatir a las pandillas MS13 y Barrio 18, a quienes se atribuye la mayor\u00eda de los 10 homicidios diarios que se comenten en el pa\u00eds. Es una idea vieja, que ya hab\u00eda sido propuesta y desechada antes en El Salvador por la posibilidad que implica de crear nuevos grupos fuera de la ley.<\/p>\n\n\n\n
Eugenio Chicas, vocero del presidente Salvador S\u00e1nchez Cer\u00e9n<\/a>, del FMLN, dijo el mes pasado que el Ejecutivo estudiaba la posibilidad de crear \u201ccomit\u00e9s ciudadanos de seguridad\u201d con facultades legales para \u201cgarantizar la seguridad\u201d en los territorios donde act\u00faan.<\/p>\n\n\n\n El funcionario asegur\u00f3 que el plan se ejecutar\u00eda primero en 100 municipios con bajos \u00edndices de violencia para crear \u201cun cord\u00f3n sanitario\u201d que impida la presencia de pandillas en esos lugares. Luego, acept\u00f3 Chicas, se plantear\u00eda la posibilidad de armar a los comit\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n La semana pasada fue el presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Guillermo Gallegos <\/a>del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) y aliado del oficialismo en el Congreso, quien habl\u00f3 de reforma a leyes secundarias que permitan a los grupos civiles \u201cportar de manera permanente sus armas en la comunidad para el resguardo de su vida, su integridad, la de sus vecinos y sus bienes\u2026\u201d<\/p>\n\n\n\n Gallegos, adem\u00e1s, admiti\u00f3 que hab\u00eda \u201cdonado\u201d dinero para que un grupo de civiles en una zona rural ubicada a unos 50 kil\u00f3metros al este de San Salvador. El diputado asegur\u00f3, sin mostrar pruebas de ello, que el dinero para comprar las armas sali\u00f3 de su propia bolsa, aunque ya en el pasado el presidente de la Asamblea ha sido se\u00f1alado por el uso indebido de fondos p\u00fablicos<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Las propuestas de los funcionarios salvadore\u00f1os ocurren en el marco de una ofensiva policial iniciada por el Ejecutivo el a\u00f1o pasado para contrarrestar el control territorial y los altos \u00edndices de homicidios que atribuye a la MS13 y al Barrio 18. Esa ofensiva incluye la aplicaci\u00f3n de un paquete de medidas extraordinarias de seguridad<\/a> que ha incluido, entre otras cosas, la ampliaci\u00f3n de plazos de prisi\u00f3n preventiva y de la participaci\u00f3n del Ej\u00e9rcito en tareas de seguridad.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/span> La nueva guerra civil (carente de ideolog\u00eda) de El Salvador<\/a><\/p>\n\n\n\n Hasta ahora, de acuerdo a voceros de la Polic\u00eda Nacional Civil (PNC), las medidas han implicado la reducci\u00f3n de hasta el 50 por ciento en los homicidios<\/a>, y un repliegue relativo de las pandillas. Sin embargo, los n\u00fameros hablan de una reducci\u00f3n m\u00e1s modesta, de acuerdo a la unidad investigaci\u00f3n estad\u00edstica del diario La Prensa Gr\u00e1fica: de un promedio de 12 homicidios diarios en noviembre de 2016 a uno de 10 al d\u00eda en marzo de este a\u00f1o, con una baja hasta los 8 diarios en enero.<\/p>\n\n\n\n Las medidas del gobierno han derivado, adem\u00e1s, en varios se\u00f1alamientos de implicaci\u00f3n de miembros de la PNC en asesinatos extrajudiciales<\/a>, detenciones arbitrarias y otros abusos a los derechos humanos de la poblaci\u00f3n. Investigaciones period\u00edsticas, informes del Departamento de Estado de Estados Unidos y procesos abiertos por la Fiscal\u00eda General indican que los se\u00f1alamientos son certeros.<\/p>\n\n\n\n Hoy, los detractores de la idea de armar a civiles entienden que una medida as\u00ed, adem\u00e1s de ser poco efectiva en el combate a la violencia y a las pandillas, podr\u00eda generar m\u00e1s abusos a derechos humanos e, incluso, derivar en la creaci\u00f3n de nuevos grupos armados al margen de la ley.<\/p>\n\n\n\n La idea de entregar armas a grupos de civiles ya hab\u00eda surgido en la discusi\u00f3n salvadore\u00f1a de seguridad p\u00fablica. Y ya hab\u00eda sido desechada en el marco de la implementaci\u00f3n de los acuerdos de paz de 1992.<\/p>\n\n\n\n La primera vez fue en 1994, cuando el entonces viceministro de Seguridad P\u00fablica del partido derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Hugo Barrera, propuso la creaci\u00f3n de juntas vecinales armadas. En aquel entonces no eran las pandillas la principal amenaza a la seguridad, sino bandas criminales organizadas formadas en parte por excombatientes de la guerrilla y el ej\u00e9rcito, as\u00ed como grupos de contrabandistas que entonces emprend\u00edan su transformaci\u00f3n al narcotr\u00e1fico y luego formar\u00edan poderosas bandas como Los Perrones <\/a>o el Cartel de Texis<\/a>.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/span> Noticias y perfiles de El Salvador<\/a><\/p>\n\n\n\n Muy pronto, funcionarios del Ejecutivo y Legislativo salvadore\u00f1os y de las Naciones Unidas, que entonces supervisaba el proceso de paz, desecharon la idea debido al peligro que entra\u00f1aba de que en El Salvador surgieran grupos paramilitares.<\/p>\n\n\n\n Y, en efecto, en 1995 surgi\u00f3 en el este del pa\u00eds un grupo paramilitar de exterminio que se hizo llamar la Sombra Negra, formado por polic\u00edas, militares y funcionarios p\u00fablicos en ejercicio, entre ellos un subcomisionado de la Polic\u00eda y un exmilitar que luego ser\u00eda alcalde de San Miguel, la ciudad que se convirti\u00f3 en centro de operaciones del grupo. La justicia salvadore\u00f1a atribuy\u00f3 17 homicidios a la sombra negra.<\/p>\n\n\n\n Algunos de los funcionarios implicados en ese grupo terminaron, luego, se\u00f1alados por tener v\u00ednculos con la banda de narcotraficantes Los Perrones.<\/p>\n\n\n\n En general, ideas como esta de armar a civiles o tolerar acciones de grupos paramilitares, as\u00ed como volver a la propuesta de reinstaurar la pena de muerte en El Salvador, han sido parte del manual de respuestas populistas a la violencia en las \u00faltimas tres d\u00e9cadas. Otra fue la llamada \u201cMano Dura<\/a>\u201c, una pol\u00edtica p\u00fablica ejecutada entre 1999 y 2009 que consisti\u00f3 b\u00e1sicamente en encarcelar temporalmente a cientos de pandilleros, y que dej\u00f3 como resultado m\u00e1s visible la sofisticaci\u00f3n criminal<\/a> de la MS13 y el Barrio 18.<\/p>\n\n\n\n En un pa\u00eds en el que los ciclos de violencia incluso se acrecentaron tras la guerra civil que dur\u00f3 de 1980 a 1992, en el que la corrupci\u00f3n de los funcionarios p\u00fablicos ha sido se\u00f1alada como uno de los principales motivos de impunidad (entre otros por el Departamento de Estado de Estados Unidos), y en el que el mismo Estado, oficialismo y oposici\u00f3n incluidos, no han dudado en negociar votos a cambio de beneficios para las mismas pandillas que con tanto ah\u00ednco dice combatir, dar armas a civiles parece solo otra forma de a\u00f1adir le\u00f1a al fuego de la violencia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Los presidentes del Ejecutivo y el Legislativo salvadore\u00f1os hablan de la posibilidad de que el Estado entregue armas a juntas comunales en el interior del pa\u00eds para combatir a las pandillas MS13 y Barrio 18, a quienes se atribuye la mayor\u00eda de los 10 homicidios diarios que se comenten en el pa\u00eds. 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