{"id":29688,"date":"2017-07-07T13:33:36","date_gmt":"2017-09-14T00:18:01","guid":{"rendered":"https:\/\/insightcrime.org\/?p=29688"},"modified":"2023-04-24T16:01:33","modified_gmt":"2023-04-24T21:01:33","slug":"reforma-antecedentes-penales-costa-rica-podria-mejorar-perspectivas-post-prision-mujeres","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/analisis\/reforma-antecedentes-penales-costa-rica-podria-mejorar-perspectivas-post-prision-mujeres\/","title":{"rendered":"Reforma de antecedentes penales en Costa Rica podr\u00eda mejorar perspectivas posprisi\u00f3n para mujeres"},"content":{"rendered":"\n

Ana Chaves fue una de las cientos de mujeres beneficiadas con la reforma \u201c77 bis\u201d, que redujo de 8 a 3 a\u00f1os las penas de prisi\u00f3n por el delito de introducci\u00f3n de drogas a centros penitenciarios en Costa Rica, y la raz\u00f3n por la que logr\u00f3 salir anticipadamente de la c\u00e1rcel en el a\u00f1o 2013. Y a pesar de que aprovech\u00f3 cada d\u00eda de encarcelamiento para estudiar y superarse,  la existencia del antecedente penal, le imped\u00eda   conseguir un trabajo formal. Pero gracias a otra reciente reforma legislativa que se entr\u00f3 en vigencia en enero del 2017, Ana fue una de las primeras en obtener la  \u201choja de delincuencia\u201d, pues ya hab\u00eda transcurrido el tiempo legal de registro de los antecedentes.<\/em><\/p>\n\n\n\n

La reciente Ley 9361 que reform\u00f3 el registro judicial en Costa Rica permite a las personas que hayan recibido una condena penal, eliminar sus antecedentes penales en menos tiempo, de acuerdo a una escala que considera el monto de la pena y el delito cometido. Si durante el proceso penal se demuestra que la persona condenada enfrentaba condiciones de vulnerabilidad al momento de la comisi\u00f3n del delito, el juez de ejecuci\u00f3n de la pena tambi\u00e9n podr\u00e1 ordenar la cancelaci\u00f3n del registro una vez cumplida la pena impuesta.  Esta es otra forma en que el Estado costarricense introduce los principios de proporcionalidad y racionalidad en la pol\u00edtica criminal, incluyendo delitos relacionados con drogas, que sin duda constituye un importante precedente para prevenir la discriminaci\u00f3n social y laboral de personas que han enfrentado condenas penales.<\/p>\n\n\n\n

Este art\u00edculo fue escrito originalmente por La Oficina en Washington para Latinoam\u00e9rica (WOLA por sus iniciales en ingl\u00e9s) y fue republicado con su permiso. No representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el art\u00edculo original aqu\u00ed.<\/a><\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Situaci\u00f3n penitenciaria en Costa Rica<\/h3>\n\n\n\n

A pesar de ser un pa\u00eds con poco menos de 5 millones de habitantes, Costa Rica posee una de las tasas de encarcelamiento m\u00e1s altas de Latinoam\u00e9rica, con muchos desaf\u00edos tanto en infraestructura como en legislaci\u00f3n penitenciaria. Con m\u00e1s de cuarenta a\u00f1os de promulgaci\u00f3n del C\u00f3digo Penal, el pa\u00eds a\u00fan no cuenta con una ley de ejecuci\u00f3n penal y del sistema penitenciario. La existencia de un registro criminal que se manten\u00eda hasta 10 a\u00f1os posteriores finalizaci\u00f3n de la condena, sin ning\u00fan tipo de diferenciaci\u00f3n entre penas cortas o penas largas;  era otro elemento que perjudicaba directamente la integraci\u00f3n social de las personas que han tenido alg\u00fan conflicto con la ley, aunque ya hubieran pagado su condena.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan informaci\u00f3n del Ministerio de Justicia y Paz, para junio de 2016 hab\u00edan 13.230 personas privadas de libertad, conformada por un 96 por ciento de hombres y un 4 por ciento de mujeres (destacando que el 53,8 por ciento de las mujeres est\u00e1 por delitos relacionados con drogas); con una tasa de 40,6 por ciento de sobrepoblaci\u00f3n sobre todo en la poblaci\u00f3n masculina. Ya que en la poblaci\u00f3n femenina por otro lado disminuy\u00f3 la cantidad de mujeres encarcelada por delitos relacionados con drogas, gracias a la aprobaci\u00f3n de la Ley 9161, que reform\u00f3 la Ley de Psicotr\u00f3picos. La reforma, implementada en el 2013, conocida como \u201c77 bis\u201d,  baj\u00f3 las penas previstas para las mujeres que introducen drogas a centros penales de un m\u00ednimo de 8 a 3 a\u00f1os, si cumplen con una serie de condiciones. Dado que una sentencia de 3 a\u00f1os permite el uso de medidas alternativas al encarcelamiento, el resultado inmediato de esta reforma fue el egreso, en una primera etapa de aproximadamente 120 mujeres. Hecho que adem\u00e1s solucion\u00f3 el problema de sobrepoblaci\u00f3n que ten\u00eda el centro penitenciario de mujeres, llamado Buen Pastor en ese momento, y desde inicio del 2017 Centro de Atenci\u00f3n Institucional (CAI) Vilma Curling Rivera<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

El Impacto de los \u2018Antecedentes Penales\u2019 <\/h3>\n\n\n\n

Antes de la aprobaci\u00f3n de la Ley 9361, toda persona privada de libertad que cumpl\u00eda la pena impuesta, deb\u00eda esperar 10 a\u00f1os para que sus antecedentes penales fueran eliminados del registro judicial. Esta ley no distingu\u00eda entre delitos graves como homicidios, crimen organizado, etc., de los delitos no graves con penas m\u00e1s bajas como hurtos menores o conductas delictivas no violentas. Estos son antecedentes penales que resultaban desproporcionales y lesivos para las personas que sal\u00edan de prisi\u00f3n a buscar un empleo y retomar sus proyectos de vida.<\/p>\n\n\n\n

Qued\u00f3 demostrado que los antecedentes penales se convert\u00edan en una segunda  pena, con consecuencias muy graves para las mujeres, sus familias y personas dependientes. Las mujeres sufren de una exclusi\u00f3n laboral y discriminaci\u00f3n social, partiendo del hecho que tanto el Estado como la empresa privada solicitan los antecedentes penales para realizar una contrataci\u00f3n. Una investigaci\u00f3n realizada por estudiantes de la Escuela de Psicolog\u00eda de la Universidad Nacional (UNA) en el cual se entrevist\u00f3 a una muestra de las mujeres que egresaron en el 2013 por la reforma legal \u201c77 bis\u201d, demostr\u00f3 que su principal obst\u00e1culo para la inserci\u00f3n laboral era la anotaci\u00f3n de la condena en la hoja de delincuencia. A pesar de los esfuerzos que ellas hac\u00edan para estudiar, aprender un oficio, e iniciar su proyecto de vida, el antecedente limitaba las posibilidades de lograr su integraci\u00f3n social.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/span> El dilema de las prisiones en Latinoam\u00e9rica<\/a><\/p>\n\n\n\n

Cuando se analiza el perfil de las personas infractoras no violentas, en delitos contra la propiedad, o relacionados con drogas en peque\u00f1a escala, se han identificado una gran cantidad de condiciones de riesgo y vulnerabilidad social como factores asociados a la comisi\u00f3n del delito, las cuales se agravan con el encarcelamiento. Una vez descontada la pena, el registro de antecedentes penales se constituye en una barrera m\u00e1s, que impide cumplir los fines de \u201cadaptaci\u00f3n social\u201d que al menos doctrinariamente debe promover el sistema penal, pues en la pr\u00e1ctica, tener la \u201choja de delincuencia manchada\u201d, era la raz\u00f3n principal por la que no se contrataban a muchas personas, sin importar su experiencia y conocimiento laboral.<\/p>\n\n\n\n

En conclusi\u00f3n era contradictorio que el Estado, que tiene a su cargo el control de la ejecuci\u00f3n de las penas, la formaci\u00f3n y reinserci\u00f3n laboral de las personas sentenciadas, tuviera una norma que sin distinguir la gravedad del delito cometido, excluyera en la practica la posibilidad de conseguir un empleo a las personas con antecedentes criminales que hab\u00edan cumplido su pena.<\/p>\n\n\n\n

La reforma de la Ley sobre Antecedentes Penales<\/h3>\n\n\n\n

Esta reforma inicia hace varias a\u00f1os con un proceso de reflexi\u00f3n impulsado por organizaciones de la sociedad civil, la Defensa P\u00fablica y el diputado Oscar Alfaro (bancada Partido Liberaci\u00f3n Nacional del per\u00edodo 2010-2014) quien present\u00f3 el Proyecto de Ley bajo el expediente 18.650 en la Asamblea Legislativa en marzo del 2014.<\/p>\n\n\n\n

No obstante, varios diputados no estaban de acuerdo con la versi\u00f3n original del proyecto, por lo que en mayo de 2015, el diputado Marco Vinicio Redondo (bancada  Partido Acci\u00f3n Ciudadana del per\u00edodo 2014-2018) convoc\u00f3 a una mesa de trabajo interinstitucional e interpartidaria para elaborar un texto sustitutivo y llevar a buen t\u00e9rmino el proyecto de ley. Gracias a este proceso de an\u00e1lisis y discusi\u00f3n es que finalmente se present\u00f3 un texto que pudo ser consensuado en el plenario legislativo.<\/p>\n\n\n\n

Es as\u00ed que para el mes de julio del 2016, el proyecto de Ley 18.650 se convirti\u00f3 en la Ley 9361, que reform\u00f3 el art\u00edculo 11 de la Ley 6723<\/a> de Registro y Archivos Judiciales del 10 de marzo de 1982. Esto dio paso para que el Registro Judicial finalmente tuviera criterios (m\u00e1s all\u00e1 de los 10 a\u00f1os que establec\u00eda la ley) para eliminar los antecedentes penales de las personas sentenciadas luego del cumplimiento de la pena, seg\u00fan los siguientes par\u00e1metros:<\/p>\n\n\n\n