{"id":29724,"date":"2017-07-10T19:29:59","date_gmt":"2017-09-14T00:18:51","guid":{"rendered":"https:\/\/insightcrime.org\/?p=29724"},"modified":"2023-04-24T16:01:39","modified_gmt":"2023-04-24T21:01:39","slug":"grupos-derechos-humanos-solicitan-dictamen-corte-penal-internacional-caso-coahuila-mexico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/analisis\/grupos-derechos-humanos-solicitan-dictamen-corte-penal-internacional-caso-coahuila-mexico\/","title":{"rendered":"Grupos de derechos humanos solicitan dictamen de Corte Penal Internacional sobre caso Coahuila, M\u00e9xico"},"content":{"rendered":"\n

Organizaciones de derechos humanos en M\u00e9xico est\u00e1n solicitando que la Corte Penal Internacional investigue los presuntos cr\u00edmenes de lesa humanidad en el estado de Coahuila, lo que vuelve a suscitar interrogantes sobre la jurisdicci\u00f3n de la corte en casos de violencia criminal y la impunidad que rodea a la misma.<\/p>\n\n\n\n

En un documento<\/a> compilado por la Federaci\u00f3n Internacional de Derechos Humanos (FIDH), 17 grupos de derechos humanos presentan evidencia de que los cr\u00edmenes cometidos en el estado de Coahuila, al norte de M\u00e9xico, entre 2009 y 2016, representan cr\u00edmenes de lesa humanidad que no han sido ni ser\u00e1n investigados en el pa\u00eds, y que en consecuencia la Corte Penal Internacional (CPI) debe abrir sus propias investigaciones.<\/p>\n\n\n\n

Usando entrevistas con las v\u00edctimas, investigaciones sobre desapariciones realizadas tanto por el estado como por grupos de derechos humanos, junto con informes, declaraciones y art\u00edculos de medios informativos y organismos internacionales, el informe pone de relieve tres \u00e1reas en las que sostiene que tendr\u00eda jurisdicci\u00f3n la CIP.<\/p>\n\n\n\n

Las dos primeras tienen que ver con el presunto favorecimiento del gobierno del estado al avance de la organizaci\u00f3n criminal Los Zetas en Coahuila entre 2009 y 2011.<\/p>\n\n\n\n

En relaci\u00f3n con esto, el primer caso que se present\u00f3 es la masacre de Allende en 2011, donde miembros de Los Zetas, presuntamente en colusi\u00f3n con organismos estatales, emprendieron una venganza indiscriminada en el municipio de Allende, masacrando entre 42 y 300 personas. El segundo tiene que ver con la C\u00e1rcel de Piedras Negras, en la cual las autoridades presuntamente permitieron que Los Zetas establecieran una base de operaciones para asesinar y desaparecer un estimado de 150 v\u00edctimas.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/span> Noticias y perfil de Los Zetas<\/a><\/p>\n\n\n\n

El \u00faltimo caso se\u00f1alado por la FIDH trata del periodo 2011-2016, cuando por iniciativa de un nuevo gobierno en el estado, un nuevo cuerpo de \u00e9lite de las fuerzas de seguridad fue presuntamente responsable de cientos de desapariciones, adem\u00e1s de casos de tortura y privaci\u00f3n ilegal de la libertad. Aunque se cre\u00eda que algunas de sus v\u00edctimas pertenec\u00edan a redes del crimen organizado, a muchos otros no se les conoc\u00edan nexos con estas o no eran m\u00e1s que expendedores callejeros de estupefacientes.<\/p>\n\n\n\n

El caso de la FIDH se basa en demostrar que estos delitos representan un ataque sistem\u00e1tico contra la poblaci\u00f3n civil de Coahuila dirigido por el gobierno estatal. Sostiene que los casos de la primera \u00e9poca son resultado de una colusi\u00f3n \u201cinnegable\u201d entre el gobierno y Los Zetas, y que en la segunda \u00e9poca las abducciones y desapariciones representan una pol\u00edtica estatal para presentar a las v\u00edctimas como miembros de redes del crimen organizado.<\/p>\n\n\n\n

\n
La CPI no fue creada pensando en el crimen organizado.<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

Como evidencia de que los casos cumplen el requerimiento de ser \u201cde naturaleza organizada\u201d, el informe destaca evidencia de coordinaci\u00f3n en la ejecuci\u00f3n y el encubrimiento de estas atrocidades y patrones consistentes en relaci\u00f3n con los m\u00e9todos, especialmente la abducci\u00f3n y la tortura.<\/p>\n\n\n\n

Para que la CPI intervenga, la FIDH tambi\u00e9n debe demostrar que estos cr\u00edmenes de lesa humanidad no se est\u00e1n investigando adecuadamente en el pa\u00eds. Para hacer esto, la FIDH cita sus propias investigaciones de los casos, y llega a la conclusi\u00f3n de que aunque no es claro si puede considerarse que ha habido una investigaci\u00f3n adecuada sobre la responsabilidad de Los Zetas, es muy claro que la participaci\u00f3n del estado no se ha investigado y es improbable que llegue a investigarse en el futuro.<\/p>\n\n\n\n

An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n

Hist\u00f3ricamente, la corrupci\u00f3n y la impunidad han sido caracter\u00edsticas centrales de la guerra contra las drogas en M\u00e9xico, y los grupos de derechos humanos que conforman la FIDH no son los primeros que recurren a la CPI en un intento por buscar justicia y responsabilizar de sus fallas al Estado mexicano.<\/p>\n\n\n\n

El primero de esos intentos<\/a>, en 2011, apunt\u00f3 alto; los activistas pidieron a la CPI que investigara al gobierno del entonces presidente Felipe Calder\u00f3n, as\u00ed como a los jefes de las fuerzas de seguridad y de los principales carteles del narcotr\u00e1fico del pa\u00eds. Aunque esa tentativa no prosper\u00f3<\/a>, ha habido otras; m\u00e1s recientemente fue una solicitud para que la CPI investigue al exgobernador del estado de Veracruz<\/a> Javier Duarte, quien afronta una serie de cargos que incluyen corrupci\u00f3n y colusi\u00f3n con el crimen organizado.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, la CPI no se cre\u00f3 para combatir el crimen organizado, y no es f\u00e1cil<\/a> determinar su jurisdicci\u00f3n en esos casos. Los demandantes no solo deben demostrar que se perpetraron cr\u00edmenes de lesa humanidad, sino tambi\u00e9n que esos cr\u00edmenes representan un ataque generalizado o sistem\u00e1tico contra la poblaci\u00f3n civil, a manos de actores estatales o de la autoridad de mayor rango en la regi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

No es claro si este documento salva esos obst\u00e1culos, en su mayor parte porque la solidez de los argumentos presentados por la FIDH var\u00eda de un caso a otro, y no es clara la participaci\u00f3n del gobierno en los operativos criminales en s\u00ed.<\/p>\n\n\n\n

La evidencia de colusi\u00f3n estatal<\/a> en la masacre de Allende es apabullante, y queda poca duda de que esta atrocidad fue facilitada por el accionar de facciones gubernamentales. Sin embargo, es poco probable que la matanza misma pueda considerarse parte de una pol\u00edtica de estado o de un ataque sistem\u00e1tico contra la poblaci\u00f3n. El hecho fue aislado y las muertes de civiles parecen haber sido m\u00e1s producto de la pol\u00edtica de estado de colusi\u00f3n con el crimen organizado que un objetivo de la misma.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/span> Noticias y perfiles de M\u00e9xico<\/a><\/p>\n\n\n\n

De igual modo, cabe poca duda de que el estado permiti\u00f3 que Los Zetas establecieran una base en la C\u00e1rcel de Piedras Negras y la usaran para realizar atrocidades. Pero, tambi\u00e9n en este caso, est\u00e1 lejos de demostrarse si la violencia resultante puede considerarse un ataque sistem\u00e1tico contra la poblaci\u00f3n o m\u00e1s el resultado violento de la corrupci\u00f3n y la debilidad de las instituciones del estado.<\/p>\n\n\n\n

De lejos, el caso m\u00e1s fuerte de los presentados por la FIDH es el relacionado con las desapariciones, abducciones y tortura de civiles por parte de cuerpos de las fuerzas de seguridad. En estos casos, los actores estatales son actores intelectuales y materiales de los delitos y por ende es m\u00e1s sencillo determinar la causa y el efecto de las acciones estatales, as\u00ed como el hecho de que las investigaciones en M\u00e9xico han sido claramente inadecuadas.<\/p>\n\n\n\n

Aunque, como lo admite la FIDH, los motivos de esa campa\u00f1a siguen siendo inciertos, el elevado n\u00famero de casos que siguen un mismo patr\u00f3n y el n\u00famero de v\u00edctimas al parecer inocentes son se\u00f1ales de un ataque deliberado y sistem\u00e1tico contra la poblaci\u00f3n civil, como parte de una estrategia o una pol\u00edtica trazada desde dentro del estado.<\/p>\n\n\n\n

Sea que la CPI acepte o no el caso, como lo se\u00f1ala un informe reciente de Open Society<\/a>, una intervenci\u00f3n as\u00ed no ser\u00eda un escenario ideal para M\u00e9xico, pues equivaldr\u00eda a admitir que la justicia est\u00e1 b\u00e1sicamente por fuera del alcance de las instituciones mexicanas. Aun as\u00ed, podr\u00eda resultar ser el \u00fanico recurso que queda.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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