El reciente acuerdo de extradici\u00f3n entre Costa Rica y Estados Unidos pone al pa\u00eds, en medio de su creciente papel como punto de tr\u00e1nsito del narcotr\u00e1fico, en l\u00ednea con otras naciones clave de la regi\u00f3n. Sin embargo, persisten las dudas sobre la efectividad de esta medida en la lucha contra el crimen organizado.<\/p>\n\n\n\n
A finales de mayo, el presidente Rodrigo Chaves firm\u00f3 una enmienda constitucional que permite la extradici\u00f3n de ciudadanos costarricenses por delitos de narcotr\u00e1fico internacional y terrorismo. La medida fue aprobada con un amplio respaldo legislativo, obteniendo 44 <\/a>votos a favor de los 57 en su debate final.<\/p>\n\n\n\n La medida responde a la creciente preocupaci\u00f3n<\/a> por la capacidad del sistema judicial para procesar casos de alto perfil \u2014especialmente en un contexto de aumento de la <\/a>violencia<\/a> relacionada con el narcotr\u00e1fico\u2014. En los \u00faltimos a\u00f1os, la corrupci\u00f3n judicial se ha incrementado<\/a> de manera significativa, duplicando el n\u00famero de casos entre 2019 y 2023. Solo en junio de 2024, las autoridades arrestaron a 20 empleados p\u00fablicos<\/a> en una semana; m\u00e1s de la mitad se encontraban trabajando en el sistema judicial.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong> <\/mark><\/a>Costa Rica considera la extradici\u00f3n para combatir corrupci\u00f3n judicial <\/strong><\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Seg\u00fan Osvaldo Ram\u00edrez Miranda, subjefe de la Secci\u00f3n contra el Crimen Organizado del Organismo de Investigaci\u00f3n Judicial (OIJ), la reforma tambi\u00e9n busca fortalecer la coordinaci\u00f3n a nivel nacional e internacional. La iniciativa, explic\u00f3 a InSight Crime, refleja un consenso entre los poderes del Estado costarricense \u2014desde la Sala Constitucional hasta la Asamblea Legislativa\u2014 como parte de una agenda nacional de seguridad. En el plano internacional, la reforma alinea a Costa Rica con otros pa\u00edses que ya permiten la extradici\u00f3n de sus ciudadanos, cerrando una brecha que hab\u00eda afectado la cooperaci\u00f3n judicial durante a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n Aunque la reforma ha sido celebrada como un avance, la experiencia de otros pa\u00edses de la regi\u00f3n pone en duda su capacidad real para frenar al crimen organizado.<\/p>\n\n\n\n Ram\u00edrez considera que su impacto ser\u00e1 limitado, ya que la medida se enfoca exclusivamente en el narcotr\u00e1fico y el terrorismo. Mientras tanto, las organizaciones criminales se han adaptado: se descentralizan y diversifican, participando en delitos como el fraude cibern\u00e9tico, la extorsi\u00f3n, la miner\u00eda ilegal y la trata de personas, que muchas veces quedan fuera del alcance de estos acuerdos. La reforma tampoco aborda los factores estructurales que alimentan al crimen organizado, como la creciente demanda internacional de drogas o la falta de oportunidades laborales que empujan a muchas personas a integrarse a estas redes.<\/p>\n\n\n\n Estos factores han debilitado iniciativas similares en otros pa\u00edses de la regi\u00f3n, donde la extradici\u00f3n ha generado pocos resultados duraderos.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong> <\/mark>GameChangers 2024: La resistencia al crimen organizado se ha debilitado <\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Uno de los ejemplos m\u00e1s recientes es Ecuador. Tras asumir la presidencia a finales de 2023 en medio de una ola de violencia sin precedentes, Daniel Noboa impuls\u00f3 un referendo nacional<\/a> que, en abril de 2024, aprob\u00f3 reformas constitucionales para permitir la extradici\u00f3n de ciudadanos ecuatorianos.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, la crisis de seguridad persiste. Solo en enero de 2025 se reportaron 781 homicidios, el mes m\u00e1s violento de los \u00faltimos a\u00f1os<\/a>. Muchos de estos asesinatos est\u00e1n directamente relacionados con el narcotr\u00e1fico. Ecuador se ha convertido en un p<\/a>unto de tr\u00e1nsito clave<\/a> para la coca\u00edna que proviene de Per\u00fa y de Colombia, y una parte significativa de la droga a nivel mundial sale ahora de sus puertos.<\/p>\n\n\n\n Colombia es otro ejemplo. Su pol\u00edtica de extradici\u00f3n \u2014ratificada mediante una reforma constitucional en 1997\u2014 ha permitido debilitar a organizaciones criminales al facilitar la entrega de l\u00edderes de alto nivel, incluidos miembros de los clanes de Cali, Norte del Valle y el Clan del Golfo, para ser juzgados en Estados Unidos. Aun as\u00ed, el pa\u00eds sigue siendo un centro regional del crimen organizado.<\/p>\n\n\n\n Si bien estas medidas han producido victorias a corto plazo, como la captura y extradici\u00f3n de jefes criminales, tambi\u00e9n han desencadenado picos de violencia. En 2008, la extradici\u00f3n de Diego Fernando Murillo, alias \u201cDon Berna<\/a>\u201d, gener\u00f3 un vac\u00edo de poder que deriv\u00f3 en violentas disputas territoriales y duplic\u00f3 la tasa de homicidios<\/a> en Medell\u00edn. M\u00e1s recientemente, en julio de 2022, el Clan del Golfo lanz\u00f3 una ofensiva<\/a> armada tras la extradici\u00f3n de su entonces l\u00edder, Dairo Antonio \u00dasuga, alias \u201cOtoniel<\/a>\u201d. Seg\u00fan Brenes, la fragmentaci\u00f3n de carteles y la p\u00e9rdida de l\u00edderes tambi\u00e9n ha llevado a que muchas organizaciones trasladen sus operaciones al extranjero para evadir la extradici\u00f3n, contribuyendo a la expansi\u00f3n del crimen organizado transnacional.<\/p>\n\n\n\n M\u00e9xico tambi\u00e9n ilustra este patr\u00f3n. Aunque mantiene un tratado de extradici\u00f3n con Estados Unidos desde 1861, hist\u00f3ricamente evit\u00f3 extraditar a sus ciudadanos<\/a>. La primera extradici\u00f3n se realiz\u00f3 en 1995. Desde entonces, la pol\u00edtica cambi\u00f3 significativamente: entre 2000 y 2022, M\u00e9xico extradit\u00f3 oficialmente a 1.389 personas<\/a> a Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n Durante el actual gobierno de Claudia Sheinbaum<\/a>, la cooperaci\u00f3n bilateral se ha enfocado en reforzar la seguridad. A pesar de ello, los grupos criminales mexicanos han expandido su control territorial de un 10% a un 30%<\/a> del pa\u00eds en la \u00faltima d\u00e9cada, y su influencia internacional ha crecido.<\/p>\n\n\n\n Un caso similar es Honduras. Desde que reform\u00f3 su Constituci\u00f3n en 2012 para permitir la extradici\u00f3n de nacionales por narcotr\u00e1fico, el pa\u00eds ha enviado a varios individuos de alto perfil a Estados Unidos. Entre ellos, el expresidente Juan Orlando Hern\u00e1nde<\/a>z<\/a> y el exjefe de la Polic\u00eda Juan Carlos Bonilla<\/a>, quienes fueron extraditados en 2022<\/a> y condenados en 2024 por conspirar para importar m\u00e1s de 500 toneladas de coca\u00edna. <\/p>\n\n\n\n En febrero de 2024 tambi\u00e9n fueron extraditados Viera-Chirinos y Elmer Matute<\/a>, dos actores clave del narcotr\u00e1fico local, que fueron sentenciados en marzo de 2025. A pesar de estas acciones, Honduras sigue enfrentando desaf\u00edos graves en materia de seguridad. El pa\u00eds lidia con altos niveles de violencia y corrupci\u00f3n<\/a>, alimentados por redes criminales locales y transnacionales. En 2023, la tasa de homicidios fue de 31 por cada 100.000 habitantes, una de las m\u00e1s altas del mundo<\/a>. En diciembre de 2022, el gobierno declar\u00f3 un estado de excepci\u00f3n para combatir la extorsi\u00f3n y delitos relacionados. Esta medida, que suspende ciertos derechos constitucionales, ha sido prorrogada 15 veces y sigue vigente<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Otra din\u00e1mica detr\u00e1s de la reforma en Costa Rica, sin embargo, parece m\u00e1s prometedora: el impulso por \u201crestringir y eliminar el ingreso de criminales y narcotraficantes extranjeros que buscan convertirse en costarricenses para protegerse de la justicia internacional\u201d, explic\u00f3 Mario Brenes, exasesor regional para Am\u00e9rica Latina de la Fundaci\u00f3n Friedrich Naumann. Durante a\u00f1os, criminales extranjeros \u2014especialmente de Colombia y M\u00e9xico\u2014 obtuvieron la ciudadan\u00eda a trav\u00e9s de v\u00edas relativamente accesibles como el matrimonio, la residencia o la inversi\u00f3n, y luego se ampararon en las protecciones constitucionales para evadir la justicia tras cometer delitos en el extranjero. \u201cEl sistema judicial de ese pa\u00eds no pod\u00eda solicitar la extradici\u00f3n simplemente porque la Constituci\u00f3n no lo permit\u00eda, lo que fomentaba la impunidad\u201d, agreg\u00f3 Brenes. Al cerrar esta laguna legal, la reforma podr\u00eda poner fin a lo que se hab\u00eda convertido en un refugio para criminales transnacionales.<\/p>\n\n\n\n Imagen principal: Miembro de la Polic\u00eda Nacional de Costa Rica. Cr\u00e9dito: The Tico Times.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El reciente acuerdo de extradici\u00f3n entre Costa Rica y Estados Unidos pone al pa\u00eds, en medio de su creciente papel como punto de tr\u00e1nsito del narcotr\u00e1fico, en l\u00ednea con otras naciones clave de la regi\u00f3n. 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