La Casa de Pizarro es un imponente palacio ubicado en la plaza principal de la capital y sirve como sede del Poder Ejecutivo de Per\u00fa y residencia oficial del presidente de turno, por un mandato de cuatro a\u00f1os. Sin embargo, durante la mayor parte de la \u00faltima d\u00e9cada, sus ocupantes han entrado y salido mucho antes de tiempo, y esta inestabilidad ha dejado al pa\u00eds vulnerable frente al crimen organizado.<\/p>\n\n\n\n
El 17 de febrero, su ocupante m\u00e1s reciente, el presidente interino Jos\u00e9 Jer\u00ed, abandon\u00f3 el edificio. Era el octavo presidente del pa\u00eds en 10 a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n
Los presidentes de Per\u00fa en este periodo han sido, probablemente inigualables en su capacidad para protagonizar esc\u00e1ndalos. La lista de presuntas irregularidades incluye sobornos y esquemas de pagos il\u00edcitos, fraude en contratos, represi\u00f3n pol\u00edtica e incluso intentos de gobernar por decreto. La respuesta ha sido una ola de indignaci\u00f3n p\u00fablica, protestas y una serie de destituciones que han convertido la puerta de la Casa de Pizarro en una puerta giratoria.<\/p>\n\n\n\n
La incapacidad cr\u00f3nica del pa\u00eds para formar un gobierno estable ha dejado a las instituciones peruanas debilitadas frente a una preocupante expansi\u00f3n de grupos criminales. Pero, a diferencia de la cooptaci\u00f3n del Estado observada en otras partes de Am\u00e9rica Latina \u2014de forma m\u00e1s evidente en los gobiernos permeados por el narcotr\u00e1fico<\/a> como el de Nicol\u00e1s Maduro<\/a> en Venezuela<\/a> o el de Juan Orlando Hern\u00e1ndez<\/a> en Honduras<\/a>\u2014, la crisis en Per\u00fa responde m\u00e1s a una disfunci\u00f3n generalizada que a una corrupci\u00f3n vertical. El crimen organizado no ha capturado el Estado mediante coerci\u00f3n o violencia, sino que ha sabido aprovechar el vac\u00edo dejado por una presidencia inestable.<\/p>\n\n\n\n Pero el fen\u00f3meno no se limita al Poder Ejecutivo. Casi todos los legisladores enfrentan investigaciones, y algunos acumulan m\u00faltiples procesos. El Congreso tambi\u00e9n ha aprobado varias leyes cuestionables que parecen favorecer actividades criminales, y ha respaldado firmemente un programa que facilita la miner\u00eda de oro ilegal.<\/p>\n\n\n\n Con elecciones presidenciales y legislativas previstas para abril, Per\u00fa se encuentra atrapado en una espiral descendente en la que los grupos criminales, enfrentando una resistencia m\u00ednima, han expandido sus operaciones y utilizado sus ganancias para sobornar a funcionarios del Estado, debilitando a\u00fan m\u00e1s unas instituciones ya fr\u00e1giles.<\/p>\n\n\n\n La crisis pol\u00edtica del pa\u00eds comenz\u00f3 en 2018, cuando el presidente Pedro Pablo Kuczynski renunci\u00f3 en medio de un esc\u00e1ndalo de sobornos relacionado con la constructora brasile\u00f1a Odebrecht. Su salida desencaden\u00f3 una r\u00e1pida sucesi\u00f3n de mandatarios: Mart\u00edn Vizcarra fue destituido en 2020 por presuntamente aceptar sobornos; Manuel Merino dur\u00f3 cinco d\u00edas antes de renunciar en medio de protestas masivas; y Francisco Sagasti asumi\u00f3 como interino hasta las elecciones de 2021.<\/p>\n\n\n\nLa puerta giratoria presidencial de Per\u00fa<\/h2>\n\n\n\n