Una ola de amenazas y asesinatos contra pol\u00edticos y polic\u00edas en Chile evidencia c\u00f3mo el crimen organizado apunta cada vez m\u00e1s contra funcionarios p\u00fablicos, lo que plantea un desaf\u00edo para la agenda de seguridad del presidente Jos\u00e9 Antonio Kast.<\/p>\n\n\n\n
Uno de los episodios m\u00e1s recientes ocurri\u00f3 el 27 de septiembre en Santiago, la capital del pa\u00eds. En un procedimiento policial de rutina en la comuna de Lo Espejo result\u00f3 asesinado el carabinero Cristopher Andr\u00e9s Aguilera Fern\u00e1ndez. El uniformado realizaba controles vehiculares en el barrio Las Dunas cuando se encontr\u00f3 con un grupo de personas en la v\u00eda p\u00fablica y se desat\u00f3 un tiroteo. Las circunstancias que desencadenaron el enfrentamiento son materia de investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
El presunto autor de los disparos, Brayan Far\u00edas D\u00edaz, un ciudadano venezolano de 29 a\u00f1os, muri\u00f3 durante el ataque. Far\u00edas hab\u00eda sido detenido a comienzos de este a\u00f1o durante un operativo en una fiesta clandestina donde las autoridades encontraron drogas y armas, y posteriormente qued\u00f3 en libertad.<\/p>\n\n\n\n
Semanas antes, la polic\u00eda inform\u00f3 que hab\u00eda descubierto un plan para asesinar<\/a> al alcalde de la comuna de San Bernardo, Christopher White, en la Regi\u00f3n Metropolitana. El plan habr\u00eda salido a la luz durante la b\u00fasqueda de Juan Flores Valenzuela, alias \u201cIndio Juan\u201d, y habr\u00eda sido organizado por una banda criminal local.<\/p>\n\n\n\n Flores Valenzuela escap\u00f3 de prisi\u00f3n en febrero de este a\u00f1o, mientras cumpl\u00eda una condena a cadena perpetua por el feminicidio<\/a> de su expareja. Fuentes cercanas a la investigaci\u00f3n interpretaron el presunto plan contra White como una represalia por las medidas que el alcalde hab\u00eda impulsado contra grupos criminales.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong> <\/mark>Chile se enfrenta a la violencia extrema de bandas<\/a><\/p>\n\n\n\n Este a\u00f1o, el alcalde de Pe\u00f1alol\u00e9n, Miguel Concha, tambi\u00e9n fue objeto de amenazas de muerte tras la demolici\u00f3n de viviendas vinculadas al microtr\u00e1fico. Por su parte, Javiera Reyes, alcaldesa de Lo Espejo, denunci\u00f3 amenazas despu\u00e9s de impulsar varias intervenciones municipales en la comuna. Tanto Concha como Reyes han sido amenazados en otras ocasiones y cuentan con esquemas de protecci\u00f3n estatal.<\/p>\n\n\n\n En total, el n\u00famero de alcaldes de la Regi\u00f3n Metropolitana bajo protecci\u00f3n estatal se duplic\u00f3, al pasar de cuatro a ocho desde julio de 2024, seg\u00fan la Fiscal\u00eda. Adem\u00e1s, de acuerdo con El Pa\u00eds<\/em>, 17 de los 52 alcaldes de la regi\u00f3n<\/a> habr\u00edan recibido amenazas de muerte.<\/p>\n\n\n\n Los funcionarios policiales y judiciales tampoco han escapado a esta tendencia. En 2023 y 2024, dos polic\u00edas fueron asesinados<\/a> por grupos vinculados al Tren de Aragua<\/a>, seg\u00fan informaci\u00f3n policial. Los investigadores identificaron a uno de los sospechosos del asesinato del carabinero Alejandro Ortiz V\u00e1squez como integrante del Primer Comando Capital (PCC<\/a>). Por su parte, la Fiscal\u00eda inform\u00f3, en septiembre, que 18 fiscales cuentan con protecci\u00f3n especial debido a amenazas.<\/p>\n\n\n\n Las autoridades sostienen que los funcionarios p\u00fablicos se han convertido cada vez m\u00e1s en objetivos de los grupos criminales porque obstaculizan el control que estas organizaciones buscan ejercer sobre mercados il\u00edcitos y territorios. Sin embargo, las amenazas tambi\u00e9n ponen a prueba la capacidad del Estado para mantener su autoridad, pues pueden reducir la disposici\u00f3n de polic\u00edas, fiscales y autoridades locales a enfrentar a los grupos criminales cuando se sienten vulnerables.<\/p>\n\n\n\n \u201cEl punto de inflexi\u00f3n ocurre cuando una organizaci\u00f3n adquiere la capacidad efectiva de influir en el comportamiento, imponer reglas o determinar lo que el Estado o la comunidad pueden o no pueden hacer dentro de un territorio determinado\u201d, explic\u00f3 a InSight Crime Luis Toledo, director del Centro de Estudios en Seguridad P\u00fablica y Crimen Organizado de la Universidad San Sebasti\u00e1n.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong> <\/mark>C\u00f3mo los grupos criminales transnacionales alimentan la violencia en Chile<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Las amenazas provienen tanto de organizaciones criminales transnacionales como de bandas locales chilenas.<\/p>\n\n\n\n Una facci\u00f3n del Tren de Aragua conocida como \u201cLos Gallegos<\/a>\u201d, que cuenta con tent\u00e1culos en la c\u00e1rcel de Arica, plane\u00f3 instalar un coche bomba frente a un tribunal de esa ciudad en diciembre de 2024. Seg\u00fan la Fiscal\u00eda, el ataque habr\u00eda sido una represalia por la condena de 34 de sus integrantes el mes anterior y posiblemente buscaba facilitar una fuga de prisi\u00f3n. Durante la investigaci\u00f3n, las autoridades encontraron conversaciones en grupos de mensajer\u00eda<\/a> que tambi\u00e9n evidenciaban que los miembros de estas organizaciones hab\u00edan recopilado informaci\u00f3n personal de fiscales y jueces.<\/p>\n\n\n\n Los primeros meses de la presidencia de Kast han estado marcados por una reestructuraci\u00f3n de la respuesta estatal frente al avance del crimen organizado en Chile.<\/p>\n\n\n\n A diferencia de buena parte de los pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina, Chile no tiene una larga trayectoria enfrentando organizaciones criminales con el nivel de violencia y capacidad de expansi\u00f3n que caracteriza a algunas de las que operan actualmente en la regi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n En agosto, pocos meses despu\u00e9s de asumir la presidencia, Kast present\u00f3 su Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). La iniciativa contempla un amplio paquete de medidas, entre ellas una reforma constitucional<\/a> para fortalecer las capacidades del Estado en la investigaci\u00f3n, captura y condena de integrantes de organizaciones criminales. Sin embargo, la propuesta no aborda las causas estructurales de la actual crisis de seguridad en el pa\u00eds, seg\u00fan advirti\u00f3<\/a> el acad\u00e9mico Claudio Fuentes en declaraciones a DW.<\/p>\n\n\n\n En agosto tambi\u00e9n entr\u00f3 en vigor una ley que fortalece los Consejos Comunales de Seguridad<\/a> P\u00fablica<\/a> y crea comit\u00e9s operativos de coordinaci\u00f3n en el \u00e1mbito local. Estas instancias acercan a los alcaldes a los espacios donde el Estado enfrenta los mercados il\u00edcitos y las disputas por el control territorial.<\/p>\n\n\n\n No obstante, los alcaldes siguen excluidos del art\u00edculo 391 bis del C\u00f3digo Penal, que tipifica la conspiraci\u00f3n para asesinar a jueces, fiscales, defensores p\u00fablicos, polic\u00edas y funcionarios penitenciarios por motivos relacionados con el ejercicio de sus funciones. Tras la investigaci\u00f3n sobre las amenazas contra el alcalde White, se presentaron dos proyectos de ley para cerrar este vac\u00edo legal.<\/p>\n\n\n\n Pablo Zeballos, director de Proyectos para el Cono Sur de IBI Consultants e integrante del consejo asesor de expertos del Ministerio de Seguridad, coincide con Toledo en que el factor determinante es la capacidad del Estado para actuar despu\u00e9s de recibir una amenaza, mediante investigaciones e intervenciones territoriales. <\/p>\n\n\n\n Imagen principal: Estado de Chile (Wikimedia Commons, CC BY 3.0 CL); Marcellablues (Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0); Associated Press (AP).<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Una serie de episodios de violencia contra alcaldes, polic\u00edas y fiscales en Chile evidencia c\u00f3mo el crimen organizado avanza cada vez m\u00e1s en el 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<\/blockquote>\n\n\n\n
Una respuesta estatal insuficiente<\/h2>\n\n\n\n