Las organizaciones criminales de Guatemala se encuentran entre las m\u00e1s sofisticadas de Centroam\u00e9rica. Algunas llevan d\u00e9cadas operando e incluyen antiguos miembros del ej\u00e9rcito, agencias de inteligencia, miembros activos de la polic\u00eda, funcionarios p\u00fablicos y narcotraficantes.<\/p>\n\n\n\n
Las redes de corrupci\u00f3n incrustadas en el Estado siguen fortaleciendo su control para facilitar la corrupci\u00f3n y la impunidad. Los esquemas de corrupci\u00f3n se basan en gran medida en la distribuci\u00f3n de los recursos del gobierno para obtener beneficios econ\u00f3micos o crear alianzas pol\u00edticas.<\/p>\n\n\n\n
El narcotr\u00e1fico ha sido durante mucho tiempo uno de los pilares del crimen organizado guatemalteco. Con el tiempo, los clanes familiares que tradicionalmente se encargaban del transporte de drogas hacia el norte han dado paso a redes m\u00e1s peque\u00f1as y discretas de operadores log\u00edsticos. Pero el crimen organizado guatemalteco tambi\u00e9n se dedica al cultivo de marihuana, amapola y coca, as\u00ed como a la trata de personas, el secuestro, la extorsi\u00f3n, el blanqueo de dinero, el contrabando de armas, la trata de personas, los delitos contra el medioambiente y otras actividades ilegales. A menudo trabajan con grupos criminales de M\u00e9xico, Colombia y otros pa\u00edses centroamericanos.<\/p>\n\n\n\n
El fiscal general de Guatemala, Gabriel Estuardo Garc\u00eda Luna, quien asumi\u00f3 el cargo en mayo de 2026, busca desmantelar<\/a> el legado de Consuelo Porras, su antecesora. Porras fue sancionada por Estados Unidos, Canad\u00e1 y la Uni\u00f3n Europea por obstaculizar la lucha anticorrupci\u00f3n, y se\u00f1alada de perseguir a activistas, periodistas, y funcionarios judiciales. Desde el inicio de su mandato, Garc\u00eda Luna ha removido a los colaboradores cercanos a Porras y anunci\u00f3 una revisi\u00f3n de casos abiertos durante la administraci\u00f3n anterior contra jueces, fiscales, periodistas y activistas.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n Guatemala tiene 400 kil\u00f3metros de costa con salida al mar Caribe y al oc\u00e9ano Pac\u00edfico, desde donde recibe y despacha gran parte del contrabando que entra y sale del pa\u00eds. El interior monta\u00f1oso, combinado con las vastas extensiones de selva escasamente pobladas del norte, lo convierten en un territorio ideal para el almacenamiento y tr\u00e1nsito de drogas y otros tipos de contrabando.<\/p>\n\n\n\n Guatemala es un punto de conexi\u00f3n clave entre Centroam\u00e9rica y Norteam\u00e9rica ya que comparte frontera con M\u00e9xico, Belice, Honduras y El Salvador. Al norte y occidente mantiene una extensa frontera con M\u00e9xico, de aproximadamente 960 kil\u00f3metros, que la conecta directamente con Chiapas, Tabasco y Campeche.<\/p>\n\n\n\n El clima y el terreno variados de Guatemala tambi\u00e9n lo convierten en un lugar id\u00f3neo para diversos cultivos il\u00edcitos. La marihuana se cultiva a lo largo del pa\u00eds y las autoridades han descubierto cantidades sustanciales de cultivos de amapola en zonas de gran altitud, especialmente cerca de la frontera occidental con M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n A partir de 2018, las fuerzas de seguridad han descubierto plantaciones de coca cada vez m\u00e1s grandes escondidas en las monta\u00f1as de las provincias del noreste del pa\u00eds \u2014sobre todo Izabal, Pet\u00e9n y Alta Verapaz\u2014. La zona de Pet\u00e9n constituye un corredor estrat\u00e9gico por ser un \u00e1rea de cerca de 3,58 millones de hect\u00e1reas<\/a> dif\u00edcil de controlar y con amplias zonas selv\u00e1ticas de baja presencia estatal.<\/p>\n\n\n\n Pet\u00e9n tambi\u00e9n enfrenta la explotaci\u00f3n de sus recursos mediante din\u00e1micas como la \u201cnarcoganader\u00eda<\/a>\u201d, en la que estructuras criminales utilizan la expansi\u00f3n ganadera en \u00e1reas protegidas como mecanismo de lavado de dinero, control territorial y deforestaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Los problemas de violencia, delincuencia, corrupci\u00f3n e impunidad de Guatemala tienen su origen en un Estado hist\u00f3ricamente d\u00e9bil, prolongados per\u00edodos de reg\u00edmenes militares o injerencia de las fuerzas armadas en la pol\u00edtica y una desigualdad econ\u00f3mica, social y cultural profundamente arraigada. Este pa\u00eds, uno de los m\u00e1s grandes de Centroam\u00e9rica, ha tenido durante mucho tiempo una de las distribuciones de recursos y capital m\u00e1s desiguales del mundo, concentrando la riqueza en manos de una peque\u00f1a \u00e9lite. La poblaci\u00f3n ind\u00edgena, que representa<\/a> casi el 38,8%\u00a0 de Guatemala, ha sido sistem\u00e1ticamente marginada social y pol\u00edticamente desde la \u00e9poca colonial. Estos grupos han tenido dificultades para formar un movimiento pol\u00edtico cohesionado y se han enfrentado durante a\u00f1os a la represi\u00f3n por parte de las fuerzas militares y policiales de Guatemala.<\/p>\n\n\n\n Durante gran parte de su historia, el r\u00e9gimen pol\u00edtico de Guatemala fue similar al apartheid de Sud\u00e1frica. Las \u00e9lites blancas intentaron mantener los sistemas establecidos de control de los medios de producci\u00f3n econ\u00f3mica a expensas de la mayor\u00eda de la poblaci\u00f3n. Al mismo tiempo, estos intereses de \u00e9lite han intentado mantener la debilidad del Estado en cuanto a su capacidad para ejercer control sobre su riqueza. Aunque Guatemala ha tenido algunas instituciones fuertes, en particular el ej\u00e9rcito, nunca pudo establecerse un gobierno central y un Estado fuerte. El gobierno est\u00e1 sistem\u00e1ticamente endeudado, en parte por sus dificultades para recaudar impuestos y por el desinter\u00e9s de la \u00e9lite econ\u00f3mica en reformar los c\u00f3digos fiscales y legales que velan por sus intereses.<\/p>\n\n\n\n En el \u00faltimo cuarto de siglo, Guatemala ha sido testigo de cambios pol\u00edticos y de modernizaci\u00f3n institucional, as\u00ed como del retorno a la democracia tras un largo per\u00edodo de gobierno mayoritariamente militar y de la promulgaci\u00f3n de una nueva constituci\u00f3n en 1985. Sin embargo, el modelo que el gobierno utiliza como herramienta para promover intereses privados ha sido dif\u00edcil de romper. Las disputas m\u00e1s visibles en Guatemala se han centrado en las zonas rurales, donde las luchas por la tierra y los conflictos laborales sentaron las bases de los movimientos de resistencia pol\u00edtica y del conflicto armado interno que comenz\u00f3 en 1960, cuando el gobierno militar sofoc\u00f3 una rebeli\u00f3n de un peque\u00f1o grupo de j\u00f3venes oficiales del ej\u00e9rcito. Los oficiales, que declararon que el gobierno era corrupto, huyeron al campo y a las monta\u00f1as e iniciaron una insurgencia.<\/p>\n\n\n\n La guerra civil de 36 a\u00f1os que sigui\u00f3 a la insurrecci\u00f3n de 1960 dio lugar a la formaci\u00f3n de varias organizaciones guerrilleras de izquierda. Sin embargo, estos grupos no consiguieron imponerse de forma significativa. En lugar de ello, el ej\u00e9rcito guatemalteco utiliz\u00f3 el ascenso de los guerrilleros como pretexto para extender su poder e influencia sobre un Estado d\u00e9bil y corrupto. Parte de la estrategia militar inclu\u00eda la creaci\u00f3n de milicias civiles. Conocidos como Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), estos grupos se utilizaron para controlar y reprimir a las poblaciones, en su mayor\u00eda rurales, que formaban el n\u00facleo de los grupos de izquierda. Los combates dejaron un saldo estimado de 200.000 muertos y desaparecidos y m\u00e1s de un mill\u00f3n de guatemaltecos desplazados, la mayor\u00eda de ellos pertenecientes a poblaciones ind\u00edgenas rurales. La Comisi\u00f3n de Esclarecimiento Hist\u00f3rico (CEH), una comisi\u00f3n de la verdad de las Naciones Unidas que empez\u00f3 a trabajar en 1997 tras la firma de los acuerdos finales de paz entre el gobierno y los insurgentes, concluy\u00f3 que el gobierno y las PAC eran responsables de la gran mayor\u00eda de estas muertes, \u201cdesapariciones\u201d y desplazamientos.<\/p>\n\n\n\n Durante la guerra, las organizaciones criminales \u2014incluidas peque\u00f1as bandas de traficantes de personas, narcotraficantes y contrabandistas\u2014 operaron bajo las sombras. La mayor\u00eda eran operaciones familiares que surgieron cerca de los pasos fronterizos, los puertos o en las selvas despobladas del norte del pa\u00eds. Eran una preocupaci\u00f3n secundaria y a menudo prestaban servicios a todos los bandos del conflicto, especialmente a medida que los oficiales militares y las unidades de polic\u00eda se involucraban m\u00e1s en el crimen organizado. Estos actores estatales empezaron con peque\u00f1as tramas de corrupci\u00f3n, pero pronto se expandieron hacia el narcotr\u00e1fico. A principios de la d\u00e9cada de 1980, hab\u00eda miles de pistas de aterrizaje clandestinas, la mayor\u00eda en la provincia septentrional de Pet\u00e9n. Las fuerzas de seguridad del Estado facilitaban a menudo el movimiento de mercanc\u00edas ilegales, que en gran medida se dirig\u00edan hacia Estados Unidos. Los militares y polic\u00edas tambi\u00e9n empezaron a controlar las grandes redes de tr\u00e1fico de armas. Estas redes suministraban armas a todos los grupos armados ilegales de la regi\u00f3n, incluidos los grupos insurgentes guatemaltecos y salvadore\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n El proceso de paz entre el gobierno y la coalici\u00f3n de grupos insurgentes, conocida como Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), no resolvi\u00f3 ninguno de los problemas centrales que dividen a este pa\u00eds. Los acuerdos reales estaban vinculados a un refer\u00e9ndum constitucional, que no fue aprobado. La nueva fuerza policial inclu\u00eda a 11.000 miembros de la antigua polic\u00eda. Los militares, que se redujeron a 44.000 y m\u00e1s tarde a 31.000 efectivos, fueron llamados para ayudar a la polic\u00eda en cuestiones de orden p\u00fablico. Pero con escaso entrenamiento y un mandato disminuido, el ej\u00e9rcito no pudo controlar la espiral de delincuencia. Esto, unido a las repatriaciones masivas de migrantes centroamericanos desde Estados Unidos, incluidos cientos de presuntos delincuentes y miembros de pandillas, hizo que Guatemala, junto con sus vecinos, se enfrentara a una crisis de seguridad que quiz\u00e1 fue peor que cualquier otro momento de la guerra civil.<\/p>\n\n\n\n Aprovech\u00e1ndose de una poblaci\u00f3n hambrienta y dividida, adem\u00e1s de un Estado d\u00e9bil y corrupto, los principales grupos delictivos que operan en Guatemala se dedican a innumerables actividades il\u00edcitas. La m\u00e1s disruptiva es el tr\u00e1fico de drogas. Los grupos que controlan este comercio son conocidos popularmente como \u201ctransportistas\u201d. Son remanentes de los comerciantes de contrabando que durante d\u00e9cadas han movido productos il\u00edcitos por el territorio guatemalteco, en gran medida sin presencia estatal. <\/p>\n\n\n\n Entre ellos se encuentran las familias Mendoza,\u00a0 Lorenzana<\/a>, Ortiz L\u00f3pez y Le\u00f3n, cada una de las cuales controlaba zonas estrat\u00e9gicas cerca de las fronteras y manten\u00eda fuertes contactos con las fuerzas de seguridad y los c\u00edrculos pol\u00edticos.<\/p>\n\n\n\n Los clanes familiares fueron desmantelados en gran medida en la d\u00e9cada de 2010 por las autoridades guatemaltecas y socios internacionales, dejando un pu\u00f1ado de grupos m\u00e1s peque\u00f1os y menos conocidos que se han establecido en zonas estrat\u00e9gicas fronterizas con M\u00e9xico, Honduras y El Salvador. Estas redes m\u00e1s peque\u00f1as suelen buscar alianzas con alcaldes y agentes de seguridad en sus zonas de influencia. Los grupos m\u00e1s grandes que sobrevivieron a la agresi\u00f3n estatal en la d\u00e9cada de 2010, en particular la red de l<\/a>os Huistas<\/a> en la provincia occidental de Huehuetenango, han forjado v\u00ednculos estrat\u00e9gicos<\/a> con pol\u00edticos de alto nivel para proteger sus operaciones.<\/p>\n\n\n\n Los transportistas mueven productos para grupos criminales m\u00e1s grandes, en su mayor\u00eda organizaciones de tr\u00e1fico de drogas colombianas y mexicanas. Ante la presi\u00f3n en su propio pa\u00eds, las organizaciones mexicanas intentaron establecerse firmemente en Guatemala; dos grupos en particular, los Zetas <\/a>\u00a0y el Cartel de Sinaloa<\/a>. El avance de los Zetas en Guatemala fue r\u00e1pido y violento. En un momento dado, hab\u00edan establecido cierto nivel de control sobre casi todos los lugares estrat\u00e9gicos del narcotr\u00e1fico en el pa\u00eds y se hab\u00edan infiltrado en las autoridades de m\u00e1s alto nivel.\u00a0<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, el poder de los Zetas alcanz\u00f3 su punto \u00e1lgido en 2011 y 2012, y una serie de golpes contra su organizaci\u00f3n, tanto en Guatemala como en M\u00e9xico, hicieron que su control se debilitara y acabara desapareciendo. Por su parte, el Cartel de Sinaloa, que prefiri\u00f3 forjar alianzas en vez de utilizar la t\u00e1ctica de violencia extrema de los Zetas, sigue atrincherado en el comercio il\u00edcito del pa\u00eds y tiene acceso a una amplia red de operadores criminales locales. El Cartel de Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG<\/a>) ha seguido un camino similar, asoci\u00e1ndose con transportistas guatemaltecos<\/a> en los \u00faltimos a\u00f1os para reforzar las rutas de suministro a trav\u00e9s de Centroam\u00e9rica.<\/p>\n\n\n\n Las organizaciones de narcotr\u00e1fico son s\u00f3lo una faceta del crimen organizado en Guatemala. El secuestro, la extorsi\u00f3n, el tr\u00e1fico de armas, la trata de personas y los delitos contra el medioambiente (tr\u00e1fico de madera, pesca ilegal, etc.) tambi\u00e9n se han consolidado en el pa\u00eds. Las razones van m\u00e1s all\u00e1 del fracaso de los acuerdos de paz o de la incapacidad del gobierno para poner en marcha una reforma fiscal. En el centro de esta crisis se encuentra la incapacidad de los l\u00edderes pol\u00edticos y funcionarios de seguridad para introducir y llevar a cabo reformas fundamentales de los sistemas jur\u00eddico, judicial y de seguridad, as\u00ed como la incapacidad para procesar a los militares, funcionarios de seguridad y gubernamentales corruptos que tratan activamente de socavar las instituciones del Estado con el fin de perpetuar los sistemas delictivos y fomentar la impunidad.<\/p>\n\n\n\n Tanto los militares activos como los retirados son una parte clave de las redes il\u00edcitas integradas en el Estado, denominadas colectivamente como Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS). Los CIACS tienen sus ra\u00edces en el conflicto civil guatemalteco, pero sus miembros se han diversificado con el tiempo a medida que estas redes se han ido adentrando en la pol\u00edtica.<\/p>\n\n\n\n Una polic\u00eda permisiva y a menudo c\u00f3mplice tambi\u00e9n impulsa el crimen organizado en Guatemala. Con salarios bajos, entrenamiento insuficiente y a menudo enfrentados a la corrupci\u00f3n o a la muerte, muchos oficiales de polic\u00eda eligen la primera. En algunos casos, se han producido enfrentamientos entre diferentes secciones de la polic\u00eda empleadas por organizaciones criminales rivales. Su funci\u00f3n principal es ayudar al transporte de drogas, pero tambi\u00e9n participan en el robo de la misma \u2014llamados \u201ctumbes\u201d\u2014, extorsiones, secuestros, tr\u00e1fico de armas y redes de adopci\u00f3n ilegal. A pesar de algunas detenciones de alto nivel, la corrupci\u00f3n policial contin\u00faa.<\/p>\n\n\n\n Los homicidios alcanzaron su punto m\u00e1ximo a finales de la d\u00e9cada de 2000, cuando Guatemala figuraba entre los pa\u00edses m\u00e1s violentos del mundo, pero cayeron de forma sostenida durante la d\u00e9cada siguiente. Desde 2020, el pa\u00eds ha registrado un repunte moderado de la violencia, con una tasa de homicidios que lleg\u00f3 a 17<\/a> por cada 100.000 habitantes en 2025.\u00a0<\/p>\n\n\n\n Guatemala cuenta con una multitud de grupos criminales que van desde los m\u00e1s sofisticados a los m\u00e1s rudimentarios. Entre ellos se encuentran antiguos y actuales miembros de las fuerzas de seguridad y la polic\u00eda, as\u00ed como contrabandistas, tratantes de personas y algunas organizaciones de narcotraficantes mexicanas y colombianas que llevan mucho tiempo en el pa\u00eds. Todos estos grupos colaboran estrechamente con sectores del gobierno que facilitan sus negocios. Comparten un inter\u00e9s activo en mantener las instituciones del Estado d\u00e9biles y en deuda con sus intereses.<\/p>\n\n\n\n La influencia tras bastidores de los CIACS<\/a> en el gobierno ha llevado a algunos a considerarlos los \u201cpoderes ocultos\u201d que dirigen el pa\u00eds. Las redes de los CIACS tambi\u00e9n han dirigido sofisticadas tramas delictivas, como el contrabando y el fraude aduanero. Estas \u00e9lites militares alcanzaron la cima de su poder entre 1997 y 2005, pero se dividieron en varios grupos m\u00e1s peque\u00f1os despu\u00e9s de que se creara la Comisi\u00f3n Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una comisi\u00f3n anticorrupci\u00f3n respaldada por la ONU, con la intenci\u00f3n expl\u00edcita de desmantelarlas. No obstante, siguen siendo poderosos actores del submundo criminal y mantienen estrechos v\u00ednculos con los partidos pol\u00edticos. Entre los presuntos miembros de los CIACS se encuentra el expresidente de Guatemala y exgeneral Otto P\u00e9rez Molina, condenado a ocho a\u00f1os de prisi\u00f3n en 2023 tras declararse culpable de blanqueo de capitales, fraude y corrupci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Con el tiempo, actores pol\u00edticos sin v\u00ednculos con las \u00e9lites militares o tradicionales han entrado en escena. Bur\u00f3cratas de nivel medio, representantes en el Congreso, alcaldes y empresarios manejan cada vez m\u00e1s esquemas de corrupci\u00f3n<\/a> basados en el intercambio de recompensas gubernamentales \u2014especialmente contratos estatales y nombramientos ministeriales\u2014 por sobornos. Las redes tambi\u00e9n establecen alianzas en el sector judicial para eludir indagaciones no deseadas sobre sus actividades.<\/p>\n\n\n\n Los clanes guatemaltecos de la droga tambi\u00e9n posicionan a sus aliados en el gobierno para blindar sus operaciones y asegurarse contratos de obras p\u00fablicas que sirven de veh\u00edculo para el blanqueo de dinero. Esta relaci\u00f3n ha desdibujado la l\u00ednea que separa la pol\u00edtica del narcotr\u00e1fico; funcionarios del Congreso y alcaldes representan ahora a algunos de los actores m\u00e1s importantes del negocio.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, dos de las pandillas callejeras m\u00e1s conocidas de Am\u00e9rica, la\u00a0Mara Salvatrucha (MS13)<\/a> y el Barrio 18<\/a> , tienen una fuerte presencia en Guatemala. Estas pandillas sobreviven principalmente de la extorsi\u00f3n a gran escala en los barrios urbanos pobres.<\/p>\n\n\n\n Las fuerzas de seguridad de Guatemala est\u00e1n encabezadas por la Polic\u00eda Nacional Civil (PNC), bajo el Ministerio de Gobernaci\u00f3n, que tiene a su cargo la seguridad ciudadana, la prevenci\u00f3n del delito y la respuesta operativa frente a pandillas, extorsi\u00f3n y crimen organizado.<\/p>\n\n\n\n El Ej\u00e9rcito, dependiente del Ministerio de la Defensa Nacional, est\u00e1 integrado por fuerzas de tierra, aire y mar. Aunque su tama\u00f1o y presupuesto se redujeron considerablemente tras el fin de la guerra civil en 1996, sigue cumpliendo un papel de apoyo en tareas de seguridad interna, especialmente en operativos conjuntos con la Polic\u00eda, control fronterizo, lucha contra el narcotr\u00e1fico y estados de excepci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n El aparato de inteligencia, por su parte, arrastra una herencia m\u00e1s compleja. Durante el conflicto armado interno, sectores de la inteligencia militar y de las fuerzas de seguridad estuvieron vinculados a graves abusos contra civiles. Tras la firma de los acuerdos de paz y la reestructuraci\u00f3n de las instituciones de seguridad, redes asociadas a antiguos aparatos estatales fueron se\u00f1aladas por operar en estructuras clandestinas, grupos de protecci\u00f3n privada, redes de corrupci\u00f3n o econom\u00edas criminales.<\/p>\n\n\n\n El Organismo Judicial (OJ) de Guatemala es t\u00e9cnicamente una entidad independiente, y sus m\u00e1ximas instituciones judiciales son la Corte Suprema y la Corte de Constitucionalidad. Tambi\u00e9n est\u00e1 formado por otros tribunales y juzgados m\u00e1s peque\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n El Ministerio P\u00fablico (MP) est\u00e1 dise\u00f1ado para funcionar como un \u00f3rgano aut\u00f3nomo cuya funci\u00f3n es promover la justicia penal, llevar a cabo investigaciones y velar por el cumplimiento de las leyes nacionales.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, el sistema de justicia penal de Guatemala se encuentra atravesado por la debilidad institucional, la falta de recursos, los altos \u00edndices de impunidad y la corrupci\u00f3n. El nombramiento de Claudia Paz y Paz como fiscal general en 2010 ayud\u00f3 a reducir considerablemente la impunidad en el pa\u00eds y a llevar a los delincuentes antes \u201cintocables\u201d ante la justicia. Sin embargo, se gan\u00f3 importantes enemigos en la \u00e9lite del pa\u00eds y en los c\u00edrculos de la delincuencia organizada, y su mandato fue interrumpido de forma cuestionable en 2014.<\/p>\n\n\n\n Bajo la direcci\u00f3n del fiscal colombiano Iv\u00e1n Vel\u00e1squez y de la exfiscal general Thelma Aldana, la CICIG, respaldada por la ONU, asumi\u00f3 varios casos complejos de corrupci\u00f3n contra pol\u00edticos, narcotraficantes y otras redes criminales que hasta entonces hab\u00edan operado con relativa impunidad.<\/p>\n\n\n\n En 2015, una investigaci\u00f3n dirigida por la CICIG sobre una red de fraude aduanero de gran alcance denominada \u201cLa L\u00ednea\u201d llev\u00f3 a la dimisi\u00f3n del entonces presidente Otto P\u00e9rez Molina y de su vicepresidenta Roxana Baldetti.<\/p>\n\n\n\n Pero la CICIG se convirti\u00f3 en v\u00edctima de su propio \u00e9xito. Ante el creciente descontento entre las influyentes \u00e9lites criminales investigadas por la comisi\u00f3n, el expresidente Jimmy Morales \u2014que a su vez estaba siendo investigado por la CICIG\u2014 decidi\u00f3 no renovar el mandato de la comisi\u00f3n, que expir\u00f3 en septiembre de 2019<\/a>, expulsando as\u00ed al organismo del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n A pesar de sus logros, el mandato de la CICIG no logr\u00f3 erradicar la corrupci\u00f3n arraigada y las debilidades institucionales que comprometen el sistema judicial del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n Tras la salida de la CICIG, poderosos grupos criminales han lanzado ataques contra las pocas instituciones de justicia que a\u00fan son capaces de hacer frente a la corrupci\u00f3n, en particular la Corte de Constitucionalidad y la unidad especializada contra la impunidad de la Fiscal\u00eda Especial Contra la Impunidad (FECI).<\/p>\n\n\n\n Los esfuerzos deliberados por debilitar a la Fiscal\u00eda General y llenar los tribunales de aliados, como parte de una alianza pol\u00edtica m\u00e1s amplia centrada en la administraci\u00f3n del sucesor de Morales, Alejandro Giammattei<\/a>, han transformado al sector judicial en una herramienta para proteger los esquemas de corrupci\u00f3n y perseguir a los rivales pol\u00edticos.<\/p>\n\n\n\n Las redes criminales y de corrupci\u00f3n han aprovechado su influencia en el sector judicial para inmiscuirse en las elecciones, inhabilitando a candidatos no deseados por motivos cuestionables antes de las elecciones generales de 2023. Estos esfuerzos se intensificaron significativamente despu\u00e9s de que el candidato anticorrupci\u00f3n, Bernardo Ar\u00e9valo, ganara inesperadamente las elecciones presidenciales. Fiscales, funcionarios del Congreso y magistrados de las altas cortes trabajaron en t\u00e1ndem<\/a> para impedir la toma de posesi\u00f3n de Ar\u00e9valo, alegando repetidamente fraude electoral y lanzando ataques legales contra el presidente sin presentar pruebas coherentes.<\/p>\n\n\n\n Tras la llegada de Bernardo Ar\u00e9valo al poder en 2024, las tensiones entre el Ejecutivo y el Ministerio P\u00fablico continuaron<\/a>. Pues, a pesar de que Ar\u00e9valo hab\u00eda hecho de la lucha contra la corrupci\u00f3n uno de los ejes de su campa\u00f1a y solicit\u00f3 la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, el MP mantuvo una ofensiva judicial contra el presidente. Estas acciones incluyeron investigaciones por supuestas irregularidades en la constituci\u00f3n de Movimiento Semilla y solicitudes para retirar la inmunidad de Ar\u00e9valo, medidas que fueron ampliamente cuestionadas por su posible motivaci\u00f3n pol\u00edtica.\u00a0<\/p>\n\n\n\n En la pr\u00e1ctica, estos actos desviaron parte de la atenci\u00f3n del gobierno y limitaron su capacidad para avanzar en su agenda anticorrupci\u00f3n. Adem\u00e1s, la continua falta de actuaci\u00f3n del MP<\/a> y de la fiscal Consuelo Porras, frente a numerosas denuncias de corrupci\u00f3n presentadas por el gobierno, limit\u00f3 los esfuerzos por depurar instituciones p\u00fablicas y combatir redes de corrupci\u00f3n enquistadas en el Estado.<\/p>\n\n\n\n En mayo de 2026 concluy\u00f3 el mandato constitucional de Porras y el presidente Ar\u00e9valo nombr\u00f3<\/a> como nuevo fiscal general a Gabriel Estuardo Garc\u00eda Luna para el periodo 2026-2030. Su principal desaf\u00edo ser\u00e1 reconstruir la credibilidad y la independencia del Ministerio P\u00fablico tras una etapa marcada por se\u00f1alamientos de politizaci\u00f3n, uso abusivo de la persecuci\u00f3n penal y debilitamiento de las investigaciones contra la corrupci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Las c\u00e1rceles de Guatemala est\u00e1n extremadamente hacinadas, albergan pandillas violentas y son escenario de frecuentes masacres tanto de internos como de personal. En febrero de 2026 hab\u00eda 23.837<\/a>\u00a0personas en las c\u00e1rceles de Guatemala, a pesar de que la capacidad m\u00e1xima del sistema es de 8.539 reclusos, lo que supone una tasa de superpoblaci\u00f3n del 293%. De esta cifra, aproximadamente 2.500 son integrantes activos<\/a> de la pandilla del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS).<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s del hacinamiento, la violencia tambi\u00e9n se debe a los disturbios y revueltas, ya que las deficiencias de infraestructura del sistema no satisfacen las peticiones de los reclusos de mejores condiciones de vida.<\/p>\n\n\n\n Algunos reclusos dirigen redes de extorsi\u00f3n, mercados il\u00edcitos y ventas de drogas desde las c\u00e1rceles.\u00a0La extorsi\u00f3n<\/a> contin\u00faa siendo generalizada. Las autoridades registraron<\/a> m\u00e1s de 25.000 casos, un aumento del 39% comparado a 2023.<\/p>\n\n\n\n Las pandillas dentro de las c\u00e1rceles de Guatemala se conocen como \u201ccholos\u201d, mientras que a los delincuentes comunes se les conoce como \u201cpaisas\u201d. Los grupos de maras \u2014la MS13 y Barrio 18\u2014 tratan de controlar los centros penitenciarios, lo que a veces provoca enfrentamientos con los cholos. Estas pandillas callejeras tambi\u00e9n utilizan el sistema penitenciario para organizarse, entrenar a sus miembros y dirigir sus redes. Se sabe que los principales l\u00edderes de las dos principales pandillas operan desde las c\u00e1rceles guatemaltecas.<\/p>\n\n\n\n Los guardias y el personal penitenciario corruptos son c\u00f3mplices de las conductas abusivas, formando mafias junto con los reclusos que controlan eficazmente los centros penitenciarios. El personal penitenciario de m\u00e1s alto nivel<\/a> se ha visto implicado en redes de soborno y tr\u00e1fico de influencias.<\/p>\n\n\n\n Entre 2024 y 2026, el gobierno de Bernardo Ar\u00e9valo prioriz\u00f3 la seguridad p\u00fablica mediante una estrategia orientada a recuperar el control del sistema penitenciario y debilitar la capacidad operativa de las pandillas. En 2024, las autoridades intervinieron el centro de m\u00e1xima seguridad conocido como \u201cEl Infiernito\u201d, posteriormente convertido en Renovaci\u00f3n I<\/a>, donde aislaron a l\u00edderes pandilleros, reforzaron los controles tecnol\u00f3gicos y eliminaron privilegios dentro de la c\u00e1rcel.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, estas medidas tambi\u00e9n provocaron resistencia de las estructuras criminales. En enero de 2026, reos vinculados principalmente a Barrio 18 protagonizaron motines simult\u00e1neos en varios centros penitenciarios, tomaron como rehenes a decenas de custodios y exigieron mejores condiciones para sus cabecillas. El gobierno atribuy\u00f3 la crisis al retiro de privilegios, los traslados y el aislamiento de l\u00edderes pandilleros, y respondi\u00f3 decretando un estado de sitio a nivel nacional durante 30 d\u00edas<\/a>. La crisis tambi\u00e9n reforz\u00f3 la necesidad de profundizar las medidas de aislamiento contra l\u00edderes encarcelados y de sostener los operativos de control dentro y fuera de las prisiones.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"En este perfil:<\/h2>\n\n\n\n
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\u00bfC\u00f3mo favorece la geograf\u00eda de Guatemala al crimen organizado?\u00a0<\/h2>\n\n\n\n
\u00bfC\u00f3mo es la historia del crimen organizado en Guatemala?<\/h2>\n\n\n\n
\u00a0<\/em>\u00bfCu\u00e1les son los principales grupos criminales de Guatemala?<\/h2>\n\n\n\n
\u00a0<\/em>\u00bfC\u00f3mo est\u00e1n conformadas las fuerzas de seguridad de Guatemala?<\/h2>\n\n\n\n
\u00a0<\/em>\u00bfC\u00f3mo es el sistema judicial de Guatemala?<\/h2>\n\n\n\n
\u00a0<\/em>\u00bfC\u00f3mo es el sistema penitenciario de Guatemala?<\/h2>\n\n\n\n